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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S.J. Castilla y León 1613/2013 de 30 de septiembre


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial: Derivada de deficiente asistencia médica. Requisitos: Examen de los necesarios, de acuerdo con la legislación y doctrina, no apreciándose mala praxis, en este caso. Lex artis: No se estima su vulneración ante la gravedad de las lesiones sufridas.

VALLADOLID

SENTENCIA: 01613/2013

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SEDE DE VALLADOLID

65591

C/ ANGUSTIAS S/N

Número de Identificación Único: 47186 33 3 2008 0106716

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001937 /2008

Sobre RESPONS. PATRIMONIAL DE LA ADMON.

De Gabriela, Cosme

Abogado: PRIMITIVO ALMAZAN RODRIGUEZ

Contra CONSEJERIA DE SANIDAD, ZURICH

Representante: LETRADO COMUNIDAD (SERVICIO PROVINCIAL), JAVIER MORENO ALEMAN

Proceso núm.: 1937/2008.

SENTENCIA NÚM.1613.

ILTMOS. SRES.:

MAGISTRADOS:

D. AGUSTÍN PICÓN PALACIO.

D. FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ.

D. FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO.

En Valladolid, a treinta de septiembre de dos mil trece.

Visto por esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente proceso en el que se impugna:

La desestimación, primero por silencio administrativo, después por Orden de catorce de octubre de dos mil nueve, de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de asistencia médica.

Son partes en dicho proceso: de una y en concepto de demandantes, DON Cosme y DOÑA Gabriela, defendidos por el Letrado don Primitivo Almazán Rodríguez y representados por la Procuradora de los Tribunales doña María Aránzazu Muñoz Rodríguez; y de otra, y en concepto de demandadas, la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, defendida y representada por sus Servicios Jurídicos; y la compañía mercantil "ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", defendida por el Abogado don Javier Moreno Alemán y representada por la Procuradora de los Tribunales doña Rosario Alonso Zamorano; siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don AGUSTÍN PICÓN PALACIO, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Interpuesto y admitido a trámite el presente proceso y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en que, con base en los hechos y fundamentos de derecho que se tuvieron por convenientes, solicitó de este Tribunal que se dictase sentencia «por la que revoque la referida desestimación, declare la responsabilidad de la CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN y condene a la citada Administración y a la codemandada ZURICH ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, de forma solidaria, a abonar a DON Cosme Y DOÑA Gabriela, representantes legales de su hijo menor, la cantidad global de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (659.625 EUROS) por los conceptos detallados en el hecho decimosegundo de la demandada, suma que se debe actualizar a la fecha que se dicte la resolución que la reconozca, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la reclamación: 13-4-2007 hasta el efectivo pago, intereses legales que para Zurich serán los establecidos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha de la reclamación 13-4-2007 hasta el efectivo pago de la cantidad que se fije en sentencia, que se computarán al tipo de interés legal más le 50% y al tipo del 20% a partir del segundo año, es decir, a partir de 13-4-2009..-Y se condene a los demandados al pago de todas las costas causadas.». Por otrosi, se interesó el recibimiento a prueba del proceso.

Segundo.—En los escritos de contestación, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en los mismos, se solicitó de este Tribunal se dictase sentencia que desestimase las pretensiones de la parte actora.

Tercero.—El procedimiento se recibió a prueba, desarrollándose la misma con el resultado que obra en autos.

Cuarto.—Conferido traslado a las partes para presentar conclusiones, se evacuó el trámite por ambas, se señaló para votación y fallo el día veintiséis de septiembre de dos mil trece.

