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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 483/2013 de 20 de diciembre


 RESUMEN:

Accidente de tráfico: Indemnización derivada de atropello. Contrato de seguro: Examen de la legislación aplicable, no habiéndose acreditado el impago de la póliza. Valoración del daño corporal: Procede modificar el valor de los puntos de las secuelas de acuerdo con el baremo aplicable. Factor de corrección: Análisis de la doctrina, resultando aplicable, en este caso, el 10%.

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00483/2013

SENTENCIA n.º 483

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. MATEO RAMÓN HOMAR

Magistrados:

D.ª COVADONGA SOLA RUIZ

D.ª MARÍA ARÁNTZAZU ORTIZ GONZÁLEZ

En Palma de Mallorca, a veinte de diciembre de dos mil trece.

Vistos por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Palma bajo el número 767/2011, a los que se acumularon los autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma bajo el número 1022/11, Rollo de Sala número 204/13, entre partes, de una, como parte demandada apelante, la entidad ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL ESPAÑA, representada por el Procurador de los Tribunales D. ONOFRE PERELLÓ ALORDA y asistido por el letrado D. GONZALO PUJOL PÉREZ; de otra, como parte demandada apelada impugnante, D. Fidel, representado por La Procuradora de los Tribunales D.ª MONTSERRAT MONTANÉ PONCE y asistido por el Letrado D MATEU CAÑELLAS CRESPÍ; de otra, como parte actora y demandada acumulada apelada, el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, representado y asistido por el ABOGADO DEL ESTADO; y de otra, como parte actora acumulada apelada, D. Ismael, representado por el Procurador de los Tribunales D. XIM AGUILÓ DE CÁCERES PLANAS y asistido por el Letrado D. DAVID SALVÁ COLL.

ES PONENTE la Ilma. Magistrada Sra. D.ª MARÍA ARÁNTZAZU ORTIZ GONZÁLEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Palma, en fecha 11 de junio de 2012, se dictó Sentencia n.º 102, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO TOTALMENTE LA DEMANDA interpuesta por el Consorcio de Compensación de Seguros, representado y defendido por el Letrado del Abogado del Estado Sustituto D. Joan B. Vidal Mercadal contra la aseguradora "Zurich Insurance PLC, Sucursal en España", representada por el Procurador D. Onofre Perelló Alorda, CONDENANDO A ESTA ASEGURADORA AL PAGO AL CONSORCIO DE LA CANTIDAD DE 25.467'03 EUROS, con el 25% de interés desde el día 11 de mayo de 2010, fecha en que pagó dicha suma al perjudicado, con imposición de costas a la aseguradora condenada, ABSOLVIÉNDOSE EL CODEMANDADO D. Fidel, representado por la Procuradora D.ª Monserrat Montané Ponce de la pretensión ejercitada en su contra con carácter alternativo, sin imposición de costas a ninguna de las partes, abonando cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO SUSTANCIALMENTE LA DEMANDA INTERPUESTA por D. Ismael, representado por el Procurador D. Xim Aguiló de Cáceres Planas, contra D. Fidel y "Zurich Insurance PLC, Sucursal en España", CONDENÁNDOLES SOLIDARIAMENTE AL PAGO DE LA CANTIDAD DE 20.828'11 EUROS, con los intereses expuestos en el fundamento de derecho séptimo de la presente resolución e imposición de las costas causadas, ABSOLVIENDO AL CONSORCIO DE LA PRETENSIÓN EJERCITADA EN SU CONTRA, sin imposición de costas a ninguna de las partes, abonando cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad" .

Posteriormente, en fecha 22 de junio de 2012, se dictó Auto de aclaración de dicha resolución, cuya parte dispositiva dice: "HE DECIDIDO: Corregir el error material padecido en el fundamento de derecho séptimo y fallo de la sentencia dictada en los presentes autos, quedando redactado el fundamento de derecho séptimo como sigue:

"SÉPTIMO.- (...) Con relación al pago de los 25.467'03 euros a que ha sido condenada "Zurich" a pagar al Consorcio, procede la imposición del interés del 25% más sobre el interés legal del dinero desde la fecha en que el Consorcio satisfizo dicha suma al Sr. Ismael, 11 de mayo de 2010."

