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Sentencia T.S.J. Cantabria 722/2013 de 17 de octubre


 RESUMEN:

Prestaciones y pensiones: Reintegro de cantidades indebidas. Límite del embargo: Importe neto de las pensiones no contributivas.

En Santander, a 17 de octubre de 2013.

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. Rubén López Tamés Iglesias

MAGISTRADAS

Ilma. Sra. D.ª MERCEDES SANCHA SAIZ (Ponente)

Ilma. Sra. D.ª M.ª Jesús Fernández García

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Cinco de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª MERCEDES SANCHA SAIZ, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en autos se presentó demanda por D. Abel, siendo demandado el Servicio Público de Empleo Estatal, sobre seguridad social, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 2 de mayo de 2013, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

Segundo.—Como hechos probados se declararon los siguientes:

1.º.- D. Abel prestó servicios para la empresa Rehabicant Integral XXI, S.L., desde el 28-5-08 hasta el 31-12-08, tras lo cual el S.E.P.E. le reconoció una prestación de desempleo mediante resolución de efectos 19-1-09 -con domicilio en C/ DIRECCION000 NUM000 En NUM001 -. (No controvertido, f.111, 115)

2.º- Iniciado expediente de anulación y extinción de prestaciones por desempleo -notificada en C/ DIRECCION000 NUM000 En NUM001 -, mediante resolución de 22-2-10, el S.E.P.E. acordó dejar sin efecto la prestación y declaró cobro indebido lo percibido -5.185,97 €-, al estar el actor dado de alta del I.V.A. en el período 19-1-09 a 18-7-09. (F.35, 135, 36)

Esta resolución se intentó notificar en el domicilio dado -C/ DIRECCION000 NUM000 En NUM001 de Santander- en fecha 2-3-10, y en el domicilio C/ DIRECCION001 NUM002 NUM003, NUM004 - NUM005 de Santander en fecha 23-3-10, y al no ser posible se hizo en el Tablón de Edictos y en el B.O.C., adquiriendo firmeza. (F.132, 133, 37 y ss.)

3.º- Tras nuevo tiempo de trabajo, el S.E.P.E. reconoció nuevo derecho a prestación de desempleo desde 17-1-12 a 16-9-12 mediante resolución de fecha 4-4-12, pero al existir una deuda pendiente -4.782,26 €-, se procedió a la compensación de las distintas mensualidades con la deuda, en los siguientes términos:

" 1.-El 22-02-2010 se dictó resolución dejando sin efecto el nivel contributivo del desempleo reconocido el 19 de enero de 2009, por incompatibilidad con un trabajo por cuenta propia, y declarando la existencia de un cobro indebido de 4.782,26 euros, generado desde tal fecha hasta el 18 de julio también del año 2009.2.-Esta resolución, enviada a la DIRECCION000 NUM000 - NUM001 de Santander, no fue recogida por el destinatario y, al no existir otro domicilio conocido, pues el actual de DIRECCION001 NUM002 se sabe desde enero pasado, y el que figura en seguridad social es el de la CALLE000 NUM000, de Santander, que parece ser anterior incluso al de DIRECCION000, tuvo que publicarse el acuerdo citado en el Boletín Oficial de Cantabria, hecho ocurrido el 21 de mayo de 2010, y también se envió y publicó en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Santander durante el mes de junio de 2010. 3.-Firme y ejecutivo el acuerdo, al no devolverse la deuda en período voluntario, se pasó a su recuperación en vía ejecutiva a la Tesorería General de la Seguridad Social, para que procediera al apremio de bienes del deudor. 4.-Al encontrarse de nuevo el trabajador en situación de desempleo involuntario desde enero 2012, con derecho a cobrar nueva prestación, se le está compensando el cobro indebido con las mensualidades que le corresponden. 5.-En la reclamación previa interpuesta, en la que no consta el domicilio pero se presume que es el de arriba indicado, se viene a solicitar la anulación del acuerdo emitido el 22 de febrero de 2010 y el pago del desempleo generado desde el 17 de enero de 2012.FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.-De conformidad con los artículos 226 y 229 del Título III R. Dto. Legislativo 1/94, de 20 de junio, BOE del 29, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es competente para resolver por razón de materia. II.-En el momento en que nos encontramos, habiendo adquirido firmeza y plena ejecutividad el acuerdo emitido el 22 de febrero de 2010, ya no resulta posible volver a plantear la cuestión inicial para entrar a debatir la parte sustantiva de la misma, esto es, si realmente existió o no incompatibilidad entre el cobro en 2009 de la prestación contributiva de desempleo y el desempeño o no de una actividad económica por cuenta propia. Esto debió ser objeto de debate entonces, en febrero de 2010, no ahora cuando el acuerdo emitido en dicha fecha es firme y plenamente ejecutivo, según los arts. 56 , 57 y 94 de la Ley núm. 30 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común , de 26 de noviembre de 1992, BOE del 27. III.-Es por todo ello, y también porque lo permite y así establece el art. 34 del Reglamento de Prestaciones, de 2 de abril de 1985 , por lo que al presente se está cancelando la deuda contraída mediante la compensación mes a mes de la misma con las correspondientes prestaciones de desempleo, y así continuará hasta la cancelación completa del saldo deudor."

