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Sentencia A.P. Soria 1/2014 de 7 de enero


 RESUMEN:

Accidente de tráfico: Falta de lesiones por imprudencia leve. Recurso de apelación adhesivo: Examen de la legislación y doctrina aplicables. Secuelas: De acuerdo con los informes periciales, no procede su admisión. Gastos: Análisis de los que resultan indemnizables o no a la luz de la jurisprudencia. Factor de corrección: Estudio del concepto de incapacidad, resultando proporcial la cifra establecida por este concepto. Intereses moratorios: Examen del concepto de acuerdo con la doctrina, resultando procedente su imposición.

SORIA

SENTENCIA: 00001/2014

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 de SORIA

Domicilio: AGUIRRE, 3

Telf: 975.21.16.78

Fax: 975.22.66.02

Modelo: N54550

N.I.G.: 42043 41 2 2009 0100790

ROLLO: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000001 /2014

Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de BURGO DE OSMA CIUDAD DE OSMA

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000094 /2009

RECURRENTE: LINEA DIRECTA ASEGURADORA, Ruperto, Jose Carlos, Almudena, MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: MARIA MONTSERRAT JIMENEZ SANZ, MARIA MONTSERRAT JIMENEZ SANZ, PILAR ALFAGEME LISO, PILAR ALFAGEME LISO,

Letrado/a: BLANCA SANZ HERRANZ, BLANCA SANZ HERRANZ, CARLOS REVILLA RODRIGO, CARLOS REVILLA RODRIGO,

RECURRIDO/A:

Procurador/a:

Letrado/a:

Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS 1 /2014

SENTENCIA PENAL NÚM. 1/14(Ap. Faltas)

En la ciudad de Soria, a 7 de Enero de 2014.

El Ilmo. Sr. Magistrado de esta Audiencia Provincial D. José Luis Rodríguez Greciano, ha visto el recurso de apelación núm. 1/14 contra la sentencia de fecha 31 de Mayo de 2013, dictada por el Juzgado de Instrucción n.º 1 Burgo de Osma (Soria), en el Juicio de Faltas n.º 94/09.

Han sido partes:

Apelante.- Línea Directa Aseguradora y D. Ruperto representados por la Procuradora Sra. Jiménez Sanz y asistido por la Letrado Sra. Sanz Herranz.

D. Jose Carlos representado por la Procuradora Sra. Alfageme Liso y asistido por el Letrado Sr. Revilla Rodrigo.

EL MINISTERIO FISCAL, en la representación que le es propia.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—En fecha de 12 de julio del 2009, tuvo lugar accidente de tráfico en el término municipal del Burgo de Osma, instruyéndose atestado que fue remitido al Juzgado de Instrucción del Burgo de Osma, que acordó la apertura de diligencias previas y la práctica de diligencias de prueba. En resolución de fecha de 13 de julio del 2013.

Segundo.—- En fecha de 21 de agosto del 2009, se dictó auto en dicho órgano judicial en que reputaba falta el hecho, señalando para que tuviera lugar el correspondiente acto de juicio para el día 7 de mayo del 2013, donde tuvo lugar la celebración de éste, y tras las conclusiones de las partes, quedaron los autos vistos para sentencia.

Tercero.—En fecha de 31 de mayo del 2013, se dictó sentencia por el órgano judicial, cuyo relato de hechos probados contenía el siguiente texto: "Aproximadamente a las 16 horas del día 12 de julio del 2009, D.ª Almudena, circulaba con el vehículo Audi 80, matrícula de HA-....-U, propiedad de su marido D. Jose Carlos, por la carretera N-122, sentido Zaragoza, acompañada por sus hijos Gumersindo de 9 años de edad, que ocupaba el asiento posterior izquierdo del vehículo y Lorenzo, de 7 años de edad, que viajaba en el asiento posterior derecho, cuando al llegar a la altura del kilómetro 194,750 de la meritada vía, observó como el vehículo que se aproximaba de frente por el carril contrario marca Mercedes Benz 180, matrícula YI-....-Y, conducida por D. Ruperto y también ocupado por D.ª María Teresa y D.ª Blanca, invadía su carril como consecuencia de una desatención momentánea de la conducción, no teniendo tiempo D.ª Almudena de realizar la posible maniobra evasiva, sino solo de activar con fuerza el sistema de frenado de su propio vehículo, sin poder evitar finalmente la colisión frontal con el vehículo de D. Ruperto, con el consiguiente desplazamiento de sendos vehículos hasta alcanzar su posición final. A consecuencia de lo anterior D.ª Almudena sufrió lesiones consistentes en politraumatismo, con fractura de 11.ª costilla izquierda, fractura y luxación del primer metacarpiano izquierdo, fractura no desplazada de rótula izquierda, y herida en rodilla izquierda, para cuya curación precisó, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico-quirúrgico de las fracturas, y tratamiento de carácter ortopédico-rehabilitador una vez alcanzada el alta hospitalaria. Tardó en curar un total de 22 días, durante los cuales, 18 lo fueron de hospitalización, 159 impeditivos para la realización de sus ocupaciones habituales, y los 35 restantes no impeditivos para la realización de tales ocupaciones.

Una vez alcanzada la estabilización lesional, restan secuelas consistentes en limitación de la movilidad de la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo de la mano izquierda, así como gonalgia postraumática inespecífica de la rodilla izquierda, con posible agravación de artrosis previa. También resta perjuicio estético derivado de la presencia de una cicatriz en la rodilla izquierda de 7 cms de longitud.

Por otra parte, y como consecuencia del mismo siniestro, y de la estancia de prácticamente la totalidad de los miembros de su familia, incluida ella misma, en el Hospital durante varias semanas, D.ª Almudena ha tenido que hacer frente a los gastos y perjuicios económicos siguientes: 1). La reposición del cristal derecho de sus gafas, fracturado en el accidente por importe de 240 euros. 2). Gastos derivados de adquisición de productos de farmacia por importe de 63,50 euros. 3). Gastos derivados de los servicios de asistencia de una persona externa para el cuidado permanente de ella misma y de su hijo Gumersindo, tanto en el Hospital como en su propio domicilio, durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2009, mientras su esposo D. Jose Carlos permaneció junto a su otro hijo Lorenzo (herido de mayor gravedad que los anteriores), en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, por importe conjunto de 1.800 eur9os.

Por su parte, el menor Gumersindo sufrió lesiones consistentes en policontusiones, herida incisa-contusa en región inguinal izquierda, y fractura de tercio medio de fémur izquierdo, para cuya curación precisó, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico- quirúrgico de la fractura y reparador de las heridas, así como tratamiento rehabilitador posterior. Tardó en sanar un total de 232 días, durante los cuales 19 lo fueron de hospitalización y los 213 restantes impeditivos para la realización de sus ocupaciones habituales.

Una vez alcanzada la estabilización lesional, restan secuelas consistentes en dismetría de miembros inferiores, cuya evolución será preciso controlar anualmente para evitar posibles repercusiones en la columna vertebral al alcanzar la edad adulta. También resta perjuicio estético derivado de la presencia de varias cicatrices en las zonas corporales lesionadas, de entre 5 y 16 cms de longitud.

El menor Lorenzo, sufrió lesiones consistentes en traumatismo craneoencefálico moderado con hemorragia subaracnoidea, traumatismo cervical que cursa con daño radicular, y lesión severa preganglionar en raíces, para cuya curación precisó, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico -quirúrgico de los diferentes traumatismos padecidos, así como tratamiento rehabilitador y paliativo posterior. Alcanzó la estabilización lesional tras un total de 636 días, durante los cuales 51 lo fueron de hospitalización y los 585 restantes, impeditivos para la realización de sus ocupaciones habituales.

Una vez alcanzada la estabilización lesional, resta como secuela la parálisis del plexo braquial derecho tipo Klumpke preganglionar, con afectación de las raíces C7, C8, y T1, y con persistencia de ptosis parpebral derecha o síndrome de Horner. También resta el perjuicio estético derivado de la presencia de varias cicatries en las zonas corporales afectadas, la atrofia-hipertrofia muscular de la mano y antebrazo derechos, la dismetría existente sobre las extremidades superiores del menor (resultando ser la derecha de longitud inferior a la izquierda en 1 cms), y la caída parcial del párpado del ojo derecho.

Por otra parte, D.ª Almudena y D. Jose Carlos, padres de Lorenzo, han tenido que hacer frente a los siguientes gastos y perjuicios económicos, relacionados todos ellos con la convalecencia y posterior tratamiento rehabilitador y paliativo de su hijo: 1). Gastos de desplazamiento derivados de la estancia del menor en el Hospital Niño Jesús de Madrid, por importe de 119,60 euros. 2). Gastos derivados de su propia manutención durante dicha estancia hospitalaria, por importe de 578,22 euros. 3). Gastos derivados de las visitas médicas y los desplazamientos realizados con anterioridad a la primera intervención quirúrgica, por importe de 527,10 euros. 4): Gastos derivados del acompañamiento del menor durante la primera intervención quirúrgica paliativa realizada el día 30 de noviembre del 2009, por importe de 150,25 euros. 5). Gastos de farmacia por importe de 93,85 euros. 6). Coste de las sesiones de fisioterapia y rehabilitación a las que asistió periódicamente el menor, por importe de 2.664 euros. 7). Gastos derivados de las visitas médicas y los desplazamientos realizados con anterioridad a la segunda intervención quirúrgica, por importe de 443,70 euros. 8). Gastos derivados del tratamiento prescrito con posterioridad a esta segunda intervención, por importe de 143 euros. Suman todos estos gastos anteriores la cantidad de 4.719, 72 euros.