Quinto.—En la tramitación de este proceso se han observado, sustancialmente, las prescripciones recogidas en el ordenamiento vigente, salvo los plazos fijados por el legislador, por causa del volumen de pendencia y trabajo que soporta la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
I.- Los demandantes, don Cosme y doña Gabriela, piden en este proceso, en cuanto padres de su hijo menor de edad, Mateo, la nulidad de la resolución desestimatoria de su reclamación de responsabilidad patrimonial por las consecuencias sufridas por su hijo, y que primero fue resuelta, tácitamente, por silencio administrativo y después lo fue expresamente por la Orden, de catorce de octubre de dos mil nueve, de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y que hacían derivar de la asistencia médica que le fue prestada a raíz de ser atropellado por un automóvil; ambos actores piden, además, el resarcimiento de los daños y perjuicios que estiman se causaron con el actuar médico en su hijo. Para sostener tales pretensiones, los demandantes mantienen, sintéticamente, que cuando su hijo Mateo fue atropellado por un vehículo en la calle Cabrera, en Valladolid, el 1 de julio de 2004, y se llamó al Servicio de Emergencias 112, había solo dos Unidades Medicalizadas de Emergencias afectas a las atenciones médicas de tal tipo y que, mientras que una de ellas estaba, efectivamente, dedicada a atender a otra persona afecta a una policontusión, por lo que nada se dice respecto a ella, la otra unidad, en cuanto atendía a una persona con una extremidad rota, que era mucho menos urgente en su tratamiento que la de su hijo, no acudió inmediatamente, como era su obligación, a atender a Mateo y llevarle al Hospital, sino que retrasó su atención y solo acudió posteriormente, con lo que se perdió tiempo que era muy importante en la atención del menor, quien no fue trasladado por las otras dos ambulancias, estas normales, bajo las disposiciones del centro controlador de emergencias, que dispuso que no se moviese al menor mientras no llegase la ambulancia de emergencias, que llevaba personal especializado, pues al poder moverse indebidamente al atropellado, se corría peligro con tales actuaciones. Por otra parte, los demandantes sostienen para basar su pretensión, que, una vez a bordo de la ambulancia especializada, y mientras se le llevaba al Hospital, Mateo fue objeto de una indebida intubación por falta de experiencia o destreza del Médico que le acompañaba, con lo que se le causaron daños con falta de oxígeno que causaron o incrementaron los daños que ya padecía el paciente. Esos daños que sufre su hijo, piden ser reparados por la administración y su compañía de seguros como integrantes de la responsabilidad patrimonial que imputan a la administración sanitaria castellano-leonesa, mientras que las dos entidades demandadas, la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y su compañía de seguros sostienen que no hay responsabilidad patrimonial que se les pueda imputar, pues si bien hubo una dilación en la llegada de la Unidad Médica Especializada, ello fue debida a la concurrencia de otro accidente que retrasó la atención a Mateo y que las medidas para intubar al menor fueron realizadas correctamente, sin causarle daños, pues los que sufrió el hijo de los demandantes fue, sobre todo, el derivado del atropello que padeció y que fue el que se halla en la razón de ser de su estado actual.

II.- El ejercicio por la parte actora permite recordar, brevemente, que la jurisprudencia - SSTS de 26 marzo y 3 julio 2012 - determina que la viabilidad de la declaración de responsabilidad patrimonial de la administración requiere conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiera: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.

Ya, en el ámbito sanitario, se evidencia por la doctrina y la jurisprudencia que la intervención de la administración constituye una obligación de medios actuando conforme a la "lex artis". Así en la STS de 9 octubre 2012 (rec. 40/2012) se recoge que, «Así lo hemos reiterado en nuestra Sentencia de 2 de noviembre de 2.011 (recurso 6.236/2.007 ), en la que, con referencia a las de 14 de octubre de 2.002 y 22 de diciembre de 2.001, expusimos que "en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre , redactado por Ley 4/1.999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto".»

Y así, a los servicios públicos de salud no se les puede exigir más que una actuación correcta y a tiempo conforme a las técnicas vigentes en función del conocimiento de la práctica sanitaria. Como señala la jurisprudencia - SSTS de 25 mayo 2010 y 7 marzo 2011 -, han de ponerse «los medios precisos para la mejor atención».

