Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.N. de 8 de julio de 2013


 RESUMEN:

Recaudación tributaria: Derivación de responsabilidad. Responsable subsidiario: Administrador de sociedad por deudas tributarias de la sociedad. Concurrencia de los requisitos establecidos legalmente para la exigencia de dicha responsabilidad. Comprende la cuota y los intereses de demora.

Madrid, a ocho de julio de dos mil trece.

Visto el recurso contencioso administrativo número 209/2012, que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido la entidad SCYLA EDITORES, S.A. representada por el Procurador D. Angel Rojas Santos, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 16 abril 2012 en materia de derivación de responsabilidad subsidiaria; se ha personado la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado. Siendo ponente la señora D.ª BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT, Magistrada de esta Sección.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el procurador de los Tribunales D. Angel Rojas Santos en representación de la entidad SCYLA EDITORES SA se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 16 abril 2012.

Segundo.—Por decreto de fecha 20 junio 2012 se admitió el precedente recurso y se reclamó a la Administración demandada que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo y realizase los emplazamientos legales.

Tercero.—Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación se concedió a la parte recurrente el plazo de veinte días para que formalizase la demanda, que efectuó el 18 abril 2013, y por diligencia de ordenación se dio traslado al Sr. Abogado del Estado para que contestase la demanda en el plazo de veinte días.

Cuarto.—Por providencia de fecha 24 mayo 2013 se fijó la cuantía del presente procedimiento en 183.901'93€.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.—La parte recurrente impugna la resolución del TEAC de fecha 16 abril 2012 que tiene su base en los siguientes hechos: La Administración tributaria el 1 marzo 2007 dictó acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria de la entidad SCYLA EDITORES SA como administradora de la sociedad deudora Open English Internacional Group SA en base al art. 40.1.1.º LGT 1963. El acuerdo fue objeto de reclamación económico administrativa ante el TEAR Cataluña que el 20 julio 2011 la desestimó. Contra este acuerdo se interpuso recurso de alzada ante el TEAC que en resolución de fecha 16 abril 2012 es desestimado. Contra esta resolución se interpone el presente recurso contencioso administrativo.

Segundo.—La parte recurrente en su demanda expone en el año 2003 la sociedad Open English Internacional Group fue objeto de inspección por varios conceptos dado lugar a una regularización tributaria por importe de 434.984'45€.

La sociedad había estado administrada. Hasta el 16 junio 1992 por los señores D. Teodosio, D. Jose Antonio y D. Luis Antonio. Desde el 16 junio 1992 hasta el 26 abril 2002 era una administración mancomunada de las entidades Grupo CEAC SA y Ediciones CEAC SA, hoy denominada SCYLA Editores SA. Desde el 26 abril 2002 es administrador único la entidad GRUPO CEAC. La sociedad estaba inmersa en un expediente de suspensión de pagos y por auto del Juzgado de Primera instancia n.º 7 Barcelona de 13 octubre 2003 se declara en estado de insolvencia definitiva con liquidación. Open English es declarada fallida por la AEAT el 17 agosto 2006. El 1 marzo 2007, la AEAT declara a SCYLA Editores SA responsable subsidiaria de las deudas tributarias de Open English y se le reclama el pago de 183.901'93€, contra ese acuerdo se interpuso la reclamación económico administrativa ante el TEAR y el recurso de alzada ante el TEAC. La actora alega indefensión por no poder impugnar el expediente de inspección de la deudora principal ya que la actora no intervino en la fase de inspección. Que se había producido la novación del crédito de la AEAT tras la aprobación del convenio de suspensión de pagos. Que SCYLA solo era administradora de derecho y no de hecho. Que no es posible exigir los intereses moratorios después del acta de inspección y tampoco las sanciones. Respecto de la indefensión se manifiesta en la demanda que la documentación del expediente no permitía a la actora efectuar alegaciones que tuvieran como fundamento la nulidad o anulabilidad de las liquidaciones. En el expediente no figuran la totalidad de las actuaciones inspectoras por ello se solicita como prueba documental todo el expediente de inspección. Esta prueba la denegó el TEAR y el TEAC no dijo nada al respecto. Añade que no es posible derivar las deudas tributarias afectadas por un proceso de suspensión de pagos que se aprobó el convenio el 13 octubre 2003 y la Abogacía del Estado se aquietó a los términos del convenio. Que es improcedente derivar las deudas tributarias a personas jurídicas que de facto no llevaban la administración de la entidad deudora. Imposibilidad de derivar los intereses de demora generados por el obligado principal. E imposibilidad de derivar las sanciones tributarias. Y suplica que se tenga por formalizada la demanda interpuesta, y previos los trámites preceptivos, se dicte sentencia con revocación de la resolución impugnada por ser contraria a derecho y se anule la resolución recurrida con costas para la parte contraria.

