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Sentencia A.P. Murcia 30/2014 de 17 de enero


 RESUMEN:

Accidente de circulación: Falta de lesiones imprudentes. Derecho a un proceso con todas las garantías: Análisis de su contenido de acuerdo con la doctrina constitucional. Valoración de la prueba: Resulta racional la realizada, tratándose esencialmente de prueba personal, y debiendo mantenerse la absolución.

MURCIA

SENTENCIA: 00030/2014

SENTENCIA N.º 30/2014

En la Ciudad de Murcia, a diecisiete de enero de dos mil catorce.

Juan del Olmo Gálvez, Ilmo. Sr. Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Tercera, ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones, Rollo N.º 5/2014, dimanante del Juicio de Faltas N.º 1.652/2012 del Juzgado de Instrucción N.º 9 de Murcia, seguido por una falta de lesiones imprudentes, contra D. Alejo, que ha resultado absuelto en sentencia dictada por dicho Juzgado de Instrucción el 1 de julio de 2013, recurrida en apelación por la Defensa del denunciante D. Amador.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el Juzgado de Instrucción N.º 9 de Murcia, se dictó sentencia el 1 de julio de 2013, fundada en los siguientes HECHOS PROBADOS:

Resulta probado y así se declara que el día 29 de junio de 2.012, sobre las 17.30 horas, tuvo lugar un accidente de circulación en la avda. Ciudad de Almería (Murcia) en el que resultaron implicados el vehículo matrícula....-BTN conducido por D. Amador y propiedad de D. Belarmino y el vehículo matrícula....-RBL conducido por D. Alejo y asegurado en la entidad Fiact, resultando dañados ambos vehículos y lesionado D. Amador, según consta en informe emitido por el Médico Forense que obra en autos.

A tenor de dichos Hechos el Fallo fue el siguiente:

Que debo absolver y absuelvo a D. Alejo y, en consecuencia, a la entidad aseguradora Fiact de los hechos por los que fueron denunciados y que dieron origen al presente procedimiento, declarando de oficio las costas procesales devengadas en la presente causa.

Segundo.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la Defensa del denunciante D. Amador, en ambos efectos, en escrito registrado el 26 de noviembre de 2013, que se fundaba en error en la interpretación de la normativa (en lo relativo a las exigencias de la imprudencia) y en la valoración y apreciación de la prueba practicada.

Alega que atendiendo a las fases semafóricas del cruce y el tiempo o intervalos de una y otra, así como al número de vehículos que estaban parados en el sentido Alcantarilla-Murcia, la versión de su patrocinado es la razonable y fundada, es decir, que el conductor denunciado no respetó la fase roja que regulaba su sentido de marcha, impactando en el vehículo de su representado, quien sólo había iniciado su incorporación tras ponerse en verde su semáforo. Y para ello analiza las declaraciones del denunciante, del denunciado y del testigo. Deduciendo de todo ello el incumplimiento de la norma objetiva de cuidado del denunciado y la concurrencia de todas las exigencias requeridas por la jurisprudencia para la aplicación de la imprudencia contemplada en el artículo 621.3 del Código Penal.

Interesando por todo ello la revocación de la sentencia de instancia y la condena en los términos expresamente recogidos en su escrito de recurso.

Tercero.—En escrito registrado el 10 de diciembre de 2013 la Defensa de la aseguradora FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a PF, impugna el recurso de apelación interpuesto, interesando la desestimación del mismo y la confirmación de la sentencia recurrida.

Cuarto.—Remitidas a la Audiencia Provincial las actuaciones, se formó por esta Sección Tercera el oportuno Rollo de Apelación de Juicio de Faltas con el N.º 5/2014 (el 13 de enero de 2014).

En atención al artículo 82.1.2.ºPárrafo Segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha correspondido a este Magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia conocer del presente recurso de apelación.

HECHOS PROBADOS

Único.-Se aceptan y se dan por reproducidos los que se contienen como declarados probados en la sentencia de instancia.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La resolución de la cuestión suscitada obliga a recordar que el Juzgador de alzada, cuando se haya dictado una previa sentencia absolutoria, y la misma se haya fundado de modo exclusivo o en grado relevante en la credibilidad de las manifestaciones personales vertidas en el juicio oral (como es manifiestamente el supuesto planteado), debe atender a la doctrina constitucional expuesta en la Sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002, de 18 de septiembre, y sentencias posteriores (entre otras, Sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional 103/2009, de 28 de abril; Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 120/2009, de 18 de mayo; Sentencia de la Sección Cuarta del Tribunal Constitucional 132/2009, de 1 de junio), en el sentido que no cabe acordar una condena fundada en una nueva valoración de los testimonios prestados en el juicio oral celebrado en primera instancia, desatendiendo el obligado respeto a las garantías de inmediación y contradicción. En definitiva, no es admisible la revisión de la valoración de la prueba personal efectuada por el órgano a quo, analizando la credibilidad de las manifestaciones efectuadas en el juicio oral, y/o la veracidad de los testimonios vertidos, atendiendo exclusivamente a lo que consta en las actuaciones y en el acta del juicio oral (incluso aunque ésta atienda a una grabación audio-visual: SsTC 120/2009 de 18 de mayo, 2/2010 de 11 de enero y 30/2010 de 17 de mayo).