4.º- Interpuesta reclamación previa en fecha 21-6-12, fijando como domicilio C/ DIRECCION001 NUM002 NUM003, NUM004 - NUM005 de Santander, la misma fue desestimada razonando:

"1.-El 04-04-2012 se dictó resolución conformando la existencia del cobro indebido de 4.782,26 euros de prestaciones por desempleo, declarado en su día, y la procedencia de la compensación del mismo con el nuevo desempleo generado posteriormente.2.- En esta nueva reclamación previa se vuelve a insistir en que la deuda requerida no se corresponde con la realidad de lo acontecido, pues en modo alguno existió incompatibilidad entre el disfrute del desempleo y el ejercicio de una actividad económica por cuenta propia, como hace ver la prueba documental aportada y, además, se pide que de conformarse el saldo deudor, se apliquen las retenciones que permite el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o, en su última instancia, se abone al menos el importe del desempleo correspondiente a la cuantía de la pensión no contributiva. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-De conformidad con los artículo 226 y 229 del Título III R. Dto. Legislativo 1/94, de 20 de Junio, BOE del 29, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es competente para resolver por razón de la materia. II.- Como ya se expuso en el acuerdo emitido el 4 de abril pasado, la cuestión sustantiva o material que generó el cobro indebido de 4.782,26 euros, fue debatida, o hubo de serlo en su momento, cuando al trabajador se le ofreció un plazo para formular alegaciones y otro para interponer reclamación previa frente a la imputación de que, a la vez, había estado trabajando por cuenta propia y cobrando el desempleo. Vencida aquella fase y concluido el procedimiento, la resolución sobre cobro indebido adquiere firmeza y se hace plenamente ejecutiva, conforme al art. 56 y concordante de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 . III.-En cuanto a la aplicación de las retenciones conforme establece el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , este es un procedimiento en el que este Organismo le encarga a otro que retenga unas cantidades al trabajador para saldar una deuda, en cuyo supuesto sí procedería aplicar los tramos de embargo que establece dicha norma. Aquí de lo que se trata es de un procedimiento de compensación de un cobro indebido que tiene el trabajador para con el Servicio Público de Empleo Estatal y un crédito que al mismo le asiste, como titular de una prestación de desempleo, frente a dicho Organismo. En estos supuestos, conforme al art. 34 del Reglamento de Prestaciones , tiene lugar una "compensación" entre ambas partes: beneficiario y entidad gestora, que ni está regulada en el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ni a la que le es de aplicación la inembargabilidad de la pensión mínima no contributiva, establecida por los tribunales para pensionistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, no para trabajadores en activo que entran y salen del desempleo continuamente y sería imposible el control de los pagos si no es mediante la compensación ordinaria entre créditos y deudas. IV.-Expuesto lo anterior cabe añadir que la deuda resulta cancelada totalmente en este mes de junio por lo que el próximo 10 de julio el interesado tendrá al cobro la suma de 229,63 euros, salvo incidencia de última hora. Esta Dirección Provincial de CANTABRIA, en base a los preceptos legales citados y demás de general aplicación, ACUERDA: DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN PREVIA."

Tercero.—Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El actor, D. Abel, formuló demanda contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), interesando que se declarase la inexistencia de un cobro indebido de prestaciones contributivas de desempleo y, subsidiariamente, se procediera "a aplicar mensualmente en la retención mensual los límites establecidos en el art. 605 y 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a la inembargabilidad del sueldo, salario, pensión que no exceda de la cuantía señalada para el SMI o en su defecto se fije una retención mensual que tenga como límite el importe de las pensiones no contributivas".

La sentencia del Juzgado de lo Social número Cinco de Santander, de 2 de mayo de 2013, tras desestimar la pretensión principal, estima la subsidiaria, y con revocación parcial de la resolución administrativa, condena al SEPE a llevar a cabo la compensación de deuda respetando el límite de las pensiones no contributivas. Frente a la misma recurre en suplicación, exclusivamente, el organismo demandado a través de un único motivo con correcto encaje procesal en el apartado c) del art. 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social; habiendo sido objeto de impugnación.

