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Sentencia A.P. Orense 448/2013 de 30 de diciembre


 RESUMEN:

Accidente de circulación: Reclamación de indemnización. Denegación de pruebas: No cabe apreciarse indefensión al haber sido admitida la prueba indebidamente denegada en la instancia. Repetición: Examen del clausulado que expresamente la excluye. Secuelas: Ha de prevalecer la pericial de los médicos forenses para determinar la cuantía a indemnizar. Intereses moratorios: Consta la consignación por parte de la aseguradora.

OURENSE

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por los Señores, don Fernando Alañón Olmedo, Presidente, doña Ángela Domínguez Viguera Fernández y doña Josefa Otero Seivane, Magistrados, ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente

SENTENCIA NÚM. 00448/2013

En la ciudad de Ourense a treinta de diciembre dos mil trece.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, en autos de Juicio Ordinario procedentes del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Ourense, seguidos con el n.º 179/12, Rollo de Apelación núm. 115/13, entre partes, como apelante D. Eloy y Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA, representados por la Procuradora D.ª Lourdes Lorenzo Ribagorda, bajo la dirección del Letrado D. José Carlos González Fernández y, como apelados, D. Fructuoso y Catalana de Occidente de Seguros y Reaseguros, representados por la procuradora D.ª María del Carmen Silva Montero, bajo la dirección del Letrado D. Celso Delgado Arce.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Alañón Olmedo.


I - ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Ourense, se dictó sentencia en los referidos autos, en fecha 27 de diciembre de 2012 y auto de aclaración de 29 de enero de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda presentada por la procuradora doña Lourdes Lorenzo Ribagorda en representación de don Eloy contra don Fructuoso y Catalana Occidente S.A. se condena a los demandados a indemnizar solidariamente al actor en la cantidad de 18.455,49 euros por los daños personales sufridos en el accidente de circulación a que se refieren las actuaciones.

Se condena a la aseguradora demandada a satisfacer en concepto de indemnización por mora el tipo de interés fijado en el fundamento tercero de esta resolución calculado sobre la cantidad pendiente de consignación (3.935,29 €).

No se hace expresa imposición de las costas de esta acción.

Que se desestima la demanda en cuanto a la acción ejercitada por ALLIANZ, S.A contra los mismos demandados. Las costas de esta acción se imponen a ALLIANZ, S.A ".

Por auto de fecha 29 de enero de 2013, se aclaró dicha resolución cuya parte dispositiva es del tener literal siguiente:

ACUERDO: Estimar la petición formulada por la procuradora Sra. Silva Montero de aclarar la sentencia de fecha 27/12/2012, dictada en el presente procedimiento, en el sentido que se indica:

Y en el mencionado párrafo donde dice "la procuradora doña María del Carmen Enríquez Martinez" debe decir "la procuradora doña María del Carmen Silva Montero".

Segundo.—Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de D. Eloy y Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA recurso de apelación en ambos efectos, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial.

Tercero.—En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.


II - FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de los de Ourense, de 27 de diciembre de 2012, es recurrida en apelación por la representación procesal de la parte demandante quien interesa se dicte nueva resolución por la que, revocando la impugnada, se estime en su integridad la demanda rectora de la litis.

Comienza la recurrente aludiendo a la infracción del artículo 429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil así como del artículo 24 de la Constitución española. En el desarrollo del motivo se alude a que no se admitieron pruebas cuya práctica se consideraba precisa con quebranto de la proscripción de la indefensión que contempla el artículo 24 citado.

Sobre las cuestiones de fondo, en primer lugar y en relación con los gastos de rehabilitación y fisioterapia que reclama la aseguradora Allianz, donde la sentencia acoge la falta de legitimación activa de la aseguradora sobre la base de la aplicación del Convenio Marco de Asistencia sanitaria derivada de accidente de tráfico para los ejercicios 2010-2011-2012, indica que el hecho de que la lesionada hubiera acudido a centro asistencial no vinculado al convenio impide la aplicación de la tesis acogida en la sentencia apelada.

Respecto de las secuelas se interesa nueva valoración que acoja la posición que ha mantenido la Sra. Forense.

Se interesa igualmente la inclusión del gasto de gafas que fueron rotas en el accidente.

Por último se solicita la imposición de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro pues la aseguradora no consignó ni ofreció al perjudicado cantidad alguna, que la consignación en el procedimiento penal tuvo lugar el 31 de enero de 2012 cuando el accidente acaeció en febrero de 2011.

Segundo.—En cuanto al primero de los motivos de recurso, debe ser desestimado por cuanto lo que el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula es el procedimiento de admisión y admisión de la prueba propuesta. El artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica que no deberán admitirse las pruebas impertinentes, inútiles o ilícitas. La declaración de tales condiciones en las pruebas propuestas es susceptible de recurso pero de no ser estimado en la instancia la Ley arbitra el procedimiento para que se subsane tal carencia probatoria mediante la práctica de las indebidamente inadmitidas en la segunda instancia. La conclusión a la que se llega es que es inocuo el planteamiento de tales cuestiones como integrantes del núcleo del recurso por cuanto se trata de situaciones subsanables mediante la solicitud de la prueba en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En tal sentido por la Sala se admitió la prueba indebidamente denegada en la instancia de modo que cabe excluir la indefensión invocada.