Finalmente D. Jose Carlos, propietario del vehículo Audi, en el que viajaban D.ª Almudena y sus dos hijos, sufrió el perjuicio derivado de la pérdida del citado vehículo, que resultó siniestro total, por el importe de su valor medio en el mercado, que asciende a la cifra de 2.350 euros".

Cuarto.—En la parte dispositiva de dicha sentencia, se contenía el siguiente pronunciamiento: "Que debo de condenar y condeno a D. Ruperto, como autor criminalmente responsable de tres faltas de lesiones por imprudencia leve y en concurso ideal, previstas y penadas en los artículos 621.3 y 77 del CP, a una pena de 20 días de multa, con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 120 euros, a pagar por este concepto. El incumplimiento de la pena de multa establecida determinará la responsabilidad personal subsidiaria del condenado a su pago, representada en un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa impagadas. Condeno asimismo a D. Ruperto a que indemnice, conjunta y solidariamente con la compañía aseguradora Línea Directa Aseguradora, a los siguientes perjudicados y por las cantidades que se detallan a continuación: A D.ª Almudena, en la cantidad de 21.286,79 euros. Al menor Gumersindo, en la cantidad de 21.351,18 euros, sin perjuicio de las acciones civiles que pudieran ejercitarse por dicho perjudicado en un futuro (o en su nombre, por sus representantes legales hasta que alcance la mayoría de edad), si durante su crecimiento y hasta que alcance la edad de 18 años, se produjeren complicaciones derivadas de las lesiones y secuelas ocasionadas por este siniestro. Al menor Lorenzo, en la cantidad de 182.045,45 euros, sin perjuicio de las acciones civiles que pudieran ejercitarse por dicho perjudicado en un futuro (o en su nombre, por los representantes legales hasta que alcance la mayoría de edad), si durante su crecimiento se produjeren complicaciones derivadas de las lesiones y secuelas ocasionadas por este siniestro. A los denunciantes Almudena, y a Jose Carlos, en la cantidad de 4.179,72 euros. Y finalmente a Jose Carlos, con la cantidad de 2.150 euros. Todas estas indemnizaciones anteriores, excepción hecha de las cantidades ya consignadas, devengarán, a los solos efectos de su abono por la aseguradora responsable directa de las mismas y hasta la fecha de su completo y efectivo pago, los intereses establecidos en el artículo 20 de la LCS. Con expresa imposición de las costas procesales devengadas en esta causa a D. Ruperto.

Quinto.—En fecha de 17 de junio del 2013, se interpuso recurso de Apelación contra la citada sentencia, por la compañía de seguros y reaseguros Línea Directa Aseguradora, siendo objeto de adhesión parcial, dicho recurso por el Ministerio Fiscal, en escrito de fecha de 8 de julio del 2013, y siendo objeto de oposición al recurso, e impugnación de sentencia, por la representación procesal de Jose Carlos y Almudena, en fecha de 10 de julio del 2013.

Sexto.—Tras múltiples avatares procesales, se remitieron los autos a esta Sala para el conocimiento del recurso de Apelación, designándose Magistrado Unipersonal competente para el conocimiento de este proceso en segunda Instancia. Y quedando, los autos, desde entonces pendientes de resolución. Habiéndose observado, en la tramitación de este recurso, las prescripciones legales oportunas.

Ha sido designado Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Greciano, quien expresa el parecer de esta Sala.

HECHOS PROBADOSSe admiten y se dan por reproducidos los hechos probados que figuran en la sentencia de Instancia.
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—- Frente a la sentencia de Instancia, se alza, en vía de recurso de Apelación la representación procesal de Línea Directa, y en vía de impugnación de la sentencia, o recurso de Apelación adhesivo, como lo ha venido a denominar la parte contraria, también se alza la representación procesal de los perjudicados.

Vamos a comenzar a analizar este último recurso.

Es preciso llevarlo a cabo partiendo del auto dictado por esta misma Sala en fecha de 6 de noviembre del 2013, donde admitía la queja interpuesta por la representación procesal de los perjudicados. La queja fue interpuesta contra auto de fecha de 24 de septiembre del 2013, donde confirmaba otro anterior, en el que se inadmitía a trámite el curso de la apelación interpuesta por la representación legal de Jose Carlos y Almudena, dado que para impugnar una sentencia, debería haberse formulado mediante formalización expresa de recurso de Apelación, en el término de cinco días a contar desde la fecha de notificación de la sentencia.

En la resolución del recurso de queja, se indicaba por esta Sala que "el Juzgado debe admitir a trámite la adhesión al recurso de Apelación planteado, debiendo la Sala examinar el fondo del asunto y no el Juez a quo. Es decir, en ningún caso está diciendo que quepa la adhesión a un recurso de Apelación, en todo caso, y menos aún, que dicha adhesión en este caso particular haya cumplido los requisitos procesales exigibles. Sino que esta cuestión debería ser resuelta por esta Sala, y el Juez a quo, sin entrar a resolver sobre el particular, debería haber tramitado la "adhesión", sin más.

De forma más clara, lo que está queriendo decir la resolución de esta Sala, es que la inadmisión a trámite de la adhesión al recurso de Apelación, tal como fue acordada por la Juez a quo, no debería haberse llevado a cabo por la misma. Antes al contrario, debería haber dado lugar a tramitar la correspondiente adhesión a dicha apelación, y en su caso, la Sala resolvería sobre el particular. Es decir, que la inadmisión de la adhesión no debería corresponder al Juez a quo, sino que esta Sala al entrar a valorar sobre el recurso de apelación, y su adhesión, entraría a resolver sobre el fondo del asunto. Bien entendido que entrar a resolver sobre el fondo del asunto, implica examinar el conjunto de requisitos procesales de la "adhesión" formulada por la parte perjudicada. Y si dicha adhesión, no resultara procedente en Derecho, debería ser desestimada. Pues en esta fase procesal, la inadmisión de un recurso implica su desestimación. Y que "resolver sobre el fondo del asunto", es entrar a resolver sobre la procedencia de la "adhesión" al recurso de apelación, tal como fue planteada. Y si se entiende que dicha "adhesión" no resulta procedente conforme a Derecho, por vulnerarse los requisitos procesales exigibles para ello, nos encontraríamos ante una desestimación del recurso, siendo esta desestimación, por incumplimiento de los requisitos procesales, una resolución de "fondo", adoptada por quien tiene verdadera competencia para ello, esto es, esta Sala, no el Juez de Instrucción.

Dicho lo anterior, conforme la modificación de los apartados 1 y 5 del artículo 790 de la LO 13/09 de la Lecrim, "la sentencia dictada, es apelable ante la Audiencia Provincial correspondiente, y el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiera notificado la sentencia. La parte que no hubiera apelado la sentencia, podrá adherirse a la apelación en el trámite de alegaciones correspondiente prevista en el artículo 5, ejercitándose las pretensiones y alegando los motivos que a su derecho convengan".

Conforme el número 5 del citado articulo 790, admitido el recurso de Apelación, el Secretario judicial dará traslado del escrito de formalización a las demás partes por un plazo común de diez días. Dentro de este plazo deberán presentarse los escritos de alegaciones de las demás partes, en los que podrán solicitarse la práctica de prueba en los términos establecidos en el apartado 3 y en los que se fijará un domicilio para notificaciones.

La resolución de esta Sala habla de "adhesión" al recurso de Apelación, cuando curiosamente la forma concreta que se adoptó por dicha representación procesal, no fue la de adhesión, sino la de impugnación de la sentencia. Pero lógicamente, hemos de seguir el criterio mantenido por esta misma Sala anteriormente, y entender que el escrito presentado en su día, fue de "adhesión" al recurso de Apelación.

Si entendemos que fue escrito de adhesión, hemos de considerar que no fue formalizado recurso de Apelación en tiempo y forma. Sino que, por el contrario, al tiempo de responder al recurso de Apelación ya formalizado, y único formalizado como tal, el de Línea Directa Aseguradora, la parte perjudicada, a través de su representación procesal, se adhirió al recurso de Apelación interpuesto. Si bien aprovechó dicho trámite para oponerse al recurso de Apelación y al mismo tiempo, adherirse a él, en la forma que luego se describirá.

En el escrito de formalización del recurso de Apelación interpuesto en tiempo y forma, en su suplico, se solicitaba se dejara sin efecto la condena de la entidad aseguradora a satisfacer a Almudena, y a ésta y su esposo D. Jose Carlos, las cifras de 2.103,50 euros y de 4.719,71 euros respectivamente por gastos, y al menor Lorenzo, la cantidad de 60.000 euros, en concepto de factor de corrección por IPT, o subsidiariamente le sea reconocida la cantidad correspondiente al factor de corrección por IPP, con el límite máximo de 18.141,08 euros, o sea disminuida, en caso de entenderse que la factor de corrección lo es con relación a IPT en la cantidad prudencial que considere la Sala. Así como sea dejada sin efecto la condena al pago de intereses del artículo 20 LCS. Es decir, lo que pretendía la representación procesal de la Cía Aseguradora es una disminución de la cuantía indemnizatoria a satisfacer a los perjudicados.

