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Sentencia T.S.J. Cantabria 773/2013 de 31 de octubre


 RESUMEN:

Despido improcedente: No comunicación empresarial de readmisión del trabajador en plazo de diez días desde la firmeza de la sentencia. Extinción de la relación laboral y la condena a la empresa al pago de la indemnización.

En Santander, a 31 de octubre de 2013.

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. Rubén López Tamés Iglesias

MAGISTRADAS

Ilma. Sra. D.ª MERCEDES SANCHA SAIZ (PONENTE)

Ilma. Sra. D.ª M.ª Jesús Fernández García

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Anselmo, contra el auto dictado por el Juzgado de lo Social número Dos de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª MERCEDES SANCHA SAIZ, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Santander, de fecha 7 de febrero de 2012, dictada en el Proc. 1633/2011, se declaró la improcedencia de la decisión extintiva basada en causas objetivas, del contrato de trabajo del actor, D. Anselmo, adoptada por la empresa Construcciones y Renovables de Latinoamérica, S.L.U., el día 30 de septiembre de 2011, y se condenó a dicha empresa a la inmediata readmisión o a elección de aquella al abono de una indemnización de 50.614,2 euros y, en ambos caso, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia con descuento de lo percibido en otro empleo.

Segundo.—La empresa optó por la readmisión, fijando como fecha de reincorporación el 1 de marzo de 2012. Tras el intercambio de varias comunicaciones entre las partes, el trabajador demandante planteó un incidente en ejecución provisional de sentencia por no readmisión, dictándose auto con fecha 24 de mayo de 2012, por el que se declaró injustificado el incumplimiento del trabajador del requerimiento empresarial de reanudación de la prestación de servicios, con pérdida de los salarios de trámite correspondientes al periodo de tramitación del recurso de suplicación.

Tercero.—El actor interpuso recurso de suplicación, dictando esta Sala sentencia, el 18 de mayo de 2012 (rec. 353/2012), en la que se amplió la condena de forma solidaria a las tres empresas demandadas Construcciones y Renovables de Latinoamérica (en adelante COYREL), S.L.U., APIA XXI, S.A., y IAC APIA XXI, S.L.U., manteniendo el resto de sus pronunciamientos. Una vez notificada la sentencia de suplicación, ninguna de las empresas condenadas hizo manifestación alguna en cuanto a la reincorporación del demandante

Cuarto.—Una vez firme dicha sentencia, el actor interesó su ejecución definitiva y que se despachase ejecución por la vía del incidente de no readmisión, dictándose auto de fecha 4 de julio de 2012, en el que se acuerda dictar orden general de ejecución y despacho de la misma a favor del ejecutante D. Anselmo, contra las tres condenadas como ejecutadas.

Previa celebración de la oportuna vista, se dictó auto el 30 de julio de 2012, en el que se denegó declarar extinguida la relación laboral entre las partes. Previa nulidad de actuaciones, se dictó otro auto el 25 de marzo de 2013, denegando la extinción solicitada, y una vez recurrido en reposición, por nuevo auto de 5 de junio de 2013, fue desestimado, manteniéndolo en todos sus términos.

Quinto.—Contra esta última resolución interpuso recurso de suplicación la defensa del trabajador ejecutante, siendo impugnado por la parte contraria (COYREL), pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Por la parte ejecutante se interpone recurso de suplicación contra el auto dictado por el Juzgado de lo Social n.º Dos de Santander (Ejecución 159/2012), en fecha 5 de junio de 2013, en el que se desestima la reposición formulada frente al auto de 25 de marzo de 2013, y en el que se declaraba no haber lugar a declarar extinguida la relación laboral entre las partes. Dicha resolución entiende que, efectuada la opción empresarial por la readmisión, el plazo previsto en el art. 278 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se inicia en la fecha de notificación de la sentencia que declara el despido improcedente, sin esperar a su firmeza, y como la empresa condenada requirió la prestación de servicios durante la tramitación de la suplicación y el trabajador incumplió dicho requerimiento, no cabe acceder a la posterior extinción.

El recurso de la ejecutante se ampara en el párrafo c) del art. 193 de la citada Ley reguladora de la Jurisdicción Social, denunciando en un único motivo que la resolución infringió lo dispuesto en los arts. 278, 281.2, 111.1.a) y 299 del mismo texto legal.

