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Sentencia T.S.J. Madrid 821/2012 de 27 de diciembre


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial de la Administración: Anormal funcionamiento de los servicios. Prescripción: Examen de la legislación, no apreciándose su concurrencia. Requisitos: Análisis de los exigidos por la normativa y doctrina para apreciar la responsabilidad. Procedimiento: Estudio de la legislación en orden a su determinación, debiendo examinar la cuestión litigiosa. Prueba: De acuerdo con la practicada, procede la concesión de indemnización por las lesiones padecidas. Intereses moratorios: Procede su imposición. Voto particular: La Comunidad de Madrid carece de legitimación ad causam y ad procesum.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Décima

C/ Génova, 10 - 28004

33009730

NIG: 28.079.33.3-2010/0153310

Procedimiento Ordinario 433/2010

Demandante: D./Dña. Urbano

PROCURADOR D./Dña. FERNANDO PEREZ CRUZ

Demandado: COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

ZURICH INSURANCE PLC, SUC. EN ESPAÑA

PROCURADOR D./Dña. MARIA ESTHER CENTOIRA PARRONDO

SENTENCIA N.º 821/2012

Presidente:

D./Dña. M.ª DEL CAMINO VÁZQUEZ CASTELLANOS

Magistrados:

D./Dña. FRANCISCA ROSAS CARRION

D./Dña. EMILIA TERESA DIAZ FERNÁNDEZ

D./Dña. M.ª JESUS VEGAS TORRES

En la Villa de Madrid, a 27 de diciembre de 2012

Visto el recurso contencioso administrativo número 433/2010 seguido ante la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por don Urbano, representado por el Procurador don Fernando Pérez Cruz y dirigido por los Letrados don Alfonso Nieto DunnZe y don José Manuel Guillén Sanz, contra la resolución dictada en fecha de 30 de abril de 2008 por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transporte e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, desestimatoria del recurso de reposición deducido contra la de 14 de febrero de 2008 sobre reclamación de responsabilidad patrimonial.

Ha sido parte demandada la Comunidad de Madrid, representada y dirigida por la Letrado de sus Servicios Jurídicos doña Yolanda Hernández Villalón.

Ha sido parte codemandada la entidad "ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA", representada por la Procuradora doña Esther Centoira Parrondo y dirigida por el Letrado don Julián Olivares Monteagudo.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—El presente recurso contencioso administrativo se interpuso ante los Juzgados de Lo Contencioso Administrativo de Madrid.

Habiéndose turnado al Juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 29, se reclamó el expediente administrativo y siguiendo los trámites legales se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito obrante en autos, en el que hizo alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que consideró de aplicación y terminó solicitando que se dictara sentencia por la que, estimando la demanda, se declarase no ser conforme a Derecho la resolución administrativa impugnada y, en consecuencia, la anulara, declarando el derecho de don Urbano a ser indemnizado económicamente en la cantidad de 441.436,32 euros, indemnización de la que debe responder, con carácter solidario, la Comunidad de Madrid y la compañía de seguros Zurich, todo ello más los intereses legales y los especiales del artículo 20 de La Ley de Contrato de Seguro con cargo a la aseguradora y con expresa condena en costas a la parte demandada si se opusiera.

Habiendo formulado la Comunidad de Madrid alegaciones previas, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 de los de Madrid, en el Procedimiento Ordinario tramitados con el número 79/2008 de su registro, dictó auto con fecha de 17 de diciembre de 2009, en el que se acordó remitir exposición razonada a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por considerar que el conocimiento y fallo del proceso podría ser de su competencia.

Por auto de 11 de junio de 2010, se declaró la competencia a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habiéndose registrado los autos como Procedimiento Ordinario 433/2010 del registro de esta Sección.

La Comunidad de Madrid formuló nuevamente alegación previa oponiendo, como causa de inadmisibilidad en la demanda, su propia falta de legitimación pasiva, que fue desestimada por auto de 24 de noviembre de 2010.

Segundo.—En su escrito de contestación a la demanda, la Comunidad de Madrid solicitó la inadmisión del recurso contencioso administrativo por falta de legitimación pasiva o, subsidiariamente, su desestimación.

En su contestación a la demanda la entidad "ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA" solicitó que se dictara sentencia que desestimara el recurso.

Habiéndose recibido el proceso a prueba, se practicaron los medios probatorios propuestos y admitidos con el resultado que obra en autos, presentando posteriormente las partes sus respectivos escritos de conclusiones.

Tercero.—Terminada la tramitación del proceso, se señaló para votación y fallo del recurso el día 14 de noviembre de 2012, fecha en que no se concluyó, suspendiéndose la continuación por razones atinentes a la composición de la Sala. Reiniciada, la deliberación concluyó el día 19 de diciembre de 2012.

En la tramitación del proceso se han observado las reglas establecidas por la Ley.

Ha sido Magistrado Ponente doña FRANCISCA ROSAS CARRION, quien expresa el parecer de la Sección.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Don Urbano ha interpuesto el presente recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada en fecha de 30 de abril de 2008 por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transporte e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, desestimatoria del recurso de reposición deducido contra la de 14 de febrero de 2008, mediante la que se inadmitió a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 21 de enero de 2008 por haberse considerado que la Comunidad de Madrid carecía de competencia para tramitar la reclamación deducida contra la entidad "METRO DE MADRID", por ser ésta una entidad de derecho privado sometida a las normas del Derecho Civil y Mercantil y a la que no le son de aplicación de las disposiciones de la Ley 30/1992 sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y por haber ocurrido los hechos en la estación de "Sol" de la Línea 1 del Metro de Madrid, cuando el reclamante cayó a las vías y fue atropellado por un tren.

Como se ha dicho, el recurrente solicita en la demanda que se declare no ser conforme a Derecho la resolución impugnada, que se declare su derecho a ser indemnizado en la cantidad de 441.436,32 euros, que se condene a su pago con carácter solidario a la Comunidad de Madrid y a "ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA", más los intereses legales, así como la imposición a la compañía aseguradora de los intereses especiales del artículo 20 de La Ley de Contrato de Seguro.

En apoyo de sus pretensiones se afirma en la demanda tanto en la legitimación pasiva de la Comunidad de Madrid como la concurrencia en el caso litigioso de los presupuestos legal y jurisprudencialmente exigidos para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial, alegándose, en esencia, que el día 28 de abril de 2006 don Urbano se hallaba en la estación de "Sol" de la Línea 1 del "Metro de Madrid" cuando, al ir a montar en el convoy, resbaló con un papel u otro objeto que se encontraba en el andén y no pude evitar caer entre éste y el tren, que en ese momento estaba detenido en la estación para el acceso de los viajeros; inmediatamente después de la caída, y sin que el recurrente pudiera reaccionar, el tren inició su marcha pasando por encima de su pierna izquierda y amputándosela; don Urbano fue atendido de sus lesiones en el Hospital Clínico de Madrid y luego en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, habiendo sido intervenido en el primero de ellos de regularización de amputación traumática supracondílea de fémur izquierdo, tardando en curar 449 días de los que 15 de ellos fueron de ingreso hospitalario; a consecuencia de las lesiones sufridas y de las secuelas derivadas de las mismas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por su resolución de 20 de julio de 2007, le reconoció un grado de minusvalía del 41% con efectos desde el 9 de febrero de 2007, tiene reconocida incapacidad permanente en grado de absoluta para todo trabajo, y precisará adaptar cualquier vehículo a su condición de minusválido.

Continúa la demanda refiriendo que el 23 de mayo de 2006 se formuló denuncia, que se tramitó mediante Diligencias Previas 4459/2006 del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, el cual dictó auto de sobreseimiento provisional y archivo con fecha de 8 de junio de 2006, que se confirmó por auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de noviembre de 2006; que el 28 de diciembre de 2006 se presentó reclamación ante "METRO DE MADRID" y ante la entidad "CONTROL DE RIESGOS, SA", que había sido indicada por la primera como aseguradora de su responsabilidad civil; habiendo comunicado ésta que la compañía aseguradora era la entidad "ZURICH", se entablaron conversaciones para llegar a un acuerdo, como lo demuestra el fax enviado el 18 de septiembre de 2007. Se añade que el 21 de enero de 2008 se presentó reclamación de indemnización ante el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, que remitió la reclamación a la Consejería de Transportes e Infraestructuras, la cual inadmitió la reclamación a trámite.