En el escrito de oposición/adhesión/impugnación del recurso de Apelación de la compañía aseguradora, la representación procesal de los perjudicados indicaba que "todas las peticiones formuladas por la representación de la compañía aseguradora deberían ser desestimadas, debiendo ser satisfechas estas cantidades sin ninguna disminución, y procediendo la condena al pago de intereses".

Es decir, la postura procesal mantenida por la representación procesal de los perjudicados, como no puede ser de otro modo, es oponerse a las pretensiones de la compañía aseguradora, que no consisten en otra cosa que en que se reduzca la cuantía indemnizatoria a satisfacer a los mismos.

Pero es más, no solo entiende que debe ser satisfecha a los representantes legales de Lorenzo la cantidad de 60.000 euros, sino que debe ser aumentada la cantidad a satisfacer en 14.521,95 euros, puesto que en la indemnización concedida no se toma en cuenta, ni se recoge, ni se indemniza la secuela que padece el menor relativa a una profusión discal C.2 y C.3.

En definitiva, el escrito de oposición/adhesión, la pretensión de la parte perjudicada no solo es contradictoria con lo pretendido por la representación procesal de la cía aseguradora, sino que, además, pretende, a diferencia de lo reclamado por la citada compañía, que se eleven, no que se disminuyan, las cuantías indemnizatorias a percibir por los perjudicados.

Otra cosa distinta es el escrito de adhesión del Ministerio Fiscal, el cual, se adhería parcialmente al contenido del recurso formalizado por la cía aseguradora, en el sentido que no procedía la condena a los intereses del artículo 20 de la LCS. En cuyo caso, la postura procesal de dicha representación del Ministerio Fiscal, era similar, al menos en parte, a la mantenida por la única representación que formalizó el recurso de Apelación en plazo. No contradictoria, de todo punto, como sucedió con la postura procesal mantenida por la representación procesal de los perjudicados.

En este sentido, y para el trámite correspondiente al juicio de faltas, podemos traer a colación el contenido de la SAP de Burgos de 28 de febrero del 2013, al respecto, y así, entender que para resolver dicha cuestión, no puede perderse la perspectiva, que el recurso así interpuesto no tiene por objeto coadyuvar al recurso de apelación principal promovido por la defensa del otro recurrente, sino la interposición fuera de plazo de un recurso de apelación principal, interesando, en este caso, de forma extemporánea, se revoque la sentencia recurrida interesando la condena de la única parte que formalizó el recurso de Apelación, en tiempo y forma, -la compañía aseguradora-, a pagar mayor cantidad incluso que la establecida en sentencia. De tal manera que la pretensión de la adhesión a la apelación pretende, en suma, que la única parte recurrente sufra un perjuicio patrimonial mayor que el establecido en sentencia. Contradiciendo de plano lo pretendido por la misma, vía apelación, en el sentido que dicha cantidad deba ser reducida en una cuantía considerable.

A este respecto esta Sala, ya tenía declarado, adscribiéndose a la tesis mayoritaria seguida por nuestras Audiencias Provinciales, que debe desestimarse dicho recurso adhesivo cuando formule pretensión contraria o aún distinta a la solicitada en el recurso principal o cuando esté presentada fuera del plazo preceptivo para apelar. Más aún cuando la pretensión, formulada vía adhesión, es totalmente contradictoria con la pretendida por el único recurrente. En la misma línea, y como ejemplo de la doctrina jurisprudencial mayoritaria, podemos citar la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de fecha 29 de Noviembre de 2.001 al indicar la misma que "en los juicios de faltas si la sentencia es apelada por alguna de las partes, pueden las demás impugnar o adherirse a ese recurso (artículos 795.4 y 976.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente 790.1 y 5 y 976.2 por referencia). El legislador no ha establecido la naturaleza y el alcance de esas posibles adhesiones, no ha determinado si pueden o no contener peticiones de anulación y/o reforma de la sentencia distinta de las formuladas por el apelante; y el Tribunal Supremo y la práctica totalidad de las Audiencias Provinciales se han decantado por la segunda de esas posibilidades. La adhesión es así inseparable del recurso principal, careciendo de autonomía propia: por medio de ella solo es posible apoyar las peticiones de dicho recurso reforzándolo con nuevos argumentos. En otras palabras la parte que no apeló la sentencia en el plazo que tenía para hacerlo, no puede aprovechar el trámite de la adhesión para formular un recurso completamente nuevo, no puede ampliar las cuestiones planteadas por el apelante principal con otras distintas. Ni menos aún, pretender, vía adhesión una condena más gravosa del que recurrente principal.

Ya que, insistimos, pudo plantear esas otras cuestiones apelando a su vez la sentencia dentro del plazo legal (sentencias del Tribunal Supremo de 7 de Marzo de 1.988, 8 de Octubre de 1.993, 30 de Noviembre de 1.994 y 6 de Marzo de 1.995). Por lo demás así se infiere también del tenor literal del artículo 790.6, antes citado al establecer que presentados los escritos de alegaciones frente al recurso principal formalizado, o precluido el plazo para hacerlo, la causa debe ser remitida a la Audiencia. Ya que si la apelación adherida pudiera versar sobre cuestiones distintas de la principal primeramente formulada, el legislador hubiera dispuesto que de tal adhesión se diera traslado al recurrente principal para que pudiera a su vez impugnarla, por exigencia del derecho fundamental a la defensa (artículo 24.2 de la Constitución Española). Esta posibilidad, ha sido reiteradamente expuesta por el Tribunal Constitucional que con la finalidad de evitar indefensiones, ha habilitado plazo análogo para contestar a la impugnación adhesiva. Más ello no significa, como se dice en la sentencia núm. 223/01 de 5 de Noviembre de 2.001, un pronunciamiento expreso sobre un hipotético estatuto constitucional de la apelación adhesiva insiste el Tribunal Constitucional que en el ámbito penal la configuración y alcance de la apelación adhesiva es una cuestión de legalidad ordinaria correspondiendo por tanto a los jueces y Tribunales de modo exclusivo, sentencias del Tribunal Constitucional núms. 162/1.997, 79/2.000, y 223/2.001. También afirma el alto Tribunal que el principio pro actione únicamente despliega su plena potencialidad cuando lo que está en juego es la obtención de una primera respuesta de los órganos judiciales a la pretensión deducida por alguien que acude a ellos en demanda de justicia, pero no cuando lo que se solicita es la revisión de dicha respuesta. Efectivamente, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se dibujan diversos efectos del llamado recurso adhesivo (supeditado se dice en la Ley de Enjuiciamiento Criminal) como se desprende del artículo 846, bis, d, lo que no se afirma respecto del juicio de faltas. En consecuencia procede desestimar el recurso formulado por vía de adhesión, al no estar éste supeditado al recurso principal y contener una pretensión autónoma distinta de la formulada principalmente".

Es decir, que siguiendo este criterio, y por razones formales, el recurso de Apelación habría de ser desestimado. Manteniéndose este criterio en otras resoluciones dictadas por esta Sala de 5 de junio del 2012, y 14 de marzo del 2011 entre otras.

En cualquier caso, dado que la redacción del contenido del artículo 790.1 de la Lecrim, en su actual redacción es poco clara, y dado que la Sala ha aludido a que "se deberá entrar en el fondo del asunto", ningún inconveniente existe por este magistrado a efectuar dicho razonamiento de "fondo", para llegar a la misma conclusión desestimatoria.

Segundo.—El motivo de adhesión al recurso descansaba en que no se había tomado en consideración, en sentencia, la secuela relativa a una profusión discal C2 y C3, aludiendo a que dicha secuela se observó en el informe del Complejo Asistencial de Burgos, de fecha de 17 de julio del 2009, en el informe de Recoletas, en el informe del Hospital del Niño Jesús de Madrid, en el informe pericial del Dr Calixto, y en el informe del Dr Epifanio. Para luego aludir a que aún cuando estuviera asintomática en la actualidad, podría ser sintomática en un futuro. Considerando que debería ser aumentada el número de secuelas de 40 a 45, y por aplicación del baremo correspondería aumentar la cuantía indemnizatoria de 74.582 a 89203,95 euros.

En el informe médico forense, de fecha de 3 de julio del 2012, en el concepto de secuelas vino a señalar que el menor Lorenzo, presentaba secuelas en cabeza, sistema ocular, fijando como puntos de secuela, 4. En el sistema nervioso periférico, en miembros superiores, 15, en el sistema nervioso periférico, en miembros superiores parálisis, 15 puntos. Fijándose como fecha de estabilización lesional en abril del 201, como resultado de la primera intervención realizada, persistiendo en la fecha de julio del 2012, la ptosis palpebral. En cuanto al perjuicio estético se valoró en 10 puntos. Aclarado este informe por otro de 26 de noviembre del 2012, señaló que "en cuanto a valoración de secuelas", indicaba que se plasmó, en el informe, los distintos déficits funcionales observados en el menor, y que de haberse fijado parálisis braquial la puntuación otorgada sería de rango inferior.

Lógicamente este informe no se realiza al azar, sino tras un exhaustivo reconocimiento del menor, y del examen de cuantos documentos médicos han venido referidos al mismo. Y si no se fijaron más secuelas era, simplemente, porque dichas secuelas no existían. Y si el menor no se quejó de dolores, era precisamente porque tras la evolución de su enfermedad, dicha secuela no existía, porque de haber sido así, se hubiera manifestado durante todo el tiempo de seguimiento efectuado del menor por la médico forense.

