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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 1382/2013 de 21 de noviembre


 RESUMEN:

Extinción de contrato de trabajo: Voluntad de la trabajadora. Acoso laboral. Hostilidad entre trabajadores sin que concurran notas de acoso.

ALBACETE

SENTENCIA: 01382/2013

T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIALALBACETE

C/ SAN AGUSTIN N.º 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071 ALBACETE

Tfno: 967 596 714

Fax:967 596 569

NIG: 02003 34 4 2013 0102996

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001148 /2013

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0001031 /2012 JDO. DE LO SOCIAL n.º 003 de ALBACETE

Recurrente/s: Miriam

Abogado/a:

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Recurrido/s: MINISTERIO FISCAL, SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA, Víctor

Abogado/a:

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Magistrado/a Ponente: Ilmo. Sr. D. JOSE MONTIEL GONZALEZ

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

D. JOSE MONTIEL GONZALEZ

D.ª PETRA GARCIA MARQUEZ

D.ª LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO

En Albacete, a veintiuno de noviembre de dos mil trece.

Vistas las presentes actuaciones por la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as anteriormente citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

- SENTENCIA N.º 1382 -

en el RECURSO DE SUPLICACION número 1148/2013, sobre DERECHOS FUNDAMENTALES, formalizado por la representación de D.ª Miriam contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete en los autos número 1031/2012, siendo recurrido/s MINISTERIO FISCAL, SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA y D. Víctor; y en el que ha actuado como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE MONTIEL GONZALEZ, deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que con fecha 27 de febrero de 2013 se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete en los autos número 1031/2012, cuya parte dispositiva establece:

«Que DESESTIMANDO la demanda de resolución contractual interpuesta por D.ª Miriam, asistida del Letrado D. Gonzalo Pérez Guerrero, contra el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, asistida del Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha D. Salvador González-Moncayo López, y contra D. Víctor, asistido del Letrado D. Juan Monedero González, con la intervención del Ministerio Fiscal, representado por D.ª Pilar Eslava, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha y a D. Víctor, de las pretensiones deducidas de contrario.»

Segundo.—Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:

«PRIMERO.-La actora, D.ª Miriam, mayor de edad, con N.I.F. n.º NUM000, ha venido prestando servicios para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como personal laboral fijo, concretamente en la oficina de empleo de Alcaraz (Albacete), dependiente de los servicios periféricos de la Consejería de Empleo y Economía en Albacete, antigüedad de fecha 25 de mayo de 1992, categoría profesional de auxiliar administrativa, y salario de 1.119,29 euros brutos, con inclusión de la parte proporcional de pagas extra, siendo de aplicación el VI Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La actora no ostenta ni ha ostentado la condición de representante de los trabajadores.

SEGUNDO.-Con fecha 17 de noviembre de 2009, D.ª Miriam, mientras se encontraba en su puesto de trabajo en oficina de empleo de Alcaraz (Albacete) informando a una pareja acerca de una cuestión relativa a prestaciones, comprueba como su compañero de trabajo, D. Víctor se acerca a su mesa de trabajo y dirigiéndose a la pareja les dice "venid para acá", retirando el expediente de su mesa y asumiendo él mismo la tarea informativa.

Con fecha 9 de noviembre de 2010, a través de correo electrónico, D.ª Miriam, pone los hechos en conocimiento de la entonces Coordinadora Provincial, D.ª Florinda y de la Jefa de Servicio de Empleo, D.ª Rosario acerca de los problemas existentes con su compañero de trabajo, D. Víctor, dirigiéndose a ella de manera despectiva y causándole una situación de incapacidad, frustración y debilidad.

En un primer momento, la Coordinadora Provincial, D.ª Florinda, se puso en contacto con el Jefe de la Oficina de Empleo, D. Franco, para informarse acerca de la situación, decidiendo en dicho momento cambiar la ubicación de los empleados implicados. Posteriormente, se citó a D. Víctor para que ofreciera su versión de los hechos ocurridos, siendo ésta totalmente opuesta a la dada por D.ª Miriam.

Con fecha 19 de enero de 2011, D.ª Miriam fue dada de baja médica por enfermedad común.

