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Sentencia T.S.J. Asturias 2202/2013 de 22 de noviembre


 RESUMEN:

Prestaciones y pensiones: Desempleo. Modalidad de pago único. Requisitos. Fomento del empleo.

OVIEDO

SENTENCIA: 02202/2013

T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIALOVIEDO

C/ SAN JUAN N.º 10

Tfno: 985 22 81 82

Fax:985 20 06 59

NIG: 33044 34 4 2013 0102026

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001951 /2013

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000393/2013 JDO. DE LO SOCIAL n.º002 de OVIEDO

Recurrente/s: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Abogado/a: ABOGADO DEL ESTADO

Recurrido/s: Victoriano

Abogado/a: LUIS ANTONIO OLAY PICHEL

Sentencia n.º 2202/13

En OVIEDO, a veintidós de Noviembre de dos mil trece.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, formados por los Ilmos. Sres. D. JORGE GONZÁLEZ RODRIGUEZ, Presidente, D.ª CARMEN HILDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ y D. LUIS CAYETA NO FERNÁNDEZ ARDAVIN, Magistrados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el RECURSO SUPLICACION 0001951/2013, formalizado por el ABOGADO DEL ESTADO, en nombre y representación de SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO, contra la sentencia número 464/2013 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N.2 de OVIEDO en el procedimiento DEMANDA 0000393/2013, seguidos a instancia de Victoriano frente a SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS CAYETANO FERNÁNDEZ ARDAVIN.

De las actuaciones se deducen los siguientes:


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—D. Victoriano presentó demanda contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 464/2013, de fecha doce de Septiembre de dos mil trece.

Segundo.—En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:

1.º- El actor, nacido el NUM000 de 1976, se encontraba en situación de desempleo con derecho a percibir una prestación contributiva.

2.º- Sandra, con el mismo domicilio que el actor, sito en la CALLE000 n.º NUM001 en Proaza, concertó un contrato de arrendamiento de local de negocio e industria el 1 de mayo de 2012 siendo el objeto la Casona de Don Santos SL, establecimiento dedicado a actividades de hotel y cafetería situada en la calle Heinz n.º3 Bajo en Proaza. Se fijó un plazo de duración del arrendamiento de cinco años a contar desde la fecha del contrato.

3.º- El actor y Sandra constituyeron una Comunidad de Bienes denominada DIRECCION000 CB el 19 de octubre de 2012 y el contrato de arrendamiento se modificó para que figurara como arrendatario la citada Comunidad de Bienes con efectos al 1 de diciembre de 2012.

4.º- Desde el mes de mayo constan diversas facturas de materiales, reparaciones y servicios varios propios de un establecimiento de hostelería, de Sandra con domicilio en la calle Heinz n.º3 de Proaza.

5.º- Solicitó el pago único de la prestación el 30 de octubre de 2012 acompañando el proyecto de la actividad empresarial y por resolución de 17 de enero de 2013 se le denegó; presentó reclamación previa en tiempo y forma, que fue desestimada por otra resolución de 18 de marzo. La demanda se interpuso el 19 de abril.

Tercero.—En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que estimo la demanda interpuesta por D. Victoriano contra el MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y declaro el derecho del actor a percibir el 100% de la prestación por desempleo en pago único, condenando al ente demandado a su pago."

Cuarto.—Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.—Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 25 de octubre de 2013.

Sexto.—Admitido a trámite el recurso se señaló el día 7 de noviembre de 2013 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La Sentencia del Juzgado de lo Social n.º dos de Oviedo recaída en autos 393/2013, estimó la demanda del actor, quien combatía Resolución del Servicio Público de Empleo que le denegaba el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. Dicha Resolución es recurrida en suplicación por la Abogacía del Estado, en representación del citado Servicio, formulando un primer motivo, al amparo de lo dispuesto en el art.193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que interesa la revisión de los hechos probados.

Solicita que se añade al ordinal segundo el siguiente texto: "Especificando el citado contrato, en su cláusula primera, por una parte, que el arrendamiento comprende tanto el local donde se ubica, como las instalaciones, maquinaria, menaje, vajilla, utensilios, inmuebles y demás elementos propios de este tipo de negocios, y, por otra parte, que la industria está funcionando".