En este sentido, tomar en cuenta que ante informes periciales contradictorios, se habrá de valorar, con preferencia, el contenido del informe del médico forense. Que ha seguido, como ha quedado dicho, la evolución del menor desde el primer momento, y ha tomado en consideración cuantos informes documentales clínicos hayan sido referidos al citado. Y así en sentencia de esta misma Sala de fecha de 20 de febrero del 2013, recurso de Apelación 8/2013, se venía a indicar que el informe médico forense, identifica el cuadro de lesiones, a la luz de la exploración del menor lesionado, y de los informes médicos aportados a dicho funcionario. Y siendo emitido por personal adscrito a la Administración de Justicia, sus datos son evidentemente objetivos, por lo que ha de ser tenido en cuenta con preferencia a otros informes médicos privados. O incluso a otros datos médicos, procedentes de Organismos de Sanidad públicos o privados, uno más de los muchos existentes en el historial médico del menor, y que no pueden servir para pretender una realidad de secuelas, distintas de las fijadas por el médico forense. Cuanto que dichos informes han sido tomados en consideración por dicho médico forense, habiendo tenido en su presencia al menor durante un periodo prolongado de tiempo, hasta su estabilización, fijando como lesiones y secuelas exclusivamente aquellas que se mencionan en su informe, y en la aclaración del mismo efectuado a posteriori. Siendo su criterio, como hemos dicho, plenamente objetivo. Y efectuado, además, por quien tiene condiciones profesionales más que sobradas para el desempeño de su labor.

Habiendo reseñado dicho profesional que durante todo el tiempo en que observó al menor, en compañía de su madre, explorándolo, durante más de dos años, -dado que el accidente tuvo lugar el 12 de julio del 2009, y el informe definitivo de sanidad tuvo lugar en fecha de 3 de julio del 2012-, el menor hubiera manifestado dolor, ni sintomatología propia de la profusión discal C2 Y C3. Por lo cual, difícilmente podríamos considerarlo como secuela si permanece asintomático.

Por lo tanto, por razones de "fondo", el motivo de Adhesión a la apelación formulado, también habría de ser desestimado.

Tercero.—Ahora se procederá a analizar el contenido del recurso de Apelación de la compañía aseguradora, al que se ha adherido parcialmente el Ministerio Fiscal (en cuanto a los intereses). Se impugna el pago, a favor de Almudena, de la cantidad de 2.103,50 euros por gastos de reposición de un cristal de gafas, y de productos de farmacia así como de asistencia de una persona externa para el cuidado permanente de aquélla y de su hijo Gumersindo. Y otra impugnación de otra cantidad distinta, en este supuesto de 4.719,72 euros.

Vamos a analizar cada una de ellas por separado. Entendiendo que no existe prueba alguna que la perjudicada tuviera que usar gafas graduadas en el momento del accidente ni que hubieran resultado dañadas a consecuencia del mismo.

Se indica que entre los productos de farmacia, por importe de 63,50 euros, nos encontramos con una crema anticelulítica que no debería haberse abonado. Ni tampoco procedería el pago de una persona externa, durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2009.

Desde luego no parece que la adquisición de unas gafas graduadas sea motivo de capricho. Evidentemente, si lo fueran de sol, o aquellas otras que cumplan una función estética para quien las porta, podría ser discutible la necesidad de pago de dicho concepto, pero evidentemente, si se trata de adquisición de gafas graduadas no responden a motivo alguno de capricho, sino a una necesidad, nacida de la presencia y exigibilidad de lentes correctoras para poder compensar, con ellas, una enfermedad de la vista. Siendo innecesario, por ello, que se tenga que justificar necesariamente que la persona en cuestión necesita dichas gafas. Es evidente que si las ha adquirido, no es por capricho, sino por necesidad, y siendo evidente que la rotura de dichas gafas ha de tener su origen en el accidente. Entre otras cosas, porque basta con ver los resultados acaecidos a resultas del mismo. Siendo más que obvio que las gafas, en buena lógica, habrían resultado dañadas o inutilizadas.

En cuanto a los gastos de farmacia, no podemos olvidar el contenido de la Sentencia dictada por esta Sala a la que antes hemos hecho alusión, de 20 de febrero del 2013, y así, en este sentido se han presentado múltiples documentos relativos a la compra de distintos medicamentos, como paracetamol y otros que tienen como objeto disminuir el dolor.

Es decir, dichos pagos de farmacia han sido efectuados. Pues aparecen documentados. Y evidentemente nadie, en su sano juicio, procede a adquirir medicamentos en farmacias, pagando cantidades por diversos conceptos, sino fuera estrictamente necesario, la adquisición de dichos productos. Y siendo necesarios para su propia curación. Máxime cuando, es evidente que en todo proceso judicial de reclamación de dichos gastos, la solución puede ser estimatoria o desestimatoria. Por lo que difícilmente podríamos entender que la adquisición de dichos productos farmacéuticos tuviera como objeto un "enriquecimiento injusto". Puesto que tratándose de productos de farmacia, no se adquieren por capricho y sí por necesidad. Y si no habían sido adquiridos anteriormente, era porque no resultaban necesarios a la adquirente de los mismos. Y si los adquirió, ex novo, tras el accidente, es porque la adquisición de dichos productos tiene su origen en las consecuencias derivadas del accidente. Y no otras. Y por tanto, han de ser indemnizados.

No existe, pues, enriquecimiento injusto, ni voluntad de enriquecerse, pues dichos pagos han sido realizados. Y evidentemente dichos gastos no han sido satisfechos por capricho, sino como consecuencia de una forma de disminuir el dolor derivado de las lesiones sufridas tras el accidente.

Debiendo de indicarse que el deber indemnizatorio debe extenderse a todos aquellos gatos que de manera razonablemente adecuada se deriven del hecho generador del daño, pues solo de este manera se puede obtener una recomposición de los intereses lesionados. La víctima del hecho criminalmente dañoso tiene derecho a que su situación patrimonial no sufra un menoscabo derivado del ilícito. La indemnización, en estos supuestos de daños patrimoniales, adquiere una clara función resarcitoria, buscando la equivalencia entre la situación previa al hecho dañoso y la posterior, generada por éste.

De tal manera deben quedar incluidos todos aquellos gastos derivados de la dispensa de medicamentos, para combatir el dolor, y para tratar de restablecer la salud quebrantada. Siendo claro que de la indiscutible realidad de las lesiones sufridas por los perjudicados, como de sus características, especialmente graves, no puede discutirse la necesidad funcional de la adquisición de productos farmacéuticos y derivados. Habiendo justificado documentalmente tanto unos como otros gastos.

Debiendo añadirse que entre las secuelas padecidas por los perjudicados existen cicatrices, y la crema especialmente impugnada, Thiomucase, puede tener una eficacia variada, no estando acreditado que tenga una eficacia exclusivamente anticelulítico como señaló el recurrente.

Por lo que la concesión de dichas cantidades ha de ser mantenida en apelación. Y lo mismo, en relación con los gastos derivados de asistencia de persona externa. Observamos como lo reclamado es exclusivamente cantidades correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del 2009, es decir, tres meses en una evolución de las lesiones que tardaron más de tres años, entre la fecha en que se produjeron y la fecha de celebración del acto de juicio. No parece que exista una voluntad engañosa en reclamar más que tres meses en un periodo tan prolongado de tiempo. Máxime cuando de ser cierta la voluntad de obtener un resarcimiento injusto nada más fácil que haber reclamado las cantidades de dicha persona externa, durante todo el tiempo entre las lesiones y el acto de juicio. Es decir, solo se reclaman tres meses, los inmediatamente posteriores al accidente, donde los dolores y secuelas del accidente mismo eran más que evidentes, y donde el dolor era más intenso. Habiendo sido justificada dicha cantidad a través de los recibos. No siendo necesario hacer constatar los pagos realizados a través de conducto notarial, sino a través de aquellos documentos privados donde se justificaba el pago de las cantidades ahora reclamadas.

Y desde luego, teniendo en cuenta la entidad de las lesiones, tanto de la perjudicada Almudena, como de sus hijos, es más que evidente que sería necesaria la asistencia externa. Por lo que dichos gastos han de ser resarcidos. Desestimándose el recurso de Apelación interpuesto por este último concepto.

Cuarto.—A continuación discrepa de otra serie de cantidades, concedidas a los padres del menor Lorenzo, y en particular, las que siguen:

a). La de 578,22 euros, por gastos de manutención, por entender que no han resultado acreditadas.

b).La de 527,10 y la de 443,70 euros, por gastos de segundas opiniones médicas, cuando se trata de facturas que van más allá de la fecha de estabilización lesional de 8 de abril del 2011.

c). La cantidad de 2.664 euros, por fisioterapia y rehabilitación del menor, que tuvieron lugar después de abril del 2011, fecha de estabilización de las lesiones, y por tanto, resultan improcedentes.

Vamos a comenzar por este último apartado. Y valorando la sentencia dictada por esta Sala a la que hemos hecho referencia en apartados anteriores. Donde en materia de gastos de rehabilitación y fisioterapia había venido entendiendo que en este sentido -el contemplado en la sentencia dictada por esta Sala de 20 de febrero del 2013 y en la actual- se han presentado múltiples documentos relativos a la compra de distintos medicamentos, y fármacos varios que tienen como objeto disminuir el dolor. Y, al mismo tiempo, documentos acreditativos de pagos de alguna sesión de rehabilitación.