En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, 127/2010, de 2 de diciembre (Pte. Gay Montalvo), recoge en su Fundamento Jurídico 2: En relación con el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) en supuestos de condena en segunda instancia, es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11), y seguida en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 49/2009, de 23 de febrero, FJ 2 ; 30/2010 de 17 de mayo , FJ 2), que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por ello, se ha apreciado la vulneración de este derecho fundamental en los supuestos en los que, tras ser dictada una Sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y dictada una Sentencia condenatoria justificada en una diferente valoración de pruebas, como las declaraciones de los acusados o declaraciones testificales que por su carácter personal no podían ser valoradas de nuevo sin su examen directo en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.

Ese mismo Tribunal Constitucional ha reiterado el canon de control de constitucionalidad sobre sentencias penales absolutorias, así la Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, 94/2010, de 15 de noviembre (Pte. Conde Martín de Hijas), que en su Fundamento Jurídico 3 señala: Como se recuerda en la STC 145/2009, de 15 de junio , recapitulando precedente doctrina constitucional, la víctima de un delito no tiene derecho fundamental constitucionalmente protegido a la condena penal de otra persona, sino que es meramente titular del ius ut procedatur, es decir, del derecho a poner en marcha un proceso, substanciado de conformidad con las reglas del proceso justo, en el que pueda obtener una respuesta razonable y fundada en Derecho, que ha sido configurado por este Tribunal como una manifestación específica del derecho de jurisdicción y que no se agota en un mero impulso del proceso o una mera comparecencia en el mismo, sino que de él derivan con naturalidad y necesidad los derechos relativos a las reglas esenciales del desarrollo del proceso. Por ende la función de este Tribunal en el cauce constitucional de amparo se limita a enjuiciar si las resoluciones judiciales impugnadas han respetado el ius ut procedatur del justiciable que ha solicitado protección penal de los derechos que las leyes en vigor reconocen.

En este sentido hemos precisado que, si la queja del recurrente en amparo que ha intervenido como titular del ius ut procedatur en un proceso penal en el que ha recaído un pronunciamiento absolutorio se fundamenta en la vulneración de derechos procesales garantizados en el art. 24 CE , es procedente, en caso del otorgamiento del amparo, declarar la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas y retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno anterior a aquél en que se produjo la lesión estimada, pues la imposibilidad de que este Tribunal declare la nulidad de las Sentencias penales absolutorias no ha de entenderse referido a las resoluciones absolutorias dictadas en el seno de un proceso penal sustanciado con lesión de las más esenciales garantías procesales de las partes, ya que toda resolución judicial ha de dictarse en el seno de un proceso respetando en él las garantías que le son consustanciales.

En aplicación de la doctrina reseñada este Tribunal ha estimado posible la anulación de Sentencias absolutorias y la retroacción de actuaciones por (...); o, en fin, por poder incurrir la Sentencia absolutoria en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, no satisfaciendo así las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ( STC 45/2005, de 28 de febrero , FJ 3) [FJ 4 y doctrina constitucional allí citada].

Doctrina constitucional sobre la cuestión de valoración de las previas sentencias absolutorias en la instancia reiterada y reforzada en las Sentencias del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, 126/2012, de 18 de junio (Pte. Gay Montalvo), y de esa misma Sala y Ponente 144/2012, de 2 de julio.

Por lo tanto, la única posibilidad de dejar sin efecto la sentencia recurrida, anulándola y retrotrayendo las actuaciones, tendría que fundarse en la constatación que la misma ha incurrido en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, dado que el Juzgador de alzada no puede modificar el juicio valorativo del Juzgador de instancia, corregir sus conclusiones, cifrar un nuevo relato de hechos probados y fundar en el mismo una condena sin haber practicado la prueba personal bajo los principios que rigen la vista oral.