Con fecha 1 de marzo de 2011, la Coordinadora Provincial Sra. Florinda, mantuvo una conversación con D.ª Miriam, que por primera vez, refirió ser objeto de acoso laboral. Por lo que se le derivó al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a fin de valorar los hechos y ofrecer mecanismos de solución del conflicto, acudiendo D.ª Miriam con fecha 1 de marzo de 2011. Por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se sacan las siguientes conclusiones: la existencia de varios altercados entre empleado/a público A y el/la empleado/a público B; existe una infracarga de trabajo en la Oficina en algunos períodos debido a las características del servicio; futo de los altercados citados existe un conflicto a nivel personal que ha derivado en una mala relación personal entre estas dos personas desde hace un año aproximadamente; no puede deducirse de las informaciones recogidas un cuadro de acoso psicológico en el trabajo.

Con fecha 16 de marzo de 2011 se celebra sesión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud Laboral del SEPECAM en Albacete, figurando entre su orden del día, "2. Conflictividad en la Oficina de Empleo" en el que se acuerda: "-La Coordinación Provincial se pondrá en contacto con los empleados/as implicados y les expondrá el resultado de esta reunión. -Así mismo, una vez que el/la empleado/a público/a "A" se incorpore a su puesto, les propondrá realizar una reunión conjunta -Dará instrucciones al Jefa/a de la Oficina de Empleo de que informe por escrito de cualquier incidencia que se produzca entre ambos empleados/as. (folios 320 y 321 del expediente administrativo).

Con fecha 21 de marzo de 2011 se emitió informe técnico de asesoramiento prevención de riesgos laborales (folio 326 y siguientes del expediente administrativo) que damos por reproducido, cuyo objeto era " identificar y determinar las posibles conductas de acoso e informar sobre las conclusiones a las que se ha llegado después de la correspondiente investigación al respecto por parte de personal técnico de este servicio de prevención...", concluyendo que "existe una conflictividad laboral entre los dos trabajadores de la oficina, con distintos episodios de confrontación por criterios diferentes de cómo realizar el trabajo. Han sido varios conflictos aislados en el tiempo. Ha permanecido en el tiempo y ha producido una restricción en la comunicación verbal y un deterioro en la relación personal y laboral entre ambas partes produciendo roces o tensiones en el entorno laboral, que ha llevado a la separación de despachos por el JO. En esos roces y tensiones ha habido tono de voz elevado in llegar a insultos, ni gritos o chillidos. Los dos refieren acusaciones mutuas. No se refiere por parte de ninguno de los entrevistados trato vejatorio ni humillante...No se detectan medidas organizacionales contra la víctima, de cambio de ubicación, prohibición de hablar a compañeros, realizar tareas contra su conciencia...o distintas de las generales del puesto de trabajo...NO IDENTIFICAMOS un cuadro de situación de acoso psicológico en el trabajo, aunque sí una situación de exposición a riesgo psicosocial derivada de conflictividad personal entre los dos trabajadores y de la organización del trabajo en los aspectos de distribución y responsabilización de tareas de cada puesto de trabajo, valoración del trabajo y autonomía en la realización del mismo, al inmiscuirse puntualmente un trabajador en el trabajo del otro", ofreciendo a continuación en dicho informe una serie de recomendaciones y prevención.

En escrito de fecha 11 de abril de 2011, del Jefe de Área de Coordinación y Gestión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dirigido a la Coordinadora Provincial del SEPECAM, se le comunicaba la puesta en marcha de las recomendaciones contenidas en informe de fecha 21 de marzo de 2011, esto es, "estudiar la posibilidad de ofertar a cualquiera de los dos empleados el desempeño de su puesto de trabajo en otro centro, dependiente del SEPECAM o de cualquier otro órgano de la Junta, ya sea de forma temporal o permanente, respetando el derecho de consulta y decisión de los trabajadores; plantear una reunión con las dos partes y con mediadores para buscar la recuperación del diálogo y la comunicación y asistencia de los dos empleados a un curso de formación sobre riesgos derivados de la organización en el trabajo, habilidades sociales en relaciones personales, el trabajo en equipo, etc. Desde estos Servicios Centrales se inician gestiones para contratación de esta acción formativa".

Con fecha 27 de abril de 2011 D.ª Miriam es dada de alta médica por la situación de incapacidad temporal en la que se hallaba desde el día 19 de enero de 2011. Desde este momento ambos trabajadores, D.ª Miriam y D. Víctor remiten correos electrónicos a la Coordinadora Provincial acerca de diversas situaciones de conflicto.