El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda se opuso a la estimación de la misma, solicitando la confirmación del acto recurrido.

Tercero.—La primera cuestión a resolver es la supuesta indefensión alegada por no constar en el expediente administrativo todas las actuaciones inspectoras contra la deudora principal.

Carece de fundamento el motivo de impugnación planteado porque el expediente remitido por la Administración demandada se corresponde con el objeto del recurso contencioso-administrativo, en el que se impugna, inmediatamente, la resolución del TEAC recaída en el recurso de alzada R. G. 6507/11, cuyo expediente se encuentra incorporado al proceso, así como el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria que fue objeto de reclamación ante el TEAR, que asimismo se encuentra incorporado al proceso. Ante el TEAC el recurrente no solicitó prueba alguna como tampoco se ha hecho en este proceso contencioso administrativo lo que nos conduce a rechazar esta alegación de indefensión. Por otra parte, el expediente administrativo comprende las actuaciones inspectoras, y el procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria es consecuencia de la declaración de fallido de la deudora principal en el procedimiento de recaudación de las deudas contraías por la misma. Además, el procedimiento de derivación comprende los actos de liquidación y de imposición de sanción a la deudora principal y las actuaciones ejecutivas realizadas frente a ésta, y por supuesto las actuaciones correspondientes al procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria. El recurrente no ha solicitado ningún medio de prueba adicional al obrante en el expediente de gestión por lo que no puede alegar entonces indefensión derivada del trámite de vista del expediente que está completo. Ninguna alegación se hace por la parte actora en torno a las liquidaciones tributarias derivadas, por lo que debe rechazarse esta cuestión.

Cuarto.—Se manifiesta que se produjo novación en las deudas tributarias como consecuencia del acuerdo de suspensión de pagos aprobado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Barcelona al que se aquietó el Abogado del Estado.

En auto de fecha 30 septiembre 2003 dictado en el procedimiento de suspensión de pagos n.º 730/2002 contra Open English Internacional Group SA se aprobó el convenio de liquidación y de calificación de la compañía suspensa en insolvencia definitiva sin la adhesión de la Agencia Tributaria. La Administración Tributaria no ha negado conocer la existencia de ese procedimiento de suspensión de pagos en el que estaba inmersa la deudora principal, pero la Hacienda Pública optó para la defensa y cobro de sus créditos por la alternativa de ejercer su derecho de abstención reconocido en el artículo 129.4 de la Ley 230/1963 General Tributaria manifestando, en el momento oportuno, mediante certificado las deudas para con la Hacienda Pública que en aquel momento mantenía la deudora Open English. Ejercitado, pues, en el proceso concursal por la Administración Tributaria, el derecho de abstención, que por la naturaleza de sus créditos le corresponde y dándose los requisitos y presupuestos de hecho exigidos nada impide la derivación de responsabilidad al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 230/1963.

El procedimiento de suspensión de pagos es un procedimiento mercantil e independiente del administrativo llevado a cabo contra el administrador de una entidad mercantil. En el procedimiento de liquidación de deudas de la interesada se trata de establecer la deuda de la mercantil con la Hacienda Pública generada con anterioridad al proceso concursal, deudas sobre las que la Administración ha ejercitado el derecho de abstención. Y con el procedimiento de derivación de responsabilidad se trata de derivarla al deudor subsidiario, el administrador, con arreglo a la normativa específica tributaria, no mercantil, que le señala como responsable.

En definitiva, la deudora ya no se encontraba en proceso concursal, siguiéndose los trámites de derivación de la responsabilidad subsidiaria del artículo 40.1 LGT.