Segundo.—Atendiendo a dicha doctrina constitucional, no puede obviarse que la prueba practicada en este supuesto es fundamentalmente personal y contradictoria (tal y como la propia sentencia refleja en su texto y se aprecia con la audición de la grabación de la vista oral), además de la documental existente (croquis, fotografías, y mención de los tiempos y secuencia de cruce semafórico que consta en las actuaciones de la Policía Local de Murcia que obran en la causa-), pero sin que dicha documental tenga sentido o sea comprensible al margen de las declaraciones vertidas por el conductor denunciado, el denunciante y el testigo que ha comparecido (los únicos susceptibles de facilitar datos en los que fundar el modo de comisión del accidente de tráfico enjuiciado).

En este sentido procede reseñar que el análisis preciso de la valoración probatoria consta en el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia de instancia, en el que se recoge el análisis completo de la información vertida en el juicio oral, señalando que no existiría ningún refuerzo probatorio a lo sostenido por el denunciante respecto a su pretensión de atribuir al conductor denunciado que no respetó la fase prohibitiva de paso o "roja" del semáforo que regulaba su circulación.

Esa valoración la ha efectuado el Juzgador de instancia fundadamente, tal y como se aprecia con la lectura del citado Fundamento de Derecho, y descansa en la totalidad de los datos relevantes que se han aportado al juicio verbal de faltas, sin que de ellos se infiera que se haya practicado por la parte denunciante (acusación) prueba inculpatoria bastante, persuasiva y convictita en la que fundar de modo indubitado su pretensión acusatoria, antes al contrario, los extremos puestos de manifiesto en dicha argumentación jurídica permiten apreciar que la prueba practicada es insuficiente y genera dudas racionales, habida cuenta que los tiempos de la secuencia semafórica y el hecho que el testigo viera que los vehículos del sentido de circulación Alcantarilla-Murcia no permiten afirmar con la certeza indispensable que el conductor denunciado se hubiera "saltado" el semáforo que regía su circulación.

Por lo tanto, la ponderación judicial efectuada se ajusta a los medios de prueba practicados, se efectúa de manera razonable y combinada, y no permite obtener la conclusión pretendida por el denunciante, dados los extremos que se plasman en la sentencia de instancia.

Este Juzgador de alzada aprecia por todo ello que la valoración judicial de instancia no es arbitraria, ilógica, irrazonable o absurda, especialmente cuando atiende al reflejo de lo recogido en la causa y de lo vertido en la vista oral (tal y como se ha comprobado con la grabación del juicio oral, expresiva de la debilidad persuasiva del testimonio del denunciante y del testigo presentado, como a continuación se expone).

El denunciante señala en la vista oral que él, cuando recibió el impacto, las dos ruedas (delanteras) de su vehículo se encontraban ya en el carril sentido Alcantarilla-Murcia; y que cuando él comprobó que el semáforo que regulaba su posición para autorizar su incorporación estaba en fase verde, previamente había visto cinco o seis vehículos parados en el carril de sentido Alcantarilla-Murcia.

Tal y como se aprecia de las fotografías y croquis aportado y obrante en la causa, esa avenida o carretera se forma por dos carriles en cada sentido de marcha, y dado el impacto que presenta el vehículo del denunciante y la posición en que se encuentra situado en la fotografía donde aparece ya golpeado en el sentido de circulación Murcia-Alcantarilla, resulta difícil aceptar que el vehículo del denunciante hubiera rebasado con su parte delantera la línea central de ambos sentidos de circulación. Por otra parte, la afirmación vertida por el denunciante de haber visto, antes de iniciar su marcha, cinco o seis vehículos detenidos en los dos carriles del sentido de circulación Alcantarilla-Murcia, nada permite inferir, dado que el tiempo que debía haber transcurrido hasta que se pusiera en fase roja el semáforo que regula el sentido de circulación Murcia-Alcantarilla es de unos tres segundos aproximadamente según la Policía Local, lo cual crea una ventana temporal pequeña, pero suficiente, para, dependiendo del flujo de vehículos que pudieran circular en ese tramo (que no se ha precisado), se hubieran producido dos o tres hileras de vehículos parados en los dos carriles existentes.