Sostiene el recurrente que el incumplimiento de requerimiento de readmisión del trabajador en fase de ejecución provisional, tiene unas consecuencias limitadas y tasadas en la ley (la pérdida de los salarios de tramitación), sin que sea posible extraer del mismo otras diferentes. A su entender, conviene hacer una estricta separación entre la fase de ejecución provisional y la fase de ejecución definitiva. Y aun cuando la empresa haya optado en su momento por la readmisión, una vez firme la sentencia debe comunicar por escrito al trabajador dentro de los diez días siguientes a aquel en que se le notifique dicha sentencia firme, la fecha de su reincorporación al trabajo para efectuarla en el plazo que al efecto señala en art. 278 LRJS. En definitiva, que las empresas condenadas optaron pero no cumplieron con la obligación que les impone el aludido art. 278 pues no comunicaron al trabajador, en el plazo legal, la fecha de reincorporación al trabajo, por lo que deben responder de las consecuencias que derivan de dicho incumplimiento, equivalente a una readmisión irregular, siendo procedente la extinción de la relación laboral del ejecutante.

Segundo.—Como apunta el ejecutante, la cuestión litigiosa se centra en determinar, declarado el despido improcedente y existiendo una opción empresarial por la readmisión, si una vez firme la sentencia la empresa o, en este caso, las empresas condenadas deben comunicar al trabajador la fecha de la reincorporación o si no es necesario efectuar dicho requerimiento cuando en trámite de ejecución provisional ya se hizo y fue incumplido por el requerido.

Para su resolución conviene recordar algunos de los preceptos denunciados.

El artículo 278 de la LRJS regula la readmisión del trabajador dentro del Capítulo dedicado a la ejecución de las sentencias «firmes» de despido señalando: "Cuando el empresario haya optado por la readmisión deberá comunicar por escrito al trabajador, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se le notifique la sentencia, la fecha de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres días siguientes al de la recepción del escrito. En este caso, serán de cuenta del empresario los salarios devengados desde la fecha de notificación de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta aquella en la que tenga lugar la readmisión, salvo que, por causa imputable al trabajador, no se hubiera podido realizar en el plazo señalado."

Por otro lado, el art. 281 LRJS se ocupa de regular la comparecencia y el auto de resolución del incidente de no readmisión, así como el efecto que produce el incumplimiento del mandato de readmisión: extinción del contrato de trabajo con abono de la indemnización legal, más los salarios de tramitación devengados, con una posible indemnización adicional de carácter punitivo.

Finalmente el artículo 111.1.a) de la aludida Ley Procesal disponiendo: "Si se hubiere optado por la readmisión, cualquiera que fuera el recurrente, ésta se llevará a efecto de forma provisional en los términos establecidos por el art. 297".

Tercero.—Para la resolución de la cuestión litigiosa debemos partir de los acontecimientos procesales que constan en los antecedentes de esta resolución y que también enumera el auto de 25 de marzo de 2013.

Considera esta Sala que debe diferenciarse claramente entre el ofrecimiento de readmisión efectuado en trámite de ejecución provisional de sentencia (arts. 297 y ss LRJS) y el ofrecimiento al que alude el art. 278 LRJS, precepto encuadrado dentro del Capítulo relativo a la ejecución de las sentencias firmes de despido y que impone al empresario una obligación de hacer.

Pues bien, el plazo de diez días que fija el art. 278 de la Ley Procesal, esencial en orden a enjuiciar la conducta empresarial de readmisión, se computa desde la firmeza de la sentencia y no desde la primera que se dicte. Así lo entiende con claridad la doctrina del Tribunal Supremo, que en sentencia de 23 de noviembre de 1998 (rec. 634/1998), afirma: "esta obligación de hacer, impuesta al empresario, a quien se confiere, -se repite- la facultad de su cumplimiento voluntario, viene sometida legalmente a un doble condicionamiento: formal, uno, consistente "en comunicar por escrito al trabajador... la fecha de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres días siguientes a la recepción del escrito", y, temporal el otro, en cuanto la comunicación debe hacerse "dentro de los diez días siguientes a aquél en que se le notifique la sentencia" (debe entenderse, lógicamente, que el plazo se inicia a partir de la firmeza de la sentencia para el empleador)".