Invoca como documentos que avalarían dicha modificación los que obran a los folios 107 y 129, que constituyen la parte del contrato de arrendamiento, aportado por ambas partes (y citado por la Juzgadora) por lo que debe incorporarse el texto propuesto.

Segundo.—Con cita del art.193 c) del mismo Texto Procesal formula un segundo motivo, que tiene por objeto el examen del derecho aplicado en la sentencia recurrida. Denuncia infracción por aplicación indebida, de los arts.1 y 7 del Real Decreto 1044/85, de 19 de junio, así como de la regla 1.ª del apartado I, de la Disposición transitoria cuarta, de la Ley 45/02, de 12 de diciembre.

Señala el recurso el desenfoque inicial del asunto enjuiciado porque la Juzgadora lo resuelve como si la causa de denegación fuera esta: "si la actividad empresarial a la que va destinado el Pago Único puede iniciarse antes de la solicitud, entendiendo que el demandante tiene derecho a dicha prestación con fundamento en que la comunidad de bienes fue constituida pocos días antes de la solicitud del Pago Único, con la finalidad de explotar un negocio de hostelería cuya ubicación coincide con el contrato de arrendamiento de industria suscrito por la persona que convive con el actor, y que lo que se exige es la proximidad entre la constitución de la sociedad o el inicio de la actividad como autónomo y la solicitud de la prestación, considerando que en el supuesto enjuiciado la diferencia de fechas es imputable a los trámites burocráticos que conlleva el inicio de una actividad económica por cuenta propia (aplicando la sentencia del Tribunal Supremo de 15/10/09, que establece que los actos preparatorios y meramente formales previos al inicio de una actividad económica no obstan al reconocimiento del Pago Único)."

En este punto tiene razón la parte recurrente, pues la Resolución denegatoria sienta como hecho básico que "el análisis de su expediente arroja indicios de que el importe de la capitalización que Ud. percibiera, aunque se cumplieran todas las prescripciones formales, tendría unos fines distintos a los propios del Programa de Fomento al Empleo en que se ampara." Sobre tal presupuesto de hecho la Resolución denegatoria razona así: "Según la finalidad descrita en la exposición de motivos del RD 1044/85 de 10 de junio, pretende Ud., indebidamente, acceder a la modalidad de Pago Único de las prestaciones por desempleo, de acuerdo con el tipo que se describe en el n.º4 del art.6 del Código Civil español, por lo que no entra Ud. dentro del ámbito de protección del mencionado programa de Fomento al Empleo."

Trata el recurso de precisar que no se trata tanto de un supuesto en el que el SEPE deniegue la prestación porque el trabajador haya iniciado la actividad con anterioridad a la solicitud, como entiende erróneamente la Juzgadora de instancia, sino de un supuesto en que el trabajador se incorpora como trabajador autónomo (mediante la constitución de una comunidad de bienes con la primer titular de un negocio) a un negocio que ya está funcionando, supuesto este no previsto en la normativa reguladora del Pago Único (que solo contempla la incorporación como socio trabajador o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales), y que, por lo tanto, no precisa del Pago Único para afrontar los gastos de inicio de la actividad.

Tercero.—Admitiendo el error en el planteamiento del asunto por la Sentencia, ésta da solución al mismo al transcribir la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 45/02, de 12 de diciembre, porque no se queda en la regla 1.ª que invoca el Servicio recurrente (que limita la posibilidad de acogerse al pago único para incorporarse a un negocio ya en funcionamiento a socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o socios laborales, o como autónomos si son trabajadores minusválidos, la regla 3.ª dispone que lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a "Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con una discapacidad igual o superior al 33 %.

En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60% del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del 100% cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes menores de 30 años de edad o mujeres jóvenes menores de 35 años, considerándose la edad en la fecha de la solicitud.

b) Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo menores de treinta años, cuando capitalicen la prestación para destinar hasta el 100% de su importe a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de doce meses anteriores a la aportación, siempre que desarrollen una actividad profesional o laboral de carácter indefinido respecto a la misma, e independientemente del régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados.

