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Sentencia A.P. Orense 452/2013 de 30 de diciembre


 RESUMEN:

Accidente de tráfico: Reclamación de indemnización en concepto de responsabilidad extracontractual. Incapacidad temporal: Análisis de su cálculo. Secuelas: Resulta adecuada la valoración fijada en la instancia. Factor de corrección: Examen de la legislación aplicable y la fijación de la indemnización.

OURENSE

SENTENCIA: 00452/2013

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por los Señores, don Fernando Alañón Olmedo, Presidente, doña Ángela Domínguez Viguera Fernández y doña Josefa Otero Seivane, Magistrados, ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente

SENTENCIA NÚM. 452

En la ciudad de Ourense a treinta de diciembre de dos mil trece.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, en autos de Juicio Ordinario procedentes del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Carballiño, seguidos con el n.º 147/11, Rollo de Apelación núm. 313/12, entre partes, como apelante D.ª Camino, representada por la Procuradora D.ª María Gloria Sánchez Izquierdo, bajo la dirección de la Letrada D.ª Elena Andura López y, como apelado, Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, representada por la procuradora D.ª Lourdes Lorenzo Ribagorda, bajo la dirección del Letrado D. José Luis Brea Sanmartín.

Es ponente la Ilma. Sra. D.ª Ángela Domínguez Viguera Fernández.


I - ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Carballiño, se dictó sentencia en los referidos autos, en fecha 26 de diciembre de 2011, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: ESTIMAR PARCIALMENTE LA DEMANDA INTERPUESTA por el Procurador Sr. García López, en nombre y representación de D.ª Camino, asistido del letrado Sra. Andura López, y como demandado ALLIANZ representada por el Procurador Sra. Prada Martínez y asistido del Letrado Sr. Brea Sanmartín y CONDE NO A LA DEMANDADA A ABONAR A LA ACTORA LA CANTIDAD DE TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (13.904,06 euros) mas los intereses según lo dispuesto en el fundamento jurídico segundo in fine sin hacer especial pronunciamiento en costas ".

Segundo.—Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de D.ª Camino recurso de apelación en ambos efectos, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial.

Tercero.—En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.


II - FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada en tanto no contradiga lo expuesto a continuación.

Primero.—Se discute en el proceso el alcance de los perjuicios que le fueron causados a la demandante en accidente de tráfico acaecido el uno de mayo de 2007, por lo que respecta a los daños personales.

En cuanto al periodo de incapacidad temporal, la demandante interesaba la indemnización correspondiente a 553 días de "carácter impeditivo" en coincidencia con el periodo de baja laboral reconocido por el INSS, siendo, sin embargo, conceptos distintos. De modo que los partes de baja laboral, única prueba documental aportada, no justifican el carácter impeditivo de todo el período de curación, a efectos de la aplicación del sistema para valoración de los daños personales regulado en la Ley sobre RCSCVM. Así se ha indicado ya por esta Sala en distintas resoluciones, que ambos conceptos no son necesariamente asimilables, pues lo relevante son las limitaciones físicas realmente impeditivas para las actividades de la vida ordinaria, al margen de la actividad laboral concretamente realizada por la víctima.

Por lo que respecta a las lesiones traumatológicas, el periodo de incapacidad queda determinado en el informe médico emitido por el "Policlínico la Rosaleda" en 11 de marzo de 2008, cuyos facultativos siguieron la evolución de la demandante, en el que se hace constar, expresamente, "Se procede a dar el alta con molestias vertebrales y en rodilla derecha en la que coexiste afectación del cuerno posterior del menisco medial". Esto es, el periodo de incapacidad es el comprendido entre la fecha del accidente (1 de mayo de 2007) y el once de marzo de 2008. Tal como se recoge en el informe pericial médico emitido a instancia de la parte demandada, único vertido en relación a tales lesiones. Extendiéndose el periodo de curación durante 315 días, de los cuales 30 fueron impeditivos y los restantes (285) no impeditivos, tal como se establece en la sentencia apelada, que se sustenta en dicho único informe pericial y luego ratificado en el acto de juicio. En el que sí se distinguen los días de carácter impeditivo, de los restantes, a diferencia de los demás documentos médicos, en los que no se hace tal distinción. De modo que, no siendo su contenido contradicho en este aspecto por prueba pericial de signo contrario, ha de mantenerse la valoración probatoria de la juzgadora "a quo".