La Comunidad de Madrid ha solicitado en su escrito de contestación a la demanda la inadmisión del recurso contencioso administrativo por falta de legitimación pasiva y por extemporaneidad de la reclamación presentada y, con carácter subsidiario, la desestimación del mismo al no concurrir los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ni existir las secuelas en que se fundamenta el importe de la reclamación; la entidad "ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA" solicita la desestimación del recurso contencioso administrativo por inexistencia de la responsabilidad patrimonial reclamada y por falta de prueba de las bases de la indemnización solicitada, si bien opone previamente excepción de falta de legitimación pasiva, por ser aseguradora de la Comunidad de Madrid, así como falta de legitimación pasiva parcial, atendida la cobertura de la póliza suscrita con dicha Administración, y la prescripción de la acción.

Segundo.—La Administración demandada sostiene que la entidad responsable de la gestión del Metro es la "COMPAÑÍA METROPOLITANO DE MADRID SA", con personalidad jurídica propia y de carácter privado, que actúa en el tráfico conforme a las normas del Derecho Civil y del Derecho Mercantil, nunca conforme a las del Derecho Administrativo, y que se rige por sus propios Estatutos, y con base en la anterior alegación plantea su falta de legitimación pasiva, como causa de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo.

Sin embargo, los términos en que la Comunidad de Madrid ha formulado dicha causa de inadmisibilidad no sugieren propiamente un supuesto de falta de "legitimatio ad processum", sino de falta de "legitimatio ad causam", concepto que por ser de carácter sustantivo, y no procesal, difícilmente podría fundamentar el pronunciamiento de inadmisión que se insta, pues lo que realmente se discuten no es la existencia de un obstáculo a la válida constitución de la relación jurídico procesal, sino la condición material de sujeto pasivo de la acción ejercitada por el recurrente, es decir, la falta de acción del reclamante contra la Comunidad de Madrid, por lo que resulta improcedente acoger la citada causa de inadmisibilidad, ya que lo que se plantea es una cuestión que afecta a la de fondo propiamente dicha, que resolveremos más adelante.

Por su parte, "ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA" también apoya en argumentos materiales las excepciones de su propia falta de legitimación pasiva, tanto total como parcial. Consideramos que, por ser parte codemandada en el proceso, tiene legitimación pasiva en el sentido indicado, pues tal legitimación existe en el caso porque el recurrente ha afirmado en la demanda la existencia de un derecho que considera que le asiste frente a la compañía aseguradora de la Administración a la que le reclama una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de que el demandante logre acreditar, o no, en este proceso la efectiva realidad de tal derecho y la procedencia de sus pretensiones. Por lo expuesto no procede tratar la legitimación pasiva de "ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA" como cuestiones referentes a los requisitos procesales, debiendo resolverse al hilo del examen de la de fondo.

Tercero.—En lo que se refiere al tema de la prescripción de la acción que plantean las partes demandada y codemandada, siendo de reseñar que su carácter sustantivo tampoco permite el pronunciamiento de inadmisibilidad del proceso que ha solicitado la Administración, se ha de adelantar que en el caso de autos no cabe considerar extemporáneamente ejercitada o prescrita la acción:

Es cierto que, conforme a lo dispuesto en el artículo 142.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo", y que "en caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas "; pero también lo es que, en lo que atañe a la determinación del " dies a quo " del computo del plazo de prescripción, la jurisprudencia distingue entre daños permanentes y daños continuados, siendo los primeros los que se agotan en un momento concreto, aun cuando el resultado lesivo permanezca inalterable en el tiempo, mientras que los continuados " son aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un período de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo ", por lo que el plazo para reclamar se ha de computar desde el día en que cesan tales efectos o desde aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto, fecha concreta que la Administración demandada y la compañía aseguradora codemandada no han acreditado, pese a corresponderles la carga probatoria de justificar cual fue el día inicial del cómputo del plazo de prescripción, que no podemos considerar coincidente con el 28 de abril de 2006, en que acontecieron los hechos, puesto que, después de su operación, el recurrente permaneció ingresado en el hospital hasta el 12 de mayo, y luego se sometió a revisiones -cuyos respectivos resultados desconocemos- durante 6 semanas más, aproximadamente, siguió tratamiento con medicamentos y fue valorado por el Servicio de Rehabilitación y por la Unidad del Dolor Crónico, de manera que, ante la falta de datos concretos sobre cuando ha de considerarse que las lesiones se estabilizaron, no es posible fijar el "dies a quo" del plazo legal de prescripción.

Además, se está en el caso de que el día 23 de mayo de 2006 se presentó una denuncia que dio lugar a que el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid tramitara Diligencias Previas cuyo sobreseimiento provisional y archivo no quedó firme hasta que la Audiencia Provincial de Madrid dictó su auto de 13 de noviembre de 2006; y por otro lado, el 28 de diciembre de 2006 se presentó reclamación ante "METRO DE MADRID S.A.", hecho que resulta absolutamente relevante para que se produjera la interrupción de la prescripción tanto respecto a dicha entidad -que fue emplazada en el expediente administrativo pero que no ha comparecido como parte de este proceso- como respecto a la Comunidad de Madrid y, por tanto, también en lo relativo a su compañía aseguradora, a la que el 18 de septiembre de 2007 se le remitió el fax que se ha aportado como documento número 8 de la demanda; por lo demás el 21 de enero de 2008 se presentó reclamación ante el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, que la remitió a la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

Como luego se verá, entre la Comunidad de Madrid y "METRO DE MADRID SA" existe una relación contractual de gestión de servicio público que determina el carácter solidario de la responsabilidad patrimonial que nos ocupa, de manera que la reclamación efectuada ante cualquiera de ellas interrumpe la prescripción de la acción respecto a ambas y a sus compañías aseguradoras, ya que el ejercicio de la acción contra cualquiera de los deudores solidarios perjudica a los demás.

Como, además de desconocerse cuál es el concreto "dies a quo" del plazo de prescripción de la acción y de haberse interrumpido el mismo la durante la tramitación de las diligencias penales, se está en el caso de no haber transcurrido más de un año entre el atropello y la reclamación a "METRO DE MADRID SA", entre ésta y la reclamación a la codemandada, y entre ésta y la reclamación al "Consorcio Regional de Transportes de Madrid", se ha de concluir que no procede acoger los motivos de oposición que afirman que ha prescrito la acción ejercitada por el recurrente.

Cuarto.—Recordemos ahora que, según doctrina jurisprudencial pacífica y consolidada - por todas, las sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2007, 10 de diciembre de 2009, 23 de febrero de 2010, y las que en ellas se citan-, la responsabilidad patrimonial de la Administración requiere: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas; b) Que el daño o lesión patrimonial sufridos por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal, siendo indiferente la calificación, de los servicios públicos - a lo que se ha homologado " toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo "-, en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal; c) Ausencia de fuerza mayor; y d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño, señalándose al efecto que, como la responsabilidad patrimonial es objetiva o de resultado " lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión ", de forma que, si existe el deber jurídico de soportar el daño, decae la obligación de la Administración de indemnizar.

Pues bien, lo primero que ha de resolverse es si el resultado lesivo padecido por don Urbano ha sido consecuencia, o no, del funcionamiento de un servicio público, pues la decisión administrativa que se ha impugnado en este proceso ha inadmitido la reclamación de responsabilidad patrimonial basándose en el argumento de que el daño se ha producido en el giro o tráfico de una actividad estrictamente privada, tanto por el carácter privado de la entidad "METRO DE MADRID SA" como por la naturaleza privada de la actividad que constituye su objeto social, no sometida en ningún caso al Derecho Administrativo.

Adelantamos ya que no compartimos esa opinión.

Quinto.—Como se ha dicho, no es éste un caso en el que la Administración haya reconocido cualquier relación con el ámbito en el que pudo originarse la responsabilidad que se reclama: no ha dictado una resolución declarando la responsabilidad de "METRO DE MADRID, S.A." e imponiéndosela, aplicando las disposiciones legales en materia de contratación administrativa que le permitan imputar al concesionario de un servicio público la responsabilidad por los daños y perjuicios causados a terceros en la gestión del servicio concedido; es decir, no es que haya inadmitido la reclamación por considerarse exonerada de toda responsabilidad debido a que la intervención de la entidad que presta el servicio público, cuya titularidad le corresponde a la Administración demandada, ha dado lugar a la ruptura del nexo causal, sino por considerarse absolutamente ajena al tema.

Pero, en realidad, la Comunidad de Madrid no es tan extraña al caso como ha pretendido en su resolución y como mantiene en el proceso, porque en el supuesto que nos ocupa se hallaba vinculada con "METRO DE MADRID, SA" por la relación jurídica existente entre la Administración titular de un servicio público y la entidad que lo gestiona, de manera que, en el momento en que se produjeron los hechos litigiosos, la Comunidad de Madrid tenía la titularidad del servicio público de transportes de viajeros en metro, y dicho servicio lo gestionaba la entidad "METRO DE MADRID, SA". Así resulta de lo que sigue:

El artículo 26.1.6 del Estatuto de Autonomía de Madrid, atribuye a la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el mismo, la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario discurra íntegramente en el territorio de la Comunidad de Madrid y, en los mismos términos, el transporte terrestre y por cable, centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes terrestres en el ámbito de la Comunidad, correspondiendo a la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de tales competencias, la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva que se ejercerán respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución Española.

Cuando el artículo 6 de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, define las modalidades de gestión, establece en su punto 2 que la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros de uso general se realizará, como regla general, por la empresa pública o privada a la que se atribuye la correspondiente concesión administrativa para su prestación.

Y el artículo 3 del Decreto 49/1987, de 8 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Viajeros del Ferrocarril Metropolitano de Madrid, establece que "METRO DE MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA", es la empresa explotadora del ferrocarril metropolitano de Madrid y de Metrosur, y está obligada a cumplir y hacer cumplir a sus agentes todo lo previsto en dicho Reglamento, en la forma que resulte más adecuada a los medios técnicos y a la estructura organizativa existentes en cada momento en la red, y siempre de la manera más acorde con los principios que inspiran sus normas.

Sin referirlo expresamente, la demanda recoge la información que de sí misma da en internet la entidad "METRO DE MADRID, S.A.": Se presenta como "una empresa pública que está integrada en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en 1986 para agrupar los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios, redes y tarifas, con el objetivo de ofrecer al usuario una mayor capacidad y mejor calidad de la oferta "; reconoce a la Comunidad de Madrid como su Administración tutelar y declara que "tiene como principales funciones la explotación de las líneas de la red de Metro en funcionamiento, la planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte y el mantenimiento y optimización de las instalaciones de la red del suburbano ".

En otra página dice:

" Metro de Madrid, S.A. fue constituida el 24 de enero del año 1917 como Sociedad Anónima Mercantil de carácter privado. Con la aprobación del Real Decreto Ley 13/1978, de 7 de junio, la Ley 32/1979, de 8 de noviembre, se declaró la utilidad y la necesidad de ocupación con carácter de urgencia, a los efectos de expropiación forzosa, de la adquisición de las acciones de la Empresa, ostentando el carácter de beneficiarios de la citada expropiación la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Madrid, en porcentajes respectivos del veinticinco y del setenta y cinco por ciento.

Con posterioridad, en 1986 se hizo entrega de las acciones de la Compañía Metropolitano de Madrid, S.A. a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital.

El Real Decreto 869/1986, de 11 de abril, entre otros dispuso en su artículo 2.º-1 . el traspaso a la Comunidad de Madrid de los bienes del Estado afectos a la explotación del servicio.

Posteriormente, en los días 24 y 30 de diciembre de 1986, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid transfirieron los derechos sobre las acciones, de la anteriormente denominada Compañía Metropolitano de Madrid, S.A., al Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid.

La Sociedad, según dispone el artículo 2 de sus Estatutos, tiene por objeto:

a) La gestión y explotación del servicio público del ferrocarril metropolitano de Madrid.

b) El diseño, construcción, gestión y explotación de medios de transporte para personas o equipajes.

c) El diseño, construcción, gestión y explotación de medios de transporte, por cable o sin él, de señales o comunicaciones, ya directamente, ya en colaboración con terceros, previa la obtención de las oportunas licencias, cuando ello fuera necesario.

d) La gestión y rentabilización de su patrimonio por cualquier medio, directamente o en colaboración con terceros y la realización de todo tipo de obras y construcciones civiles, con exclusión de aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

La actividad principal de la Empresa es la explotación integral del transporte público ferroviario en la Comunidad de Madrid y que se encuentra regulado mediante un Acuerdo Marco firmado con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ".

El Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid fue creado por la Ley 5/1985, de 16 de mayo, cuyo artículo 13 bis), relativo a la prestación del servicio de transporte público a través de la red explotada por "METRO DE MADRID, S.A.", dispone literalmente lo siguiente:

"1. El servicio de transporte público de viajeros por ferrocarril que se presta a través de la red explotada por Metro de Madrid, S.A. tiene la consideración de supramunicipal, correspondiendo a la Comunidad de Madrid la competencia en relación con el mismo y con sus futuras ampliaciones, al amparo del artículo 26.1.6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

2. La Comunidad de Madrid prestará este servicio en la Ciudad de Madrid sin perjuicio de las competencias y funciones atribuidas al Consorcio Regional de Transportes en el artículo 2 de esta Ley.

A tal fin, y en tanto tenga atribuida la titularidad de este servicio la Administración autonómica, el Ayuntamiento de Madrid le transferirá la titularidad del conjunto de bienes y derechos inherentes a la prestación del servicio de transporte de la red explotada por Metro de Madrid, S.A., de los que el Ayuntamiento es titular, incluyendo las acciones representativas del capital social de Metro de Madrid, S.A., ostentadas por el Ayuntamiento, eximiéndose, por tanto, al Ayuntamiento de la obligación económica relacionada con los costes derivados de esta prestación.

3. Se crea la Comisión Mixta de transferencias integrada paritariamente por cuatro miembros: dos en representación de la Comunidad de Madrid y dos en representación del Ayuntamiento de Madrid con las siguientes funciones:

a. Identificar y valorar los medios financieros, materiales y, en su caso, personales que se traspasen como consecuencia de la transferencia.

b. Realizar un inventario detallado de los bienes, derechos y obligaciones de la Administración municipal que se transfieren, con especificación de los datos que permitan la correcta identificación de los bienes inmuebles.

c. Realizar un inventario de la documentación administrativa relativa al servicio o competencias transferidas.

d. Impulsar el adecuado desarrollo del proceso de transferencia proponiendo la suscripción de aquellos convenios y negocios jurídicos que sean necesarios para la mejor prestación del servicio.

e. Proponer, por unanimidad de ambas Administraciones, los acuerdos que correspondan en el proceso de transferencias.

4. La entrega de bienes, derechos y obligaciones y documentación deberá formalizarse mediante la correspondiente acta de entrega y recepción.

5. Será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles de la Administración del Ayuntamiento de Madrid o del Consorcio Regional de Transportes a la Comunidad Autónoma la certificación expedida por la Comisión Mixta de los acuerdos de traspaso debidamente adoptados. Esta certificación deberá contener los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria.

6. El funcionamiento de la Comisión Mixta se rige por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ".

La referencia en el artículo 13 bis al artículo 2 de la misma Ley aconseja dejar constancia tanto del mismo como de su artículo 1. Dicen así:

"Artículo 1. El Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid.

1. El Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, que se crea mediante la presente Ley, es la entidad con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante la que se articula la cooperación y participación de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de la misma en la gestión conjunta del servicio de transporte público regular de viajeros.

2. La gestión y prestación del servicio se llevará a cabo mediante las empresas públicas municipales o supramunicipales actualmente existentes o que puedan crearse en el futuro, así como mediante empresas privadas, en los términos previstos en la presente Ley.

3. El Consorcio tendrá la condición de organismo autónomo de la Comunidad de Madrid, de los de carácter comercial, industrial y financiero, previstos en el artículo 4.2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero , reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. En lo no previsto por la presente Ley le será de aplicación la citada Ley 1/1984.

4. El ámbito territorial de actuación del Consorcio será el de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2. Competencias y funciones del Consorcio

1. El Consorcio ejercerá sobre el transporte público regular de viajeros, que circule por toda clase de vías cualquiera que sea la titularidad de éstas, las siguientes competencias:

a) Las que corresponden o le sean delegadas a la Comunidad de Madrid.

b) Las que correspondan a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que se hayan adherido voluntariamente al Consorcio mediante acuerdo plenario.

2. El Consorcio realizará en el marco de las competencias definidas en el número 1 de este artículo las siguientes funciones:

a) La planificación de la infraestructura del transporte público de viajeros, definiendo las directrices de la política a seguir; la programación de las inversiones y la supervisión de los correspondientes proyectos.

b) La planificación de los servicios y el establecimiento de programas de explotación coordinada para todas las empresas prestadoras de los mismos.

c) La elaboración y aprobación de un marco tarifario común que defina los ingresos tarifarios a percibir de los usuarios.

d) La tramitación y resolución de las autorizaciones y concesiones.

e) La inspección y sanción.

f) La recaudación de los ingresos de los títulos combinados que afecten a más de una empresa.

g) La distribución entre las empresas públicas dependientes del Consorcio, de los ingresos por tarifas y la realización de compensaciones que procedan entre todo tipo de empresas, como consecuencia de los sistemas tarifarios combinados que se establezcan.

h) El establecimiento de un régimen especial de compensación económica a las empresas que tengan asignada una tarifa a cargo del usuario inferior a la de equilibrio.

En ningún caso se establecerán subvenciones, financiación o apoyos que cubran déficit imputables a una inadecuada gestión empresarial.

i) El control de los ingresos y los costes de las empresas prestadoras del servicio a los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores.

j) La publicidad, la información y las relaciones con los usuarios.

k) La superior dirección y control de las empresas públicas dependientes del Consorcio, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente Ley.

l) La coordinación, mediante acuerdo, de la actividad inversora de los distintos organismos de la Administración del Estado, Autonómica y Local, cuyas competencias en materia de transportes no hayan sido transferidas al Consorcio.

m) La coordinación mediante acuerdo con cuantos organismos desarrollen programas de actuación que incidan directamente en el transporte, tales como la ordenación del territorio, las inversiones de nueva red viaria de competencia estatal, autonómica y local, y la gestión de la circulación en los grandes municipios de la Comunidad.

n) La elaboración de propuestas de convenios con otras Comunidades Autónomas sobre materias propias de la presente Ley.

o) Cualquiera otra que se le atribuya mediante Decreto del Consejo de Gobierno, dando cuenta a la Comisión de Urbanismo, Vivienda y Obras Públicas de la Asamblea de Madrid.

3. El Consejo de Gobierno podrá, previo informe del Consejo de Administración del Consorcio y audiencia de la Comisión correspondiente de la Asamblea, dictar Decreto reservándose funciones propias de la Comunidad de Madrid en esta materia de las no comprendidas en el número 2 de este artículo".

Sexto.—La circunstancia de la distinción entre la titularidad y la prestación del servicio público no exonera de responsabilidad a la Comunidad de Madrid, como tampoco el hecho de que la responsabilidad derive de una relación privada entre "METRO DE MADRID, S.A." y el recurrente, pues es pacífica la doctrina jurisprudencial que, al hilo del alcance general y unitario del principio de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública que se desprende de los artículos 106.2 y 149.1.18.ª de la Constitución, considera indiferente el contexto en que haya tenido lugar la actividad administrativa, incluida la de las autoridades o personal a su servicio - artículo 145.1 de la Ley 30/1992 -, bien lo haya sido en el estricto ejercicio de una potestad administrativa, en forma de una mera actividad material, en omisión de una obligación legal, en actuaciones de autoridades o personal a su servicio, y siendo también indiferente la naturaleza, pública o privada, de la relación de que la responsabilidad derive pues, en caso de relaciones de Derecho Privado, las Administraciones públicas también responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, ya que la actuación del mismo se consideran legamente como actos propios de la Administración, debiendo exigirse la responsabilidad de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -artículo 144 de la misma-.

Así, a título de ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2009, dictada en un recurso de casación en interés de Ley, y relativa a un caso en que un Ayuntamiento desestimó una reclamación de responsabilidad patrimonial por considerar que la resolución le correspondía a la entidad mercantil local que había asumido la gestión deportiva municipal, y en que, habiéndose demandado a ambos, el órgano judicial de instancia declaró la competencia de la Jurisdicción respecto de lo decidido por dicha entidad y rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva del Ayuntamiento, lo que se discutía en el recurso de casación, el Tribunal Supremo, con cita de las sentencias de 26 de septiembre y de 21 de noviembre de 2007, consideró que el criterio aplicado por el Juez a quo en la sentencia recurrida se ajustaba a la doctrina jurisprudencial sobre la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y también consideró justificado el reconocimiento de legitimación pasiva al Ayuntamiento, como titular del servicio público.

En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha de 5 de junio de 2001, relativa a un caso en que el Consejo de Ministros había estimado la reclamación de responsabilidad patrimonial -por daños causados a un vehículo que circulaba por una autopista de peaje, debido a la inopinada existencia de un obstáculo en la calzada- y había ordenado su pago a la concesionaria, que discutía la competencia de la Administración para conocer de la reclamación formulada porque la consideraba atribuida a la Jurisdicción Civil, se declaró que tal cuestión carecía de todo fundamento en la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública representada por los artículos 106.2 de la Constitución, por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por los artículos 1 y 19 y siguientes del Reglamento de los Procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, e incluso en el 123 de la Ley de Expropiación Forzosa, que el Tribunal Supremo consideró no derogado.

La precitada sentencia de 5 de junio de 2001, citaba la doctrina uniforme reiterada en su sentencia de 18 de mayo de 2001, en la que se decía que "la Ley 30/1992, efectivamente, ha vuelto al sistema de unidad jurisdiccional en una materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que instaurara la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 y lo ha hecho claramente por una doble vía: unificando, en primer lugar, el procedimiento para la reclamación de la indemnización y, en segundo lugar, unificando también la jurisdicción y el régimen jurídico aplicable, sin duda con el decidido propósito de terminar... con el "lamentable peregrinaje jurisdiccional", en gráfica expresión de la Sala Primera de este Tribunal y expresábamos a continuación que «el primer aspecto unificador, el del procedimiento, aparece patente en el artículo 145.1 de la Ley 30/1992 cuando dice que para hacer efectiva la responsabilidad a que se refiere el capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio». Al tener un alcance general y unitario el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración ( artículo 106.2 de la Constitución ) no sólo no es esencial sino que resulta indiferente, que la actividad administrativa haya tenido lugar en el estricto ejercicio de una potestad administrativa o en forma de una mera actividad material o en omisión de una obligación legal, del propio modo que también es indiferente ( artículo 142.6 de la Ley 30/1992 ) la naturaleza pública o privada de la relación de que la responsabilidad derive. Hay que destacar también que este procedimiento unitario, que es previo y obligado al planteamiento jurisdiccional de toda reclamación de esta naturaleza, hasta el punto que ha desaparecido la posibilidad de la acción jurisdiccional autónoma de resarcimiento que la normativa derogada preveía - artículo 402 ) y 3) de la Ley de Régimen Jurídico de 1957 no puede equivaler a las vías administrativas previas a las reclamaciones judiciales civiles o laborales contra las Administraciones Públicas, por la elemental razón de que existe una regulación específica de las mismas sujeta a procedimientos y principios diferentes de los que rigen las reclamaciones de responsabilidad patrimonial -capítulos II y III del Título VIII, de la propia Ley 30/1992-» ".

Con base en doctrina anterior, la sentencia de 5 de junio de 2001 rechazó la incompetencia de la Administración para entender de la reclamación formulada y consideró la decisión administrativa conforme a derecho porque en el caso concurrían los presupuestos necesarios para dar lugar a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas -incluida la imputación del daño a la Administración, ya que el concepto de servicios públicos había de entenderse en su más amplio sentido-, la cual había sido debidamente declarada, en aquél caso a cargo de la concesionaria por no haber conservado la vía en perfectas condiciones de utilización.

Por haber sido profusamente citada en numerosas sentencias posteriores, también haremos referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1989, dictada en un recurso de apelación cuyo tema era la responsabilidad patrimonial en materia de servicio público concedido pues, aunque el problema de los sujetos imputables se regulaba aquél caso por las disposiciones de la Ley de Expropiación Forzosa sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, también se contemplaron en ella las de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado sobre la materia, destacándose que su artículo 40 silenciaba el supuesto de existencia de concesionario interpuesto, como acontece en la Ley 30/1992.

Consideramos que en lo sustancial la doctrina de la sentencia de 9 de mayo de 1989 que, como se ha dicho, ha sido seguida en sentencias posteriores, entre ellas, la sentencia de 12 de febrero de 2000, es aplicable al caso de autos dado que los preceptos de la Ley 30/1992 son tributarios de la Ley de Expropiación Forzosa y de la de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y que en los distintos cuerpos normativos sobre contratación administrativa general existen disposiciones sobre la responsabilidad de los contratistas por los daños causados a terceros que son similares al artículo 121.2 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa, tales como el artículo 162.c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas; el artículo 161.c) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; el artículo 256.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; y el artículo 280.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Pues bien, teniendo en consideración que el párrafo 2 del artículo 121 de la LEF decía que " en los servicios públicos concedidos correrá la indemnización a cargo del concesionario, salvo en el caso en que el daño tenga su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al concesionario y que sea de ineludible cumplimiento para éste ", la citada sentencia de 9 de mayo de 1989 lo interpretó en el sentido de que, dado que la finalidad de la Ley era la de asegurar la integridad patrimonial de los particulares frente a la actividad de las Administraciones públicas y que éstas conservan la titularidad de los servicios públicos concedidos, había de concluirse que a la Administración le alcanza la responsabilidad por los hechos o actos del concesionario-gestor, incluso cuando éste causa daños en el seno de una actividad no vinculada -es decir, cuando no es un mero ejecutor de cláusulas o medidas impuestas o de órdenes dictadas por la Administración concedente, sino que lo hace gestionando competencias de titularidad administrativa con la libertad de decisión propia del giro o tráfico normal de su empresa- y entra en relaciones de derecho privado porque, aunque la Administración no gestione, no queda al margen de la actuación del concesionario, "sino que sigue siendo responsable de esta situación de riesgo que ha creado, sin perjuicio, claro está, de repetir contra el concesionario, cuando corresponda", ya que "el concesionario es en todo caso -y no sólo cuando actúa poderes públicos extraconcesionales cuyo ejercicio específicamente se le haya transferido (policía, recaudación, etc.)- un delegado de la Administración ".

Por eso, la sentencia continúa así:

" Estamos ya en condiciones de aclarar el sentido que debe darse a esa enigmática expresión -«correrá la indemnización a cargo del concesionario»- que emplea el artículo 121.2 de la Ley de Expropiación Forzosa . Porque a la vista de lo que ha quedado expuesto en el fundamento precedente acerca de la naturaleza del concesionario hay que rechazar cualquier interpretación que pretendiera que la Administración queda siempre libre de responsabilidad por los daños causados a tercero en virtud de esa actividad del concesionario que se ha calificado de no vinculada.

En efecto, si la gestión de servicios públicos mediante contrato exige la previa atribución de las competencias administrativas, y la Administración conserva la titularidad en todo momento, resultará que, con independencia de la delegación de otras posibles competencias, la concesión implica ya por sí sola una delegación, esto es una transferencia del ejercicio de la competencia cuya gestión se encomienda a esa persona -natural o técnica, según el caso- que es el concesionario.

Y si esto es así, los actos del delegado se considerarán como dictados por la autoridad que haya conferido la delegación ( art. 32,2 Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado ), es decir, por la Administración concedente, por lo que resulta explicable que ésta no pueda quedar exenta de responsabilidad por la actuación del concesionario como tal, aunque sea en relaciones de derecho privado.

Que todo esto es como decimos se confirma por la simple lectura del artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico : «Cuando el Estado actúe en relaciones de derecho privado, responderá directamente de los daños y perjuicios causados por sus autoridades, funcionarios o agentes, considerándose la actuación de los mismos como actos propios de la Administración. La responsabilidad, en este caso, habrá de exigirse ante los Tribunales ordinarios».

Pues bien, lo que el artículo 41, nos dice es lo siguiente: a) Que la actuación de esos agentes -no obstante producirse en relaciones de derecho privado- se considera como actuación propia de la Administración. b) Que de los daños y perjuicios que origine tal actuación de derecho privado responderá directamente la Administración.

Y si esto es así, la aplicación del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico y del artículo 106 de la Constitución que obliga a la Administración a responder de los daños causados a los particulares por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, resulta ineludible. Todo ello sin perjuicio de repetir contra el concesionario ya que la indemnización en este caso es de cargo del mismo, según dice el artículo 121,2 de la Ley de Expropiación Forzosa y sus concordantes.

(...)

Y esto es así también cuando el concesionario actúa dentro del giro o tráfico normal de su empresa.

En definitiva: tanto desde un punto de vista teórico como desde el punto de vista del derecho positivo, la Administración no puede de ninguna manera desentenderse de los daños que cause la actuación del concesionario, daños de los que, en principio responde directamente".

En conclusión, como resulta de todo lo anterior, la titularidad del servicio público de transportes de viajeros de uso general en el seno del cual se produjeron los hechos de los que dimanan la responsabilidad patrimonial que se pretende, corresponde a la Comunidad de Madrid y, aunque el servicio se preste por "METRO DE MADRID,SA", es porque la Comunidad Autónoma le ha atribuido la correspondiente concesión administrativa, por lo que, aunque dicha entidad sea privada y actúe sometida al Derecho Privado en sus relaciones con los viajeros, es claro que el Consorcio Regional de Transportes Públicos de Madrid no debió rechazar "a limine " la reclamación del recurrente, sino que debió tramitarla y resolver la cuestión de fondo.

Séptimo.—- Al no haberlo hecho así y al pretenderse por la demandada que, para el caso de resultar procedente anular la resolución impugnada, lo adecuado sería retrotraer las actuaciones a fin de que se tramite el procedimiento administrativo omitido, hemos de abordar este tema con carácter previo a resolver la cuestión sustantiva de fondo.

Según el artículo 55 de la 1/1983, de 13 de diciembre, de Normas Reguladoras del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en la redacción dada por la Ley 8/1999, de 9 de abril, la responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid por los daños ocasionados a los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se regirá por la legislación básica del Estado en la materia y por las disposiciones que la Comunidad de Madrid dicte en el ejercicio de sus propias competencias.

Al no existir normativa autonómica reguladora del procedimiento, ha de estarse a lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes de la Ley 30/1992 y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, con la única particularidad de que el dictamen a que se refiere su artículo 12 habrá de emitirse por el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 15.000 euros o cuando la cuantía sea indeterminada - artículo 13.1.f) Ley 6/2007, de 21 de diciembre, del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid-.

Sin embargo, la tesis que sostiene la retroacción de actuaciones para que se siga el procedimiento que corresponda en los casos en que se haya anulado una resolución de inadmisión a trámite de una solicitud, no se compadece con la doctrina jurisprudencial pacífica, de la que es exponente, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2004, y las que en ella se citan, que en un supuesto en que se analizaba la relevancia jurídica de la omisión del dictamen del Consejo de Estado en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, declaró:

" Acerca de tal extremo es necesario destacar que, si bien existió una línea jurisprudencial que entendió que, en cualquier caso, tanto exista resolución expresa como presunta por parte de la Administración ante una reclamación de daños y perjuicios, la omisión del preceptivo informe del Consejo de Estado exigida en el artículo 22.13 de la Ley de 22 de abril de 1980 supone un quebrantamiento de forma que ha de dar lugar a la nulidad de actuaciones al objeto de interesar de la Comisión Permanente del Consejo de Estado el informe preceptivo, es lo cierto que, una jurisprudencia ulterior, más matizada, ha entendido que dicha resolución anulatoria por la omisión del preceptivo examen del Consejo de Estado, si bien resulta procedente en el caso de resoluciones expresas denegatorias por parte de la Administración en las reclamaciones de daños y perjuicios, no tiene esa transcendencia anulatoria cuando el acto recurrido se produce con carácter presunto a virtud de la ficción del silencio administrativo. Y así esta Sala en Sentencia de 29 de noviembre de 1995 entendió que la ausencia de dicho dictamen no es imputable al perjudicado y por ello y ante la actitud de la Administración que guardó silencio y no dictó resolución expresa, obligando al interesado a denunciar la mora e interponer el recurso Contencioso-Administrativo para el resarcimiento del daño contra el acto presunto de la Administración, es aplicable la reiterada doctrina jurisprudencial que recuerda la Sentencia de esta Sala de 30 de septiembre de 1995 , a tenor de la cual el régimen de impugnación de las resoluciones presuntas no consiente, como solución, la nulidad de actuaciones y la retroacción del expediente administrativo para que se cumplan los trámites y requisitos omitidos, sino que exige el enjuiciamiento de las pretensiones indemnizatorias planteadas. En análogo sentido cabe invocar las Sentencias de esta Sala de 20 de enero de 1994 y 15 de febrero de 1994 .

En resumen de lo expuesto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala más reciente considera que, cuando exista resolución expresa de la Administración y se ha omitido el dictamen del Consejo de Estado, tal defecto acarrea la nulidad debiéndose reponer las actuaciones para que se emita el mismo y, por el contrario y ante el silencio de la Administración, cuando falta el dictamen del Consejo de Estado sin un pronunciamiento expreso sobre dicha reclamación, corresponde a la Sala enjuiciar el fondo sin que proceda la nulidad de lo actuado para recabar el informe del Consejo de Estado.

En el presente caso la cuestión que se plantea, en función del contenido del acto administrativo, tiene carácter especial toda vez que el Ministerio de Industria produjo una resolución ante la pretensión de indemnización de daños y perjuicios si bien ésta no entró en el fondo por declararse incompetente el Ministerio para la resolución de la petición, lo que en buena lógica debiera de haber motivado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1992 , la remisión de actuaciones al Consejo de Ministros para que éste a su vez recabara el dictamen del Consejo de Estado antes de un pronunciamiento expreso.

Nos encontramos, por tanto, ante un acto administrativo que viene a declarar la inadmisión de la reclamación en función de una improcedente declaración de incompetencia y que, en realidad, supone una omisión de pronunciamiento sobre el fondo; por ello en el presente caso entiende la Sala que es aplicable la doctrina jurisprudencial dictada por la misma para el supuesto de denegación presunta de la reclamación de daños y perjuicios. En un supuesto análogo, en que el acto administrativo había consistido también en una declaración de incompetencia, esta Sala, en Sentencia de 10 de mayo de 1993 estimó procedente entrar en el examen de fondo de la cuestión debatida pese a la inexistencia del trámite del dictamen del Consejo de Estado al considerar que «la decisión interlocutoria de la Administración, al haberse declarado incompetente para resolver... significa la inadmisibilidad de la petición formulada por razones extrínsecas y por ello el procedimiento previo en vía administrativa se vio privado de aquellos elementos de juicio y asesoramiento que exige el artículo 134.3 del Reglamento de Expropiación Forzosa : Decreto de 26 de abril de 195, entre ellos el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, exigible en virtud no sólo de tal precepto reglamentario sino de las normas con rango de Ley reseñadas al principio, situación que en sus líneas maestras coincide con la contemplada en nuestra Sentencia de 16 de noviembre de 1974 (caso de empresarios de Guinea Ecuatorial) donde se explica ya que el régimen de la impugnación de resoluciones presuntas no consiente como solución la nulidad de actuaciones y retroacción del expediente administrativo para que se cumplan los requisitos omitidos, sino que exige el enjuiciamiento de las cuestiones sustantivas (pretensiones de resarcimiento y su cuantificación). Lo mismo se dice en otra Sentencia antes mencionada (12 de junio de 1989 conectando esta conclusión, obvia por lo demás y pacíficamente aceptada, con los derechos de todo ciudadano a un proceso sin dilaciones indebidas y, en suma, a la efectividad de la protección judicial, derechos configurados en el Tratado de Roma y recogidos en la Constitución con un respaldo jurisprudencial explícito del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, cuya jurisdicción se extiende al reino de España, así como del Tribunal Constitucional nuestro".

Sigue diciendo la precitada sentencia que:

" A la luz de esta jurisprudencia, la naturaleza revisora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no puede quedar condicionada por el contenido del acto objeto de impugnación, porque, de lo contrario la Administración podría limitar, obstaculizar y demorar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, haciendo inaplicable el control que a ésta encomienda el art. 106 de la Constitución . Como declaró la citada Sentencia de la Sala Tercera (Sección Tercera) de este Tribunal, de 15 de octubre de 1990 , el único presupuesto exigible para el ejercicio de la potestad de juzgar es que la Administración haya tenido la oportunidad de conocer la queja, agravio o reclamación del interesado y de pronunciarse sobre la cuestión, dándole la contestación que considere oportuna o la callada por respuesta, aun cuando esta actitud infrinja el deber de resolver en todo caso ".

En similar sentido, las sentencias del Tribunal Supremo de 7 y de 13 de diciembre de 1994, con cita de las de 10, 14 y 22 de mayo de 1993, 22 de enero, 24 de octubre y 26 de noviembre de 1994, relativas a impugnación de resoluciones presuntas, ya habían declarado que el régimen de tales resoluciones "no consiente como solución la nulidad de actuaciones y retroacción del expediente administrativo para que se cumplan los requisitos omitidos, sino que exige el enjuiciamiento de las cuestiones sustantivas (pretensiones de resarcimiento y su cuantificación) aunque el procedimiento previo en vía administrativa se hubiese visto privado de aquellos elementos de juicio y asesoramiento, entre ellos el dictamen del Consejo de Estado, previsto por los artículos 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 abril y 134.3 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa". Y en parecida forma se pronunció después la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1999, con cita de las de 16 de noviembre de 1974, 16 de junio de 1989, 5 de diciembre de 1991 y 9 de marzo de 1992 " en cuanto deslindan el régimen de impugnación de resoluciones administrativas expresas y presuntas; excluyendo y dispensando a estas últimas de la omisión del preceptivo dictamen del supremo órgano consultivo del Gobierno, en aras de la tutela jurídica o derecho al proceso de los administrados ". Y en análogo sentido es de ver la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1996.

Incluso en un caso de resolución expresa desestimatoria de reclamación de responsabilidad planteada ante una Administración Autonómica -sin que se hubiese oído al correspondiente Órgano Consultivo-, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 1998, junto a la apreciación de cuestión nueva planteada por la Administración recurrente en casación, también declaró que:

" b) El defecto, de existir, sería imputable a la propia Administración que lo causó con la defectuosa tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial, la cual no hubiera podido hacerlo valer desde la posición de parte demandada que adoptó en el proceso, sino sólo haciendo uso de las facultades de revisión de oficio de los actos administrativos, que exigen la previa declaración de lesividad para impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

c) En aquellos casos en los que la administración deniega la reclamación por el concepto de responsabilidad patrimonial sin solicitar el informe del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico correspondiente, entender que el Tribunal competente para fiscalizar la actividad administrativa no puede pronunciarse en favor del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial sin retrotraer el procedimiento para que se recabe el dictamen omitido supondría hacer recaer sobre el particular un nuevo perjuicio por el retraso como consecuencia del error cometido por la administración de modo incompatible con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que consagra el artículo 24.2 de la Constitución como derecho fundamental. Así viene entendiéndolo de modo habitual esta Sala, salvo los casos excepcionales en los que, dada la complejidad de las cuestiones debatidas, considera que no tiene a su disposición elementos de juicio suficientes para resolver sobre el fondo del asunto ( Sentencia de 17 mayo 1988)".

En consecuencia, hemos de rechazar la tesis de la Administración demandada, siendo lo procedente otorgar tutela judicial efectiva al demandante y entrar a examinar la cuestión litigiosa de fondo, para cuya decisión la Sala cuenta en los elementos de juicio necesarios.

Octavo.—Hemos de señalar ahora que, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde al demandante " la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda ", y corresponde al demandado " la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior ".

Las precitadas reglas generales se matizan en el apartado 7 del precepto citado, en el sentido de que se "deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio", lo que es de suma importancia en el caso de autos porque, como más adelante explicaremos, al tiempo de dictar esta sentencia consideramos dudosos hechos relevantes para la decisión de las cuestiones litigiosas, por la razón esencial de que no disponemos de las cintas que pudieran contener la grabación de lo ocurrido en el andén de la Estación de Sol de la Línea 1 del Metro el día y momento en que se produjo la caída y del recurrente y la pérdida traumática de su pierna, y no disponemos de las grabaciones no porque nunca se grabe lo que ocurre en el andén sino porque cuando, al día siguiente, se personó en las instalaciones de "METRO DE MADRID SA" un agente de Policía pidiéndolas para incorporarlas al atestado, se le contestó que no existían, contrariamente a lo que había ocurrido en otras ocasiones en que, habiéndose solicitado las grabaciones con motivo de hechos delictivos ocurridos en el Metro, las mismas habían sido entregadas a la Policía sin problemas. Así resulta de la documental obrante en autos, en especial la relativa al atestado y a las Diligencias Previas seguidas por el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid, y de la declaración testifical del citado agente en este proceso.

Precisamente, en los términos en que se ha planteado el debate, la circunstancia de que la Sala no disponga de las grabaciones, desplaza sobre la parte demandada las consecuencias negativas de las dudas que pudiéramos tener sobre alguno o algunos de los presupuestos fácticos esenciales de la responsabilidad patrimonial que reclama el recurrente, al que, por la causa indicada, tampoco se le han facilitado los medios probatorios que necesitaba para la defensa de sus intereses en este proceso, aunque han intentado suplirlo con la proposición de pruebas testificales, que no han tenido el éxito esperado porque los testigos no presenciaron los hechos en cuestión.

Por ello, y al haber quedado acreditado testifical y documentalmente que, estando don Urbano el día 28 de abril de 2006 en la estación de "Sol" de la Línea 1 del "Metro de Madrid", sufrió la amputación de su pierna cuando se puso en marcha un tren que estaba próximo a partir y a que había pretendido acceder a la carrera -ver su declaración del día 29 de abril de 2006 en el atestado-, pero no habiéndose acreditado por el demandante cuáles eran las circunstancias del andén cuando el tren arrancó, corresponde a la Administración demandada la carga de probar los hechos susceptibles de excluir toda responsabilidad por su parte. Al no haberlo hecho así, debe asumir las consecuencias del incumplimiento de la carga probatoria de los hechos que pudieran justificar o excluir toda responsabilidad por el resultado lesivo que sufre el demandante, que ha visto indebidamente restringidas sus posibilidades probatorias.

Así las cosas, apreciando en su conjunto el expediente administrativo y la actuación probatoria de las partes en el proceso, llegamos a concluir que se ha de considerar acreditado que el 28 de abril de 2006 don Urbano sufrió la amputación de su pierna como consecuencia directa e inmediata, pero no exclusiva, del funcionamiento del servicio público de transportes prestado por "METRO DE MADRID, SA" y del que es titular la Comunidad de Madrid. Decimos lo anterior porque, aunque la Administración demandada no ha acreditado que el resultado lesivo se haya debido a fuerza mayor ni tampoco a la completa ruptura del nexo causal, se dan en el caso ciertas circunstancias provenientes de la conducta de la víctima que determinan que el resultado dañoso producido no sea completamente imputable al funcionamiento del servicio público: con esto no nos referimos a lo declarado en el atestado por el vigilante de seguridad don Carlos María acerca de que 10 minutos antes del atropello había observado al recurrente "realizando gestos extraños de golpeo al aire mediante patadas y puñetazos ", ya que, según dijo el vigilante, esto aconteció en el en el pasillo de acceso a la Línea 1 del vestíbulo inferior, y la concisión de lo manifestado, junto a los hechos de que el vigilante le hubiera dejado ir y de no haberse propuesto su declaración testifical en el proceso, no nos permite llegar a la conclusión lógica de que el recurrente estuviera psicológicamente afectado en dicho momento. Pero sí nos referimos a lo que el propio demandante manifestó en el atestado en su declaración de 29 de abril, en la que reconoció que el tren se encontraba a punto de cerrar sus puertas y que iba corriendo hacia él cuando se resbaló, lo que consideramos una conducta negligente por parte del perjudicado que ha de dar lugar a una moderación de la responsabilidad administrativa, que se integra en la apreciación del nexo de causalidad en su aspecto jurídico determinando su alcance, a cuyos efectos fijamos el grado de participación del recurrente en la producción de resultado lesivo en un 60%, por su falta de cuidado al haber ido corriendo a tomar un tren que estaba a punto de ponerse en marcha sin ponderar previamente los riesgos que corría, por lo que se ha producido una concurrencia de culpas que determina que "METRO DE MADRID SA" sólo deba hacerse cargo del pago de una cuota del 40% de la indemnización que fijaremos a continuación.

Noveno.—Se ha justificado documentalmente que el demandante, que tenía 31 años de edad, a consecuencia de haber sufrido la amputación traumática supracondílea de fémur izquierdo, fue intervenido quirúrgicamente regularizándose la amputación a nivel del tercio medio distal, con cierre del muñón de amputación, y luego fue ingresado en su hospital de referencia, donde permaneció hasta el 12 de mayo, habiendo sido valorado por el Servicio de Rehabilitación y de la Unidad del Dolor Crónico; tras su alta, se le prescribió que caminara con ayuda de bastones ingleses, siguió tratamiento con medicamentos y acudió a consultas de COT para revisión de la lesión, por lo menos, durante 6 semanas más, con curas cada tres días, pero sin que se conozca con certeza hasta cuándo. Por resolución de 4 de julio de 2007 de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social se le reconoció pensión por incapacidad permanente en grado de absoluta para todo trabajo, siendo de 584,95 euros el importe líquido de dicha pensión. Por resolución de 20 de julio de 2007, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, se le reconoció un grado total de minusvalía física del 41%, con baremo de movilidad 7. No consta a cuanto ascendían los ingresos del recurrente en el momento de producirse la lesión.

Se solicita en la demanda la cantidad total de 441.436,32 euros, conforme a la valoración de los días de incapacidad y de las secuelas, con relación al baremo de indemnizaciones de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, sin que en la valoración se indique el año de referencia que, en caso de aplicarse, habría de ser el 2006, sin perjuicio de su actualización.

Las indemnizaciones vigentes durante el año 2006, resultantes de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, son las recogidas en la resolución dictada el 24 de enero de 2006 por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Según el Anexo del Real Decreto Legislativo y la resolución de 24 de enero de 2006, la indemnización básica por la amputación unilateral de miembro inferior izquierdo, se valora a razón de 50-60 puntos, oscilando el valor del punto, atendida la edad de la víctima, entre 1.709,98 y 1.945,79 euros. El perjuicio estético importantísimo tiene asignados de 30 a 50 puntos, oscilando el valor del punto, atendida la edad de la víctima, entre 1.306,12 y 1.709,98 euros. Como factor de corrección de las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes, sería de apreciar un incremento de hasta el 10% sobre la cantidad resultante de las partidas anteriores, en función de ingresos de hasta 24.153,53 euros, pues en el correspondiente apartado ha de incluirse a cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos; también se añadiría una cantidad de 80.511,77 a 161.023,54 euros, por la incapacidad permanente absoluta, y una cantidad de hasta 24.153,53 por adecuación del vehículo propio. Cada día de baja con estancia hospitalaria se valora en la cantidad de 60,34 euros; y cada día de incapacidad sin estancia hospitalaria, en la cantidad de 49,03 euros, entendiéndose por día de baja impeditivo aquél en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.

Para determinar el quantum indemnizatorio en este caso no resulta obligada la aplicación de las resoluciones de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, aunque es lo cierto que la jurisprudencia reconoce su función orientativa en la valoración de los daños y perjuicios causados, incluidos los morales. Añadiremos que la valoración presentada por el recurrente se ajusta a los conceptos indemnizables y a los factores de corrección recogidos en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, si bien se les asigna la puntuación máxima y no se atiene estrictamente al baremos correspondiente al año 2006, aunque no se desvía en exceso de mismo y en el cálculo efectuado falta actualizar la cantidad resultante.

A la vista de lo anterior, y considerando el valor orientativo del baremo, la edad del recurrente y las graves consecuencias personales y profesionales que tendrán las secuelas a lo largo de toda su vida, así como la compatibilidad de esta indemnización con la pensión que le ha sido reconocida en la resolución de 4 de julio de 2007 de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y teniendo en cuenta la improcedencia de acordar indemnización por adecuación de vehículo propio, por tratarse de gastos futuros, y la cuota del 60% que debe asumir el demandante, estimamos prudente condenar a la Administración demandada a que indemnice a don Urbano en la cantidad de 150.000 euros, cantidad que se considera actualizada a fecha de la presente resolución, y que devengará el interés legal desde la fecha de esta sentencia hasta que haya sido totalmente abonada.

DECIMO.- Por último, en lo que afecta a la responsabilidad de la compañía aseguradora de la Comunidad de Madrid, "ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA", y a la pretensión del incremento a su cargo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, señalaremos, en primer lugar, que en las condiciones particulares del seguro de responsabilidad civil/patrimonial aportado en el escrito de contestación a la demanda figura un sublímite por víctima de 180.000 euros, por lo que su responsabilidad alcanza a la cifra indemnizatoria que hemos señalado.

De otra parte, con el escrito de demanda se aportó copia del fax que le fue remitido a la citada entidad aseguradora el día 18 de septiembre de 2007 en reclamación de la indemnización y a los efectos de interrumpir la prescripción.

Pues bien, según el criterio expresado en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2009, entre otras, dicho incremento no procede " mientras ha estado pendiente una situación de incertidumbre sobre la existencia del derecho pretendido ", y así ha sido hasta el día de hoy, pero desaparecida esa incertidumbre con la presente sentencia, deberá regir el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, conforme a cuyo apartado 3 la compañía aseguradora incurrirá en mora si trascurre el plazo de tres meses desde su notificación sin que se haya abonado la indemnización que fijamos, a cuyo pago la condenamos, con carácter solidario con la Administración, por todo lo cual procede estimar parcialmente el presente recurso contencioso administrativo.

Undécimo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, no ha lugar a formular condena al pago de las costas causadas en este proceso.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS:


 
Desestimando las causas de inadmisibilidad, estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Urbano contra las resoluciones dictadas en fechas de 14 de febrero y 30 de abril de 2008 por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transporte e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, que inadmitieron a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial a que este proceso se refiere, las cuales anulamos, condenando a la Administración demandada al pago de la cantidad de 150.000 euros, como indemnización de daños y perjuicios, la cual devengará el interés legal desde la fecha de esta sentencia hasta que haya sido totalmente abonada. Condenamos a la entidad "ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA" al abono solidario de la cantidad fijada como indemnización, más los intereses legales devengados por esta suma hasta que haya sido completamente pagada, devengándose los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro a partir del día en que la citada compañía la aseguradora incurra en mora, conforme a lo declarado en el fundamento jurídico noveno de esta sentencia. No se formula condena en costas.

La presente resolución es firme.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Voto particularque formula la magistrada D.ª EMILIA TERESA DIAZ FERNÁNDEZ, a la sentencia de 27/12/2012, dictada en EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.º 433/2010.

Con todo respeto a la posición mayoritaria de la Sala, discrepo de la argumentación contenida en la Sentencia y del sentido del fallo, que a mi juicio debió ser de acoger favorablemente la causa aducida por la Comunidad de Madrid, sin entrar a conocer el fondo de la controversia en el Recurso planteado, en virtud de los siguientes razonamientos:

Primero.—La cuestión objeto de controversia se contrae a dilucidar si la Orden de fecha 14/2/2008 de la Comunidad de Madrid, de la que dimana este recurso en la que se acordó inadmitir la reclamación formulada por falta de legitimación pasiva de la Consejería de Transportes e Infraestructuras siendo la causa las lesiones sufridas en la Estación de Metro de Sol, al caer al andén tras resbalar, momento en el que el metro se puso en marcha causando los daños que se reclaman es conforme a derecho.

Queda centrada la cuestión litigiosa en determinar si la Comunidad de Madrid, se encuentra legitimada en el supuesto enjuiciado. Discrepo en este sentido, del sentir mayoritario de la Sala. Entiendo que la Comunidad de Madrid, no ostenta "legitimatio ad procesum", ni "legitimatio ad causam". El caso controvertido se circunscribe como ya he expuesto, a los daños que ha sufrido el recurrente en la Estación de Metro de Sol como consecuencia del servicio prestado por la Mercantil Metro de Madrid SA.

Considero que hay que tener en cuenta los siguientes parámetros: Metro de Madrid SA, es la empresa encargada de la gestión y explotación del servicio público metropolitano de Madrid. Metro de Madrid, S.A. fue constituida el 24 de enero de 1917 como Sociedad Anónima Mercantil de carácter privado. Con la aprobación del Real Decreto Ley 13/1978, de 7 de junio, la Ley 32/1979, de 8 de noviembre, se declaró la utilidad y la necesidad de ocupación con carácter de urgencia, a los efectos de expropiación la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Madrid, en porcentajes respectivos del veinticinco y del setenta y cinco por ciento. Con posterioridad, en 1986 se hizo entrega de las acciones de la compañía Metropolitano de Madrid, S.A. a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital.

El Real Decreto 869/1986, de 11 de abril, entre otros dispuso en su artículo 2.º 1, el traspaso a la Comunidad de Madrid de los bienes del Estado afectos a la explotación del servicio. Posteriormente, en los días 24 y 30 de diciembre de 1986, la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid transfirieron los derechos sobre las acciones, de la anteriormente denominada Compañía Metropolitano de Madrid, S.A., al Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid. En la Ley 5/1985, de 16 de mayo por la que se regula el Consorcio de Transportes Públicos Regulares de Madrid (entidad con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante la que se articula la cooperación y participación de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de la misma en la gestión conjunta del servicio de transporte público regular de viajeros), establece en su D. T. Única, la autorización del Consorcio para negociar con la Administración del Estado, Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, el convenio de transferencia a aquél de la acciones representativas del capital social de la compañía Metropolitano de Madrid.

Los estatutos de Metro de Madrid, SA, inscritos en el registro mercantil, establecen en lo que interesa: en su artículo primero: la Sociedad Mercantil española denominada Metro de Madrid, SA, tiene naturaleza de Anónima y se regirá por los presentes estatutos y en los no previsto en ellos, por las disposiciones legales en cada momento vigentes. En el artículo segundo, objeto de la sociedad, consiste en la gestión y explotación del servicio público del ferrocarril metropolitano de Madrid, la gestión y rentabilización de su patrimonio con terceros (...). El artículo 26 establece que la representación de la Sociedad en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración y se entenderá a todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la empresa.

Segundo.—Consecuentemente con lo anterior, se deducen los datos que es necesario exponer a los efectos de la pretensión instada sobre Responsabilidad Patrimonial frente a la Comunidad de Madrid, al amparo de lo dispuesto en la Ley 30/92 en sus artículos 139 y siguientes y el Reglamento en desarrollo de dicha Ley. Son los siguientes: en primer lugar que Metro de Madrid, conforme lo expuesto anteriormente, a estos efectos, no es una entidad de Derecho Público, sino que por las razones expuestas, constituye una sociedad anónima, que debido a su naturaleza mercantil, queda sujeta al derecho privado, esto al derecho civil, mercantil o laboral, pero no puede incardinarse en el ámbito del derecho administrativo, salvo en las materias expresamente determinadas "ex-lege". De ello debe inferirse que Metro de Madrid, viene desarrollando su actividad o bien en el ámbito de la Sociedad Anónima en el tráfico o giro mercantil; en el ámbito laboral, en tanto que empleadora o en el ámbito puramente privado en aquellos supuestos en que constituya relaciones de dicha naturaleza, quedando desprovista de otros efectos en el ámbito administrativo propiamente dicho, no quedando sujeta al ámbito del derecho administrativo, salvo en lo concerniente a normativa presupuestaria, control financiero, y control de contratación.

Todo ello de conformidad con lo que dispone la Ley 1/1984 reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 58.1 que establece que las empresas públicas de la Comunidad de Madrid se regirán por el derecho mercantil, civil, y laboral, con las peculiaridades que se deriven de la aplicación de la presente Ley. En el apartado segundo de dicho artículo se establece: Que las empresas públicas se inspiran en los principios de eficacia, productividad y economía y rentabilidad social. Los artículos 59/63 del ya citado texto legal, determinan la sujeción al Derecho Administrativo en materia presupuestaria artículo 59, control de eficacia artículo 60, contratación o programas de actuación artículo 61, contabilidad pública artículo 62 y control parlamentario artículo 63.

En segundo lugar hay que tener en cuenta el reglamento de Viajeros del Ferrocarril Metropolitano de Madrid, regulado en el Decreto 49/87 de 8 de mayo de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 2 g) establece que los viajeros del ferrocarril metropolitano en caso de accidentes tienen derecho a la indemnización que corresponda, de acuerdo con los términos de la póliza de seguros que al efecto tendrá suscrita Metro de Madrid. En su apartado 13 considera de carácter privado las controversias que surjan entre las partes, según se recoge en el título VII de la LCSE, señalando como competente para resolver las cuestiones a la jurisdicción civil.

En tercer lugar añadir que Metro de Madrid SA es una sociedad anónima que forma parte de la Administración Institucional y figura adscrita a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, conforme establece el Decreto 104/1999 y el Decreto 215/2000.

Tercero.—Siendo por tanto Metro de Madrid SA, una sociedad anónima, debe entenderse conforme a derecho la resolución de inadmisión de la Comunidad de Madrid, de la solicitud de Responsabilidad Patrimonial, por no encontrarse legitimada para dilucidar la pretensión formulada por la parte al quedar Metro de Madrid SA, excluida del ámbito del derecho administrativo, quedando acreditada que la pretensión instada se sitúa en el ámbito privado, siendo en definitiva la pretensión instada, por responsabilidad extracontractual. De ahí que la Comunidad de Madrid no se encuentre legitimada en este supuesto, debiendo entenderse esta ausencia de legitimación en sus dos vertientes y, por ende, deduzco la conformidad a derecho de la resolución administrativa.

A dicha conclusión, a "contrario sensu" se desprende de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 29/98 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Entiendo por tanto que la Comunidad de Madrid no tiene legitimación, en ninguna de sus dos vertientes, por los motivos aducidos de la naturaleza mercantil de Metro de Madrid SA, debiendo plantearse, en su caso la pretensión, ante dicho orden jurisdiccional.

En este sentido en relación a la misma mercantil, reseñar el Auto dictado por la Sala de Conflictos del TS fecha 3/10/2011. En el mismo se expresa "< (...) que la entidad demandada Metro de Madrid SA, aunque es una entidad pública empresarial, el hecho determinante de la responsabilidad reclamada no se sitúa en la órbita del derecho público sino del privado. No se hace referencia a una actividad de ejercicio de potestades públicas ni a materias excluidas del ordenamientos jurídico privado (aplicación de normativa presupuestaria, control financiero, control de eficacia y contratación), sino a una materia sujeta al derecho privado, y, por lo tanto, de conocimiento del orden jurisdiccional civil";>.

Madrid, a 10 de Enero de 2013.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente D./Dña. FRANCISCA ROSAS CARRION, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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