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Sentencia T.S.J. Castilla y León de 13 de noviembre de 2013


 RESUMEN:

Prestaciones y pensiones: Prestación por desempleo parcial. Sanción de extinción. No respeto a la reducción de jornada acordada.

VALLADOLID

SENTENCIA: 01889/2013

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIALVALLADOLID

-

C/ANGUSTIAS S/N (PALACIO DE JUSTICIA) 47003.VALLADOLID

Tfno: 983413204-208

Fax:983.25.42.04

NIG: 24115 44 4 2012 0001760

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001158 /2013 C.N.

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000841 /2012 JDO. DE LO SOCIAL n.º 001 de PONFERRADA

Recurrente/s: Graciela

Abogado/a: FRANCISCO JAVIER SOLANA BAJO

Procurador/a: MARIA ROSARIO ALONSO ZAMORANO

Graduado/a Social:

Recurrido/s: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL -INEM-

Abogado/a: ABOGADO DEL ESTADO

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Rec. núm. 1158/13

Ilmos. Sres.

D. Gabriel Coullaut Ariño

Presidente de la Sala

D. Manuel M.ª Benito López

D. Juan José Casas Nombela/

En Valladolid a trece de noviembre de dos mil trece.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 1158 de 2013 interpuesto por D.ª Graciela contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de Ponferrada de fecha 9 de abril de 2013 (autos 841/12), dictada en virtud de demanda promovida por dicha actora contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL sobre DESEMPLEO, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan José Casas Nombela.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Con fecha 20 de septiembre de 2012 se presentó en el Juzgado de lo Social número Uno de Ponferrada demanda formulada por la actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.

Segundo.—En referida sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:

Primero.—El 21/11/2011 la empresa Asesoría Orallo, S.L., dedicada a la actividad de asesoría jurídica, solicitó a la autoridad laboral la incoación de expediente de regulación de empleo sobre reducción de jornada. Incoado el expediente con el n.º NUM000, por resolución de 5/12/2011 se autorizó la reducción de jornada de los tres trabajadores de la plantilla por causas productivas, siendo uno de los tres trabajadores la hoy actora.

Desde el 13/12/2011 se hizo efectiva la reducción de la jornada durante un período de 8 meses que se extendía desde el 13/12/2011 hasta el 12/8/2012.

La reducción de jornada se instrumentó con la supresión del horario de tarde pasando la jornada a ser de 20 horas semanales que los trabajadores desarrollaron de lunes a viernes desde las 10,00 hasta las 14,00 horas.

Segundo.—Por resolución del INEM de 22/12/2011 se reconoció el derecho de a actora al abono de la correspondiente prestación por desempleo parcial desde el 13/12/2011 hasta el 12/8/2012 sobre una base reguladora diaria de 71,94 euros.

Tercero.—EL 31/1/2012 sobres las 17,45 horas la Inspección realizó visita al centro de trabajo sito en al avenida Gómez Núñez de Ponferrada n.º 12 cosntantando que el centro se encontraba cerrado existiendo un cartel con el horario de lunes a viernes de 08,00 a 15,00 horas y los sábados de 10,00 a 13,00 horas.

Cuarto.—El día 1/1/2012 la Inspección de Trabajo efectuó nueva visita a las 14,20 horas constatando que se encontraba abierto al público encontrando a los tres socios y a Doña Graciela, (técnico del área laboral), Don Desiderio (técnico del área fiscal) y Doña Ángela (gestora administrativa) quienes se encontraba afectados por el ERE de reducción de jornada.

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 del Rea Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden Social, la Inspección propuso la calificación de la infracción como muy grave y la imposición de sanción de extinción de la prestación o subsidio por desempleo desde el 1/3/2012 y el reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas. Asimismo se propone la sanción accesoria consistente en la exclusión del derecho a percibir cualquier prestación económica y, en su caso, ayuda por fomento del empleo durante un año.

Sexto.—Por la Jefatura de la Inspección de Trabajo en fecha 10/4/2012 se confirmó el acta de infracción dictándose en fecha 12/6/2012 por el Servicio Público de Empleo Estatal, resolución en la que se imponía la sanción confirmada por resolución de 20/8/2012.