Para las personas que realicen una actividad por cuenta ajena de carácter indefinido, ésta deberá mantenerse por un mínimo de 18 meses.

No se incluirán en este supuesto aquellas personas que hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, ni los trabajadores autónomos económicamente dependientes que hayan suscrito con la misma sociedad como cliente un contrato registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal."

Pues bien cabe precisar los datos esenciales de la cuestión del modo siguiente: 1.º El demandante solicitó la prestación de pago único el 30-10-12, habiendo constituido una Comunidad de bienes con la persona que convive el 17 del mismo mes, registrada en los Servicios Tributarios el 19, con objeto de explotar el establecimiento "La Casona de Proaza CP. 2.º El citado establecimiento había sido arrendado por su compañera el 1-5-12, donde venía desempeñando la actividad de hostelería con la denominación de La Casona de Dos santos. 3.º El Contrato de arrendamiento fue modificado por Anexo de 12-12-12, pasando a ser arrendataria la citada comunidad de bienes. Este contrato y anexo fue aportado al expediente a requerimiento del Servicio demandado.

A partir de estos hechos se dicta la Resolución denegatoria, que considera que, "aunque se cumplieran todas las prescripciones formales" el importe de la capitalización tendría unos fines distintos a los propios del Programa de Fomento al Empleo".

No debemos olvidar que el único motivo de denegación es la alegación de fraude (art.64 del Código Civil), que, según reiterada jurisprudencia, no puede presumirse, lo que sería ya razón para confirmar la Sentencia. Se nos opone en vía jurisdiccional que el pago único tiene como finalidad la puesta en marcha de una actividad, y lo que pretende el actor es incorporarse, mediante la constitución de una comunidad de bienes, a una actividad que ya se había iniciado por la persona con quien constituye tal comunidad.

Pero la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 45/2002, como vimos, incluye a quien "pretenda constituirse como trabajador autónomo", sin que, desde luego, se excluya el modo de incorporarse o constituir una comunidad de bienes. Así el demandante era trabajador por cuenta ajena, cesa en la actividad con derecho a las prestaciones por desempleo, y se constituye en trabajador autónomo, ya que como tal va a incorporarse a la Seguridad Social. Es decir, para el interesado que se va convertir en autónomo comienza entonces la actividad, con independencia de que se incorpore a un negocio que ya venía funcionando, pues lo que se trata de potenciar la ley es el autoempleo, que en el presente caso se presenta con todos los requisitos, resultando la alegación de fraude una causa denegatoria sin prueba alguna.

En su virtud,


FALLAMOS


 
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º2 de Oviedo, dictada en los autos seguidos a instancia de Victoriano contra la recurrente, sobre otros derechos, y en consecuencia confirmamos la resolución impugnada.

Medios de impugnación

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma, y en los términos del art. 221 de la LRJS y con los apercibimientos en él contenidos.

Tasas judiciales para recurrir

La interposición de recurso de casación en el orden Social exige el ingreso de una tasa en el Tesoro Público. Los términos, condiciones y cuantía de este ingreso son los que establece la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en los artículos 3 (sujeto pasivo de la tasa), 4 (exenciones a la tasa), 5 (devengo de la tasa), 6 (base imponible de la tasa), 7 (determinación de la cuota tributaria), 8 (autoliquidación y pago) y 10 (bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos). Esta Ley tiene desarrollo reglamentario en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Están exentos de la tasa para recurrir en casación: a) Los trabajadores; b) Los beneficiarios de la Seguridad Social; c) Los funcionarios y el personal estatutario; d) Los sindicatos cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social; e) Las personas físicas o jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita; f) El Ministerio Fiscal; g) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas; h) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; j) Las personas físicas o jurídicas distintas de las mencionadas en los apartados anteriores e incluidas en el art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, dentro de los términos previstos en esta disposición.

Pásense las actuaciones al Sr/a. Secretario para cumplir los deberes de publicidad, notificación y registro de la Sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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