Es decir, dichos pagos han sido efectuados. Pues aparecen documentados. Y evidentemente nadie, en su sano juicio, procede a adquirir analgésicos u otros medicamentos similares en farmacias o asisten a sesiones de rehabilitación, pagando cantidades por uno u otro concepto, sino fuera estrictamente necesario, la adquisición de dichos productos o la realización de dichas sesiones, para su propia curación. Máxime cuando, es evidente que en todo proceso judicial de reclamación de dichos gastos, la solución puede ser estimatoria o desestimatoria, como sucedió en primera Instancia.

No existe enriquecimiento injusto, pues dichos pagos han sido realizados. Y evidentemente dichos gastos no han sido satisfechos por capricho, sino como consecuencia de una forma de disminuir el dolor derivado de las lesiones sufridas tras el accidente. Dado que nadie, por gusto, consume fármacos ni asiste a sesiones de fisioterapia o rehabilitación. Con el coste no ya económico, sino incluso de sacrificio personal, que el ejercicio de dichas actividades conlleva para el que las realiza.

El alcance de las lesiones, las circunstancias del lesionado, aparecen claramente determinadas en el informe médico forense. Y permiten trazar una razón de necesidad respecto de las sesiones de rehabilitación y los gastos en medicinas realizados por la perjudicada. Debiendo de indicarse que el deber indemnizatorio debe extenderse a todos aquellos gatos que de manera razonablemente adecuada se deriven del hecho generador del daño, pues solo de este manera se puede obtener una recomposición de los intereses lesionados. La víctima del hecho criminalmente dañoso tiene derecho a que su situación patrimonial no sufra un menoscabo derivado del ilícito. La indemnización, en estos supuestos de daños patrimoniales, adquiere una clara función resarcitoria, buscando la equivalencia entre la situación previa al hecho dañoso y la posterior, generada por éste.

De tal manera deben quedar incluidos todos aquellos gastos derivados de la dispensa de medicamentos, para combatir el dolor, y recuperar en algo la sanidad previa al accidente, y de las sesiones de rehabilitación llevadas a cabo por la perjudicada. Siendo claro que de la indiscutible realidad de las lesiones sufridas por la perjudicada, como de sus características, no puede discutirse la necesidad funcional tanto de la rehabilitación, como de la adquisición de analgésicos y derivados. Habiendo justificado documentalmente tanto unos como otros gastos.

No debiendo olvidarse que aún, cuando la estabilización de las lesiones tuviera lugar en abril del 2011, como indica el recurrente, el menor Lorenzo sufrió secuelas severas. Esto es, parálisis braquial del plexo braquial derecho, tipo Klumpke peganglionar, con afectación de las raíces C7, C8 y T1, con persistencia de ptosis parpebral derecha o síndrome de Homer. Y sobre todo, y además, atrofia-hipertrofia muscular de mano y antebrazo derechos, la dismetría existente sobre las extremidades superiores del menor.

Lo que justifica que las sesiones de fisioterapia y de rehabilitación, no solo resulten aconsejables, sino que son de todo punto necesarias dadas las secuelas padecidas por Lorenzo, que no olvidemos es menor, y tiene una vida completa por delante. Y que lógicamente pretende disfrutar de ella, como todo ser humano, en las mejores condiciones posibles, o por lo menos, no en las peores, siendo la merma de dichas condiciones nacidas de un acontecimiento de todo punto ajeno a su voluntad. Sin existir comportamiento alguno negligente ni del mismo, ni de sus parientes.

Por lo que los gastos de rehabilitación y fisioterapia impugnados por el recurrente, aún cuando hayan tenido lugar después de su estabilización, han de ser indemnizados.

En cuanto al resto de gastos, hemos de seguir, como no puede ser de otro modo, y siendo congruente con lo analizado en el primer fundamento jurídico de esta sentencia, el informe médico forense. Y así, Lorenzo, es atendido inicialmente por emergencias, y siendo trasladado posteriormente al Hospital General Yagüe, ingresado en la UCI hasta el día 15 de julio y en esa fecha pasa a neurocirugía, siendo trasladado el día 17 de julio al Servicio de Pediatría del Hospital Santa Bárbara de Soria, y ante el diagnóstico de paresia, es trasladado -el traslado no es voluntad de los padres, sino una necesidad dado su estado- al Hospital Niño Jesús de Madrid, donde llega el día 29 de julio del 2009. Con distintas exploraciones, causando alta hospitalaria el día 7 de agosto. Es decir, el menor estuvo en distintos hospitales desde la fecha del accidente 12 de julio del 2009, hasta el día 7 de agosto del 2009. Decidiéndose después del alta, tratamiento quirúrgico, con neurotización intrapleuxal entre el asa pectoral y la última raíz y neurotización distal entre la rama motora del interóseo anterior y los fascículos motores del nervio cubital, que tiene lugar en fecha de 30 de octubre del 2009. Tras una fase de recuperación inicia periodo de rehabilitación el día 16 de noviembre del 2009.

Posteriormente su evolución se ralentiza por lo que se consultan nuevos informes, siendo imprescindible mejorar la función de la flexión de los dedos y flexión/abducción del pulgar, mediante cirugía transposición tenomuscular, teniendo lugar dicha nueva intervención en fecha de 14 de diciembre del 2011.

Es decir, las consultas médicas realizadas no son por capricho, sino ante la existencia de una circunstancia perfectamente constatada por la médico forense, y que consistía en una ralentización y falta de mejora del menor. Que dio lugar a la necesidad, no por capricho, de una nueva intervención quirúrgica, dolorosa para el menor, y siempre de resultado incierto. Y que tuvo lugar en 14 de diciembre del 2011. Por tanto, la realización de consultas de este tipo, antes de tomar una decisión de enorme calibre para la salud del menor, están más que justificadas, y derivadas de la ralentización y falta de mejora en la salud del menor, y por lo tanto, son consecuencias derivadas del accidente mismo. Puesto que si el menor no hubiera sufrido lesiones, no habría necesidad de haber pasado por cirugía, y lógicamente, no hubiera sido precisa la consulta de nuevos especialistas. Debiendo de responder de todo ello, quien procedió a originar el accidente que motivó toda esa serie de acontecimientos posteriores. Y siendo los gastos de la consulta de fecha de 14 de abril del 2011, según expone el propio recurrente, es más que obvia la necesidad, no el capricho de la misma, pues la consulta de especialista era necesaria antes de adoptar la decisión de un nuevo tratamiento quirúrgico, que finalmente tuvo lugar en fecha de 14 de diciembre del 2011. Posterior a la fecha de la emisión de la factura por consulta.

En cuanto a los pagos por facturas de desplazamiento a Valencia, para consulta médica, antes y después de la operación, resulta evidente que dichos desplazamientos no fueron por capricho, sino por necesidad, para determinar la necesidad de una mejora en la salud del menor, antes de adoptar la decisión de una nueva intervención (antes de diciembre del 2011), y la posterior, para determinar cuál era, efectivamente, la evolución del menor de su enfermedad. No pareciendo desde luego susceptible de duda la necesidad de dichos desplazamientos cuanto que se reclaman cantidades en concepto de "viajes en RENFE", ni tan siquiera en línea de alta velocidad, de Madrid-Valencia, de lo que no se deduce una voluntad de enriquecimiento sin sentido e ilógico a favor de los padres del menor.

En cuanto a los gastos de manutención, debemos partir del dato, incontrovertido, que el perjudicado Lorenzo es menor de edad, nacido el día 20 de noviembre del 2001, y que, por tanto, tenía en la fecha del accidente, 7 años de edad, y que durante su estancia en los centros hospitalarios desde 12 de julio del 2009, hasta el 7 de agosto del 2009, tenía 7 años de edad. Y por tanto, parecería lógico entender que fuera precisa la asistencia y cuidado de alguno de sus progenitores, si no los dos. Y que volvió a estar, posteriormente, en el hospital, tras su intervención quirúrgica nuevamente en fecha de 14 de noviembre del 2011, cuando el menor tenía 9 años de edad. Y considerándose lógico, que tuviera la asistencia de sus progenitores durante toda la estancia hospitalaria.

Se reclama, nada menos, que una cantidad de 578 euros. Siendo el conjunto de los días que estuvo el menor en los distintos centros hospitalarios de cerca de 30 días, daría lugar a una manutención de 20 euros diarios aproximadamente. Evidentemente, con dicha cantidad prácticamente no habría más que para poder ingerir un menú del día. Y poco más.

La jurisprudencia, con cita, entre otras, de la SAP de Las Palmas de 16 de julio del 2004, ha venido entendiendo, en este tipo de supuestos, que aún cuando dichos gastos no estuvieran justificados documentalmente, sería exigible apreciar si dicha manutención, al igual que el desplazamiento, que lleva aparejada la necesidad de compañía de la víctima, y los gastos por ella reclamados, son moderados y obedecen a la satisfacción de las normales necesidades de alimentación. En caso de ser así, y en el supuesto de hecho contemplado en este proceso, es evidente que es así, dichas cantidades han de ser indemnizadas. Aún cuando no estuvieran justificadas documentalmente. No debiendo indemnizarse cuando la cuantía de lo reclamado, excede de lo ordinario que resulte conforme a las circunstancias normales de un ciudadano corriente.

Por lo que el motivo de Apelación que descansaba en la impugnación de todas estas partidas ha de ser desestimado. Manteniéndose las indemnizaciones fijadas, por todos estos conceptos, tal como resultó establecido en la sentencia de Instancia.