Séptimo.—Por comunicación fechada el 13/4/2012 se puso en conocimiento de la actora la suspensión cautelar del abono de la prestación por desempleo que venía percibiendo.

Tercero.—Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la actora, fue impugnado por la demandada. Elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—-La sentencia del Juzgado de lo Social número Uno de los de Ponferrada, de 9 de abril de 2013, desestimó la demanda deducida por doña Graciela frente al Servicio Público de Empleo Estatal, demanda a cuyo través se reivindicaba la declaración del derecho de la trabajadora demandante a seguir lucrando la prestación por desempleo parcial a la misma reconocida entre diciembre de 2011 y agosto de 2012. De esa suerte, la citada sentencia vino a ratificar la adecuación a derecho de las resoluciones administrativas impugnadas en la sede judicial, actos aquellos que habían impuesto a la Sra. Graciela la sanción de extinción a partir del 1 de marzo de 2012 de la prestación por desempleo parcial antes mencionada.

Se recurre en suplicación el referido pronunciamiento por la misma parte en la instancia demandante, quien interesa en primer término, al amparo de lo previsto en el artículo 193 b) de la Ley de la Jurisdicción Social, la revisión de los hechos probados de la sentencia de origen.

En concreto, se insta en el escrito de recurso la rectificación del ordinal fáctico cuarto, a fin de consignar en el mismo que la visita de inspección allí referenciada tuvo lugar a las 14.10 horas del 1 de marzo de 2012, que no a las 14.20 horas de esa fecha, cual consta en la versión judicial.

A juicio de la Sala, sin embargo, no es posible aceptar esa pretensión de rectificación probatoria. De un lado, porque la misma se apoya en informe emitido por los servicios de la Inspección de Trabajo dando respuesta a las alegaciones efectuadas por la trabajadora ahora recurrente en el curso de las actuaciones administrativas, informes los de ese tipo que no gozan de presunción legal de certeza, puesto que esa presunción es privativa de las actas a las que se refieren el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, aprobatorio del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, actas las citadas que fueron las que sirvieron para incorporar a la realidad de la contienda la concreción horaria que se pretende rectificar. Y, de otra parte, porque la precisión del momento horario en el que tiene lugar una concreta actuación inspectora es dato cuya rigurosa fijación está connotada por la idea de la inmediatez de su constatación, inmediatez predicable del acta que se diligencia tras la actuación inspectora, que no de los eventuales informes complementarios a dicha acta que pudieren evacuarse plurales fechas después de la inspección.

Segundo.—En los tres primeros motivos de recurso que se edifican en el escrito de suplicación al amparo de lo previsto en el artículo 193 c) de la Ley jurisdiccional, motivos susceptibles de conjunto examen habida cuenta su esencial identidad de razón, se atribuye a la sentencia de Ponferrada la infracción por errónea interpretación de lo establecido en los artículos 53.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 385.1, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 54, 62.1 a) y e) y 63.2 de la Ley reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 25.1 y 24.2 de la Constitución Española.