En cuanto al testigo que caminaba por la acera, sentido Alcantarilla-Murcia (según el croquis aportado, que le ha sido mostrado, y refiriendo él que era esa la posición en la que podía encontrarse), su testimonio en la vista oral ha sido muy impreciso (debido al tipo de interrogatorio al que ha sido sometido por las partes) a la hora de señalar que vio cuatro-cinco-seis vehículos parados en los carriles sentido de marcha Alcantarilla-Murcia, pero sin establecer con precisión la vinculación entre esa apreciación visual y el momento en que vio u oyó el impacto y la posición que en ese momento tenía, por cuanto si el croquis responde a distancias ciertas o aproximadas y a proporciones razonables, de situarse en la posición referida el testigo, éste tenía en su ángulo de visión los vehículos que dijo estaban parados, o al menos algunos de ellos, por lo que su visión de la colisión tuvo que ser dificultosa. Y si escuchó sólo el impacto, sin ver otros extremos relevantes y esclarecedores, su testimonio resulta muy limitado. En todo caso, en la vista oral ha indicado que no atendió a ver los colores del semáforo que tenía ante sí (el de sentido Alcantarilla-Murcia, dado que los otros no podía ver sus luces dada la posición que tenían), y tampoco se le preguntó sobre extremos que habrían permitido precisar detalles y circunstancias esclarecedoras.

Respecto a la secuencia del cruce, en orden a los semáforos que lo regulan, se han fijado tres fases: en una primera se cierra la circulación sentido Alcantarilla-Murcia, en una segunda se cierra la circulación sentido Murcia-Alcantarilla y en una tercera fase se abre la incorporación de los vehículos que paralelos al sentido Murcia-Alcantarilla han de introducirse en la avenida, para incorporarse a cualquiera de los dos sentidos de circulación de esa avenida.

Cerrada la circulación de la primera fase, transcurren aproximadamente tres segundos para cerrarse la segunda fase, y otros dos segundos más aproximadamente para abrirse la incorporación.

A ello cabe añadir que el conductor denunciado indicó que circulaba a 38 kilómetros por hora (según el tacógrafo del camión) y que no efectuó maniobra de frenada antes del impacto ante la súbita incorporación del vehículo del denunciante en su trayectoria; esa velocidad implica, según una simple regla de tres, fijar en unos 21 metros el espacio recorrido en dos segundos, lo cual añade más incertidumbre a los extremos de valoración concurrente.

Todos esos condicionantes y factores han generado una duda razonable al Juzgador de instancia sobre si la incorporación por parte del denunciante se precipitó confiado al advertir a los vehículos del sentido circulación Alcantarilla-Murcia parados, incorporándose sin esperar a la fase verde de su regulación semafórica; o si realmente el denunciante esperó a ella, e iniciada la maniobra de incorporación recibió el impacto del conductor denunciado, quien no respetaría su fase roja o de prohibición de circular.

Esa incertidumbre, por otra parte razonable vistos los extremos expuestos, en ningún caso puede dar lugar a un pronunciamiento condenatorio.

Por lo tanto, no puede entenderse que el análisis del Juez a quo sea injustificado o no atienda a la prueba personal desarrollada, ni siquiera que resulte absurdo, ilógico o estrafalario, por cuanto cifraría su ponderación en la insuficiencia conclusiva de la prueba personal practicada, y la debilidad que podría derivarse de ella para fundar una condena.

Todo lo cual lleva a este Juzgador de alzada a entender que no es descabellado, irracional o arbitrario concluir con la absolución, como lo hizo el Juzgador de instancia en los términos reseñados en su sentencia, habida cuenta las relevantes carencias de la prueba personal de matiz inculpatorio aportada al juicio oral y la endeblez de la conclusión inculpatoria que en base a ella sostiene el denunciante en su recurso.

En consecuencia, el Juzgador de instancia, en contacto directo con las fuentes de prueba (inmediación), y percibiendo la totalidad de lo manifestado y expresado por el denunciante y por el denunciado, así como por el testigo (prueba personal practicada, dado que la testifical- pericial no facilita la determinación del modo en que pudo producir el accidente), ha alcanzado una conclusión adecuadamente argumentada y que no cabe considerar arbitraria, irrazonable o fundada en error patente.

Es por ello que la versión valorativa que la parte recurrente intenta introducir con su recurso no puede ser asumida en esta alzada, en los términos en que se ha formulado.

Todo lo cual lleva a este Juzgador de alzada, atendiendo a que se funda la valoración judicial de instancia en una ponderación de testimonios personales, con proyección en su credibilidad, y se ha realizado en términos que no se aprecian irracionales, absurdos o inconsistentes, a confirmar la sentencia dictada, con desestimación del recurso de apelación interpuesto.

Tercero.—Se declaran de oficio las costas de esta alzada, en atención a los artículos 239 y 240.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLO


 
Desestimo el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del denunciante D. Amador contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2013 por el Juzgado de Instrucción N.º 9 de Murcia, en Juicio de Faltas N.º 1.652/2012 -Rollo N.º 5/2014 -, confirmando dicha resolución, con declaración de oficio de las costas de esta alzada.

Notifíquese esta sentencia en forma en atención a los artículos 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 976.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (contra esta sentencia no cabe recurso alguno).

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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