Lógicamente, no valoramos más que las partidas impugnadas. Las que no lo han sido, por razón evidente de congruencia, no pueden ser objeto de valoración por esta Sala. Manteniéndose, en la medida que no han sido recurridas.

Quinto.—Como siguiente motivo de impugnación, es el referido a la condena al pago al menor Lorenzo de 60.000 euros, por aplicación del factor de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes, consistente en que la apreciación de la lesión permanente consistente en parálisis del plexo braquial tipo Klumpke, que constituye una incapacidad para la actividad habitual de la víctima en grado de permanente total.

Entiende que los hechos probados de la sentencia no indican cuál era la ocupación habitual del menor, antes del accidente, ni determina, por tanto, en qué afectan las lesiones a su actividad habitual o a la ocupación habitual.

Entendiendo que las lesiones, en modo alguno incapacitan al menor para el desarrollo de sus tareas habituales, sino todo lo más, restringen o dificultarían las mismas. Por lo que, cuanto más, habría lugar a una IPP. Reseñando que las limitaciones, todo lo más, ya son tomadas en consideración por la Juez a quo, a la hora de indemnizar las secuelas, valoradas en 40 puntos.

De tal manera que reclama, el recurrente, que la cuantía de 60.000 euros concedida sea suprimida. Todo lo más, sea concedida la correspondiente a la IPP que es 18.141,08 o todo lo más, si se entiende que existe IPT, la indemnización concedida sea reducida en la cuantía que ha sido fijada en sentencia.

Conviene precisar, desde el inicio, las diferencias en el concepto de incapacidad que se maneja en el ámbito laboral respecto del empleado en este tipo de procesos. Ya existe variación semántica, entre los textos legales del orden social y la norma aquí aplicable, lo que debería ser suficientemente indicativa de la falta de identidad entre los conceptos de IP en el ámbito de la responsabilidad civil automovilística y en el régimen de la Seguridad Social y las relaciones entre este organismo y los beneficiarios. Si al elaborar la ley 30/95, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, se hubiera querido referir la incapacidad permanente de manera exclusiva a la aptitud laboral del sujeto, se hubieran reproducido literalmente las definiciones que se estaban tomando como falsilla de la LGSS. Así lo hicieron, de hecho, los baremos anteriores a la Orden de 5 de marzo de 1991, dictados al amparo de la disposición final cuarta del Reglamento del Seguro Obligatorio (orden de 17 de marzo de 1987, BOE del 24, y Resolución de la DGR de 1 de junio de 1989). En ambos textos citados, los conceptos de IPT y absoluta no solo se referían expresamente al trabajo o profesión, sino que sus definiciones reproducían literalmente las establecidas en los correspondientes preceptos de la LGSS entonces vigente. De esta suerte, el argumento histórico viene a sumarse al sistemático para demostrar lo infundado de la restricción del concepto de incapacidad permanente en el ámbito resarcitorio automovilístico al significado exclusivamente laboral que dicho concepto entraña, por definición, en materia de prestaciones de Seguridad Social.

Debiendo añadirse, incluso, que en materia puramente laboral un determinado grado de minusvalía, no implica necesariamente un grado de incapacidad permanente. Cuanto que las valoraciones que se hacen de una materia, minusvalía, se efectúa valorando no solo cuestiones de enfermedad, sino sociales. Mientras que la valoración del grado de incapacidad, por el UVAMI, se efectúa teniendo en cuenta, no factores sociales, sino de relación de las enfermedades que padece el beneficiario con las prestaciones propias de su profesión habitual.

En cualquier aso, la fuente de la confusión ha desaparecido, con la nueva redacción del artículo 137 de la LGSS de 24/97 de 15 de julio, que ya no define cada grado de incapacidad ni hémela, al enumerarlos, las expresiones que sirvieron de modelo a la ley 30/95, sino que se limita a señalar genéricamente que dicha calificación, se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca, teniendo en cuenta la incidencia de tal reducción, en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado.

El carácter personal y no exclusivamente laboral del concepto de incapacidad permanente que maneja el sistema legal de valoración se aprecia más claramente después de la reforma operada por la ley 34/03 de 4 de noviembre, de adaptación a la normativa comunitaria de la ordenación de seguros privados. En efecto, aún cuando ésta solo afectó directamente a la tabla VI del sistema y no a la que contiene la indemnización complementaria que nos ocupa, debe repararse en que, al introducir las denominadas reglas de utilización del capítulo especial dedicado a la valoración del perjuicio estético, la ley reformadora incluyó como novena y última la que establece que la puntuación adjudicada al perjuicio estético no incluye la ponderación de la incidencia que este tenga sobre las actividades del lesionado (profesionales o extraprofesionales), cuyo específico perjuicio se ha de valorar a través del factor de corrección de la IP lesionado.

Es fácil apreciar, por otra parte, que la concepción exclusivamente laboral de la incapacidad permanente llevaría al resultado hermenéuticamente rechazable, no ya por inicuo, sin por absurdo, de que hubiera de denegarse el reconocimiento de una situación de IP derivada de accidente de circulación, por graves que fueran los impedimentos de actividad y de autonomía personal resultantes, a los lesionados infantiles y seniles, quienes no podrían perder una aptitud laboral de la que carecían de antemano por defecto o por exceso de edad. Salvo cuando tratándose de menores nos encontremos ante un supuesto de IPA. Cuando se trata precisamente, los menores, un grupo de víctimas en que la incapacidad derivada del accidente puede alcanzar las mayores cotas de aflictividad, por la prolongación en el tiempo de sus efectos, y por el truncamiento anticipado de sus expectativas vitales.

Lo que determina que carece de razón de ser la alegación realizada por el recurrente, de la falta de inclusión de hechos probados de la labor habitual que desarrollaba el menor. En primer lugar, porque no nos encontramos, a diferencia de los órganos judiciales del orden social, ante una incapacidad permanente que requiere, para su apreciación, la comparación entre la enfermedad permanente del beneficiario y las concretas labores que realizaba en el desempeño de su profesión u oficio, sino, porque, en todo caso, nos encontramos ante un menor, que lógicamente desempeña y realiza la actividad que es propia de todo menor. Que no es otra cosa que estudiar y hacer deporte, en su caso, y otras actividades extraescolares. Por lo que no era preciso incluir en hechos probados algo que resultaba obvio en el comportamiento de todo menor. A la sazón, en el momento del accidente, de 7 años de edad.

Esta incongruencia axiológica a la que conduciría respecto a los grupos extremos de edad el entendimiento no exclusivamente laboral de la IP es asumida, en la norma automovilística, de forma tal que en dicha normativa el concepto de IP y sus grados se refieren siempre a la víctima, como persona o ser humano, no como trabajador, y que aplicar la normativa propia del Derecho Laboral, en el orden civil, o penal, como en el presente caso, llevaría a la incongruencia de denegar la indemnización por incapacidad permanente total o parcial a niños, quienes pueden ser más limitados en sus facultades y posibilidades de llevar una vida normal, tras el accidente, sea esta vida normal laboral o no.

Tratándose el concepto de IP en este orden jurisdiccional, un concepto personal, que puede proyectar un efecto deficitario sobre las más diversas esferas de la actividad humana, sean individuales, sociales o profesionales, pero no de manera exclusiva y necesariamente aplicada a esta última.

De esta forma, el sistema legal de valoración en materia de lesiones permanentes viene a tener una estructura semejante a la establecida por la OMS en su clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. Conocida con el acrónimo de ICIDH, aún cuando introduzca una articulación bipartita en vez de tripartita. En la tabla VS del sistema se clasifican y valoran, usando el término tradicional forense de secuelas, las alteraciones anatómicas o funcionales básicas que la OMS denomina deficiencias, que son definidas como "cualquier pérdida o anormalidad de una estructura o función anatómica o psicológica", definición que tiene paralelismo con el fijado en el sistema legal español, al valorar las secuelas al grado de limitación o pérdida de la función que haya sufrido el miembro u órgano afectado. Y en la tabla IV, como un concepto perjudicial distinto, pero por definición derivado del daño psicofísico básico, el sistema legal incluye la IP en sus diversos grados, que abarca desde discapacidades, y minusvalías, siendo discapacidad "toda restricción o ineptitud resultante de una deficiencia, para realizar una actividad en la forma o dentro de los márgenes considerados como normales para un ser humano". Y minusvalía como "toda desventaja para un individuo determinado, resultante de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el cumplimiento de un papel social que es normal para dicho individuo".

De esta forma, si en la indemnización básica por secuelas se indemniza el daño estrictamente psicofísico, el trastorno a nivel de órgano o miembro afectado (deficiencia), con la indemnización complementaria de la incapacidad permanente se resarce la limitación de actividades que dicho daño psicofísico produce, el trastorno que el mismo determina a nivel personal y en la vida social del individuo (minusvalía y discapacidad). Y con ello, bien interpretado, el sistema legal español se ajusta, a efectos de indemnización, a los conceptos internacionalmente establecidos en materia de daños personales.

En el baremo de la Dirección General de Seguros, cuando se habla en la tabla IV, de factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes no establece ningún tipo de criterio para su determinación señalando únicamente que las lesiones permanentes que constituyen una incapacidad para la ocupación habitual de víctima será indemnizada entre unos límites determinados, fijando un mínimo y máximo legal. El concepto de incapacidad en dicha tabla, no debe ni puede confundirse con la establecida en el Derecho Laboral (SAP de Ciudad Real de 24 de febrero del 2006), ni en la Seguridad Social, porque la actividad que se desarrolla la víctima puede ser remunerada o no, y sin embargo, ello no excluye la aplicación del baremo a cualquier persona que sufra una limitación para su ocupación habitual, es decir, el concepto civil de incapacidad, a efectos del presente baremo, es, sin duda, mucho más amplio que el laboral siempre que afecte a la imposibilidad de la realización de actividad (es) habitruales de la víctima.