El día 22 de julio de 2011, a instancia de los Servicios Centrales del SEPECAM se decide llevar a cabo una reunión de mediación con la intervención del Jefe de Servicio de Personal y Asuntos Generales D. Carlos Antonio y las partes por separado y de forma conjunta, asumiendo las partes el compromiso de mantener unas relaciones de respeto mutuo y compañerismo en el marco de la relación habitual del centro de trabajo.

El 18 de octubre de 2011, Víctor solicita copia del informe del servicio de prevención de Riesgos Laborales, que se le exculpe oficialmente de los hechos denunciados por D.ª Miriam y que se incoe expediente disciplinario a esta última.

Con fecha 4 de noviembre de 2011 el área de coordinación y gestión del SEPECAM informó que la interesada había manifestado su conformidad para desempeñar su puesto de trabajo en la Oficina Comarcal Agraria de Alcaraz.

Con fecha 23 de diciembre de 2011, D.ª Miriam, causa baja por enfermedad común.

El día 19 de marzo de 2012, D.ª Miriam se persona en los Servicios Periféricos de Empleo y Economía para mantener una entrevista con el Secretario Provincial de la Consejería de Empleo y Economía, D. Domingo, y con la Jefa del Servicio de Empleo y Juventud, en la que reitera los problemas acaecidos y plantea que se proceda a su despido ya que tiene previsto marcharse a Andalucía.

Con fecha 2 de julio de 2012 se confirma la situación de baja médica de D.ª Miriam procedente del servicio Andaluz de Salud. Con fecha 25 de julio de 2012 es dada de alta por la inspección médica. D.ª Miriam, solicita días de asuntos propios y días de vacaciones, que vencían el día 12 de septiembre de 2012.

Con fecha 12 de septiembre de 2012, D.ª Miriam, solicita licencia de permiso sin sueldo, mínimo tres meses a partir del día 13 de septiembre.

Con fecha 12 de diciembre de 2012, D.ª Miriam, solicita excedencia voluntaria por interés particular, con fecha de inicio el día 14 de diciembre de 2012.

TERCERO.-En Informe de Consulta externa de fecha 28 de noviembre de 2011 emitido a petición de la interesada, por el Psicólogo Clínico D. Miguel, obrante en el ramo de prueba aportado por la actora, se hace constar que "paciente que viene siendo tratada en este Servicio desde el 2006 por padecer trastorno adaptativo mixto a patología orgánica crónica. Durante el primer período de tratamiento se consiguió mejorar la clínica ansiosa y el desánimo que la embargaba y la paciente mejoró sustancialmente, hasta el punto de reiniciar su vida familiar y laboral con normalidad...Pasado un tiempo comienza a quejarse de unas dificultades que tenía en el ámbito laboral y las consecuencias psicofísicas que eso le estaba trayendo; problemas anímicos y de ansiedad y consecuentemente un desequilibrio en su problema hormonal que controlaba con más dificultad. Estos problemas laborales se van acentuando y entre en un estado de agudización clínica por exceso de ansiedad que le impide trabajar y tiene que pedir baja en el trabajo para poder continuar sin "hundirse" anímicamente y caer en un estado de franca depresión. El nivel de ansiedad al referirse a la actividad laboral es alto, rompe con facilidad a llorar y apenas puede hablar de ello...La clínica de esta paciente, desde que se desencadenó la situación laboral al que hace referencia, no ha mejorado, a pesar de los intentos de psicoterapia destinados a ese fin".

CUARTO.-D. Víctor, con fecha 23 de abril de 2012 dirige correo electrónico al Coordinador Provincial, D. Arturo, preguntándole acerca de la incorporación de la trabajadora D.ª Miriam, a fin de solicitar en caso afirmativo, plaza de director de la oficina del SEPE.

Con fecha 6 de agosto de 2012, D. Víctor, dirige correo electrónico a D. Domingo en el que se recoge "Hola Domingo, buenos días. Como continuación a la conversación de esta mañana sobre la compañera, estoy que no vivo, como se incorpore la verdad es que esto no tiene tendencia a mejorar los problemas van a seguir porque la conozco. Te rogaría que intentaras recolocarla en cualquier instituto de educación de esta localidad, el Bonillo o Munera. Te lo pido por favor. Como se incorpore pasado mañana y Franco está de vacaciones, yo no trabajo con ella ni un minuto. Haber si consigues arreglar esta situación"

Con fecha 8 de agosto de 2012, D. Víctor, dirige correo electrónico a D. Domingo en el que se recoge "Hola Domingo, de momento un respiro. El tiempo pasa muy rápido, te rogaría tomaras interés y al ser posible y como ha quedado demostrado que ha obrado de mala fe la recolocáis en otra dependencia, si se incorpora aquí los problemas van a seguir y como debes entender, yo no quiero problemas durante el tiempo que me quede en la administración" (correos electrónicos, obrantes en el ramo de prueba aportado por el codemandado, D. Víctor).