Y en el fallo de la sentencia se dirá: "(...) con el 25% más de interés sobre el interés legal del dinero desde el día 11 de mayo de 2010, fecha en que pagó dicha suma al perjudicado (...)."

Segundo.—Que contra la anterior sentencia y por la representación procesal de parte codemandada D. Fidel, se interpuso recurso de apelación y seguido el mismo por sus trámites, se deliberó y votó en fecha 12 de noviembre del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Tercero.—Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La demanda instauradora de los presente autos, trae causa de la acción ejercitada por el Consorcio de Compensación de Seguros que suplicaba al juzgado que, con estimación de la demanda interpuesta, se dictase sentencia por la que se condenase alternativamente a los demandados al pago de la cantidad de 26.467'43 euros, con sus intereses correspondientes, que en el caso de la aseguradora es un 25% más desde el día 11 de mayo de 2011, fecha en la que el Consorcio abonó al perjudicado, D. Ismael, la indemnización que ahora reclama, todo ello con imposición de costas.

La aseguradora demandada, contestó oponiéndose a su estimación. Pocos días después se solicitó por la misma la acumulación de los autos seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 24 de Palma de Mallorca, en los que el perjudicado mencionado que resultó atropellado interponía demanda contra los mismos demandados de este procedimiento, respecto de los que solicitó la condena, solidaria entre si, y, además, contra el Consorcio de Compensación de Seguros, con carácter alternativo frente al Sr. Fidel y la aseguradora "Zurich".

La indemnización que le corresponde por el siniestro, las 25.467'03 euros que ya le fueron abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros en el previo proceso penal seguido ante el juzgado n° 12 de Palma de Mallorca, que finalizó por sentencia absolutoria, sin perjuicio de otros gastos que en el futuro se puedan generar derivados del siniestro y cuya ejercicio se reserva actualmente por ser desconocidos sus importes (posible operación de cervicales por ej.).

Acumulados los autos, se celebró la audiencia previa, sin que se llegase a ningún acuerdo entre las partes, sin impugnación de documentos en cuanto a falsedad y proponiéndose la prueba que, admitida que se practicó casi en su totalidad el día del juicio, con el resultado que obra debidamente documentado en el soporte videográfico de reproducción, habiéndose hecho constar por el Letrado de la aseguradora "Zurich" su protesta ante la falta de comparecencia del Médico Forense Sr. Faustino, que dictaminó en el juicio de faltas anterior a este proceso, pese a estar citado, por considerar que es un funcionario público con obligación de comparecer a un llamamiento judicial, solicitando que se acordara su declaración como diligencia final, finalmente no se llevó a cabo.

En la segunda Instancia se resolvió por Auto de 21 de mayo de 2013 la denegación de esa prueba.

De la prueba practicada se declaró hecho no controvertido, la base origen del proceso que, el día 2 de febrero de 2009, D. Ismael resultó atropellado por el vehículo conducido y propiedad del demandado D. Fidel, cuando cruzaba la Calle Reyes Católicos en la confluencia con C/ Antillón, en Palma de Mallorca, sufriendo como consecuencia de ello lesiones documentalmente acreditadas en el seno del previo proceso penal de Juicio de Faltas seguido en el Juzgado de Primera Instancia n° 12 de Palma de Mallorca, que terminó por Sentencia absolutoria, habiendo acudido al lugar de los hechos de manera inmediata la Policía Local de Palma, que instruyó el correspondiente atestado, recogiendo las manifestaciones de los implicados y del testigo Sr. Carlos Miguel, emitiendo diligencia de parecer y realizando las fotografías del lugar y vehículo causante del atropello que se han mencionado en los antecedentes de hecho.

