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Sentencia T.S.J. Madrid 762/2012 de 6 de noviembre


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial de la Administración: Derivada de deficiente asistencia sanitaria. Requisitos: Examen de los exigidos por la legislación y jurisprudencia para la apreciación de responsabilidad. Prueba pericial: Se ha acreditado la pérdida de oportunidad ante la omisión de las actuaciones médicas necesarias.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Novena

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009750

NIG: 28.079.33.3-2009/0117162

Procedimiento Ordinario 51/2009

Demandante: D./Dña. Abelardo, D./Dña. Felisa y D./Dña. Mercedes

PROCURADOR D./Dña. PALOMA SOLERA LAMA

Demandado: COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

QBE Insurance Europe Limited. Sucursal en Espana

PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO ABAJO ABRIL

SENTENCIA No 762

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Ramón Verón Olarte

Magistrados:

Da. Ángeles Huet de Sande

D. Juan Miguel Massigoge Benegiu

D.ª Berta Santillán Pedrosa

D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo

En la Villa de Madrid a seis de noviembre de dos mil doce.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso contencioso administrativo n.º 51/09, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Solera Lama, en nombre y representación de doña Felisa, doña Mercedes y don Abelardo, contra la desestimación presunta por silencio de su reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración presentada con fecha 25 de enero de 2008; habiendo sido parte la Administración demandada, representada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid. Ha intervenido como codemandada "QBE Insurance (Europe) Ltd., Sucursal en España", procesalmente representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco José Abajo Abril.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Interpuesto el recurso y seguidos los trámites previstos en la ley, se emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, dándose cumplimiento a este trámite dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ser ajustada a Derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

Segundo.—Por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y por la representación procesal de la aseguradora codemandada, "QBE Insurance (Europe) Ltd., Sucursal en España", se contesta a la demanda, mediante escritos en los que, respectivamente, se suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a Derecho.

Tercero.—Habiéndose recibido el presente proceso a prueba y presentados por las partes escritos de conclusiones, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

Cuarto.—En este estado se señala para votación y fallo el día 31 de octubre de 2012, teniendo lugar así.

Quinto.—En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. D.ª Ángeles Huet de Sande.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El presente recurso contencioso administrativo se interpone por doña Felisa, doña Mercedes y don Abelardo contra la desestimación presunta por silencio de su reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, presentada con fecha 25 de enero de 2008, por la atención sanitaria recibida por don Isidro, esposo y padre, respectivamente, de los reclamantes, durante su estancia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid en el que falleció el día 20 de septiembre de 2007, a los 74 años de edad.

Segundo.—Para la resolución del presente recurso contencioso administrativo resulta necesario tener en cuenta los siguientes hechos derivados del expediente administrativo, de la prueba practicada y de las alegaciones de las partes:

a).- Con fecha 19 de septiembre de 2007, a las 20:15 horas, don Isidro sufrió un atropello siendo trasladado por el SAMUR al Hospital 12 de Octubre de Madrid, en el que ingresó a las 21:15 horas.

b).- Al ingreso presentaba sangrado nasal, herida con hematoma frontal derecho y excoriaciones en ambas rodillas. TA 160/170. En Urgencias el paciente es valorado por Neurocirugía y Maxilofacial, realizando TAC craneal y Rx de columna cervical que resultaron normales, entregando al paciente informe de alta y enviándole a su domicilio a las 2:00 horas del día siguiente 20 de septiembre de 2007.

c).- Según la familia, no se marcharon al domicilio porque el paciente continuaba sangrando por la nariz y con dolor toraco- abdominal. A las 02:45 horas el paciente presentó un cuadro sincopal, siendo trasladado al box vital, avisando a UCI de traumatología.

d).- Al ingreso en el box vital a las 02:45 horas, el paciente presentaba una TA sistólica de 80 mHg, signo de sangrado reciente en fosas nasales, 105 latidos por minuto, abdomen globuloso y depresible, pulsos pedios débiles, consciente, aunque confuso e inquieto; pupilas isocorias y mormoreactivas. La radiografía de tórax fue normal. Se comenzó oxigenoterapia de alto flujo y aporte de volumen para aumentar tensión arterial con buena respuesta inicial. A continuación, se realiza analítica, constatando hemoglobina y hematocritos bajos y un trastorno en la coagulación. La Eco abdominal objetivó abundante líquido libre intraperitoneal sugestivos de hemoperitoneo, por lo que se avisa a cirugía para una laparotomía urgente.

e).- Se pasó al paciente inmediatamente a quirófano, donde se objetivó abundante hemoperitoneo y retroperitoneo con sangrado difuso, esplenomegalia y hepatopatía crónica muy evolucionada con hipertensión portal. Se intentó hemostasia sin éxito, realizando packing con compresas y cierre por planos.

f).- Tras la cirugía, el paciente volvió a UCI con TA sistólica de 60 mHg, refractaria al tratamiento y coagulopatía no controlable, falleciendo por un cuadro de shock hemorrágico el 20 de septiembre de 2007, a las 07:30 horas, a los 74 años de edad.

Tercero.—Se alega la demanda que hubo un error y descoordinación en la atención inicial recibida por el Sr. Isidro a su ingreso en urgencias ya que no fue tratado, como estaba indicado, por el Servicio de Traumatología, siendo atendido solamente por el de Neurocirugía, y ello provocó que no se llevaran a cabo las necesarias exploraciones de la cavidad abdominal y consiguientes pruebas complementarias de dicha cavidad. Esta omisión determinó que no pudiera detectarse en un momento precoz la hemorragia abdominal que acabó provocando el fallecimiento del paciente, pues cuando ésta fue descubierta y abordada era ya tarde para atajarla. Por todo ello, entienden que el fallecimiento del paciente es causalmente imputable a la deficiente atención sanitaria recibida, razón por la cual consideran que se dan todos los requisitos de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración que ejercitan en la demanda y concluyen solicitando una indemnización por un importe total de 480.000 € más intereses desde la fecha de la reclamación administrativa (a la esposa 160.000 € y a los hijos 320.000 €).

La representación procesal de la Comunidad de Madrid solicita la desestimación de la demanda. Alega que, si bien el informe emitido por la Inspección Médica entiende que se omitió una exploración abdominal que podría haber puesto sobre la pista del traumatismo abdominal y sus nefastas consecuencias, ello no obstante, no puede afirmarse que de haberse realizado esta exploración y haberse intervenido en ese momento el resultado hubiera sido distinto. Considera que nos encontraríamos ante lo que la doctrina jurisprudencial viene calificando como pérdida de oportunidad y por ello entiende que no es la muerte del paciente el daño que debe indemnizarse, considerando que, desde esta perspectiva, la cuantía indemnizatoria solicitada es excesiva.

En cuanto a la aseguradora codemandada, "QBE Insurance (Europe) Ltd., Sucursal en España", considera que la atención sanitaria recibida por el paciente a su ingreso en urgencias fue ajustada a la "lex artis". Explica que como el paciente no presentaba a su ingreso una clínica de patología abdominal, no resultaba necesaria la realización de ninguna exploración o prueba complementaria sobre la cavidad abdominal y, por ello, considera que las pruebas que se realizaron fueron las ajustadas a la clínica que en ese momento presentaba el paciente en la que no se manifestaba ningún síntoma de patología abdominal. Por esta razón, considera que no ha habido pérdida de oportunidad alguna y que tampoco puede afirmarse la existencia de relación causal entre el fallecimiento del paciente y el funcionamiento del servicio sanitario. Subsidiariamente, considera excesiva la cantidad que se reclama en la demanda en concepto de indemnización por alejarse injustificadamente de las cantidades que se establecen en el baremo establecido en la legislación de seguros del automóvil.

Cuarto.—Así establecidos los hechos y determinadas las posiciones de las partes, procede analizar ahora si concurren en el presente caso los presupuestos determinantes del nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, tal y como aparece regulada en los arts. 139 y siguientes de la LRJyPAC.

Como es sabido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene reiteradamente exigiendo para apreciar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar (daño antijurídico) y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor.

Así pues, para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración, no sólo es necesario que se declare la relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el daño padecido por quien la reclama, sino que es también necesario que este daño sea antijurídico o, lo que es lo mismo, que no se tenga la obligación de soportarlo. Y este elemento de la acción ejercitada nos remite a la noción de la "lex artis", pues sólo si se acreditase que la atención sanitaria recibida se realizó con infracción de la "lex artis" -sin entrar en si tal uso de la técnica médica o sanitaria fue o no negligente, pues, como quedó dicho, la responsabilidad que analizamos es de carácter objetivo-, podríamos considerar el daño padecido por la parte actora como antijurídico.

Es a este requisito al que se refiere el art. 141.1 LRJyPAC al disponer que " Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos ".

Como se argumenta en la STS de 22 de diciembre de 2001, « ciertamente que en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que, cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a otras dolencias del paciente ».

En esta misma sentencia se analiza la repercusión del correcto empleo de la técnica en la consideración del daño como antijurídico, argumentándose que si la actuación médica « fue realizada correctamente de acuerdo con el estado del saber en la actualidad y... la incidencia postoperatoria fue resuelta correctamente,... estaríamos ante una lesión que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, recogida en el artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no ha venido sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto, según el cual "no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiese podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos". Aun aceptando, pues, que algunas de las secuelas que sufre la recurrente tuvieran su causa en la intervención quirúrgica a la que fue sometida y no en su previo padecimiento, lo cierto es que la técnica quirúrgica empleada fue correcta de acuerdo con el estado del saber, de manera que sus resultados no habrían podido evitarse según el estado de los conocimientos de dicha técnica quirúrgica, y, en consecuencia, el daño producido, de acuerdo con el citado artículo 141.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , no sería indemnizable por no tratarse de una lesión antijurídica sino de un riesgo que la paciente tiene el deber de soportar ».

Quinto.—La tesis esencial que vertebra la demanda -que hubo una insuficiente atención al paciente a su ingreso en urgencias por haberse omitido, siendo pertinente, una exploración toraco-abdominal y las pruebas complementarias a dicha exploración- debe considerarse acreditada con el material probatorio obrante en autos. Y ello, porque de los pareceres médicos al respecto que obran en autos -el informe emitido por la Inspección Médica y los dos informes periciales aportados, respectivamente, por la parte actora y por la aseguradora codemandada, ratificados ambos en presencia de la Sala-, son más los que abonan la tesis actora -el informe de la Inspección Médica y el informe pericial de la actora- y uno solo el que la rechaza -el informe pericial de la aseguradora codemandada-.

Son así, coincidentes la Inspección Médica y el informe pericial de la parte actora al sostener que al ingreso del paciente se le debió haber realizado una exploración toraco-abdominal y las pruebas complementarias a dicha exploración.

La Inspección Médica dice así en las conclusiones de su informe:

" Conclusiones.

1.- El paciente fue trasladado a Urgencias el 19 septiembre 2007 tras sufrir un atropello. Suponíamos que el paciente fue visto y valorado inicialmente por traumatología quien le pasó a Neurocirugía. Y no es así, el Jefe de Servicio de Traumatología nos confirma que fue visto por Neurocirugía, que fue quien firmó el alta, a las 2:00 de la madrugada del día 20 septiembre. Neurocirugía le realizó un TAC craneal y una radiografía cervical, pero en ningún sitio consta que se le efectuara ninguna exploración física abdominal, que podría haber sido significativa y se hubiera solicitado una ecografía abdominal.

2.- Es cierto que el paciente llegó a Urgencias trasladado por el Samur, haciendo referencia solamente a hemorragia nasal y contusión cerebral, junto con heridas en ambas rodillas, y la TA 160/170. No obstante al llegar al hospital se hizo únicamente la exploración neurológica junto con las pruebas complementarias del traumatismo cráneo-cervical, pero no se efectuó (al menos no consta) exploración física toraco-abdominal, y por supuesto ninguna prueba complementaria: Rx de tórax y ecografía abdominal.

3.- Vemos que el paciente fue derivado... directamente a Neurocirugía, sin pasar por traumatología. No podemos saber si la exploración toraco-abdominal nos hubiera puesto sobre la pista del sangrado abdominal, pero lo cierto es que no se hizo.

4.- El traumatismo abdominal cuando se detectó a las 2:45 horas del día 20 septiembre, evolucionó rápidamente, de forma irreversible, por el abundante hemoperitoneo y retroperitoneo, máxime cuando el paciente padecía una hepatopatía crónica avanzada y los consiguientes trastornos de coagulación, haciendo imposible la hemostasia.

5.- Como conclusión final decir que el tratamiento recibido inicialmente, a la llegada de Urgencias, fue adecuado pero insuficiente ya que el paciente fue derivado directamente a Neurocirugía sin una exploración física general que podría haber puesto sobre la pista del traumatismo abdominal cerrado y sus nefastas consecuencias, el hemoperitoneo, que conllevó al shock hemorrágico y éxitus. "

Por su parte, el informe pericial aportado por la actora coincide con la Inspección Médica al destacar en su informe que:

" ... El médico que lo atendió [al paciente a su ingreso en urgencias] no era Traumatólogo sino Neurocirujano; dicho especialista se limitó descartar patología cervical y encefálica y le propuso el alta domiciliaria a las 02:00 horas del día 20.

Resultaba imprescindible la realización de una exploración abdominal y la realización de radiografía de tórax y abdominal, más ecografía abdominal inmediata el ingreso al tratarse de un paciente politraumatizado (atropello). No se llevaron a cabo estas pruebas, infringiendo claramente la lex artis.

Que de haberse atendido adecuadamente de entrada por el traumatólogo, se hubiera realizado una exploración abdominal y una ecografía abdominal precoz y se hubiera conocido la hepatopatía crónica estudiando la coagulación al ingreso y pudiendo tratar su alteración antes de que el paciente hubiera consumido sus propios factores de coagulación al presentar una hemorragia de 3 litros.... "

En cambio, el informe pericial aportado por la aseguradora codemandada considera que la atención recibida por el paciente a su ingreso en urgencias fue la adecuada a los síntomas que padecía (traumatismo craneoencefálico leve) sin que hubiera signos sospechosos ni síntomas de ninguna lesión abdominal que exigieran la realización de exploración o pruebas complementarias sobre el abdomen. Explica, asimismo, este informe que la exploración general y de abdomen es necesaria en los casos de politraumatismo, pero no en este caso en el que el único traumatismo que tenía el paciente era el craneoencefálico.

Ahora bien, nos inclinamos por acoger la tesis coincidente de la Inspección Médica y la del perito de la parte actora, y no la del perito de la aseguradora codemandada, por las siguientes razones: en primer lugar, por ser dos pareceres científicos coincidentes frente a uno solo discrepante; en segundo lugar, porque el propio Jefe del Servicio de Traumatología considera que hubo un error al remitir al paciente, a su ingreso en urgencias, directamente a Neurocirugía sin ser examinado antes por Traumatología (folio 77 del expediente); y en tercer y último lugar, por lo razonable de las explicaciones ofrecidas por el perito de la actora en el acto de ratificación de su informe a presencia de la Sala en el que rebate la afirmación del perito de la aseguradora, según la cual la exploración toraco-abdominal sólo hubiera sido necesaria, conforme a los protocolos, en un supuesto de politraumatismo y no en este caso en el que el único traumatismo que presentaba el paciente era uno craneoencefálico leve, y así, rebate esta afirmación el perito de la actora en los siguientes términos: " en este caso, aunque sólo se constatara un traumatismo craneoencefálico, dado que el paciente fue atropellado y que el impacto del vehículo tuvo que ser, necesariamente, sobre la mitad del cuerpo, era necesario una exploración del abdomen y no sólo de la cabeza porque está demostrado que impactos de no gran intensidad pueden luego dar lugar a lesiones graves que inicialmente no estaban a la vista. Por eso considera que en este caso se debió haber seguido el protocolo de los supuestos de politraumatismo que incluyen la exploración de abdomen ". Se trata de una explicación que convence a la Sala porque defiende una actuación médica prudente que tiene en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, frente al puro formalismo estricto que caracteriza la postura de la aseguradora codemandada y que, según entendemos, no aprecia las concretas circunstancias en las que llegó el paciente, de 74 años de edad, tras ser víctima de un atropello en el que, necesariamente, todo su cuerpo se vio afectado, por lo que una exploración general que incluyera la abdominal parecía apropiada.

Por otra parte, no ha quedado plenamente acreditado que la realización de esta exploración abdominal y pruebas complementarias pertinentes hubiera permitido detectar precozmente el traumatismo abdominal hasta el punto de poder evitar el fallecimiento del paciente (tan sólo lo afirma el perito de la parte actora, negándolo la Inspección Médica y el perito de la aseguradora codemandada), pero en cualquier caso, se privó al paciente de la oportunidad de que así hubiera sido (así se desprende del informe de la Inspección Médica cuyas valoraciones hemos venido acogiendo).

Por lo expuesto, la acción debe prosperar ya que la omisión de unas actuaciones médicas necesarias, exploración abdominal y pruebas complementarias al respecto, privaron al paciente de la posibilidad de haber recibido un tratamiento precoz que, también por hipótesis, podría haber evitado su fallecimiento. El daño antijurídico que debemos entender imputable al funcionamiento del servicio sanitario, que es el que debe ser indemnizado, es, pues, no el fallecimiento mismo del paciente, sino la pérdida de la oportunidad de haber sobrevivido.

Sexto.—Así definido el daño que debe ser indemnizado, no pude acogerse la cantidad que se reclama en la demanda sin soporte justificador alguno (160.000 euros para el viudo y esa misma cantidad para cada uno de sus dos hijos), considerando más prudente fijarla, utilizando como criterio orientador la legislación de seguros del automóvil vigente a la fecha de la presente sentencia, y teniendo en cuenta que el paciente tenía 74 años cuando falleció y que sus dos hijos son mayores de 25 años, en 85.000 euros para su viuda y 10.000 euros para cada uno de sus dos hijos, en total 105.000 euros, cantidad que se fija como deuda de valor y, por tanto, actualizada al momento presente.

La estimación del recurso debe, por tanto, ser sólo parcial.

Séptimo.—De conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998, no se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.


FALLAMOS


 
Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo n.º 51/09, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Solera Lama, en nombre y representación de doña Felisa, doña Mercedes y don Abelardo, contra la desestimación presunta por silencio de su reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración presentada con fecha 25 de enero de 2008, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS dicha resolución por no ser ajustada al ordenamiento jurídico y, en su lugar, debemos reconocer y reconocemos el derecho de la parte actora a que se le abone una indemnización de 105.000 euros, cantidad que no devengará más intereses que los previstos en el art. 106 LJ.

No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada D.ª Ángeles Huet de Sande, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretario de la misma, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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