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Sentencia A.P. Orense 441/2013 de 30 de diciembre


 RESUMEN:

Accidente de tráfico: Reclamación de indemnización en base a una póliza suscrita. Incapacidad permanente: Análisis del contenido del clausulado para la determinación de la cuantía a indemnizar, así como de la jurisprudencia aplicable. Intereses moratorios: Se ha incurrido en incongruencia extra petita en cuanto a la fecha de su imposición.

OURENSE

SENTENCIA: 00441/2013

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por los Señores, don Fernando Alañón Olmedo, Presidente, doña Ángela Domínguez Viguera Fernández y doña Josefa Otero Seivane, Magistrados, ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente

SENTENCIA NÚM. 441

En la ciudad de Ourense a treinta de diciembre de dos mil trece.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los autos de Juicio Ordinario procedentes del Juzgado de Primera Instancia Número 2 del Barco de Valdeorras, seguidos con el n.º 291/11, Rollo de Apelación núm. 524/12, entre partes, como apelante Santa Lucía, S.A., representada por el Procurador D.ª María Del Carmen Enríquez Martínez, bajo la dirección del Letrado D. Francisco Javier Villoslada Taboada y, como apelado, D. Juan Manuel, representado por la procuradora D.ª Sonia Ogando Vázquez, bajo la dirección del Abogado D. Manuel Rodríguez López. Es ponente la Ilma. D.ª Josefa Otero Seivane.


I - ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el Juzgado de Primera Instancia Número 2, se dictó sentencia en los referidos autos, en fecha 21 de junio de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Se ESTIMA ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta D. Juan Manuel, representada por el procurador Sr. Vega Álvarez y asistida por el Letrado Sr. Rodríguez López frente a la Aseguradora "SANTA LUCÍA SEGUROS", representada por la procuradora Sra. González Carro y asistida del Letrado Sr. Villoslada Taboada, y se condena a la compañía demandada a abonar al actor la cantidad de 8.000 €, más los intereses del art. 20 de la LCS desde el 31 de julio de 2007.

Se condena a las costas del juicio a la parte demandada ".

Segundo.—Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de Santa Lucía, S.A. recurso de apelación en ambos efectos, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial.

Tercero.—En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Don Juan Manuel reclama, con base en la póliza de asistencia familiar, decesos y accidentes concertada con la demandada, la cantidad de 8.000 euros por la incapacidad permanente absoluta que afirma haber sufrido a consecuencia de un accidente de tráfico acaecido el 31 de julio de 2007, así como los intereses del artículo 20 de la LCS desde la fecha de firmeza de la sentencia del juzgado de lo social n.º 2 de Ourense que declaró su invalidez absoluta. La sentencia apelada condena a la aseguradora demandada al pago de la cantidad reclamada como principal más intereses del artículo 20 desde la fecha del accidente y pago de las costas. Se alza en apelación la demandada. Solicita que se limite su condena al 40 % del principal reclamado. Subsidiariamente, que los intereses del artículo 20 de la LCS se apliquen en la forma solicitada.

Segundo.—La ausencia de contestación a la demanda hace inviable el análisis de hechos alegados en el recurso que, si bien pudieran ser relevantes jurídicamente, tendrían que haber sido aducidos en aquel escrito, en virtud del principio de preclusión recogido en el artículo 136 LEC a cuyo tenor transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.

Sentado lo anterior, la cuestión litigiosa se centra en determinar si debe estarse a la suma total prevista en las condiciones particulares de la póliza para el supuesto de incapacidad permanente o si debe graduarse la cuantía en función del baremo recogido en las condiciones generales, siguiendo el criterio mantenido por el testigo-perito propuesto por la apelante que defendió en juicio la aplicación de las tablas AMA acudiendo a la analogía sobre la base del artículo 2.2.c) de las condiciones generales a cuyo tenor "en los casos que no estén señalados en el baremo de porcentajes, el grado de invalidez se fijará en proporción a su gravedad, comparando con las invalideces enumeradas".