III.- Como más arriba se dijo, una de las razones por las que los actores plantean la existencia de mala praxis médica en el tratamiento dado a su hijo menor Mateo, depende del hecho de que la Unidad Medicalizada de Emergencia (UME-2) que fue llamada por el centro coordinador para tender al atropellado, no acudió antes a dicho lugar y evacuó con mayor premura al mismo. Es cierto que hubo un retraso en el tratamiento médico dispensado a Mateo por dicha Unidad y, de hecho, el mismo no ha sido, propiamente, negado en ningún momento, pues es objetiva su existencia, desde la consideración del dato de que, llamada la misma, no acude sino con posterioridad. Lo que se debate, propiamente, es la procedencia y trascendencia de dicha actitud. A tal efecto, ha de considerarse que no se está ante un supuesto de negativa por parte del médico de la Unidad de acudir sin más, sino que la negativa, nunca radical, pero existente, es cierto, se basa en que está atendiendo a otro enfermo que, a su juicio, no puede dejar sin atención. Se trata, al parecer, de una persona con una fractura de húmero, muy dolorosa, pero se trataba de un padecimiento mucho menos peligroso para la vida que el politraumatismo que sufría Mateo con su atropello. Ello supone que, en principio, cabe plantearse que se deje a un enfermo para atender a otro. Si ello es así, no debe obviarse que en dicha actitud concurre un cierto elemento de juicio por parte del Médico que debe ordenar su trabajo y en el caso de autos se ofrece una razón en la que apoya su tesis; no se trata solo de que haya que valorar sin más la gravedad de ambas urgencias, e incluso el dolor que pueden sufrir ambos pacientes, sino que incide un factor a juicio de la Sala relevante; al enfermo que se está ya atendiendo se le ha suministrado un calmante de la familia de los opiáceos -fentanest-que puede llevar consigo graves efectos secundarios y la necesidad de suministrar, eventualmente, un antídoto -Naloxona-. Tal circunstancia supone, si no una total justificación de lo que se hizo, sí es una muy apropiada explicación de lo sucedido y de las reticencias del Médico de la Unidad de Emergencias para dejar a un paciente e ir por otro. Ante tal situación, por la central se activan otros medios que, realmente, no son, en principio, adecuados para la evacuación de Mateo por la falta de especialización de los mismos y la gravedad de un tratamiento inadecuado del lesionado, por lo que se vuelve a llamar a la Unidad de Emergencias y se la conduce al lugar del atropello, donde la persona con una extremidad fracturada es trasladada a otra ambulancia normal o básica y el equipo de emergencias pasa a ocuparse de Mateo. Tal devenir de los hechos procede de la limitación de medios de la sanidad, pues no hay -ni, lamentablemente, habrá- ambulancias necesarias cuando concurran accidentes varios; cierto que ha de discriminarse unos de otros y que los menos graves deben dejarse en relación con los más peligrosos, pero no todo es automático, ni cristalino, ni deja de ser, siquiera relativamente, acertada la decisión inicial del Médico de la Unidad de no querer abandonar a un enfermo doliente, mareado y con una vía con un producto opiáceo que puede tener unos efectos secundarios graves, hasta el punto de necesitar suministrase un antídoto. No obstante tal decisión inicial, ante una nueva llamada del centro coordinador, la Unidad de Emergencias va a la calle Cabrera y deja, en otra ambulancia, a su inicial paciente para dedicarse a Mateo. Es un proceder discutible, pero difícilmente para quien no sean los padres de Mateo -y ello, comprensiblemente- rechazable, pues obedece a una lógica y una ética médica que no cabe entender incluida en ninguna mala praxis, desde el momento en que supone una valoración por el Técnico en Sanidad que es el Médico de las circunstancias de cada caso que no puede entenderse errónea dadas las concretas circunstancias del caso. No puede, pues, por la Sala apreciarse en el caso de autos responsabilidad desde este punto de vista.