Segundo.—En cuanto a las secuelas, y por lo que respecta a las derivadas del traumatismo, coinciden las partes litigantes en su definición "gonalgia postraumática y algias postraumáticas", sin compromiso radicular (afectantes a la zona cervical) discrepando en cuanto a la puntuación que correspondería a cada una de ellas (la demandada propone dos puntos por cada una de ellas y la actora interesa cinco). La máxima puntuación legalmente admitida, sería de cinco puntos (1-5). Y habiendo informado en el acto de juicio el perito médico, que la movilidad en tales articulaciones es completa y que en las pruebas diagnósticas efectuadas no se apreció ninguna alteración objetiva significativa, salvo el dolor que refiere la propia demandante, ha de concluirse, que no existe razón para apartarse del criterio de la juzgadora de instancia, que se atuvo al contenido de dicho informe pericial, de modo que también en este aspecto ha de mantenerse la sentencia apelada

Tercero.—En lo que se refiere a la secuela siquiátrica, la demandante califica tal secuela como "trastorno crónico ansioso-depresivo" (propone cinco puntos) y trastorno de ansiedad fóbica a la conducción de vehículos (5 puntos) mientras que la parte demandada la define como "trastorno neurótico por estrés postraumático" y propone 3 puntos, siendo ésta la máxima puntuación permitida por la ley para dicha secuela. La vinculación causal de tal padecimiento con el accidente resulta del propio informe pericial propuesto por la parte demandada, que la admite, y resulta de los distintos informes siquiátricos obrantes en autos.

Se estima como calificación más acertada para dicha secuela la otorgada en el informe pericial emitido a instancia de la parte demandada, que la califica como "trastorno por estrés postraumático", por ser coincidente con el contenido del informe emitido por el médico psiquiatra, D. Jose Luis, que así también la diagnosticó (Trastorno de estrés postraumático crónico) e incluso con el especialista en siquiatría, Dr. Juan Antonio, que la definió como "trastorno de stress-postraumático ansioso-depresivo". Por lo que ha de estarse a dicha definición mas que a la propuesta por la demandante, sin que proceda puntuar separadamente el "denominado trastorno fóbico", que según se alega la limita para la conducción de vehículos, al no resultar probada su existencia, sino más bien contradicha por el mismo hecho, reconocido por la demandante, de conducir habitualmente.

La secuela reconocida es tributaria de tres puntos como efectivamente se reconoce en la instancia. Sin embargo, aplicándose de modo incorrecto en la sentencia apelada la fórmula legalmente prevista para el supuesto de incapacidades concurrentes, la puntuación procedente es en efecto de siete puntos. Y atendiendo la edad de la víctima (40 años) le corresponde percibir por tal concepto la cantidad de 5.634 euros, a la que habrá de sumársele el correspondiente factor de corrección, resultando una cantidad total de 6.198 euros, lo que conduce a estimar el primer motivo de recurso.

Cuarto.—Deniega la juzgadora de instancia la aplicación del factor de corrección por incapacidad permanente total para la realización de su ocupación habitual, que le fue reconocida mediante resolución del INSS, de 1 de diciembre de 2008. Razona la juzgadora, que "el problema sicológico de la demandante ya existía con anterioridad al accidente y se vio agravado por el mismo". Sin embargo, su apreciación probatoria no se estima acertada en este punto, al ser reconocido dicho padecimiento psiquiátrico, como secuela, en el propio informe pericial médico aportado por la parte demandada. Resulta también, del informe emitido por el especialista en siquiatría, Dr. Jose Luis, en octubre de 2007, que así lo admite. En igual sentido se pronuncia la especialista del Sergas Dra. Sabina, al afirmar en su informe, de julio de 2008, que "el cuadro se inició en relación al accidente de tráfico acaecido hace un año". El siquiatra Dr. Juan Antonio, que informó en el acto de juicio, claramente la vincula con el accidente de tráfico, afirmando, que con independencia de la predisposición de la paciente en razón de su personalidad o vivencias familiares, el padecimiento síquico vendría determinado por un hecho concreto, que fue el accidente de tráfico enjuiciado. Es secundario el traumatismo emocional sufrido en relación con accidente de tráfico.

