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Sentencia T.S.J. Cantabria 761/2013 de 28 de octubre


 RESUMEN:

Conflicto colectivo: Aplicación de convenio colectivo. Tablas salariales. Concurrencia de circunstancias sobrevenidas.

En Santander, a 28 de octubre de 2013.

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. Rubén López Tamés Iglesias

MAGISTRADAS

Ilma. Sra. D.ª Mercedes Sancha Saiz

Ilma. Sra. D.ª MARIA JESUS FERNANDEZ GARCIA (PONENTE)

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por NUGASA NORTE S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Seis de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª MARIA JESUS FERNANDEZ GARCIA, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que según consta en autos se presentó demanda por D.ª Mariana en su calidad de Secretaria del Comité de Empresa de NUGASA NORTE S.A. siendo demandado NUGASA NORTE S.A., sobre conflicto colectivo, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 5 de julio de 2013 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

Segundo.—Que como hechos probados se declararon los siguientes:

1.º- El presente conflicto colectivo afecta a los trabajadores de la empresa NUGASA NORTE S.A.

2.º- A las relaciones laborales de la empresa demandada les resulta de aplicación el III Convenio Colectivo de la empresa NUGASA NORTE S.A (BOC de 25 de agosto de 2011).

3.º- El artículo 18 del referido Convenio Colectivo establece: "Salario base. Comprende las retribuciones de la jornada laboral de trabajo que se recogen en el Anexo II del presente convenio.

Para el año 2010 se incrementan las tablas salariales del año 2009 con el IPC real del año 2010.

Para el año 2011, se incrementarán las tablas salariales actualizadas del año 2010 con el IPC real del año 2011. Como se desconoce el IPC real de 2011, se abona a cuenta el 0,7% de las tablas actualizadas del año 2010.

Para el año 2012, se incrementarán las tablas salariales actualizadas del año 2011 con el IPC real de 2.012. Como se desconoce el IPC real de 2012, se abona a cuenta el 0,5% de las tablas del año 2011 actualizadas.

Cada uno de los años de vigencia del convenio, se efectuará una revisión con carácter retroactivo a 1 de enero de cada uno de los años, en lo que el IPC real supere el pago a cuenta realizado cada uno de los años.

Si el IPC real a 31 de Diciembre de 2011 y de 2012 fuera inferior al porcentaje abonado a cuenta por las empresas, no se procederá a la devolución de la diferencia, no obstante lo cual las tablas se regularizarán con arreglo al IPC real.

El pago de atrasos se refleja en el art. 28 del presente convenio".

4.º- En el BOC de fecha 24 de febrero de 2012 se publicó el Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa NUGASA NORTE S.A (Expte. NUM000) en el que se establecieron las tablas salariales definitivas del año 2011.

5.º- El IPC real para el año 2012 ha quedado establecido en 2,9%.

6.º- En el BOE de fecha 6 de febrero de 2012, se publicó la Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 suscrito con fecha 25 de enero de 2012 por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y por las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT).

7.º- Las Tablas Salariales para el año 2012, resultado de aplicar el 2,9% de IPC real, con descuento del 0,5% que se viene percibiendo a cuenta, son las siguientes:

GRUPO II SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL

JEFE DE DIVISION 1.164.57 17.468,55

ENCARGADO GENERAL 1.126,65 16.899,75

JEFE DE SUCURSAL 1.048,12 15.721,80

ENCARGADO DE

ESTABLECIMIENTO 1.034,39 15.515,85

JEFE DE SECCION 1.026,46 15.396,90

DEPENDIENTE 909,55 13.643,25

AYUDANTE DE

DEPENDIENTE 834,53 12.517,95

GRUPO III

OFICIAL ADMINISTRATIVO 1.001,52 15.022,80

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 959,95 14.399,25

CAJERO/A 909,55 13.643,25

AUXILIAR DE CAJA 834,53 12.517,95

AUX CAJADE 2 AÑOS 909,55 13.643,25

ASPIRANTE 753,69 11.305,35

GRUPO IV

PROFESIONALES DE OFICIO 867,81 13.017,15

MOZO ESPECIALISTA 867,72 13.015,80

MOZO DE ALMACEN 834,53 12.517,95

CONTRATOS FORMATIVOS

PRIMER AÑO 677,24 10.158,60

Segundo.—AÑO 714,86 10.722,90

8.º- Con fecha de 7 de marzo de 2013 se celebró acto de conciliación ante el ORECLA, que concluyó Sin Avenencia.