En informe de visita de fecha 11 de mayo de 2011 de Víctor al centro de salud de Alcaraz, se recoge como motivo "acude a consulta por problemas con una compañera de trabajo...Presenta fundamentalmente insomnio y ansiedad a raíz de proceso judicial a raíz de problema laboral". En informe de visita de fecha 3 de junio de 2011 de Víctor al centro de salud de Alcaraz, se recoge como motivo "presenta nerviosismo y ansiedad a raíz de problema laboral. Según refiere ha tenido "encontronazo" con compañera de trabajo y presenta ansiedad", prescribiéndole aumento de lexatin.

QUINTO.-En el expediente administrativo remitido por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, se recogen todos los documentos relativos a la prevención de riesgos laborales, concretamente de fecha 26 de junio de 2006 emitido por el Servicio de Prevención Ajeno de Fremap; plan actuación del puesto de trabajo de auxiliar administrativo; evaluación de riesgos por secciones de fecha 10 de julio de 2006; evaluación de la organización y gestión de la Junta de Comunidades de fecha 10 de julio de 2006; evaluación de riesgos por secciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 17 de julio de 2006; evaluación de riesgos realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales el 8 de marzo 2011; evaluación de riesgos psicosociales; evaluación de riesgos periódica; evaluación de septiembre de 2011; evaluación de riesgos psicosociales de febrero de 2012.

SEXTO.- Con fecha 7 de agosto de 2012, D.ª Miriam interpuso una reclamación previa a la vía judicial, en la que solicitaba la extinción de su contrato de trabajo "por vulneración de derechos fundamentales por daños morales y materiales, teniendo como base el acoso laboral" así como el abono de una indemnización de 45 días por año y la cuantía de 18.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, todo ello "como consecuencia de incumplimiento empresarial grave del contrato de trabajo previsto en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores "; que fue desestimada mediante resolución de fecha 19 de septiembre de 2012.»

Tercero.—Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y forma, por la representación de D.ª Miriam, el cual fue impugnado de contrario, elevándose los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que, una vez tuvieron entrada, se dictaron las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma; poniéndose en su momento a disposición del/de la Magistrado/a Ponente para su examen y resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—En el primer motivo de recurso, amparado en el art. 193 b) de la LRJS, se postula la modificación de tres apartados del hecho probado segundo y de uno del hecho probado séptimo, de conformidad con las versiones alternativas que se proponen en el desarrollo del motivo de recurso.

Como norma general, la doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1985 y 6 de julio de 2004) ha señalado que no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que le sirvieron de fundamento, en cuanto que no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador de Instancia, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada, salvo que conforme a documentos idóneos y fehacientes o pruebas periciales se acredite de manera clara, evidente, directa y patente el error de valoración judicial, sin necesidad de acudir a razonamientos, conjeturas o hipótesis; y que en caso de existencia de documentos contradictorios y en la medida que de ellos pueda extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el Juez de instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba (Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable (Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1.991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1.993 y 10 de marzo de 1.994).

En el presente caso, la parte recurrente pretende reinterpretar el contenido de los diversos informes obrantes en las actuaciones desde su particular óptica, para extraer conclusiones diferentes a las obtenidas por el Juzgador de instancia. No se trata de documentos que pongan de manifiesto, de su sola lectura, un evidente error de valoración judicial, sino de obtener mediante una serie de conjeturas un estado de cosas que desde luego no se desprende de los indicados informes.

La pretensión revisora aparece más dificultosa si además se tiene en cuenta que la convicción judicial plasmada en la sentencia no solo procede del examen de determinados informes elaborados con posterioridad a los hechos (se trata de una eventual situación de acoso laboral que la demandante afirma sufrir por parte de otro trabador del mismo centro), sino también de la declaración testifical del jefe de la oficina y de otros compañeros de trabajo de los dos trabajadores implicados en la situación conflictiva (fundamento jurídico cuarto).