El TS, en sentencia de 20 de julio del 2011, en Pleno, ha venido señalando basándose en contenido del Pleno, de 25 de marzo del 2010, que el factor de corrección por incapacidad permanente parcial, total o absoluta tiene como objeto principal el reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales, conclusión que se alcanza valorando, entre otras razones, que la enunciación del factor de corrección se utiliza el término ocupación o actividad habitual, y no se contiene ninguna referencia a la actividad laboral del afectado, así como que, de acuerdo con la explicación del sistema que contiene el Anexo segundo, b, con relación a dicha Tabla IV, se trata de un factor de corrección compatible con los demás de la Tabla, entre los que se encuentra el factor de corrección por perjuicios económicos. La falta de vertebración de los tipos de daño de que adolece el sistema de valoración impide afirmar que este factor de corrección solo cubre daños morales y permite aceptar que en una proporción razonable pueda estar destinada a cubrir perjuicios patrimoniales por disminución de ingresos de la víctima, en caso que trabaje, o simplemente por las dificultades para la realización de sus actividades habituales, pero en cualquier caso, ninguna de estas dos soluciones, debe aceptarse como su finalidad única, ni siquiera principal.

Cuando el factor de corrección de la IP se trata, el TS, en sentencia de 29 de diciembre del 2010, vino a señalar que la norma condiciona su aplicación a la concurrencia del supuesto de hecho, esto es, a la realidad de unas secuelas de carácter permanente y que estas incidan en la capacidad de la víctima que la priven totalmente de la realización de las tareas propias de su actividad habitual. La falta de acreditación del supuesto de hecho normativo, abocaría a la no aplicación del factor corrector.

A la hora de cuantificar económicamente ese daño patrimonial o moral ligado a la pérdida de la capacidad, el que la referida tabla IV contempla, no una cifra concreta para cada una de las modalidades de incapacidad, sino una cantidad máxima y otra mínima, que se traduce en que el órgano judicial no está obligado a conceder la máxima por el simple hecho de que concurra la incapacidad correspondiente, sino que se encuentra legalmente facultado para moverse entre esos márgenes y poder conceder una cantidad inferior.

La Tabla IV, se remite a los elementos correctores del apartado primero, número 7 del Anexo y establece porcentajes de aumento o reducción según circunstancias. En dicho Anexo de la tabla IV, según se ha interpretado, se viene a fijar que son elementos correctores de disminución en las indemnizaciones por IP las incapacidades preexistentes o ajenas al accidente y que hayan influido en el resultado lesivo. Según la STS, de 25 de marzo del 2010, se ha venido a interpretar sistemáticamente el contenido de esta tabla, para señalar que los elementos correctores a que se refiere el citado apartado no pueden ser solo los expresamente calificados como de aumento o disminución, sino todos los criterios comprendidos en él, susceptibles de determinar una corrección en la cuantificación del daño. Por consiguiente, también los fundados en circunstancias excepcionales relacionadas con las circunstancias personales y económicas de la víctima. Ahora bien, este elemento corrector, es autónomo e independiente de la posibilidad que la tabla IV concede al tribunal de fijar la concreta indemnización que corresponda a la incapacidad probada, dentro de los márgenes legales. Solo así se explica, de una parte, que la remisión que hace la propia tabla IV, a los elementos correctores, del apartado primero número 7, de este aneo, constituya una mención independiente del hecho que se haya fijado unos límites mínimo y máximo de indemnización para cada una de las incapacidades, y de otra, que al fijar esta horquilla, no condiciones la posibilidad de moverse entre dichos límites a la concurrencia de las incapacidades preexistentes a las que sí alude el citado punto 7 del anexo primero, lo que dejaría abierta la posibilidad de concretar la indemnización en atención a otras circunstancias, como la edad y el estado de salud, que permitan ver como más o menos importante la incidencia de la incapacidad en el perjudicado, en cuanto que una misma invalidez, dadas estas otras circunstancias, no tiene porqué comportar el mismo perjuicio para todas las víctimas. Por lo que el Tribunal puede moverse dentro de los márgenes, para moderar la indemnización, y no conceder la suma máxima prevista, en atención a otras circunstancias y no exclusivamente al hecho de que el perjudicado padeciera enfermedad previa.

En consideración a todo lo dicho, debemos tener en cuenta, no ya solo las dolencias de la víctima, sino la edad del mismo en el momento del accidente, y la esperanza de vida laboral del citado, siendo todos ellos factores relevantes, al igual que la determinación real de las secuelas y el grado de afectación de la misma. Y hasta qué punto queda afectado en la realización de sus tareas habituales, no ya solo laborales.

La Juez a quo aplicó el baremo del 2011, considerando, no ya la fecha del informe médico forense, sino entendiendo que la estabilización de las lesiones del menor había tenido lugar ya en 2011. Siendo la puntuación a valorar a estos efectos desde 18.141,09 a 90.705,42 euros.

El menor, en informe médico forense señala que el menor ha recuperado algo en los dedos el movimiento de flexión y en el pulgar, un poco de movimiento de flexión y de oposición, lo que le permitiría realizar una presa burda y un movimiento de pinza, con la mano, de forma muy débil. Añadiendo a nivel de secuelas la existencia de las mismas en servicio nervioso periférico de miembros superiores, parálisis de nervio mediano a nivel de antebrazo muñeca, y lo mismo en la otra extremidad superior. Añadiendo que aún cuando existe atrofia muscular en antebrazo, la afectación funcional/motriz se encuentra fundamentalmente en la mano con atrofia de toda la musculatura intrínseca y desaparición de los relieves musculares de la eminencia ténar e hipoténar. En informe de aclaración de la forense, de 26 de noviembre del 2012, volvió a indicar que la lesión se deriva de una parálisis radicular inferior o síndrome de Klumpke, apareciendo la misma clínica que en las parálisis del mediano y del cubital a lo que se añade la ptosis palpebral. Sin que estas lesiones hayan mejorado pese a las intervenciones y el paso del tiempo transcurrido desde la fecha del accidente (2009 a 2012, fecha del último informe forense). Por lo que resulta difícil que esta lesión vaya a mejorar en el tiempo.

Y afectando la lesión, sobre todo a la mano derecha, que es la dominante en el menor.

De tal modo que el menor se ve imposibilitado para la realización de actividades que exijan bimanualidad, entre ellas actividades básicas, como bien señaló la Juez a quo, como conducir, o practicar deporte, o incluso teclear en un ordenador con rapidez. Siendo estas lesiones prácticamente irreversibles, y que han mejorado escasamente por el transcurso del tiempo, habiendo sufrido el menor el accidente cuanto contaba tan solo 7 años de edad.

Seguimos, en la consideración efectuada por la SAP de Madrid de 25 de noviembre del 2009, en el sentido que con estas dolencias os encontramos con una incapacidad permanente total, por cuanto las lesiones ocasionan una limitación más que importante en el manejo de los miembros superiores, y en particular, en el miembro superior derecha, dominante. Aún cuando existan actividades que puedan ser desarrolladas por el menor.

Siguiendo la línea prevista, además, por SAP de Orense de 4 de septiembre del 2008, donde se indica que las secuelas a computar, singularmente las afectantes al miembro superior derecho, dominante, suponen limitaciones tan importantes para realizar actividades fundamentales en la vida diaria, que las hacen subsumibles en el concepto de IP total recogida como factor de corrección en el anexo instaurado por la ley 30/94, máxime si tenemos en cuenta, a diferencia de lo alegado por la parte recurrente, que la IP parcial, se indica que se trata de dolencias que no impiden la realización de tareas fundamentales en el lesionado. Mientras que es obvio que el menor, con la dolencia padecida en la mano derecha dominante, prácticamente se ve impedido de realizar las actividades habituales que venía desarrollando con ella, y así será en el futuro.

Por lo que teniendo en cuenta las dolencias del menor, y su edad, la fijación de la cuantía por la Juez a quo en la cifra de 60.000 euros, por este concepto, es prudencial y proporcionada al efecto. Siendo poco más del 50 %, de la cantidad que podría ser establecida por el Juez a quo, por tal concepto, esto es, de incapacidad permanente total.

Por lo que el motivo de recurso, al respecto, también habrá de ser desestimado.

Sexto.—Como último motivo de recurso, alega que no corresponde la aplicación de los intereses del artículo 20 de la LCS, por las cantidades no consignadas. Aspecto éste, al que se adhirió el Ministerio Fiscal.

Expone que en el caso de Almudena, consignó judicialmente la cantidad en fecha de 2 de octubre del 2009, dentro de los tres meses desde el accidente (12 julio del 2009). Consignando la cantidad de 5.314,76 euros.

En fecha de 23 de junio del 2010, fue emitida alta forense de lesiones de la citada, ante lo cual consignó la suma de 10.258,20 euros, y en fecha de 8 de septiembre del 2010, la de 18.156,99 euros, solicitando se pusiera a disposición de Almudena la suma de 10.942,27 euros. Declarándose insuficiente dicha cantidad, por resolución judicial, y en fecha de 19 de enero del 2011, consignó la cantidad de 9.915,44 euros para Almudena, y otra de 2.926,26 por factor de corrección para la misma lesionada. Declarando la suficiencia de la consignación en auto de 21 de febrero del 2011.