Segundo.—Denuncia el SEPE la no aplicación del art. 34 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo. A su entender, y con el alcance que a su juicio se otorga por la jurisprudencia, recogida en la sentencia de 29 de abril de 1996 (rec. 1926/1995), y con cita de diferentes sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que no constituyen jurisprudencia ni pueden servir de fundamento a un recurso de suplicación, afirma que el SEPE es un organismo autónomo con competencia específica en materia prestacional, por lo que el legislador le ha atribuido poderes competenciales específicos para la gestión y control de las prestaciones, y dentro de este sistema se encuentra la carencia de límite a la figura jurídica de la compensación en los supuestos de cobro de lo indebido prestacional.

El invocado art. 34 RD 625/1985 señala "El Instituto Nacional de Empleo podrá efectuar las correspondientes compensaciones o descuentos en la prestación por desempleo para resarcirse de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador". Nada se dice en dicha norma en cuanto al límite de dicha compensación.

La cuestión litigiosa se centra en determinar si es o no de aplicación al supuesto actual, la doctrina jurisprudencial plasmada en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2006 (rec. 1236/2005), como hace la resolución recurrida. En ella se analiza el límite en el embargo de pensiones llevado a cabo por las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y en causa a percepciones indebidas obtenidas de la misma; y con cita de otra anterior (STS 14-10-1998 -rec. 3961/97), nos recuerda que "(a) mientras que en el primitivo texto del art. 22 LASS y LGSS /74 se regulaban conjuntamente en el mismo número primero, las cesiones, embargos, retenciones, compensaciones o descuentos, sin ninguna referencia a las limitaciones que hoy nos ocupan, posteriormente el legislador dio nueva redacción del precepto, al desglosar del párrafo primero el embargo y tratarlo en un segundo párrafo de nueva creación, en el que es donde se remite a la LECiv, con la consecuencia de que el límite del Salario Mínimo Interprofesional, únicamente rige, en una interpretación gramatical, para dicha ejecución forzosa; (b) en nuestro Derecho siempre se ha distinguido entre los ingresos mínimos del trabajador en activo (SMI) y el de los trabajadores pasivos (pensiones mínimas), y aunque sea compartida aspiración la de que sus importes sean iguales, las pensiones son de importe notoriamente inferior a los salarios; y (c) en los supuestos de que tratamos no se está ante un trámite de ejecución forzosa, sino ante un supuesto de retención de pensiones para efectuar el pago con la correspondiente compensación de la deuda"; añade para admitir como límite de compensación las pensiones no contributivas que "las SSTS 30/09/00 -rec. 3441/99 -, 10/10/01 -rec. 675/01 - y 02/02/05 -rec. 314/02 -, matizan su anterior criterio -en palabras de la segunda ellas- "a la luz de los principios rectores de la política social y económica, cuyo reconocimiento, respeto y protección debe inspirar la práctica judicial (art. 53.3 CE), del deber de los poderes públicos de mantener "un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad" (art. 41), y, garantizar "mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad " (art. 50); y atendiendo a que el propio legislador -exposición de motivos de la Ley 26/1990 - ha optado por establecer como mínimo económico vital de subsistencia en el sistema de la Seguridad Social, el fijado para las pensiones no contributivas. Y (...) si cualquier ciudadano que reúna los requisitos legales tiene derecho, aun sin haber cotizado a la Seguridad Social, a obtener ese nivel mínimo de ingresos, con mayor razón deberá mantenerlo quien es beneficiario del sistema contributivo de la Seguridad Social, aunque haya percibido parte de sus prestaciones indebidamente y deba cumplir con su obligación de reintegrar aquello que cobró sin tener derecho" (sentencia -ya citada- de 10/10/01 -rec. 675/01 -)".

Entendemos plenamente aplicable dicha doctrina al supuesto litigioso, con independencia de las peculiaridades de las prestaciones por desempleo, ya que el hecho de la distinta naturaleza del concepto a reintegrar, prestación indebidamente percibida de viudedad en el supuesto analizado por el Tribunal Supremo y prestación de desempleo en la ahora debatida, en modo alguno afecta a la esencia del debate, que no es otro que el establecer un límite en el embargo de las prestaciones llevadas a cabo y en causa a percepciones indebidamente obtenidas, y que debe respetar, en todo caso, el importe neto de las pensiones no contributivas, que actúa como mínimo económico vital de subsistencia en el sistema de la Seguridad Social.

Así lo ha entendido también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de diciembre de 2012 (rec. 4870/2012).

Por tanto, consideramos que no se ha producido la infracción legal que se denuncia, lo que nos lleva a desestimar el recurso formulado y confirmar la sentencia de instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Cinco de Santander (Proc. 432/2012), de fecha 2 de mayo de 2013, en el presente proceso seguido por D. Abel contra el organismo recurrente, sobre desempleo, la cual confirmamos en su integridad.

Notifíquese ésta sentencia a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación.

Devuélvanse, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución y déjese otra certificación en el Rollo de archivar en este Tribunal.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en día de su fecha, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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