A raíz de este siniestro y en el seno del proceso penal, el lesionado fue reconocido por el médico forense, en base a cuyo dictamen y ante su petición de fijación de la pensión provisional prevista en el art. 765 de la LECrim., el Consorcio de Compensación de Seguros pago por controversia con la aseguradora "Zurich", que se negó a hacerlo alegando la falta de aseguramiento, la cantidad de 25.467'03 euros, que son los que reclama y, por su parte, el lesionado, no se encuentra conforme con dicha suma y reclama al conductor-propietario del vehículo, su aseguradora y Consorcio de Compensación de Seguros la cantidad de 31.778'97 euros, que considera que es el resultado de restar a 57.246 euros los 25.467'03 euros que ya le pagó el Consorcio, toda vez que considera que es esa la indemnización que le corresponde por el siniestro, sin perjuicio de otros gastos que en el futuro se puedan generar derivados de dicho siniestro y cuyo ejercicio se reserva por ser desconocidos sus importes (posible operación de cervicales por ej.) pero anuncia a efectos interruptivos de prescripción.

Fuerón, pues, dos acciones acumuladas las que integraron el objeto del proceso, una de resarcimiento y otra de repetición: la prueba practicada concluyó con la estimación de la demanda en los términos que constan en el fallo y en el auto de aclaración.

En consecuencia, fue el demandado Sr. Fidel y a la aseguradora "Zurich" a los que se procedió a condenar con carácter solidario al pago de la indemnización fijada a favor del perjudicado de 20.828'1 euros que le restan por cobrar, absolviendo al Consorcio de Compensación de Seguros del pago de ninguna otra cantidad, condenando igualmente a la aseguradora "Zurich" a pagar al Consorcio de Compensación de Seguros la cantidad de 25.467'03 euros que por controversia con ella pague el Consorcio al perjudicado.

Contra la sentencia se alza la apelante ZURICH INSURANCE invocando errónea valoración de la prueba y en concreto sobre:

Error en la aplicación de la doctrina sobre impago de primera prima de póliza de seguros de autos, tal y como establece el art. 15.1 de la Lev de Contrato de Seguro. Existe error al entender de la recurrente, no en la prueba del impago, sino en las consecuencias negativas del mismo.

En cuanto a los daños corporales tampoco está conforme con la sentencia.

En cuadro a las secuelas, el medico forense, establece 8 puntos de secuelas fisiológicas y 1 punto de secuela estética. Ya este, en su informe, indica que no valora, como consecuencia del siniestro de autos, secuela alguna por cervicalgia.

Así como la valoración de los puntos de las secuelas, así como el factor de corrección.

En cuanto a los días de baja aprecia de nuevo un error porque los días que acredita el dictamen del forense no coinciden con los indicados en la Sentencia; la diferencia está en 358 días de baja. Ello en contra de lo que indica la resolución recurrida que seria la de 513 días impeditivos.

En cuanto al factor de corrección entendía que, aparte de tener que aplicarse sobre las secuelas y no sobre el total de daños personales, este debería ser del 5% y no del 10% como señala el actor. Y ello es así porque el 10% es el máximo a aplicar para los casos en los que no se justifican ingresos pero es eso, el máximo. Entendemos que lo adecuado, siguiendo la práctica judicial, seria aplicar un 5, que es un valor intermedio.

La representación legal del consorcio de compensación de seguros y del peatón lesionado D. Ismael se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la Sentencia.

La representación de D. Fidel se opuso al recurso de Zurich en cuanto a la apelación por tener por acreditada la vigencia del seguro a efectos de este pleito. Impugna la Sentencia y hace suyos los demás argumentos del recurso de la entidad aseguradora

Coincide con la apelante en que existe un error aritmético de la Juzgadora al calcular el valor de los puntos de secuela en 13 puntos de perjuicio fisiológico y que no deben ser a razón de 854,32 euros (valor para 15 y 19) sino 725,61 (valor para 10-14).

Tampoco estima acorde el valor de 10% como factor de corrección toda vez que la práctica judicial es el 5% sobre las secuelas.