Indicando que solo pedía intereses moratorios respecto de las indemnizaciones solicitadas exclusivamente para su hijo Lorenzo. No en cuanto a los demás. Por lo que por razón del principio de congruencia, no deberían otorgarse intereses moratorios a favor de dichos perjudicados, al no haber sido solicitados.

Por lo que pasa, el recurrente, a analizar los intereses moratorios pedidos con relación al menor Lorenzo.

Respecto de este último, se consignó la cantidad de 77.804,60 euros, en fecha de 2 de octubre del 2009, siendo emitido informe médico de alta en fecha de 3 de julio del 2012, consignando otra cantidad e 4.589,03 euros, siendo la cantidad total consignada con relación al mismo, hasta dicha fecha, de 82.393,63 euros. Después de aclarado el informe médico forense, en fecha de 26 de noviembre del 2012, se consignaron otras cantidades del menor, en concreto 7.189,82 euros. Siendo el total consignado en dicha fecha de 89.583,45 euros.

Indicando que se ha fijado una indemnización de 9 puntos por secuela, más otros dos, por perjuicio estético, en sentencia. De tal manera que la entidad aseguradora no podía saber hasta el momento del juicio, cuál era la puntuación de secuelas que habrían de concederse por este punto, y tampoco la cantidad que habría de concederse por incapacidad permanente. Por lo que no existe mora ni negligencia en la actuación de dicha aseguradora, y por tanto, no debe cantidad alguna en razón de los intereses.

Habiendo consignado, en fecha de 25 de junio del 2013, la cantidad de 2.103,50 euros, a favor de Almudena. De 4.719,72 euros, a los padres del menor Lorenzo. A D. Jose Carlos, la cantidad de 2.350 euros. Y por último, al menor Lorenzo, la cantidad de 92.462 euros, resultantes de las diferencias entre las cantidades ya consignadas, y las fijadas, a favor de los perjudicados, en sentencia.

El Ministerio Fiscal, se adhirió, exclusivamente en cuanto a la no concesión de intereses, con relación a las cantidades adeudadas a Almudena y a su hijo Gumersindo.

Conviene recordar que la cantidad a satisfacer a Jose Carlos, por razón del siniestro total de su vehículo, tuvo lugar en fecha de 25 de junio del 2013, esto es, prácticamente 4 años después del accidente. Es de observar, igualmente, que en cuanto al menor Gumersindo, se estableció en informe médico forense, de fecha de 2 de mayo del 2011, la puntuación definitiva de su secuela, valorándola en 4 puntos (disimetría), sin que hasta la fecha de 19 de julio del 2012, consignara dicha cantidad

En cuanto a la indemnización fijada a favor del menor Lorenzo, ascendió, según sentencia a una cantidad 92.462 euros, mayor que la consignada judicialmente por la cía aseguradora. Cuanto que la fijación definitiva de esta cantidad tiene su origen en informes médicos que ya obraban en la causa desde el año 2012. No habiendo procedido al pago de la diferencia, hasta la fecha de redacción de la sentencia. Existiendo, entre lo consignado y lo fijado por la Juez a quo, una diferencia significativa, de más de 90.000 euros.

Debiendo de hacer constar que, según el pronunciamiento de la sentencia, solo devengarán intereses las cantidades no satisfechas, no las que fueron satisfechas, y ya consignadas. Es decir, con respecto a las diferencias que tuvieron que ser consignadas a posteriori. Y no con relación, repito, de las ya consignadas. Lógicamente, no procederá, según la sentencia, intereses con relación a las lesiones de Almudena, entre otras cosas, porque las mismas ya fueron consignadas, en su momento, y declarando la suficiencia de dicha consignación. Y afectando exclusivamente los intereses, con relación a dicha perjudicada, en relación a la diferencia, por distintos gastos, en la cantidad de 2.103,50 euros. Siendo las cantidades consignadas tras la sentencia, y que no habían sido consignadas con anterioridad, un total de 101.635,22 euros. Comprendiendo pagos por secuelas que ya habían sido determinadas anteriormente en informe médico forense. De incapacidad permanente, que se traslucía en informe médico forense. De gastos por siniestro total del vehículo, que ya tuvo lugar a partir del accidente mismo. Siendo los dos vehículos implicados en el accidente asegurados en la misma compañía de seguros, Línea Directa Aseguradora. Por lo cual, deberíamos entender que procedería un cabal conocimiento de la situación y evolución del accidente por parte de la citada entidad recurrente.

Es decir, que ni no pagó la totalidad de las cantidades no era porque no tuviera los elementos documentales suficientes, y a su alcance, para lograrlo. Debiendo valorarse el contenido del recurso, en el sentido que determinados intereses del artículo 20 de la LCS, no fueron solicitados expresamente en el acto de la vista.

Y así, en contra de dicha pretensión de la ahora apelante, debemos decir que el interés contemplado en dicho artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro es el "igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue", pero, como consecuencia de haber incurrido en mora el asegurador y como sanción por el incumplimiento de su deber de pagar dentro del plazo legalmente previsto después de producido el siniestro o de tener conocimiento del mismo, dicho interés, -al no haber procedido a la consignación, por parte de la aseguradora en el plazo-, es considerado como una sanción por dicho incumplimiento en el plazo legal, el precepto legal, que como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de septiembre de 2010. De tal manera que dicha consignación, en plazo, "obliga a toda clase de seguros", y así lo dispone, con carácter imperativo y aplicable de oficio.

Dicha Sentencia del Tribunal Supremo dice que " Esta Sala ha reiterado (entre las más recientes, SSTS de 16 de octubre de 2008, recurso de casación 858/2002, de 6 de septiembre de 2009, recurso de casación 1208/2004, y de 29 de junio de 2009, recurso de casación 840/2005, con cita de ambas) que el artículo20 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, en cuanto norma general que obliga a toda clase de seguros, incluyendo el de responsabilidad civil en todas sus modalidades, es un precepto que establece para las aseguradoras, en el ámbito de los intereses de demora (interés especial de demora según STC 5/93 de 14 de Enero), y para el caso de que la aseguradora se retrase en el pago excediendo así el plazo legal, la imposición por el órgano judicial, de oficio, de unos intereses claramente sancionatorios y por ende disuasorios, respecto de una conducta que dificulta o aventura el pago de una indemnización.

Dicho esto, tal como ha venido sosteniendo el TS, por otras, en sentencia de 25 de febrero del 2009, no se debe dejar en manos de las aseguradoras el pago de las indemnizaciones. De tal manera que el recargo de intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de indemnizaciones por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En este sentido, podemos decir que el citado precepto, señala que tiene su génesis en un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora desaparecerá, cuando de las circunstancias concurrentes del siniestro, o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano judicial ante una discrepancia de las partes al respecto, que tanto que dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial.

Es evidente que de entre los varios conceptos que no fueron objeto de consignación, en plazo, y sí tras la sentencia, había múltiples que deberían haber sido conocidos por la aseguradora con carácter previo, si efectivamente tenía algún interés en consignar la cantidad íntegra del daño causado. Así la cuantía de la indemnización por daños materiales del vehículo, tratándose de siniestro total. La valoración por las secuelas, 4 puntos por disimetría, del menor Gumersindo, y la cantidad a favor del otro menor, Lorenzo, que se derivaba claramente de los informes médicos forenses. Y con bastante antelación a la celebración del acto de juicio. Lógicamente, si se pretendiera que para la aplicación del artículo 20 de la LCS, no existiera controversia alguna a decidir por el órgano jurisdiccional, dicho interés, no podría nunca ser aplicable en resoluciones judiciales. Haciéndolo de todo punto inefectivo. De tal manera que en el caso de autos, es más que claro la procedencia de su aplicación.

El último motivo de recurso ha de ser desestimado.

Por este órgano judicial se podría haber confirmado la resolución ciñéndonos a los detenidos argumentos de la Juez a quo. Pero el principio de tutela judicial efectiva exige una actuación congruente con las peticiones formuladas en vía de recurso y/o adhesión. Y acudir a fórmulas distintas de la mera remisión a los acertados argumentos de la Juez a quo.

Séptimo.—En cuanto a las costas, no apreciándose temeridad o mala fe en la interposición de los recursos, bien sea de formalización del recurso de Apelación, bien sea de impugnación/adhesión al mismo, determina que las costas de esta alzada sean declaradas de oficio. No olvidando que el Ministerio Fiscal se adhirió parcialmente al recurso de Apelación de la cía aseguradora, lo que determina que no existe mala fe en la interposición del citado recurso.

Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación.

FALLO


 
Que debo desestimar y desestimo el recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Monserrat Jiménez Sanz, en nombre y representación de LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA SA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, al que se adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal, y la impugnación/adhesión, formulada por la Procuradora Sra. Pilar Alfageme Liso, en nombre y representación de D. Jose Carlos Y DE D.ª Almudena, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción del Burgo de Osma, de fecha de 31 de mayo del 2013, en autos de juicio de faltas número 94/2009, seguidos en dicho órgano judicial, y en su consecuencia, debo de confirmar y confirmo, en su integridad, la sentencia recurrida.

Declarando de oficio las COSTAS de esta alzada.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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