Por ello, en aplicación de la doctrina jurisprudencial citada al principio, debe desestimarse el motivo de recurso examinado.

Segundo.—En el segundo motivo de recurso, amparado en el art. 193 c) de la LRJS, se denuncia infracción de los arts. 15, 18.1, 20 y 24 de la Constitución; arts. 4.2, 18 y 20.3 del ET; art. 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y art. 50.1 a) del ET; así como de la doctrina jurisprudencial citada.

Solicita la parte demandante la resolución de su contrato de trabajo, de conformidad con lo establecido en el art. 50.1 c) del ET, al considerar que ha venido siendo objeto de acoso laboral por otro compañero de trabajo de la oficina en la que presta servicios (oficina de empleo de Alcaraz, dependiente de los servicios periféricos de la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete) sin que por parte de la entidad empleadora se hayan adoptado medidas suficientes para evitar la situación.

En primer término debe darse respuesta a la cuestión planteada por la demandada impugnante del recurso, respecto de la causa de oposición formulada y desestimada en la instancia, relativa a la imposibilidad de ejercitar la acción de resolución del contrato por voluntad del trabajador, si el vínculo contractual no permanece vigente hasta que se dicte la correspondiente sentencia que declare el derecho del trabajador a proceder a la extinción del contrato; requisito que entiende la entidad impugnante demandada al encontrarse la trabajadora en situación de excedencia voluntaria.

Con carácter general, la doctrina jurisprudencial (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2000) ha declarado, a propósito del ejercicio de la facultad resolutoria del nexo laboral por voluntad del trabajador, que "no cabe que éste resuelva extrajudicialmente el contrato de trabajo, sino que lo procedente es que el trabajador solicite la rescisión del contrato laboral, sin abandonar, la actividad laboral que desempeña en la empresa, dado que la extinción del contrato se origina por la sentencia constitutiva de carácter firme, que estime que la empresa ha incurrido en alguna de las causas que dan lugar a la resolución, pero no antes de hacerse este pronunciamiento ( SSTS de 22 de octubre , 26 de noviembre de 1986 , 18 de julio de 1990 y SSTS de 23 de abril de 1996 ), salvo como, antes se ha dicho y, ahora ser repite, que la continuidad laboral atente a la dignidad, a la integridad personal o, en general, a aquellos derechos fundamentales que corresponden al hombre por el solo hecho de su nacimiento".

Por otra parte, la doctrina jurisprudencial (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000) tiene establecido que: "El éxito de la acción basada en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores exige que el contrato esté vivo en el momento de dictarse la sentencia, como ha puesto de manifiesto la constante doctrina de esta Sala contenida en sentencias, entre otras, de 22 de octubre y 26 de noviembre de 1986 , 12 de julio de 1989 , 18 de julio de 1990 o el auto de 11 de marzo de 1998 . Ha de tenerse en cuenta el carácter constitutivo que la sentencia tiene en estos supuestos en los que, de prosperar la acción, se declara extinguido el contrato en la misma fecha en la que se dicta".

Esta doctrina ha sido matizada más recientemente, por la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2012 (rec. 1601/11), en el sentido de que no es exigible que el trabajador permanezca prestando servicios hasta que recaiga sentencia firme; al interponer la demanda el trabajador puede optar por seguir prestando servicios hasta que se dicte sentencia o dejar de prestarlos, asumiendo, en este caso, el riesgo de que se produzca la extinción del contrato por desistimiento si la acción resolutoria es desestimada.

Finalmente, los arts. 79.7 y 180.4 de la LRJS, prevén la posibilidad de adoptar medidas cautelares, en casos como el aquí enjuiciado, relativas a la suspensión de la relación o la exoneración de prestación de servicios, el traslado de puesto o centro de trabajo, entre otras, cuando se presenta la demanda para instar la resolución contractual.