Tercero.—Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La sentencia de instancia estima la demanda de conflicto colectivo planteada y declara el derecho a que se aplique en el ámbito laboral de la empresa demandada las tablas salariales vigentes para el año 2012, previstas en el III Convenio Colectivo de empresa. Compartiendo la fundamentación jurídica contenida en la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala Social, de fecha 13 de febrero de 2013 (Sentencia núm. 26/2013, procedimiento núm. 344/2012), de aplicación a la litis, dado que el citado Convenio de empresa fue suscrito en el año 2011, en el que la crisis económica ya era patente, puesto que la redacción del art. 18 no admite dudas, incrementándose los salarios en el año 2012, actualizadas del año 2011, con el IPC de incremento real del año 2012, que asciende a 2,9% según informa el INE, del que debe descontarse lo abonado a cuenta del 0,5% de las tablas, en las cuantías que detalla.

Frente a esta decisión formula recurso de suplicación la representación letrada de la empresa demandada, al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, pretendiendo la modificación del relato fáctico de la instancia, para la adición de un nuevo ordinal, con el siguiente texto literal: "Con fecha 17 de junio de 2013, la representación de la empresa hizo entrega a los representantes del comité de empresa una propuesta de prórroga III Convenio NUGASA, cuyo artículo 14 definía los incrementos salariales para el periodo 2012-2014, en los términos que constan en el documento que se da por reproducido". Obrante a los folios 109 a 115, con el recibí del Comité de empresa, aportado por la parte demandante. Como pretendida justificación de la existencia de una negociación, vigente, sobre los términos del Convenio Colectivo entre ellos, la revisión salarial, que es objeto del proceso.

En atención a la documental en que se funda, con relación a los establecido en el art. 196.3 del mismo Texto legal, es preciso que se funde en documento fehaciente o prueba pericial que, sin precisar análisis ni conjeturas evidencie error del magistrado de instancia en su relato, en este supuesto, en la pretendida omisión. Y, que sea relevante al recurso formulado.

Así, es cierto que la citada documental aportada al litigio por la parte actora, y constando su firma, podría añadirse al relato de la instancia. Pero, como a continuación se expone, dado que no se considera esencial a lo resuelto, por la previsión literal del Convenio vigente de empresa que la recurrida aplica; y, resto del relato que se mantiene subsistente, suficiente a su confirmación. No procede a la adición pretendida.

Segundo.—Con apoyo procesal en la letra c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente denuncia infracción en la sentencia recurrida de lo establecido en el II Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva (2012- 2014), publicado en el BOE de 6 de febrero de 2012, del Principio General del Derecho en el que "nadie puede ir contra sus propios actos", y la cláusula "rebús sic stantibus" en su interpretación jurisprudencial. No niega, la recurrente, la literalidad del precepto aplicado en la instancia, así como, el incremento del mismo derivado. Pero, poniendo en marcha la empresa un proceso negociador ante la grave situación de crisis económica, que se ha dado traslado a la representación de los trabajadores, por la que atraviesa el país, pública y notoria, afectante a las administraciones públicas y empresas privadas, que ha supuesto el fundamento de reformas legales, y ha afectado a resultados empresariales y su pervivencia. Por lo que se firma, con los Sindicatos más representativos el invocado Acuerdo Nacional, en cuyo capítulo III, se fijan criterios en materia salarial. En concreto, para el año 2012, recomendando su aplicación incluso a convenios vigentes que ya fijen cláusulas de actualización, como el aquí analizado. Considera que esta actuación va contra sus propios actos, y por principio de eficacia normativa de lo pactado, para todo el ámbito nacional, que no puede ser ignorada por los sindicatos en esta empresa. Con circunstancia novedosa que justifica el cambio en lo negociado. Así como, en aplicación de doctrina jurisprudencial que refiere (STS S 4.ª de fecha 17-1-2001), ante la grave situación económica, esta circunstancia excepcional y novedosa, debe adaptarse la revisión salarial, a parámetros distintos a los que se venían aplicando. Tal es el caso de otras formas de actualización, no referidas al IPC, mediante otros que tengan en cuenta los resultados o la productividad en la empresa.

