Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Murcia 294/2013 de 19 de abril


 RESUMEN:

Accidente de circulación: Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños. Requisitos: Análisis de los exigidos por la legislación y doctrina para la apreciación de responsabilidad. Conservación de las carreteras: Examen de la normativa aplicable y de la obligación de la Administración, no apreciándose relación de causalidad, en este caso, entre el siniestro y el funcionamiento del servicio público.

RECURSO n.º 104/2006

SENTENCIA n.º 294/2013

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCIÓN PRIMERA

compuesta por los Ilmos. Srs.:

D.ª María Consuelo Uris Lloret

Presidenta

D. Indalecio Cassinello Gómez Pardo

D.ª María Esperanza Sánchez de la Vega

ha pronunciado

EN NO MBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA n.º 294/2013

En Murcia, a diecinueve de abril de dos mil trece.

En el recurso contencioso administrativo n.º 104/06 tramitado por las normas ordinarias, en cuantía de 46.874,74 €, y referido a: Indemnización por responsabilidad patrimonial.

Parte demandante: Dña. Adoracion y D. Primitivo, representados por el Procurador D. José Miras López y dirigidos por el Letrado D. Juan Carlos Sánchez Renovales.

Parte demandada: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada y dirigida por el Letrado de la Comunidad.

Acto administrativo impugnado: Resolución desestimatoria presunta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por daños ocasionados por la existencia de animales muertos en la carretera.

Pretensión deducida en la demanda: Que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del acto impugnado, y se declare la obligación de la Administración demandada de abonar a Dña. Adoracion, en concepto de daños personales, la cantidad de 45.904,95 € y a D. Primitivo, en concepto de daños materiales, la cantidad de 969,79 €, en ambos casos con los correspondientes intereses de demora, y con imposición de costas a la Administración demandada.

Siendo Ponente la Magistrada Iltma. Sra. Doña María Consuelo Uris Lloret, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 7 de marzo de 2006 y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

Segundo.—La parte demandada se opuso al recurso e interesó su desestimación.

Tercero.—Ha habido recibimiento del recurso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en la fundamentación jurídica de esta sentencia.

Cuarto.—Presentados escritos de conclusiones por las partes se señaló para la votación y fallo el día 12 de abril de 2013, quedando las actuaciones conclusas y pendientes de sentencia.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—En fecha 2 de junio de 2005 se presentó por los ahora demandantes un escrito ante la Dirección General de Carreteras, formulando reclamación de responsabilidad patrimonial. Alegaban que el día 18 de agosto de 2004, hacia las 06:45 horas, circulaba correctamente Dña. Adoracion por la carretera N-332, sentido Mazarrón, conduciendo debidamente habilitada para ello el ciclomotor marca y modelo Suzuki AP 50, matrícula H-....-HYW, propiedad de su padre, D. Primitivo, cuando a la altura del p.k. 32,900 de forma repentina colisionó contra dos perros muertos que se hallaban tendidos en la calzada y sin ningún tipo de señalización de dicho obstáculo, perdiendo el control del ciclomotor y cayendo sobre su lado izquierdo, con posición final del vehículo en la cuneta del margen derecho 17 metros después de la colisión con dichos animales. Como consecuencia del accidente resultó la conductora con graves lesiones, siendo remitida al Hospital "Santa María del Rosell" de Cartagena, presentando herida inciso contusa en ceja izquierda y codo izquierdo, erosiones y quemaduras generalizadas en ambas piernas y manos, rectificación de columna cervical, policontusionada. El ciclomotor resultó con importantes daños. Se añadía en la reclamación que, tras el accidente, se presentó en el lugar de los hechos una dotación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Mazarrón, que instruyeron las Diligencias n.º 426/2004. En el atestado se especificó por la fuerza instructora que el accidente se produjo "Al intentar evitar el obstáculo en el arcén (animales) pierde control del vehículo." Alegaba la reclamante que había estado de baja impeditiva un total de 42 días, y 77 días incapacitada sin impedimento para su trabajo, es decir un total de 119 días de baja (impeditivos y no impeditivos). Y le habían quedado secuelas como consecuencia del accidente, consistentes en una grave cervicalgia (Síndrome postraumático cervical) y un importante perjuicio estético por las cicatrices visibles por todo el cuerpo como consecuencia de las heridas. En cuanto a los daños materiales, alegaban que habían sido valorados en la cantidad de 905,84 €, a lo que había de sumarse la cantidad de 50 € que habían tenido que abonar por el traslado en grúa del ciclomotor. Consideraban los reclamantes que la causa del accidente era un inadecuado mantenimiento y conservación de la calzada, que correspondía a la Administración demandada, concretamente a la Dirección General de Carreteras, siendo evidente la concurrencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal del servicio público. En cuanto a la indemnización consideraban de aplicación el baremo establecido para las lesiones y daños ocasionados en accidente de circulación, y valoraban los daños personales en el importe total de 45.904,95 €, y los daños materiales en 955,84 €.

Entendiendo presuntamente desestimada la reclamación acudieron a esta sede jurisdiccional, en la que tras exponer en síntesis lo alegado en vía administrativa, añaden que existe por parte de la Administración un incumplimiento de la Ley de Carreteras, y concretamente de su artículo 15 y concordantes. Igualmente se ha incumplido el artículo 57.1 del R.D.Leg. 33/1990, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y de su Reglamento. Concluyen que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, no habiendo intervenido fuerza mayor que pudiera tener influencia en el nexo causal. Invocan los recurrentes distintas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y de diversos Tribunales Superiores de Justicia, en las que, según refieren, se estiman pretensiones ejercitadas en supuestos similares al enjuiciado.

El Letrado de la Comunidad Autónoma se opone a la demanda, alegando que ha quedado acreditado el hecho del accidente y la producción de unos daños de carácter antijurídico, pero no existe relación de causalidad entre esos daños y el funcionamiento del servicio público ya que no hay fincas valladas en la zona, estando el terreno abierto hacia la carretera por lo que puede entrar un animal por cualquier punto, y los animales muertos que estaban en el arcén habían sido atropellados anteriormente por otro vehículo, sin que conste cuando ni cómo se produjo tal atropello. Además, se trataba de una carretera convencional, lo que significa que no existe, como se ha dicho, limitación de accesos ni regulación de accesos colindantes mediante vallados. Por tanto, es prácticamente imposible controlar la entrada de animales, y no puede imputarse a la Administración un incumplimiento de sus obligaciones de conservación y mantenimiento de la carretera en condiciones de seguridad, puesto que no se acredita que el obstáculo hubiese permanecido en la vía durante mucho tiempo, ni que en ese p.k. fuera frecuente la presencia de animales y, por tanto, existiera la necesidad de adoptar mayores medidas tendentes a evitar accidentes. Tampoco consta que se hubiese producido previamente algún otro accidente por la presencia de animales en la calzada. Por tanto, la responsabilidad del accidente es imputable únicamente a la acción de un tercero, el dueño de los perros, o incluso ha de imputarse al conductor que causó el atropello y los dejó tirados en el arcén, siendo de aplicación en este sentido el artículo 10.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Por último, considera la parte demandada que existe un exceso en las cantidades reclamadas.

Segundo.—La responsabilidad patrimonial de la Administración se configura en nuestro ordenamiento jurídico (artículos 106.2 de la Constitución y 139 de la Ley 30/1992), como una responsabilidad directa y objetiva, que obliga a aquella a indemnizar toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Si bien, no todo daño que produzca la Administración es indemnizable, sino tan solo los que merezcan la consideración de lesión, entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño antijurídico, no porque la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino porque el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo (artículo 141.1 de la Ley 30/1992), por no existir causas de justificación que lo legitimen.

Por tanto, los requisitos que deben concurrir para tener derecho a la indemnización por razón de responsabilidad patrimonial de la Administración (artículo 139 de la Ley 30/92) son los siguientes:

1) Existencia y realidad de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona, y que el interesado no tenga el deber jurídico de soportarlo.

2) Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y no producido por fuerza mayor.

3) Relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño o lesión. Ha de determinarse, por tanto, si existe una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños que se invocan, es decir, si los mismos son imputables a la Administración.

Como ha declarado el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias (entre otras, en la de 18 de julio de 2007), la responsabilidad de las Administraciones públicas en nuestro ordenamiento jurídico, tiene su base no solo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el artículo 24 de la Constitución, sino también, de modo específico, en el artículo 106.2 de la propia Constitución al disponer que los particulares en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos; en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

Asimismo, a los fines del artículo 106.2 de la Constitución, la jurisprudencia (sentencias de 5 de Junio de 1.989 y 22 de Marzo de 1.995), ha homologado como servicio público, toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo.

Tampoco cabe olvidar que en relación con dicha responsabilidad patrimonial es doctrina jurisprudencial consolidada la que, entiende que la misma es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión aunque, como ha declarado igualmente en reiteradísimas ocasiones es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido.

Es además jurisprudencia reiteradísima que solo son indemnizables las lesiones producidas provinientes de daños que no haya el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. La antijuridicidad del daño viene exigiéndose por la jurisprudencia, en sentencias, entre otras muchas, de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988, 29 mayo 1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual: "esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar" (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003).

Tercero.—Al expediente se aportó por los interesados copia del atestado instruido por la Guardia Civil. En el mismo se hace constar lo siguiente:

"Desarrollo del accidente:

En un primer momento se decanta por atropello a animal, se descarta esta opción visto el estado final del ciclomotor sin daños en su parte frontal y sin restos de sangre animal, a mas de uno de los perros encontrarse partido en dos, por lo consiguiente (sic) el desarrollo del accidente consiste en una maniobra evasión del conductor, con finalidad de evitar colisionar con los animales que se encontraban en el arcén víctimas de un anterior atropello por otro vehículo, con la posibilidad de pasar por encima de ellos perdiendo el control del ciclomotor y cayendo sobre su lado izquierdo a la calzada, con posición final del vehículo en la cuneta del arcén derecho: la distancia que existe entre los animales y posición final del ciclomotor es de 17 metros.

Probable causa del accidente: al intentar evitar el obstáculo en el arcén (animales) pierde control del vehículo."

En el expediente se emitió informe por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la Dirección General de Carreteras, con el V.ºB.º del Jefe del Servicio de Conservación, señalando lo siguiente:

"1.- La carretera a la que se refiere el reclamante es competencia de esta Dirección General.

A).- No se ha tenido conocimiento del evento lesivo hasta la comunicación de la presente Reclamación Patrimonial, por lo que se desconoce la realidad y certeza del accidente.

B) Se desconoce si existe una actuación inadecuada de un tercero o del perjudicado o la existencia de fuerza mayor.

C) No existe relación de causalidad entre el siniestro y el funcionamiento del servicio público de carreteras.

D) Se desconoce si el siniestro se puede imputar a otras Administraciones, contratistas o agentes.

E) La carretera posee arcén con línea continua.

F) El tramo de carretera tiene señalización vertical de "prohibido adelantar" y "curva peligrosa a la derecha".

(...)

H) No existen aspectos técnicos para determinar la producción del daño.

I) No existen fincas valladas en la zona, estando el terreno abierto hacia la carretera, pudiendo acceder un animal a ella desde cualquier punto. Dado que la carretera, es una carretera convencional, no existe limitación de accesos a la misma ni regulación de los accesos colindantes mediante vallados."

Con la contestación a la demanda se aportó informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en el que se expresa:

"1.- No consta aviso ni comunicación en esta Dirección General de Carreteras del accidente previo al del ciclomotor que ocasionó el atropello de los perros, provocando que estos quedaran en la calzada.

2.- La Brigada de Conservación actúa en función las necesidades que surgen en la carretera."

Cuarto.—El Agente de la Guardia Civil con TIP NUM000 ratificó el atestado, y a preguntas de la parte actora manifestó ser cierto que la causa del accidente de tráfico fue la presencia en el arcén de la calzada de dos perros que yacían en la vía, erigiéndose en un peligroso obstáculo que no pudo evitar la conductora del ciclomotor. También manifestó ser cierto que el citado obstáculo no estaba señalizado de ningún modo, añadiendo que "dichos animales habían sido atropellados con anterioridad al accidente en cuestión y de cuyo atropello no se tenía constancia por la Guardia Civil". También contestó ser cierto que dada la hora en que se produjo el siniestro la visibilidad era muy escasa, aumentado el riesgo de accidente que constituían los animales. A preguntas de la parte demandada contestó que no instruyeron, además del atestado referido, ningún otro por accidente por presencia de los perros muertos en el arcén en el mismo lugar que el referido en el atestado. Y a la pregunta de si le constaba que en el lugar del accidente resulta frecuente la presencia de animales sueltos, manifestó desconocerlo. Y el Agente con TIP NUM001 también se ratificó en el atestado, contestó ser ciertas las preguntas de la parte actora, salvo a la cuarta en que se remitió al atestado, y a las preguntas de la demandada manifestó no recordar si instruyeron otro atestado por accidente por presencia de perros muertos en la vía en esa misma fecha, y añadió que desconocía si era frecuente la presencia de animales sueltos en el lugar del accidente.

A instancia de la parte actora se emitió informe por el Director General de Carreteras, haciendo constar que la única referencia que tenía del accidente era la que realizaba la demandante en su escrito de reclamación patrimonial, que en cuanto a la causa del accidente habría que remitirse al atestado, que se desconocían los daños personales y materiales consecuencia del mismo, y que la titularidad y competencias sobre la vía corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de esa Dirección General.

A instancia de la parte demandada se emitió informe por el Alférez Jefe del Destacamento de Lorca de la Agrupación de Tráfico, señalando lo siguiente:

"El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32,900 de la carretera N-332 (Tramo Cartagena- Mazarrón) y en principio, la fuerza instructora, inició las diligencias por "ATROPELLO A DOS PERROS POR UN CICLOMOTOR CON EL RESULTADO DE HERIDA LEVE LA CONDUCTORA Y LOS DOS PERROS MUERTOS"... y una vez visto el escenario del accidente, huellas, marcas y vestigios, existentes en el mismo, se llega a la conclusión, de que el accidente se produce "AL INTENTAR EVITAR EL OBSTACULO EN EL ARCEN (ANIMALES) PIERDE CONTROL DEL VEHÍCULO."

Que el obstáculo al que se alude en el párrafo anterior, esta constituido por los cuerpos de dos animales (perros), muertos en el arcén de la vía, uno de ellos separado en dos partes.

Revisados los archivos de esta Unidad, en los mismos, no existen datos de otros accidentes en la zona antes aludida, así como tampoco con animales implicados."

Quinto.—El artículo 15 de la Ley 25/1988, de Carreteras, establece que la explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y mantenimiento, así como las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público. Y en términos similares está redactado el artículo 26 de la Ley regional 2/2008, de Carreteras, aún cuando no es de aplicación al caso enjuiciado en atención a la fecha de los hechos.

Existe, por tanto, el deber de la Administración de conservar las vías abiertas a la circulación, entre ellas las carreteras, en las adecuadas condiciones de seguridad para los usuarios, lo que conlleva su correcto mantenimiento. Ahora bien, en el caso concreto examinado no puede basarse el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el resultado dañoso producido, en el hecho de que en la carretera hubieran unos animales muertos. Éste hecho no es imputable a la Administración por varios motivos. Así, no consta que se diera aviso de la existencia de ese obstáculo y, ante tal advertencia, no se adoptaran las medidas pertinentes para su retirada o eliminación. La calzada en cuestión tampoco era una autovía que disponga de alambrada que evite, en cierto modo, los accesos de animales por lo que su tránsito por la carretera resulta inevitable, sin que sea exigible, en atención a unos estándares medios o normales en la obligación de conservación señalada, que la Administración disponga una vigilancia permanente en todas y cada una de las carreteras de su titularidad para detectar la presencia de animales y proceder a su retirada. Por otra parte, los animales habían sido atropellados con anterioridad, interviniendo un factor ajeno a la Administración en la producción del accidente. Ello, desde luego, no le eximiría de responsabilidad de no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la presencia de ese obstáculo. Pero no se acredita en que momento tuvo lugar el atropello de los perros, y por tanto, se ignora si permanecían en la calzada más o menos tiempo, aunque no debió ser mucho, pues no consta ningún otro accidente además del que sufrió la demandante ni tampoco ningún aviso de algún conductor que se percatara del obstáculo. Por último, la presencia de animales muertos en la vía no se había detectado con anterioridad, o al menos no consta que esa incidencia fuera frecuente o hubiera ocasionado problemas anteriores en la carretera, por lo que no era un hecho previsible sino más bien excepcional no precisando por ello ese tramo de la carretera unas medidas adicionales de vigilancia. A lo que ha de añadirse que, teniendo en cuenta la hora en que se produjo el accidente, 06:45, es muy posible que el atropello de los perros ocurriera durante la noche y no existiera por ello constancia de ese obstáculo en la calzada antes de que aquel tuviera lugar. En definitiva, no existe relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la producción del siniestro, debiéndose éste a un hecho imprevisible como es la existencia de unos animales muertos en la calzada que, por razón de las circunstancias concurrentes, era desconocido para la Administración que no pudo proceder por ello a la inmediata retirada de ese obstáculo.

Quinto.—Por lo expuesto, procede desestimar el recurso, sin que sean de apreciar circunstancias suficientes para hacer un especial pronunciamiento en costas (artículo 131 de la Ley Jurisdiccional).

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,


FALLAMOS


 
Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dña. Adoracion y por D. Primitivo contra la resolución desestimatoria presunta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por daños derivados de accidente de circulación, por ser dicho acto conforme a derecho; sin costas.

Notifíquese la presente sentencia, que es firme al no darse contra ella recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.- Seguidamente se procede a cumplimentar la no tificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Tu formación puede salirte gratis
Dossier productos tóxicos
III Congreso Compliance
 
Foros de formación