En consecuencia, la negativa del trabajador a reincorporarse en fase de ejecución provisional solo dará lugar a la pérdida de los salarios de tramitación durante el periodo correspondiente a la tramitación del recurso de suplicación, pero no puede ser valorada, en fase de ejecución definitiva, como renuncia o dimisión; más en un supuesto como el actual en el que se amplia la responsabilidad y se condena -en suplicación- a tres empresas a las que se impone una obligación legal, la readmisión.

Por todo ello, entendemos que tras ser declarada firme la sentencia, la empresa o empresas condenadas debieron cumplir la obligación de readmisión, que conforme al precepto tantas veces citado (art. 278), se condiciona al cumplimiento, entre otros, del requisito de comunicar al trabajador, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia firme, la fecha de su reincorporación al trabajo.

Así lo ha entendido también la Sala de lo Social del TSJ de Asturias en sentencias de 14 de diciembre de 2012, 1 de marzo de 2013 y 31 de julio de 2013 (rec. 444/13).

No habiéndose producido la comunicación empresarial de readmisión, en el improrrogable plazo legal de diez días desde la firmeza de la sentencia (STS 23-07-2008, rec. 3682/07), la readmisión es irregular y la sanción del incumplimiento empresarial se transforma en una ejecución limitada por equivalente económico (abono de la indemnización correspondiente y salarios de tramitación).

Cuarto.—La primera consecuencia de la no readmisión o de la readmisión irregular consiste en la declaración de extinción de la relación laboral y la condena a las empresas al pago de la indemnización según la antigüedad del trabajador, cifrada en 50.614,20 euros.

No se fija indemnización adicional, al no interesarse en forma por el ejecutante y no haberse acreditado los daños en relación a la actuación de la empleadora.

La ley procesal establece (art. 281.2.c) LJS) una tercera consecuencia consistente en el abono de los salarios dejados de percibir "desde la fecha de la notificación de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada solución".

En el supuesto del ejecutante se da la circunstancia de que por auto de 24 de mayo de 2012, dictado en trámite de ejecución provisional, en atención al incumplimiento del trabajador de reincorporarse durante la sustanciación de la suplicación se acordó la pérdida definitiva de los salarios durante la tramitación del recurso de suplicación. En consecuencia, procede reconocer al ejecutante los salarios de trámite devengados desde el 13 de junio de 2012, fecha de notificación de la sentencia de este Tribunal, hasta la de esta resolución que declara la extinción del contrato de trabajo, con arreglo al salario día fijado en sentencia firme de 281,19 euros.

De esa cantidad se deducirá, en su caso, lo percibido por la ejecutante en dicho periodo por la prestación de servicios en otra u otras empresas.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,


FALLO


 
Estimando el recurso de suplicación interpuesto por D. Anselmo, contra el auto dictado por el Juzgado de lo Social número Dos de Santander (Ej. 159/2012), de 5 de junio de 2012, en ejecución de la sentencia de despido dictada en el procedimiento 1633/2011, que revocamos en el sentido de declarar extinguida, al día de la fecha, la relación laboral que unía al ejecutante con las empresas Construcciones y Renovables de Latinoamérica, S.L.U., APIA XXI, S.A., y IAC APIA XXI, S.L.U., y la obligación empresarial de abonar a la ejecutante la cantidad de 50.614,20 euros en concepto de indemnización y los salarios de trámite devengados desde el 13 de junio de 2012 con deducción, en todo caso, de lo que hubiera podido percibir como consecuencia de la prestación de servicios para otras empresas en los periodos coincidentes.

Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía de esta Comunidad Autónoma, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación. La parte ejecutada deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de este Tribunal Superior al tiempo de la preparación del recurso, la consignación de un depósito de 600 Euros en la cuenta n.º 3874/0000/66/0594/13, abierta en la entidad de crédito BANESTO, Código identidad 0030, Código oficina 7001. Igualmente, deberá consignar en la misma cuenta citada, otro depósito por la cantidad total importe de la condena.

Devuélvanse, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en día de su fecha, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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