En efecto, no existe constancia, en la historia clínica aportada a los autos, de que hubiese sido sometida la demandante a tratamiento por padecimiento siquiátrico anterior al traumatismo. En la propia resolución administrativa que reconoce la situación de incapacidad permanente total para su ocupación habitual, si bien revisable, se afirma, que el trastorno ansioso-depresivo reactivo, con agudización sintomática, que padece la demandante, la limita para el ejercicio de su actividad profesional de administrativa, con atención al público, y se indica, que "inició el seguimiento siquiátrico en virtud del diagnóstico de trastorno de ansiedad secundario a accidente de tráfico", de modo que se viene a admitir, la vinculación causal de tal enfermedad con el accidente, aun cuando, también se haya reconocido en la misma resolución administrativa, como causa coadyuvante que contribuye a su deterioro anímico progresivo y que incide en el agravamiento de la enfermedad, sus relaciones personales y familiares, lo cual habrá de tenerse en cuenta para moderar la indemnización correspondiente por tal factor de corrección contemplado en la tabla IV del anexo para valoración del daño personal.

En la tabla IV se contempla como factor de corrección de aplicación a las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes, la incapacidad permanente total, para el supuesto que las secuelas derivadas del accidente impidan a la víctima la realización de las tareas de su actividad habitual, con un incremento que oscila entre 17.231 € en su límite mínimo y 86.158 en el máximo, en función de la intensidad del padecimiento incapacitante y de la gravedad de las secuelas que lo causan. En el caso, habida cuenta la escasa entidad de la única secuela siquiátrica reconocida en este proceso, coadyuvante a la declaración de incapacidad, a la que la Ley asigna solo tres puntos, tal factor de corrección había de aplicarse en su límite mínimo. Sin embargo, ha de tenerse también en cuenta que tal secuela no se consideró la única causa determinante de tal incapacidad siendo el accidente de tráfico el factor desencadenante, pero no el único, concurriendo con otras circunstancias o factores de estrés, también reconocidas en la propia resolución administrativa, que han de ser tomados en consideración para minorar la indemnización legalmente prevista. Pues conforme a las normas generales del sistema para la valoración de los daños personales, son elementos correctores de disminución en "todas las indemnizaciones", la subsistencia de incapacidades preexistentes o ajenas al accidente, que hayan influido en el resultado lesivo final. De modo que, en atención a los precedente consideraciones por un principio de equidad, procede, partiendo del límite mínimo, fijar el incremento por tal concepto en 9.000 €.

Resulta también aplicable el factor de corrección por perjuicio económico a la indemnización concedida por el periodo de incapacidad, al haberse acreditado mediante la prueba documental obrante en el f. 253, que la demandante además de hallarse en edad laboral, trabajaba por cuenta ajena, con una base de cotización de 1.507 euros mensuales (resultan unos ingresos anuales de 18.084 €) de modo que el porcentaje aplicable por tal concepto, se cifra en un 7%, de lo que resulta un incremento de 674 euros.

Quinto.—Al estimarse en parte el recurso de apelación interpuesto, no procede efectuar una expresa imposición de las costas de la alzada (art.º 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Procede, asimismo, la devolución a la parte recurrente de la totalidad del depósito constituido para apelar (Disposición Adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente


FALLO:


 
Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.ª Camino contra la sentencia, de fecha 26 de diciembre de 2011, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Carballiño en Juicio Ordinario n.º 147/11, Rollo de Apelación núm. 313/12, cuya resolución se revoca parcialmente en el sentido de fijar como indemnización que debe percibir la actora apelante la de veinticinco mil quinientos euros (25.500 €). Manteniéndose en sus restantes pronunciamientos, sin efectuar una expresa imposición de las costas de la alzada.

Devuélvase a la parte recurrente la totalidad del depósito constituido para apelar.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas optar, en su caso, por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal y casación por interés casacional, dentro de los veinte días siguientes al de su no tificación ante esta Audiencia Provincial.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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