IV.- Junto a la causa analizada, se alega por los actores la mala praxis derivada de que Mateo fue objeto de una indebida intubación que se llevó a cabo por una persona inexperta y que le ocasionó daños en su función respiratoria. Por el contrario, las demandadas sostienen que el tratamiento dado a Mateo en la Unidad Medicalizada de Emergencias fue adecuado a la lex artis y que no puede derivarse de ello responsabilidad patrimonial alguna. La inexperiencia del doctor Eulogio que alega la parte actora deriva del informe que dicho doctor emite con fecha 9 de mayo de 2007, con una interpretación excesivamente parcial del mismo, admisible solo en términos de la defensa de sus intereses. Es cierto que el doctor Eulogio dice textualmente que "mi experiencia en intubación a niños nos es muy grande", pero ni se autocalifica como inexperto, ni deja de explicar las razones de tal circunstancia cuando dice "porque afortunadamente no se presentan muchos casos en que tal maniobra es necesaria", es decir, expresa la razón de ser de que haya intubado pocos menores, el poco número de casos que se dan; y, al mismo tiempo, pone de relieve que ha intubado "en dos ocasiones a niños de un año", lo que se antoja más difícil que hacerlo con uno de ocho años y que "lleva intubados más de 300 adultos"; la Sala no conoce en el ámbito sanitario si 300 intubados son muchos o pocos desde el punto de vista de la experiencia sanitaria, pero, a falta de otros datos, no puede entenderse que sea un número precisamente exiguo. En todo caso, lo relevante es que no puede entenderse, con las expresiones recogidas -folio 52 del expediente, así como la de que, "mi experiencia en el manejo de niños politraumatizados graves no es muy grande", del folio siguiente-- que don Eulogio no supiese intubar, ni tratar niños, sino que lo hacía menos que con adultos. Tampoco consta que se rompiese en la intubación la tráquea y/o el diafragma, sino que lo que dice el doctor Eulogio -folio 53- es que, sospechando la misma, retiró el tubo y mantuvo la ventilación con bolsa mascarilla tipo Ambú, lo que ha sido reputado como correcto por la práctica totalidad de los peritos que han informado en autos, que insisten en la necesidad de mantener la ventilación positiva de los politraumatizados como Mateo para evitar efectos perjudiciales para ellos. No hay, pues, tampoco responsabilidad apreciable en este aspecto de la intervención médica.

En el lógico y comprensible camino de buscar responsabilidades, la parte actora critica que en la ambulancia medicalizada de emergencias, no se trasladase sin más e inmediatamente a Mateo al Hospital, donde las mayores posibilidades y experiencia de los facultativos, hubiesen permitido una más pronta atención, que se retrasó por la atención dispensada en la ambulancia. De la lectura del informe emitido por el doctor Eulogio no se infiere que se hiciese ninguna actuación fuera de lo protocolizado, ni que fuese ajeno a lo que usualmente se desarrolla. Se evaluó a Mateo, se le inmovilizó, se le colocó collarín cervical, se le administró oxígeno, se le puso vía venosa y se le administró sueroterapia; se le monitorizó y se le colocó pulsiómetro. Nada de ello ha sido presentado como superfluo o contrario al hacer sanitario. Si se espera a una unidad medicalizada parecen lógicas esas actuaciones y que se lleven a cabo y no que se limite a recoger al enfermo y se lo lleve; es más, una actuación posterior en el Hospital podrá ser más eficaz si se lleva en mejores condiciones al enfermo, que no si se le traslada sin evaluarle, ni prestarle una mínima atención inmediata, pues entonces cabría imputar responsabilidad por esa falta de cuidado inicial. Del mismo modo, hacer una mínima historia clínica y una cierta información a los padres, no parece excesivo hacerse en esas condiciones, ni contrario a ningún protocolo ni a la propia ética exigible al Médico.

No se aprecia, por lo tanto, tampoco ninguna responsabilidad por esta alegación de la parte actora.