En el presente caso, la demandante detalla en su demandada una serie de actuaciones de otro compañero de trabajo que pondría de manifiesto un trato vejatorio y humillante para su persona durante el desempeño del trabajo que se origina al menos desde el año 2009. Como consecuencia de ello se ha producido la intervención de distintos superiores jerárquicos en orden a aclarar la situación y ponerle remedio, en los términos que se detallan en el extenso relato fáctico de la sentencia, que se reproduce en los antecedentes de esta resolución. Tras sucesivos períodos de incapacidad temporal, la trabajadora es dada de alta médica por la inspección médica el 25/07/2012, pero solicita días libres por asuntos propios, días de vacaciones hasta el 12/09/2012, y una licencia de permiso sin sueldo por tres meses. La situación culmina con la presentación de reclamación previa a la vía judicial el 07/08/2012, que fue desestimada por Resolución de 19/09/2012, seguida de demanda que se presentó en el Juzgado de lo Social el día 11 de octubre de 2012. Posteriormente, se presenta solicitud de la demandante de excedencia voluntaria en 12/12/2012 que le es concedida con fecha de inicio desde el día 14/12/2012.

La cuestión que se suscita se circunscribe, por tanto, a determinar si la trabajadora puede instar judicialmente la resolución de su contrato de trabajo al amparo del art. 50.1 c) del ET por sufrir acoso laboral de otro compañero de trabajo, partiendo de que tanto los hechos en que se funda la acción resolutoria como la presentación de la demanda se producen antes de solicitar y obtener la excedencia voluntaria, pues ésta se reconoce ya iniciado el proceso judicial.

Sobre la naturaleza específica de la excedencia voluntaria la doctrina jurisprudencial (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de sentencia de 15 marzo 2013, rec. 1693/2012, y las que en ella se citan) "ha entendido que este derecho preferente al reingreso del trabajador en excedencia voluntaria común es un derecho potencial o expectante, condicionado a la existencia de vacante en la empresa, y no un derecho incondicional, ejercitable de manera inmediata en el momento en que el trabajador excedente exprese su voluntad de reingreso ( STS 18-7-1986 ). En este punto se diferencian las regulaciones legales de la excedencia voluntaria común de un lado, y de la suspensión del contrato de trabajo y las excedencias forzosas o especiales de otro, situaciones estas últimas caracterizadas por la conservación del puesto de trabajo por parte del trabajador ( STS 25-10- 2000, rcud 3606/1998 )".

Asimismo sostiene que "El tratamiento legal diferenciado entre la excedencia voluntaria común y las restantes vicisitudes del contrato de trabajo mencionadas, encuentra justificación en la distinta valoración que merecen los intereses en juego en una y otras situaciones. Mientras en la suspensión y en las excedencias forzosas o especiales concurren causas específicas y cualificadas de impedimento, incompatibilidad o dificultad de trabajar, el interés que está en la base de la situación de excedencia voluntaria común es genéricamente el interés personal o profesional del trabajador excedente voluntario, muy digno de consideración, pero que, de acuerdo con el criterio del legislador, no justifica conservar para él un puesto de trabajo, a costa de la estabilidad en el empleo del trabajador que lo sustituya o del propio interés de la empresa ( STS 25-10-2000, rcud 3606/1998 )".

Sobre la base de tal doctrina jurisprudencial, existe doctrina judicial contradictoria, pues mientras determinadas Salas de lo Social sostienen la posibilidad de ejercitar la acción resolutoria del contrato de trabajo desde la situación de excedencia voluntaria del trabador (Sala Social Valencia, sent. 2263/2012, de 19 de septiembre, rec. 1528/2012), otras mantienen lo contrario aduciendo que en tales casos el contrato no se encuentra en vigor (Sala Social Cataluña, sent. 27602010, de 19 de abril, rec. 7956/2009).

Es cierto que la demandante pudo acudir a las previsiones legales contenidas en los arts. 79.7 y 180.4 de la LRJS y solicitar alguna de las medidas cautelares allí contempladas al tiempo de formular su demanda, pero no lo hizo. Sin embargo, pese a ello, la Sala entiende que en el presente caso no existe obstáculo alguno para que la demandante pueda instar la resolución del contrato desde su situación de excedencia voluntaria, pues aunque dicha situación presenta una naturaleza jurídica compleja, ya que no existe durante su decurso reserva del puesto de trabajo, como si ocurre con las demás situaciones de suspensión del contrato de trabajo como señala la doctrina jurisprudencial, lo cierto es que no equivale a una extinción contractual, como lo demuestra la pervivencia del derecho preferente de la trabajadora al reingreso en vacante de igual o similar categoría, que en caso de ser desconocido de modo absoluto e injustificado pudiera generar acción de despido.