Impugna la condena en costas por tratarse en todo caso de estimación parcial.

Segundo.—Centrados los términos objeto de debate en cuanto a la discusión sobre la vigencia de contrato de seguro que consta como vigente en el Registro Fiva hasta el 19 de febrero de 2010 además de negar el pago de la primera cuota, revisada la grabación, las explicaciones del conductor sobre las condiciones de pago de su vehículo de segunda mano así como la versión de los hechos del representante legal del taller (que no era el vendedor) unido al dato de la inscripción en el FIVA no se aprecia ni error en la prueba del hecho (no se ha acreditado el impago y si la inscripción del vehículo como asegurado) ni error en la aplicación del art 15 de la ley de contrato de seguro.

Dispone el artículo 2.2 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor la obligación de las entidades aseguradoras de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, la información que sea necesaria para controlar el cumplimiento de la obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil. El artículo 23 del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por RD 7/2001, de 12 de enero, reitera la obligación de las entidades que cubran la responsabilidad civil de suscripción obligatoria, derivada de la circulación de vehículos a motor con establecimiento habitual en España, de comunicar al Ministerio de Economía los datos de los vehículos asegurados por ellas. Se crea a estos efectos el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados, indicándose que la información contenida en el mismo gozará de presunción de veracidad a efectos informativos, salvo prueba en contrario. Así se reitera en el artículo 23 del RD 1507/2008 que aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio vigente en la actualidad. Son las entidades las que remiten los datos con los que se forma el fichero y las que realizan su actualización, conforme se indica en el artículo 24.2 del Reglamento.

La finalidad del fichero es, como establece el artículo 27, suministrar la información necesaria para que las personas implicadas en un accidente de circulación puedan averiguar a la mayor brevedad posible las circunstancias relativas a la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil de cada uno de los vehículos implicados en el accidente.

Al folio 20 y ss constan la documental aportada por la actora en la que se aprecia como inicio de vigencia el 27 de noviembre de 2008 y fecha de baja el 2 de enero con comunicación el 19 de febrero de 2010: el accidente fue en 2009.

No debe olvidarse que el FIVA se nutre de la información que le suministran las entidades aseguradoras, según la obligación establecida en la Ley a la que antes se ha hecho referencia. No es por ello aceptable que la compañía manifieste, sin mayores aclaraciones, que desconozca ahora la eficacia de tal inclusión, siendo a ella a la que le corresponde desvirtuar la presunción de veracidad de su contenido.

Se confirma la Sentencia en este punto.

Tercero.—Los demás objetos de apelación e impugnación se refieren a la valoración del daño corporal.

En primer lugar se discute el reconocimiento de la secuela "agravación de artrosis previa" porque no consta en el dictamen del médico forense.

La parte actora aportó al proceso un dictamen pericial realizado por un médico que hizo un seguimiento de su evolución mucho más cercano al paciente que lo que puede hacerse desde la clínica forense: en el presente supuesto, se traslada a la segunda instancia la contradicción entre dos dictámenes y ante ello la Sala ha analizado de nuevo la documental obrante en autos entre ella (cfr folio 116 y 117) informe del doctor Faustino; la historia clínica, cfr folio 120 y ss; informe del Doctor Hugo (cfr folio 271) así como el acto de juicio y la conclusión razonada de la Juez a quo en la que no se aprecia error de valoración, antes bien, la afirmación categórica del dictamen del medico forense relativa a que la patología cervical no es consecuencia del accidente de tráfico sino del cuadro degenerativo que padece, fue eficazmente contradicha por el dictamen del Dr Hugo y si bien es lógico pensar que un paciente de 63 años puede padecer un cuadro degenerativo, de la lectura completa de informe del forense no se aprecia otro origen a esa degeneración que el paso del tiempo y sin embargo está fuera de toda duda que el impacto que sufrió el cuerpo del peatón, tuvo efectos que constan tanto en informes próximos a la fecha del accidente (cfr folio 111) como en un parte de estado de la clínica forense (cfr folio 78) por lo que se estima acreditada la concurrencia de la secuela discutida.

En cuanto a los días de curación el parte médico forense de alta reconoce 358 días más como señala la Juez a quo, al folio 78 consta que el 3 de febrero de 2010 es decir, un año y un día después del accidente, no le dio al alta, por lo que mal pueden ser 358 los días de estabilización y estimamos con la Juez a quo que el análisis de la secuela que finalmente reconocemos (cervicalgia residual) justificó para la primera forense la demora en alta; procede confirmar este dato también.

En cuanto al valor de los puntos de la secuelas, comprobado el baremo establecido por la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES para el año 2010 (resolución de 31 de enero de 2010) procede corregir el importe a razón de 721,61 euros punto en vez de 854,32 euros por punto, lo que multiplicado por 13 puntos implica 9.432,93 euros.

Tercero.—Por lo que se refiere a la aplicación del factor de corrección, baste para su estimación traer a colación lo argumentado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha de 30 de abril de 2012, en cuyo Fundamento de Derecho Tercero, expresamente referido al factor de corrección por perjuicios económicos en incapacidades transitorias, señala "A) Según declara la STS de 25 de marzo de 2010, RC núm. 1741/2004 , la STC 181/2000 declaró la inconstitucionalidad del apartado B) de la Tabla V del Anexo de la LRCSCVM (factor de corrección por perjuicios económicos en incapacidades transitorias), entre otras razones, por no ser apto para atender la pretensión de resarcimiento por lucro cesante de las víctimas o perjudicados con arreglo a la prueba suministrada en el proceso e infringirse, con ello, el derecho a la tutela judicial efectiva.

El TC, aceptando que los sistemas de responsabilidad objetiva cabe limitar la determinación del daño objeto de resarcimiento, considera que la inconstitucionalidad declarada afecta únicamente a los supuestos en los cuales se acredite que el conductor responde en virtud de culpa relevante. Con ello se sienta implícitamente que una valoración insuficiente del daño por la ley puede ser equivalente a una limitación de la indemnización. Esta limitación es admisible si la CE la permite y así ocurre si no hay culpa del causante del daño.

En virtud de esta STC se ha incorporado al Anexo LRCSCVM una explicación para la Tabla V que exceptúa de su aplicación el caso en «que se apreciara en la conducta del causante del daño culpa relevante y, en su caso, judicialmente declarada.» Se entiende que en este caso el importe de la indemnización vendrá determinado por los perjuicios efectivamente probados, si son superiores. Por el contrario, cuando se trate de resarcir daños ocasionados sin culpa, es decir, con base en la responsabilidad civil objetiva del art. 1.2 LRCSCVM , la indemnización por perjuicios económicos establecida en la Tabla V B) operará como un límite vinculante.

Con relación a los presupuestos que han de darse para su aplicación, si bien cuando de secuelas se trata (Tabla IV) el Sistema impone aplicar el factor de corrección por perjuicios económicos a toda víctima en edad laboral, aunque no se prueben ingresos, esta previsión no aparece en relación a los perjuicios económicos ligados a incapacidad temporal (Tabla V), lo que ha dado lugar a que diversas Audiencias Provinciales hayan venido exigiendo para que proceda su aplicación que se acredite que se está realizando actividad laboral en el momento del siniestro, así como los ingresos derivados de la misma, aun cuando la falta de prueba sobre estos no provoque que no se conceda, sino únicamente su aplicación en su tramo inferior, es decir, hasta un 10%.

Esta Sala, en STS 18 de junio de 2009, RC núm. 2775/2004 , ha considerado que la razón de analogía sustenta la aplicación a los días del baja del factor de corrección en el grado mínimo de la escala correspondiente al factor de corrección por perjuicios económicos en caso de lesiones permanentes (Tabla IV del Anexo LRCSVM) respecto de la víctima en edad laboral que no acredita ingresos, analogía que, sin embargo, no justifica que el porcentaje aplicado deba ser el máximo correspondiente a dicho grado, sino que cabe que el tribunal, valorando las circunstancias concurrentes en el caso examinado y los perjuicios económicos de diversa índole que puedan presumirse o haberse acreditado, en aras del principio de total indemnidad de los daños causados consagrado en la Anexo primero, 7, en el que inspira el Sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, conceda un porcentaje inferior, dado que el señalado por la LRCSVM tiene carácter máximo («hasta el 10%») y no se establece limitación alguna dentro del abanico fijado por el legislador.

Esta doctrina ha sido aplicada posteriormente por la STS de 20 de julio de 2011, RC núm. 820/2008, que confirma la decisión de la AP de incrementar la indemnización básica que debía percibir un ertzaina por los perjuicios económicos sufridos durante su incapacidad transitoria (en porcentaje del 10% de la indemnización básica por este concepto) en atención al hecho de haber quedado probado que el actor realizaba una actividad laboral remunerada en el momento del siniestro, aún cuando no lograra probar de forma concreta sus ingresos.

B) En atención a esta doctrina no puede ser aceptada la decisión de la AP desde el momento que condiciona la concesión del factor corrector por perjuicios económicos de la Tabla V a que se prueben ingresos y por ende perjuicios superiores a los ya resarcidos con la suma concedida como indemnización básica. Por el contrario, la mera circunstancia acreditada en autos de que el actor se encontraba en edad laboral cuando ocurrió el accidente justifica el reconocimiento del derecho a que la indemnización básica por la incapacidad temporal sea incrementada con el factor corrector por perjuicios económicos, aun cuando no lograra probar de forma concreta sus ingresos, pues esta circunstancia solo se valora por esta Sala como razón para considerar suficiente y proporcionado el porcentaje de incremento del 10%".

Siendo que en el caso, como en aquel, la actora ha probado que se encontraba edad laboral (nacido el 11 de julio de 1945 en el momento del accidente tenía 63 años) y que el porcentaje que se interesa se ajusta a lo razonado por lo que añadimos 943 euros a la cantidad fijada, correspondientes al 10% de la cantidad recalculada al aplicar el valor punto que corresponde a 13.

Cuarto.—En cuanto a las costas de la condena al pago por la demanda interpuesta por D. Ismael, cierto es que en el suplico solicitó 31.778,97 euros y su valoración de secuelas partía de 19 puntos, habiéndose concedido 13, entre otras minoraciones (días etc.).

Y la condena en la instancia fue a 20.828,11 ahora reducida al adecuar el valor del punto a la escala 10-14, serían 943,00 más 9.432,93 euros; asciende a 10.375 euros, cantidad que sustituye a los 12.892,03 en el cómputo anterior.

No se aprecia la concurrencia de la estimación sustancial, por lo que se estima el recurso en cuanto a la condena en costas por la estimación parcial de la demanda interpuesta por D. Ismael.

Quinto.—A tenor de lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales devengadas en esta alzada.

Sexto.—Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre, en su apartado 8, se acuerda la devolución de la totalidad del depósito constituido para recurrir a la parte apelante.

En atención a lo expuesto la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca,


FALLAMOS


 
Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso de de Apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. O NO FRE PERELLÓ ALORDA, en nombre y en representación de ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL ESPAÑA, y la impugnación interpuesta por la Procuradora de los Tribunales D.ª MONTSERRAT MONTANÉ PONCE, en nombre y representación de D. Fidel,

Se revoca la sentencia de instancia en cuanto al cálculo de los días impeditivos, que procede corregir a razón de 725,61 euros en vez de 854,32, punto que da una cifra de 10.375 euros, cantidad que sustituye a los 12.892,03 euros.

Se revoca la condena en costas por ser parcial la estimación de la demandada acumulada interpuesta por D. Ismael.

En todo lo demás se mantiene la Sentencia de Instancia.

Sin condena en costas en esta alzada y con devolución del depósito constituido para recurrir.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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