V.- Más compleja es la cuestión relativa a la ventilación de Mateo antes de que llegase la ambulancia medicalizada. Al lugar del accidente llegaron dos ambulancias, una de ella, la de la Cruz Roja, al menos con dos enfermeras, quienes, a no dudar, hubieran podido administrar oxígeno a Mateo de los servicios que llevaban, del mismo modo, del centro Esperanto de Valladolid se desplazaron dos personas, una de ellas una médico, cuya llegada es atestiguada por los informes de la Policía Municipal, cuyos agentes les dejaron pasar ante el anuncio de su condición de personal sanitario. No consta que ni las enfermeras de la Cruz Roja, ni la doctora del centro Esperanto hiciesen nada; es como si se hubiesen desvanecido en el aire y, lo que es más llamativo, no hay disposición de la Médico, ni consta tampoco orden del centro coordinador sobre el suministro de oxígeno a Mateo. Dicha situación no deja de ser extraña, especialmente por la ausencia de razón de ello, sobre todo cuando todos los técnicos sanitarios que han informado de una u otra forma en autos han puesto de relieve la trascendencia de una adecuada ventilación en los politraumatizados. No obstante no consta que dicho personal contase con material preciso para forzar la ventilación del niño, desde el momento en que no se aprecia que llevasen más que mascarillas de oxígeno, pero no para hacer intubaciones o colocar Ambú, siendo, tras las varias complicaciones del pequeño, difícil que con la mera colocación de una mascarilla pudiera hacerse que el oxígeno llegase a todas las partes del cuerpo, incluido el cerebro, pues, recuérdese, que Mateo padecía traumatismo torácico que debía limitar, por pura lógica, la ventilación que no fuese forzada y cuyos elementos de fuerza no consta que estuviesen en poder de los sanitarios que acudiesen antes, lo que, quizá explica que por el centro coordinador no consta que se diesen órdenes en ese sentido, posiblemente coadyuvado con la respiración autónoma que mantenía Mateo.

Tales datos impiden entender que la falta de actuación previa a la llegada de la ambulancia especializada pueda entenderse como base de una responsabilidad patrimonial como la reclamada en este proceso, en el que, no es de obviar que, salvo la tesis del perito aportado por la parte actora, todos los técnicos sanitarios que han depuesto en autos de una u otra forma, y con especial incidencia quienes más objetivamente pudieron hacerlo, como la Señora Médico Forense que intervino nuevamente y que ya había evacuado su informe en el previo proceso penal, incidieron en la extremada gravedad de las lesiones padecidas por Mateo en el atropello que sufrió y que ellas son el origen real del estado actual que padece, sin que las actuaciones posteriores a que fue sometido le causasen perjuicio, sino, por el contrario, consiguiesen, al menos, salvar su vida, lo que evidencia la inexistencia de la reclamación que se analiza.

VI.- Procede por tanto desestimar la pretensión deducida, sin hacer especial condena en las costas de este proceso, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes del mismo, de acuerdo con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por lo que cada uno de los litigantes abonará las causadas por ellos y las comunes lo serán por iguales partes.

VII.- De conformidad con lo prevenido en los artículos 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 208.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la doctrina de los artículos 86 y concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede comunicar a los interesados, mediante entrega de copia de esta resolución debidamente autenticada, que la misma devendrá firme si contra ella no se interpone recurso de casación dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación hecha en legal forma, tras, en su caso, la presentación del depósito que regula la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, de modificación de la primeramente citada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación y administrando, en nombre de S.M. el Rey, la Justicia que emana del Pueblo Español,


FALLAMOS


 
Que desestimamos la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña María Aránzazu Muñoz Rodríguez, en la representación procesal que tiene acreditada en autos contra la desestimación, primero por silencio administrativo, después por Orden de catorce de octubre de dos mil nueve, de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de asistencia médica, por no ser la misma contraria a derecho en los términos que se han estudiado en este proceso. Todo ello, sin hacer especial condena en las costas del proceso a ninguno de los interesados, por lo que cada uno de los litigantes abonará las causadas por ellos y las comunes lo serán por iguales partes.

Hágase saber a los interesados, mediante entrega de copia de esta resolución debidamente autenticada, que la misma devendrá firme si contra ella no se interpone recurso de casación dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación hecha en legal forma, previa constitución, en su caso, del depósito correspondiente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior resolución fue leída y publicada, el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, don AGUSTÍN PICÓN PALACIO, estando constituido el Tribunal en audiencia pública. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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