No puede, por tanto, sostenerse la falta de acción resolutoria por falta de vigencia de la relación laboral pues la excedencia voluntaria únicamente produce la exoneración de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo (art. 45.2 ET), pero no su completa extinción; máxime cuando aún en el supuesto de abandono unilateral del puesto de trabajo por parte de la trabajadora tampoco existiría obstáculo para el ejercicio de tal acción (TS 20/07/2012 antes citada). A ello debe añadirse que tanto los hechos en que se funda la acción resolutoria como la presentación de la demanda se producen antes de solicitar y obtener la excedencia voluntaria, pues ésta se reconoce ya iniciado el proceso judicial (Auto del Tribunal Supremo de 22/01/2008, rec. 2508/07).

Tercero.—Entrando a resolver el segundo motivo de recurso, en los términos antes delimitados, ha de partirse de que la situación de acoso laboral se caracteriza por la sistemática y prolongada presión psicológica que se ejerce sobre el trabajador (hostigamiento, asedio, vejación, humillación, constante crítica, etc.) en el desempeño de su cometido, causándole un daño psíquico real que le hace perder la posibilidad de una normal convivencia en su propio ámbito profesional; situación que faculta al trabajador para postular la resolución del contrato de trabajo, así como una indemnización de los daños y perjuicios sufridos por tal causa, cuya valoración y cuantificación debe llevarse a cabo ofreciendo la parte demandante los parámetros suficientes para ello.

La situación de acoso puede proceder del empresario, pero también de otro trabajador de la empresa en cuyo supuesto corresponde al empresario adoptar las medidas pertinentes, incluso el despido del trabajador acosador, en orden a reestablecer un clima laboral acorde a la dignidad del trabajador afectado (art. 54.1 g) ET y art. 8.13 bis del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto).

En el presente caso, de los diversos informes elaborados para determinar el alcance de los hechos a que se refiere el presente proceso se deduce la inexistencia de una situación de acoso laboral en los términos antes mencionados.

El informe de la unidad provincial del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Albacete de 21/03/2011 (que en los sustancial se recoge en el hecho probado segundo, reproducido en los antecedentes de hechos de esta resolución), muestra en sus conclusiones que entre la demandante y el otro trabajador que interviene en los hechos, existe una situación de conflictividad laboral debido a la incompatibilidad de caracteres y a los distintos criterios sobre la realización del trabajo que se ha materializado durante largo tiempo en diversos enfrentamientos.

Ello ha conducido a una restricción en la comunicación verbal y a un deterioro de la relación personal que ha conducido a tener que desempeñar sus respectivos trabajos en distintos despachos. En los enfrentamientos ha habido tono de voz elevado sin llegar a insultos, ni gritos o chillidos, refiriendo ambas partes acusaciones mutuas. No se refiere por ninguno de las partes trato vejatorio ni humillante, no se han detectado medidas organizacionales contra la demandante, de cambio de ubicación, prohibición de hablar a compañeros, realizar tareas no deseadas, degradantes o diferentes a las propias de su categoría. No ha habido enfrentamientos con violencia física, ni referencias a creencias religiosas o políticas de la actora.

Estas mismas conclusiones vienen corroboradas por la prueba testifical tanto del jefe de la oficina como de otros compañeros de trabajo, valorada por el Juez de instancia en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia, de la que se extrae la conclusión de que la situación de conflicto surgida entre ambos trabajadores se debe a una situación de enfrentamiento y hostilidad personal entre ambos trabajadores, pero sin que concurran las notas propias del acoso laboral al principio mencionadas.

En consecuencia, debe desestimarse el recurso formulado y confirmarse la sentencia de instancia, por ser conforme a derecho.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación de D.ª Miriam contra la Sentencia de fecha 27 de febrero de 2013 dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete en los autos número 1031/2012, sobre derechos fundamentales, siendo recurridos MINISTERIO FISCAL, SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA y D. Víctor, debemos confirmar la indicada resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación. Durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número 0044 0000 66 1148 13 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, Oficina número 3001, sita en Albacete, C/ Marqués de Molins n.º 13, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), conforme al artículo 229 de la citada Ley, que deberá ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

Para la interposición del recurso de casación se deberá justificar que se ha efectuado el ingreso de la TASA a que hace referencia la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, acompañando el justificante del pago de la misma, debidamente validado, bajo apercibimiento de que, de no acompañarse éste, no se dará curso al escrito hasta que tal omisión se haya subsanado ni se suspenderán los plazos procesales por este motivo.

Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal el día veintiséis de no viembre de dos mil trece. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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