Tercero.—La primera de las cuestiones de fondo se refiere a la exclusión por la sentencia de la legitimación de la entidad Allianz para reclamar el importe satisfecho en concepto de gastos de fisioterapia y rehabilitación, extremo que la sentencia fundamenta en la aplicación del Convenio Marco de Asistencia sanitaria derivada de accidente de tráfico para los ejercicios 2010-2011-2012. La posición de la recurrente no pude admitirse. Se ha aportado por la demandada copia del convenio. Su objeto (artículo 1 de la estipulación primera) es la asistencia sanitaria integral, tanto hospitalaria como ambulatoria, prestada a los lesionados hasta su total sanación o estabilización de sus secuelas; En la estipulación segunda, artículo 2, apartado B) se determina que en lo siniestros en los que participe más de un vehículo, se abonará por cada entidad aseguradora las prestaciones sanitarias correspondientes a las víctimas ocupantes del vehículo que aseguren y las del conductor respectivo, sin que pueda alegarse como causa para no hacerse cargo de las prestaciones la culpabilidad de dicho siniestro. El artículo 5 de la estipulación segunda del convenio, bajo la rúbrica de "no repetición", señala que las Entidades Aseguradoras adheridas renuncian a la reclamación de las cantidades abonadas en virtud de este Convenio excepto cuando se trate de personas físicas o jurídicas no vinculadas por el mismo. La interpretación que ofrece la recurrente es considerar que no se aplicará el convenio cuando la asistencia prestada lo haya sido por entidad no adherida al mismo. La Sala discrepa de tal posibilidad. La norma no tiene una claridad ejemplar, pero de la misma no se puede extraer la conclusión a la que llega la apelante. Pudiera admitirse la limitación de la responsabilidad hasta los precios acogidos por las entidades sanitarias adheridas al convenio de forma que aquellas prestaciones cuyo precio sea superior al admitido no estarían cubiertas por el convenio y permitirían la repetición, pero tal posibilidad ni ha sido alegada ni se ha acreditado tal circunstancia. Lo que el convenio contempla es la distribución de responsabilidades entre las partes formantes del mismo cuando se trata de entidades aseguradoras. Desde esa posición resulta incuestionable la inviable repetición de las cantidades satisfechas por la demandante pues por expresa previsión contractual se excluye tal posibilidad (artículo 1255 del Código Civil) y no es posible atender a la posible aplicación de la excepción contemplada por cuanto ambas partes son partícipes en el convenio y la única posición que cabe considerar en relación con su aplicación es la de las ahora litigantes, de suerte que no concurre la excepción aducida.

Cuarto.—Sobre las secuelas reclamadas debe señalarse que la Sra. Forense ha sido muy explícita a la hora de exponer el alcance un justificación del contenido de su informe de fecha 3 de enero de 2012, aludiendo a la configuración del brazo como un todo y explicando de manera muy gráfica la afectación que ha tenido la lesionada en la movilidad de su antebrazo derecho, que no solo hay una limitación en la muñeca, de forma que parece más adecuado seguir el contenido del mismo en vez del acogido por la sentencia apelada. A lo anterior debe añadirse que, sin desparecer la función del perito que interviene a instancia de pate, la pericia elaborada por los médicos forenses aparece revestida de una mayor imparcialidad habida cuenta la plena desconexión de las partes intervinientes. Por ello debe considerarse que se está ante un total de 17 puntos a los que, en aplicación del baremo correspondiente al año 2011-el seguido por la actora, le corresponderían en concepto de secuelas la suma de 14.959,15 €, cantidad que será incrementada en un 10 % como factor de corrección hasta llegar a la indemnización de 16.455,06 €, cantidad que será la acogida en concepto de secuelas, lo que supone un incremento, respecto de la posición de la sentencia apelada, de 10.819,89 €.

Quinto.—En relación con los gastos de reposición de las gafas, debe seguirse el criterio del tribunal a quo en el sentido de que no se ha acreditado convenientemente la realidad de su rotura en el accidente, la necesidad de su reposición, la correspondencia de las nuevas con las presumiblemente rotas en el accidente. El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención e incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos constitutivos de la pretensión demandante. Pues bien, no puede afirmarse que se haya cumplido con la probanza del daño reclamado con la mera presentación de una factura de fecha varios meses después del accidente por más que se haya justificado con el emisor de la misma esa posibilidad.

Sexto.—Sobre la imposición de los intereses en los términos en que lo ha sido por la sentencia apelada no puede sino dar por reproducida la argumentación impugnada. No es posible traer a colación el retraso de la consignación en el proceso penal previo pues si bien la misma tuvo lugar ya transcurrido en exceso el plazo de tres meses a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, no hay constancia del momento en el que la aseguradora conoce la realidad el siniestro, del momento en el que le es reclamada la correspondiente indemnización. Cuando se inicia el proceso civil, la consignación tiene lugar apenas transcurridos 22 días desde el emplazamiento, dentro, por consiguiente del plazo al que se refiere el artículo 20.3 de la Ley de Contrato de Seguro. Esta circunstancia determina, tal y como efectúa la resolución impugnada, que el devengo al que se refiere el precepto de estos intereses sancionadores, exclusivamente se devengará respecto de las cantidades que integren la diferencia entre la debida y la consignada, esto es, la suma de 14.755,18 €.

Séptimo.—La parcial estimación del recurso de apelación planteado supone la no imposición de las costas de la alzada a ninguno de los litigantes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente


FALLO:


 
Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Eloy y Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA contra la sentencia, de fecha 27 de diciembre de 2012 y auto de aclaración de 29 de enero de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Ourense, en autos de Juicio Ordinario n.º 179/12, Rollo de Sala 115/13 y en su virtud se revoca la sentencia de instancia en el sentido de que la indemnización deberá incrementarse en la suma de 10.819,89 € y que la cantidad a considerar a efectos del cálculo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, en los términos de la sentencia apelada, será de 14.755,18 €, manteniendo los restantes pronunciamientos impugnados y ello sin imponer el pago de las costas de la alzada a ninguna de las partes.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas optar, en su caso, por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal y casación por interés casacional, dentro de los veinte días siguientes al de su no tificación ante esta Audiencia Provincial.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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