Quinto.—El art. 37 de la LGT 1963 dispone que "la Ley podrá declarar responsables de la deuda tributaría, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, a otras personas, solidaria o subsidiariamente", de cuya afirmación se desprende que la existencia de los responsables tributarios exige siempre la de los sujetos pasivos, y que los responsables no tienen el carácter de obligados principales.

El artículo 40.1 de la L.G.T. en su redacción dada por la Ley 10/85, de 26 de abril regula la responsabilidad subsidiaria de los administradores de las personas jurídicas lo hace en los siguientes términos:

"1.- Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizasen los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones. Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas...". Por consiguiente a partir de la fecha en que entró en vigor dicha reforma cabe derivar la responsabilidad contra los administradores por dos causas: 1) No realizar los administradores los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consentir el incumplimiento de quienes de ellos dependan o adoptar acuerdos que hicieran posibles tales infracciones. En este supuesto (existencia de una infracción tributaria simple o grave), por tanto la Ley exige los siguientes requisitos para que pueda declararse la responsabilidad subsidiaria de los administradores: a) la comisión de una infracción tributaria por la sociedad administrada; b) la condición de administrador al tiempo de cometerse la infracción; c) y la existencia de una conducta ilícita por parte del administrador como tal, en cualquiera de los términos señalados en el art. 40.1, extendiéndose la responsabilidad al importe de la sanción, en el caso de infracción simple y a la totalidad de la deuda tributaria, en el caso de infracción grave y 2) Haber cesado la sociedad en la actividad, supuesto en el que la Ley no exige la existencia de infracción tributaria ni, por tanto, mala fe o negligencia grave en los administradores, para que la derivación sea posible (art. 40.1 segundo párrafo incluido en la redacción dada al precepto por la Ley 10/85). Para la exigencia de esta segunda causa de imputación, por tanto deben concurrir los siguientes requisitos: a) la cesación de hecho de la actividad de la persona jurídica teniendo las mismas obligaciones tributarias pendientes; y b) la condición de administrador al tiempo del cese, extendiéndose la responsabilidad a las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas, exceptuadas las sanciones.

El recurrente en la demanda manifiesta que quienes llevaron a cabo de facto la administración de la entidad no fueron las personas jurídicas que formalmente figuraban en el Registro Mercantil (Grupo CEAC SA y Grupo Editorial CEAC SA, hoy Omitsend SA y Scyla Editores SA), sino las personas físicas que habían sido nombradas representantes de dichas personas jurídicas los cuales se valieron de esas personas jurídicas en su propio beneficio. La recurrente no realizó acto alguno de administración en Open English. El grupo empresarial era controlado por dos personas que actuaban como representantes de la entidad. Y por ello niega toda culpabilidad de la entidad Scyla.

La Administración Tributaria en el acuerdo de derivación establece como deudas derivadas el Impuesto de Sociedades 1997- 2000, sanciones correspondientes, IVA 2000-2001 y sanción, e IRPF retenciones 2001.

La entidad deudora Open English Internacional Group SA con esa denominación social como consecuencia de la escritura de fecha 31 julio 1996, ya que anteriormente se denominaba Flaminia SA. Esta entidad Flaminia SA se constituyó el 20 abril 1989 y su objeto social era la venta por correo o cualquier otro medio a distancia, al por menor, de cualquier producto. En escritura de fecha 24 julio 1996, se modifica el objeto social siendo a partir de entonces: La enseñanza técnica de idiomas, así como la preparación de carreras oficiales, tanto en presencia como en distancia. La elaboración y comercialización de material didáctico. La actividad editorial. La explotación de la red de franquicia consistente en la apertura de centros de enseñanza de idiomas. La prestación de servicios de telemarketing y de asesoramiento o consultoría en las materias administrativa, financiera, contable, informática, de marketing y de gestión empresarial. Su domicilio social se fijaba en C/ padilla 205, piso 7.º Barcelona, y más tarde se trasladó a C/ Rambla Cataluña 38. El capital social se integraba en 1000 acciones al portador suscritas entre D. Teodosio, D. Eduardo, la entidad centro de Estudios CEAC SA y Ediciones CEAC SA, ambas sociedades estaban representadas por D. Jose Antonio. La administración de la sociedad se encomendó a D. Teodosio, D. Jose Antonio y D. Luis Antonio. En 1992 los anteriores administradores cesan y renombran administradores mancomunados a la entidad Grupo CEAC SA y Ediciones CEAC SA. En 1997 se renuevan los cargos y ambas sociedades continúan como administradoras. En 1999 se reeligen para el cargo pero con carácter solidario. Y en fecha 26 abril 2002 cesan de sus cargos y se nombra administrador único a Grupo CEAC SA. En acuerdo de 16 agosto 22006 Open English fue declarada fallida.