Y la citada crítica jurídica, así como el resto de la que se explaya en el escrito de suplicación, se instala en el siguiente esencial contexto circunstancial, tal y como el mismo surge del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia. Doña Graciela viene prestando servicios para la patronal Asesoría Orallo, S. L., dedicada a la actividad de asesoría jurídica y que emplea a tres trabajadores. Tras ser ello solicitado por la citada empresa, mediante resolución de la Administración laboral de diciembre de 2011 se autorizó la reducción por causas productivas de la jornada de trabajo de los tres trabajadores que integran la plantilla de Asesoría Orallo, reducción consistente en la supresión del horario vespertino, con concreción de la duración semanal de la jornada de cada uno de los afectados en 20 horas y distribución de ese tiempo entre las 10 y las 14 horas de lunes a viernes, reducción la citada que se extendería desde el 13 de diciembre de 2011 y hasta el 12 de agosto de 2012. Complementariamente, mediante resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 22 de diciembre de 2011, se reconoció el derecho de la Sra. Graciela a lucrar prestación por desempleo parcial durante el tiempo de reducción de su jornada laboral y en cuantía correspondiente a una base reguladora diaria de 71,94 euros. En torno las 17.45 horas del 31 de enero de 2012, la Inspección de Trabajo efectuó visita al centro de titularidad de Asesoría Orallo, constatando que el mismo se encontraba cerrado y que existía un cartel informativo del horario de la asesoría jurídica, horario ese situado entre las 8 y las 15 horas de lunes a viernes y entre las 10 y las 13 horas los sábados. A las 14,20 horas del 1 de marzo de 2012 se llevó a cabo nueva visita inspectora a las dependencias de Asesoría Orallo, comprobándose que el centro estaba abierto al público y que en el mismo se encontraban los tres socios titulares de la sociedad mercantil y los tres trabajadores al servicio de la empresa que se encontraban afectados por el expediente de reducción de jornada. Tras la tramitación de las correspondientes actuaciones sancionadoras, mediante resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 12 de junio de 2012 se sancionó a la Sra. Graciela con la extinción desde el 1 de marzo de 2012 de la prestación por desempleo parcial a la misma reconocida, con complementaria obligación de reintegrar las cantidades que pudiere haber percibido indebidamente. Impugnada judicialmente la citada determinación sancionadora, fue tal impugnación rechazada por la sentencia que ahora se trae a la consideración de este segundo grado jurisdiccional.

Pues bien, a partir de ese capital estado de cosas, estima la parte recurrente en los motivos de suplicación que quedaron enunciados al comienzo del presente fundamento de derecho lo siguiente: que la sentencia de instancia confundió la presunción de certeza legalmente atribuida a los hechos constatados por la Inspección de Trabajo y reflejados en el acta de infracción por esa Inspección levantada con el medio de prueba en que consisten las presunciones judiciales; que en el ámbito del derecho administrativo sancionador la prueba indiciaria o de presunciones tiene un alcance singular y una eficacia más reducida, al hallarse en juego en ese ámbito el derecho fundamental a la presunción de inocencia; y que la resolución sancionadora judicialmente impugnada, así como la sentencia de instancia, adolecen de motivación, con génesis a su través de una situación de material indefensión, puesto que en tales resolución y sentencia no se explicitó el razonamiento o el juicio de inferencia que justificaría la conclusión de que, a partir de la constatada presencia de la Sra. Graciela en el centro de trabajo a las 14.20 horas del 1 de marzo de 2012, la citada trabajadora venía entonces prestando servicios a tiempo completo desde el 13 de diciembre de 2011 y que existió por ello una connivencia entre empresa y trabajadora para la obtención de prestaciones por desempleo.

La Sala no puede asumir los pareceres que acaban de esquematizarse. En primer lugar, el artículo 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil configura la prueba de presunciones judiciales en los siguientes términos: "A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano". Complementariamente, se establece en el citado precepto procesal que "la sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción". Pues bien, la tesis que se explaya en el escrito de recurso y que viene a denunciar el antinormativo uso de la presunción judicial por parte de la sentencia de instancia, es tesis que adolece del defecto de apartarse de lo que son los hechos admitidos o probados, realidad esa surgida tanto a partir de lo constatado por los servicios de la Inspección de Trabajo cuanto a partir de la actividad probatoria en el juicio desplegada. Y, en atención a ello, los hechos admitidos o probados no son sólo que la Sra. Graciela se encontrara prestando servicios a las 14.20 horas del 1 de marzo de 2012, esto es, más allá de la jornada que había sido objeto de autorizada reducción por razones de índole productiva, sino que tales hechos eran, además, los siguientes: que la reducción de jornada que se pactó y que se autorizó suponía la prestación de servicios de los tres empleados de Asesoría Orallo entre las 10 y las 14 horas de los días comprendidos entre los lunes y los viernes de la semana; que, no obstante ello, el horario de funcionamiento de la asesoría que se anunciaba al público, horario ese que se constató el 31 de enero de 2012, esto es, en momento bien próximo a la fecha en que comenzara a regir la reducción de jornada autorizada, era el comprendido entre las 8 y las 15 horas de lunes a viernes y entre las 10 y las 13 horas los sábados, horario equivalente a 38 horas semanales, esto es, a un tiempo prácticamente idéntico al de las jornadas laborales que habían sido objeto de reducción en su mitad; que no forma parte de la verdad procesal de la contienda, ni tampoco ello se intentó introducir en esa verdad en esta fase del recurso, la razón que serviría para justificar esa discordancia entre los tiempos de trabajo de los empleados de Asesoría Orallo que habían visto reducida su jornada y los tiempos de apertura al público de la oficina; que los tres trabajadores con reducción de jornada -la totalidad de la plantilla de la empresa- se encontraban prestando servicios a las 14.20 horas del 1 de marzo de 2012; y que esa prestación de servicios era la habitual u ordinaria, en tanto que no obediente a ninguna circunstancia o razón excepcional. Así las cosas, no es rigurosa la afirmación de que la sentencia de instancia hizo un uso inadecuado por excesivo de la prueba de presunciones, puesto que las circunstancias que acaban de ser plasmadas, desde la razonabilidad de las cosas, desde pautas de sentido común o desde conexiones lógicas de las comúnmente admitidas, sí conducían a la conclusión de que no se estaba cumpliendo la reducción de jornada acordada entre empresa y trabajadores por razones productivas y administrativamente autorizada. Y, frente a ello, la parte ahora recurrente no satisfizo el deber procesal de su cargo al que se refiere el artículo 386.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deber consistente en tratar de acreditar la inexistencia del hecho presunto o en tratar de desmontar el enlace de razonabilidad existente entre los hechos probados y el presunto. En efecto, de un lado, no consta ni se ha intentado incorporar a la realidad de la contienda ninguna circunstancia que pudiera justificar la ya indicada discordancia entre horario de trabajo de los empleados con jornada reducida y horario de atención al público en las dependencias de Asesoría Orallo. De otra parte, es gratuita la afirmación de que la actividad de los trabajadores de la empresa podía ser asumida por los socios titulares de la mercantil, al no existir dato alguno en hechos probados que avale esa afirmación y al desconocerse todo acerca de la condición profesional de esos socios. Además, como también se anticipó, no se acudió a ningún instrumento probatorio para tratar de adverar que la prestación laboral en su día constatada por la Inspección de Trabajo y que se llevaba a cabo fuera de la jornada reducida que había sido autorizada obedeciera a causa excepcional, extraordinaria o de inaplazable ejecución. En fin, y ni constan ni se alegan las razones que hubieren impedido o dificultado la comunicación por la empresa a la Administración laboral de la transitoria o excepcional alteración de la reducción de jornada autorizada y que justificaba la percepción por los trabajadores afectados de prestaciones por desempleo parcial, comunicación la citada cuya exigencia vendría en cualquier caso impuesta por la prohibición de dar ocupación a beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social (artículo 23.1 a) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Como tampoco consta ni se alega circunstancia alguna que pudiere justificar el aquietamiento de la trabajadora ahora recurrente con la decisión de la dirección empresarial de no respetar la reducida jornada que se pactó y que se autorizó, aquietamiento lesivo de la prohibición de compatibilizar el percibo de prestaciones por desempleo con el trabajo (artículo 26.2 de la Ley acabada de mencionar) y silencio ese que supuso también una contravención de la obligación plasmada en el artículo 231.1 e) de la Ley General de la Seguridad Social, obligación consistente en solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción. En consecuencia, evocando la doctrina del Tribunal Constitucional (por todas, sentencias 229/1988, 237/2002 y 172/2005), ha de concluirse afirmando que la sentencia de instancia no acudió indebidamente a la prueba de presunciones, puesto que existían indicios sólidos y plenamente acreditados que avalaban que no fue arbitrario el proceso deductivo que precipitó la obtención del hecho presunto consistente en que no se estaba respetando la reducción de jornada pactada en el ámbito de la empresa Asesoría Orallo.

Y, en segundo término, es gratuita la afirmación de que la resolución sancionadora judicialmente impugnada adoleciera de motivación. Con absoluta independencia de su acomodación o no a derecho, cuestión esa a elucidar en el contexto de aquella impugnación y de la consiguiente revisión de la legalidad del acto, la simple lectura de la decisión sancionadora adoptada el 12 de junio de 2012 por el Servicio Público de Empleo Estatal (folios 292 y siguientes de autos) es perfectamente reveladora de las circunstancias materiales y de las consideraciones jurídicas que condujeron a adoptar la decisión, consideraciones entre las que se encontraba la atinente al alcance de la prueba de presunciones, habiendo quedado con ello perfectamente fundamentado, explicitado y exteriorizado el juicio lógico o deductivo que, a partir de aquellos hechos, condujo a la Administración sancionadora a concluir como concluyó, dándose con ello al afectado plena posibilidad de atacar la citada conclusión, al no existir duda razonable alguna en torno a los presupuestos de hecho y a las consideraciones de derecho que precipitaron la misma. En consecuencia, aquella resolución dio perfecto cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 54 de la Ley 30/1992, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.—-En el quinto y último motivo del recurso formulado se atribuye a la sentencia de origen la infracción por indebida aplicación de lo establecido en el artículo 26.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

En síntesis, viene a patrocinarse en el referido motivo de recurso que el hecho de la presencia de la trabajadora recurrente en el centro de trabajo, y la ejecución de actividad laboral allí fuera del reducido horario pactado y autorizado, no es subsumible en la tipicidad infractora atribuida por el Servicio Público de Empleo Estatal y que, en su caso, tal hecho vendría sólo a constituir una infracción del empresario. En efecto, prosigue el escrito de recurso, puesto que esa afirmación contaría con aval en la reforma del Texto Refundido de la LISOS llevada a cabo por la ley 13/2012, de 26 de diciembre, reforma que tipificó como infracción empresarial muy grave en el artículo 23.1 j) del citado Texto Refundido la conducta de dar ocupación a los trabajadores afectados por reducción de jornada en el período de esa reducción comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo.

La Sala tampoco puede asumir el parecer que acaba de ser esquematizado. El artículo 26.3 de la LISOS considera infracción muy grave de los trabajadores beneficiarios de prestaciones "la connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualesquiera prestaciones de la Seguridad Social". Pues bien, con independencia de que, como ya se anticipó, la conducta que se está examinando pudiere haber sido tipificada como constitutiva de la también infracción muy grave de compatibilizar el percibo de prestaciones por desempleo con el trabajo (artículo 26.2 de la LISOS), es lo cierto que la situación fáctica toda aquí concurrente y que se describió en el anterior fundamento de esta sentencia era también susceptible de tipificarse con arreglo al precepto que se estima vulnerado. En efecto, como ya se señaló, porque la Inspección de trabajo constató el 31 de enero de 2012 que las dependencias de Asesoría Orallo se encontraban abiertas al público en un horario en absoluto acomodado a la reducción de jornada pactada y autorizada, porque esa misma Inspección constató el 1 de marzo de 2012 que la totalidad de la plantilla de la empresa citada se encontraba prestando su ordinaria actividad laboral, porque no hay dato alguno que pudiera revelar el carácter extraordinario, excepcional o coyuntural de esa prestación y porque ni empresa ni trabajadores llevaron a cabo actuación alguna ante la Administración laboral o ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo a fin de comunicar o dar noticia del estado de cosas constatado por los servicios de Inspección de Trabajo.

Por todo ello, se impone la ratificación de la sentencia de instancia y la desestimación del recurso a la Sala elevado, desestimación que venía en todo caso forzada por la sentencia de esta misma Sala de 17 de julio de 2013, que ventiló asunto de perfiles prácticamente idénticos al que ha sido examinado.

Por lo expuesto y

EN NO MBRE DEL REY


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.ª Graciela contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de Ponferrada de fecha 9 de abril de 2013 (autos 841/12), dictada en virtud de demanda promovida por dicha actora contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL sobre DESEMPLEO y, en consecuencia, confirmamos el fallo de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 Rec. 1158/13 abierta a nombre de la Sección 1 de las Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal de Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 221 en relación con el 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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