Ahora bien, el recurso parte de un relato fáctico distinto al declarado probado en la instancia. Por un lado, no sería suficiente, al fin que pretende, con invocar la notoria crisis económica que afecta a entidades públicas y privadas, que desempeñan su actividad en la Nación española. Cuando del respeto a lo pactado en la negociación colectiva amparado en lo dispuesto en el art. 82 del ET, se trata, la empresa recurrente no ha acreditado (no se relata así en la recurrida ni se pretende su adición en el recurso), en qué forma concreta y substancial le afecta.

Por otro lado, aunque así hubiera sucedido, lo que funda, esencialmente la decisión de la instancia, al interpretar de igual forma que la SAN Sala Social de fecha 13-2-2013, el II Acuerdo Nacional, entre representación sindical con presencia mayoritaria y la patronal, es que el concreto convenio colectivo de empresa aquí cuestionado en cuanto al incremento salarial previsto, no solo acude a criterios de interpretación literal del precepto que regula el mismo para el año 2012, en su literalidad (art. 1281 del Código Civil y concordantes), sino que los negociadores, cuando ya conocían perfectamente la crisis a que ahora se atiene, lo conocían y no quisieron pactar otros criterios a los que ahora alude (art. 1283 del CC), que no pueden ser atendidos. Y, que tal negociación colectiva se produce, en un marco socio económico y laboral, en atención a lo previsto en el art. 1282 del mismo CC, que avala la interpretación de la instancia. Así como, del art. 3.1 del mismo Texto civil, cuando en el año 2011, en que lo más agudo de la crisis económica que ahora invoca la parte recurrente, ya era patente, conocido y notorio, de igual forma.

Ello marca, sin duda, como con acierto concluye la recurrida, la necesaria interpretación, tanto de la norma colectiva que ahora quiere dejar de aplicar la empresa, en este estricto ámbito salarial, como el invocado Acuerdo Nacional que invoca la parte recurrente, en el que se contienen "recomendaciones" en la necesaria negociación de incremento salarial, relativos a convenios vigentes. Pero siempre, en un contexto, de concreta afectación de la general crisis en la empresa o sector de que se trate (y con necesaria negociación con la representación social, que es cierto intenta la recurrente), pero también, teniendo presente el convenio vigente, anterior a la firma del Acuerdo Nacional, y conociendo el verdadero alcance de la crisis económica que funda la Convención cuya finalidad es la moderación salarial, en el marco, del máximo respeto a lo negociado colectivamente, en cada empresa o sector de que se trate su ámbito de afectación. Como el propio Acuerdo Nacional refiere. Según criterios interpretativos aplicables, tendentes a mantener el efecto de lo pactado en sus términos (art. 1284 del CC).

Así, coincidiendo con la magistrada de instancia en compartir la aplicación a la litis de los criterios (aun referidos a distinto ámbito negocial convencional), de la SAN de fecha 13-2-2013, que igualmente compartidos (como otra Salas Sociales, STSJ de C. Valenciana, núm. 650/2013, de 12 marzo, JUR 2013\222783, rec. 177/2013). Se concluye que la naturaleza jurídica del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2012), en orden a determinar si su contenido resulta vinculante para las partes de este proceso, cuando, en el Capítulo V del Acuerdo se advierte que las organizaciones signatarias se obligan a ajustar su comportamiento y acciones a lo pactado, pudiendo reclamarse mutuamente su cumplimiento. El alcance de este compromiso se califica de "criterios, orientaciones y recomendaciones", lo que sin duda les resta valor vinculante al situarse en el terreno de las sugerencias y declaraciones de intenciones. Por otro lado, se indica que los firmantes deberán esforzarse por conseguir que en sus respectivas organizaciones se asuma lo pactado, pero "sin menoscabo de la autonomía colectiva de las partes", dejando patente de modo expreso que la naturaleza del Acuerdo es meramente "obligacional".