El principal argumento de la recurrente es que la administración de factor se llevaba por las personas físicas anteriormente mencionadas, pero con arreglo a lo expuesto en el art. 40 LGT como administrador societario la recurrente debería de haber adoptado la diligencia necesaria para evitarla comisión de las infracciones tributarias, y deberían de haber realizado los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, y por el contrario han consentido que otros incumplan.

Los administradores de la sociedad, por tanto, en el desempeño de su cargo deben actuar con la diligencia de un ordenado empresario y un representante leal. Y a efectos del cumplimiento de sus funciones, en orden a una correcta gestión, se les reconoce una representación que se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social. Pero, además, las normas de aplicación (El Capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas), determinan un sistema por el cual los administradores pueden controlar la actuación de la sociedad, consistente en la formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados; tales documentos habrán de ser firmados por los administradores, expresando la causa, si alguno no lo hiciere [ art. 171 del Real Decreto Legislativo 1584/1989, de 22 de diciembre ]. Por su parte, el artículo 172 del mismo texto legal dispone que las cuentas anuales deberán redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la sociedad; Y el artículo 189 impone recoger en las cuentas de pérdidas y ganancias una partida de "otros impuestos", lo que hace posible conocer el estado de la sociedad en cuanto a sus obligaciones tributarias.

Sexto.—En Sentencia de 26 de Enero de de 2009 [Recurso núm. 862/06], de esta Sección, FJ 4.º, se decía que:

«No es posible, al margen de lo anterior, acoger en forma alguna favorable las circunstancias que se alegan a través del escrito de demanda, en el sentido de que el recurrente no ha sido nunca administrador de hecho de la sociedad, (...), pues ello no puede eximirle en ningún caso de responsabilidad por los actos sociales, en tanto en cuanto se mantenga vigente el cargo de Administrador para el que fue nombrado en su día. Y el art. 40.1 de la Ley General Tributaria hace responsables a los administradores no sólo por sus actos propios como tales, sino también cuando "consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan". En este sentido, de conformidad con lo preceptuado en los arts. 108 y 109 del Reglamento de Registro Mercantil de 1956 (ahora, arts. 138 a 148, del Reglamento de 1996), la inscripción del acuerdo de nombramiento de los Administradores de las sociedades, tiene eficacia frente a terceros a partir de la aceptación del cargo por parte del designado, de forma que desde la perspectiva de las normas mercantiles, dicha persona ostenta el cargo con los derechos y obligaciones inherentes al mismo en todo caso, y aunque no ejerza en la práctica como Administrador. Igual sucede con la dimisión o renuncia del cargo, para cuya eficacia se requiere su inscripción en el Registro Mercantil.»

De lo expuesto se desprende la concurrencia de los requisitos constitutivos de la responsabilidad subsidiaria del demandante, establecidos en el art. 40.1 de la Ley General Tributaria de aplicación al supuesto planteado. Porque a través del expediente administrativo instruido al efecto se ha acreditado: 1.º) Que la sociedad de la que era administradora la entidad fue sancionada por la comisión de una infracción tributaria grave [por dejar de ingresar todo o parte de la deuda tributaria contraída en concepto de Impuesto de Sociedades 1997, 1998, 1999, y 2000. El IVA 2000 e IRPF retenciones 2001 y 2002.. 2.º) Que la recurrente no había perdido la condición de administradora durante dichos períodos, y estando, por tanto, sujeta a las obligaciones inherentes a dicha condición, establecidas legal y estatutariamente, no realizó los actos necesarios que eran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas.

Séptimo.—Manifiesta el recurrente la imposibilidad de derivar los intereses moratorios generados por el obligado principal. Los intereses devengados por impago de la cuota son susceptibles de derivación de responsabilidad por ser parte integrante de la deuda devengada por el deudor principal. Y las sanciones, igualmente son susceptibles de derivación.