La sentencia apelada acoge la primera opción, en criterio que la Sala compartir, a la vista de las pruebas practicadas y de la jurisprudencia sobre la materia que aquella resolución cuida de señalar. La cláusula inserta en las condiciones generales que establece una graduación de las indemnizaciones por invalidez permanente según la clasificación que recoge en un baremo tiene naturaleza de cláusula limitativa de derechos y, por tanto, su validez se halla supeditada al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 LCS. En palabras de la STS de 29 de enero de 1996 "Dichas condiciones limitativas únicamente tendrían valor y obligarían a quien las suscribe, si éste de forma taxativa y por escrito bien determinante las hubiera aceptado". La STS de 25 de febrero de 2004 incide en la necesidad de observancia de las prescripciones del artículo 3 Ley 50/1980 cuando de cláusulas limitativas se trata y rechaza cualquier otra forma de aceptación, indicando que "son requisitos de forma especialmente exigidos por la Ley, que no permite ninguna otra sustitutiva para la eficacia de la cláusulas limitativas". La, invocada en la apelada, STS de 10 de mayo de 2005 recuerda que la Sala 1.ª ha considerado cláusula limitativa la que, como en el presente caso, introduce restricciones respecto de la suma a pagar cuando se gradúa por un baremo según la causa de la invalidez permanente, con cita expresa de la Sentencia de 25 de febrero de 2004. En el mismo sentido se pronuncia la STS de 13 de mayo de 2008 partiendo de la doctrina sentada por la sentencia del pleno de la Sala 1.ª de 11 de septiembre de 2006. La más reciente STS de 7 de junio de 2011, contemplando supuesto análogo de seguro de accidentes que cubre muerte, invalidez permanente, absoluta y parcial, y la incapacidad temporal, razona que "la aplicación del canon hermenéutico contra proferentem [contra el proponente], que recoge el artículo 1288 CC como sanción por falta de claridad para proteger al contratante más débil (SSTS 21 de abril de 1998, 10 de enero de 2006 recurso n.º 1838/1999, 5 de marzo de 2007, recurso n.º 1066/2000), está relacionado con la especial protección que confieren a los consumidores preceptos como el artículo 10.2 LCU, en que expresamente se ordena que «en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor».

En el caso que nos ocupa las condiciones particulares de la póliza litigiosa se limitan a fijar una cantidad por invalidez permanente, sin otra concreción, lo que lleva a indemnizar el total allí asegurado, de conformidad con la jurisprudencia reseñada. En cualquier caso, el baremo no contempla las secuelas que sufre el actor y la aplicación analógica que propone el testigo-perito no es admisible porque se remite a un documento ajeno al contrato, a unas tablas no conocidas ni aceptadas por el asegurado, además de aplicar la graduación correspondiente al "sindrome de cola de caballo sin afectación de esfínteres" cuando no parece que todas las secuelas puedan incluirse en dicho síndrome. En definitiva, el recurso no puede ser atendido en el extremo ahora analizado.

Tercero.—Distinta suerte merece el pronunciamiento sobre intereses. Según se dejó sentado, en la demanda se fija como día inicial de su devengo el de la fecha de la sentencia del juzgado de lo social que declaró la incapacidad absoluta del demandante, la sentencia va más allá de lo pedido y los concede desde la fecha del accidente, con lo que incurre en el vicio de incongruencia "extra petita" denunciado en el recurso que ha de ser subsanado accediendo a la petición subsidiaria del recurso. La norma del articulo 20 LCS que ordena la aplicación de oficio de los intereses moratorios debe ser interpretada en consonancia con los principios dispositivo y de congruencia básicos en el proceso civil de tal forma que la sentencia no puede establecer un "dies a quo" que suponga cantidad superior a la solicitada en la demanda.

Cuarto.—La estimación parcial del recurso determina la no imposición de las costas de la alzada (artículo 398 LEC) y la devolución del depósito constituido para apelar (disposición adicional 15.ª LOPJ).

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente


FALLO:


 
Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Santa Lucía, S.A. contra la sentencia, de fecha 21 de junio de 2012, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 2 del Barco de Valdeorras, resolución que se modifica en el único extremo de fijar como día inicial del devengo de intereses el 28 de octubre de 2009.

No se efectúa expresa imposición de las costas del recurso.

Procédase a la devolución del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución, podrán las partes legitimadas interponer, en su caso, recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal en el plazo de veinte días ante esta Audiencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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