Y, en el Capítulo III del Acuerdo se contiene el compromiso en materia salarial, y allí se contempla específicamente la situación de los "convenios colectivos que tengan negociadas cláusulas de actualización salarial vigentes que afecten al crecimiento salarial de los tres próximos años", que, también, es el caso que nos ocupa. El Acuerdo es claro: "el respeto a la autonomía de las partes se erige en frontera infranqueable, ya que se limita a "proponer" a los negociadores que "tengan en cuenta" el objetivo de moderación salarial, y todo ello, se insiste expresamente, "respetando la autonomía de las partes".

En esta línea es coherente que el incremento retributivo se plasme utilizando el modo verbal potencial. Así, no se fija de modo directo y absoluto un tope máximo de subida del 0,5%, sino que se indica que el aumento "no debería" exceder de dicha cuantía, a modo de recomendación sin perjuicio de que, evidentemente, viene a expresar el deseo de que se cumpla. Siendo sus referencias a objetivos de moderación salarial, meras declaraciones de intenciones.

De esta manera, la AN (asumiendo la clásica doctrina del Tribunal Central de Trabajo que refiere), declara que estos Acuerdos tienen "naturaleza contractual y eficacia limitada", siendo "un convenio 'para convenir' carente de eficacia directa y automática, en tanto que sus estipulaciones, para que sean de aplicación, han de insertarse en la negociación colectiva concreta" (en alusión a doctrina que refiere y aquí se da por reproducida.

Acuerdos y directrices, cuyo objetivo es orientar la negociación de los convenios colectivos durante la vigencia de los mismos, tratándose, por consiguiente, de orientaciones y recomendaciones para la negociación, que las organizaciones firmantes del AENC, respetando la autonomía de las partes, consideran que los negociadores de los convenios deberían tener en cuenta para la determinación de los incrementos de los convenios.

Por consiguiente, es únicamente en la negociación de los convenios colectivos, donde los negociadores, afiliados a las organizaciones firmantes de los AENC, pueden reclamar el cumplimiento de las orientaciones y recomendaciones contenidas en los mismos.

El mismo acuerdo también incluye literalmente el siguiente texto: "Respetando la autonomía de las partes, para aquellos convenios colectivos que tengan negociadas cláusulas de actualización salarial vigentes que afecten al crecimiento salarial de los tres próximos años, los firmantes del presente acuerdo, proponen a los negociadores tener en cuenta la incidencia de estas cláusulas sobre el crecimiento salarial total de forma que esté en línea con el objetivo de moderación salarial del presente acuerdo."

Es decir, siempre con la finalidad que el mismo destaca, de mantener el empleo y la actividad, los sindicatos firmantes y organizaciones empresariales se comprometen a una actuación, que no puede dejar sin efecto lo pactado, cuando ya estuvo en el ánimo negociador del Convenio aquí aplicable, la totalidad de circunstancias que, precisamente, hubieran autorizado a negociar un incremento diferente al pactado expresamente (el reconocido en la instancia). Sin que concurra la causa que funda el recurso, que no es otra, que existencia de circunstancia novedosa y relevante para dejar sin efecto lo pactado, negociando y aportando cada parte cuestiones a favor y en contra del conjunto, suscrito, de la grave crisis económica. Cuanto expresamente la recurrida declara, y ello funda la decisión de la instancia, que la parte empresarial firmante del convenio, en esta litis, era plenamente consciente de la crisis general y la repercusión que en su actividad, había llegado a tener, o que ciertamente podía alcanzar en el año 2012, de forma inminente, en el año siguiente al pacto. Sin significativa alteración de las circunstancias en que dicho pacto se alcanzó.

Respectando, en todo caso, la autonomía negocial en los términos de sus respectivas competencias el Citado Acuerdo nacional, en los criterios o recomendaciones que detallan de actuación, en la concreta materia de incremento salarial, que en modo alguno se impone siempre y a toda actividad o frente a lo previsto expresamente en cada convenio, vigente.

Aquí, concluida la negociación del III Convenio Colectivo de la empresa, con acuerdo, que expresamente comprende la subida salarial reclamada por la representación social, que no acepta la nueva propuesta modificativa de lo ya pactado. Constituye obstáculo válido para exigir el cumplimiento de las cláusulas de revisión salarial del Acuerdo Nacional que ahora invoca la recurrente. Pactadas libremente por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.3 ET. Y, cuando la totalidad de circunstancias que ahora se afirman novedosas e inesperadas, se declara en la instancia, no solo eran conocidas sino de plena efectividad, en agosto de 2011, cuando se suscribe este incremento del art. 18 del Convenio.

La cláusulas "rebus sic stantibus", opuesta, cuando lo que se trata de inaplicar es un convenio colectivo estatutario vigente, la doctrina jurisprudencial viene declarando (por todas STS 15-04-2011, RJ 2011, 3960, rec. 53/2010), su inaplicabilidad distinguiendo las fuentes colectivas de las individuales. En especial, reiteramos, cuando aquí tampoco acredita la existencia de esta condición novedosa. Sino que el Convenio se suscribe, cuando ya se conocía la situación de crisis existente.

Dado que el Convenio Colectivo tiene eficacia normativa ex art. 37 CE e incluso - tratándose de condición individual de trabajo- la citada cláusula habría de invocarse como causa justificativa de la modificación en el procedimiento previsto en el art. 41 ET, pero nunca alcanzaría a justificar la supresión o modificación por unilateral voluntad de la Empresa, una vez que no alcanza el acuerdo que suscrita sobre la materia en el año 2013.

Aparte de que tampoco concurrirían los requisitos que la doctrina jurisprudencial ha venido exigiendo para la concurrencia de la figura, de: a) alteración extraordinaria de las circunstancias, b) desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes, cuyo equilibrio se ve aniquilado, y c) sobrevenir circunstancias radicalmente imprevisibles.

Los requisitos que condicionan la aplicación de la cláusula cuestionada no concurren en el presente caso porque la crisis económica había sido diagnosticada por economistas solventes y porque el desfase que la revisión salarial provocaba con relación al incremento del IPC no puede considerarse como desorbitado y rompedor del equilibrio del Convenio, como lo evidencia que la empresa lo aceptase en el citado marco económicamente general y muy negativo, sin previsiones ciertas de mejora inmediata.

En atención a lo expuesto, vigente el Convenio en su revisión salarial prevista en el art. 18, para el periodo anual cuestionado del año 2012, sin impugnación de la cuantía fijada de su texto en la instancia, de conformidad con el IPC real del año anterior, y en aplicación de lo previsto en el art. 86.3 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, se hace absolutamente evidente que dicho precepto obliga a la empresa demandada.

Siendo el procedimiento regulado en el art. 82.3 ET, el establecido legalmente, cuando concurren circunstancias sobrevenidas, que impidan dar cumplimiento a lo pactado convencionalmente y no la inaplicación unilateral, reiterada injustificadamente por la recurrente, que es lo que pretende.

Sin que el rechazo a la nueva negociación de la materia salarial, ya pactada, en agosto de 2011, por la representación sindical, recibida en el año 2013 (como el propio recurrente admite), infrinja en modo alguno un pacto nacional referidoi que es posterior a la convención negocial aplicable, plenamente vigente, y cuando las mismas circunstancias generales negativas que invoca, ya estaban presentes, sin prueba cierta de cómo repercuten concretamente a la recurrente. Con la limitación, además, del principio de invariabilidad de lo convenido (salvo supuestos legalmente previstos), cuando ello se alcanza en la negociación colectiva fruto de la previsión constitucional del art 37 de la CE y de los art. 82 y siguientes del ET.

En atención a lo expuesto procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida que no incurre en la infracción de normas denunciada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


F A LL A M O S


 
Desestimamos el recurso de suplicación formulado por NUGASA NORTE S.A., frente a la sentencia del Juzgado de lo Social número Seis de los de Santander, de fecha 5 de julio de 2013 (Proceso 234/13), en virtud de demanda instada por Comité de Empresa contra la empresa recurrente, en reclamación de conflicto colectivo y, en su consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en los artículos 218 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación. El demandado recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de este Tribunal Superior al tiempo de la preparación del recurso, la consignación de un depósito de 600 Euros en la cuenta n.º 3874/0000/66/0611/13, abierta en la entidad de crédito BANESTO, Código identidad 0030, Código oficina 7001

Devuélvanse, una vez firme la sentencia, el proceso al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en día de su fecha, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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