Hay que partir de que los administradores son quienes tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar una ordenada gestión societaria, incluyendo los aspectos tributarios, y los medios jurídicos para realizar su función; son responsables por el resultado de tal gestión, salvo que resulte acreditado que emplearon todos los instrumentos jurídicos a su alcance para conocer y corregir la situación prohibida por la Ley. No quiere ello decir que nos encontremos ante una responsabilidad objetiva, sino que la imputación que se realiza a los administradores lo es, al menos, a titulo de culpa, ya que al no desplegar la diligencia necesaria y exigible en el ejercicio de sus funciones, causaron, ya sea en concurrencia con actuaciones positivas de otros, la comisión de la irregularidad con efectos tributarios.

Así las cosas, el administrador, para eludir su responsabilidad, habrá de, al menos alegar, aportando hechos concretos, que efectivamente actuó tratando de esclarecer y resolver la actuación prohibida, o bien que no lo hizo por concurrencia de fuerza mayor o caso fortuito. Y ello no supone, que nos encontremos ante una inversión de la carga de la prueba en orden a la determinación de la responsabilidad del administrador; bien al contrario, lo que ocurre es que cuando el ordenamiento jurídico coloca a un sujeto de derecho en posición de garante, y le encomienda la realización de la actividad necesaria y racionalmente posible, para la evitación de un concreto resultado -en éste caso el incumplimiento de obligaciones tributarias-, cuando éste se produce, es obvio que cabe deducir, con arreglo a los criterios de la sana crítica, que la actividad impuesta por el ordenamiento jurídico no se ha producido, y teniendo en cuenta que el mismo arbitra medios para alcanzar el fin determinado; es también lógico concluir que quien estaba obligado a utilizar esos medios no los utilizó de forma voluntaria. Cuestión distinta es la concurrencia de especiales circunstancias, que hicieran imposible la actuación de quien es garante; pero tales circunstancias han de ser alegadas de forma racional y fundada, por quien omitió la conducta expresamente impuesta por la norma jurídica; y ello, porque tales circunstancias suponen una justificación de la omisión del comportamiento debido, cuya prueba corresponde a quien la alegue.

Pues bien, todo el sistema descrito parte de una idea: el administrador tiene la oportunidad de controlar la actuación societaria, y si no lo hace por su descuido o negligencia responde frente a los incumplimientos tributarios de la misma. Pero se indicaba también que, a tal efecto, los administradores han de firmar las cuentas anuales - y desde luego el secretario las actas según el art. 142 de la Ley de Sociedades Anónimas -, o bien salvar su voto o explicar la razón de su negativa. En realidad, todo el sistema parte de la idea de que el administrador lo sea realmente.

Así pues, la responsabilidad que diseña el artículo 40.1 de la Ley General Tributaria parte de la idea de un efectivo ejercicio del cargo de administrador, y precisamente porque hace referencia a incumplimientos imputables a dicho administrador, o bien porque la situación económica de la sociedad le es atribuida en caso de cese, pero el fundamento de la responsabilidad deriva precisamente de la posición material de administrador.

Por tanto, el demandante es responsable subsidiario de la deuda representada por las sanciones impuestas a la deudora principal, así como de la cuota y de sus intereses de demora correspondientes que sirvió de base para la imposición de sanciones a la deudora principal. Por todo ello, se desestima el presente recurso contencioso administrativo y se imponen las costas a la parte recurrente con arreglo al art. 139 LJCA.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que DESESTIMAMOS

el recurso contencioso-administrativo n.º 209/2012 interpuesto por el Procurador D. Angel Rojas Santos, en nombre y representación de la entidad SCYLA EDITORES, S.A. contra la resolución de 16 de abril de 2012 del Tribunal Económico Administrativo Central en materia de derivación de responsabilidad subsidiaria, a que se contrae el presente recurso.

Se impone el pago de las costas causadas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará haciendo la indicación de que la misma es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno - artículo 86.2.b) LJCA, modificado por la Ley 37/2011-, y de la cual será remitido testimonio, con el expediente, a la Oficina de origen para su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada- Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación