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Sentencia T.S.J. Castilla y León 426/2013 de 15 de noviembre


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial: Reclamación de indemnización por lesiones derivadas del ataque de un jabalí. Recurso de apelación: Examen de su contenido y alcance, de acuerdo con la legislación. Valoración de la prueba: No se aprecia error alguno, desprendiéndose de la prueba practicada que el ataque lo sufrió el recurrente en su propia finca. Incongruencia omisiva o ex silentio: No proceden los requisitos necesarios para su admisión.

En la Ciudad de Burgos, a quince de noviembre de dos mil trece.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativodel Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, siendo Ponente la Sra. García Vicario, ha visto en grado de apelación, el Rollo de Apelación N.º 58/13 interpuesto contra la sentencia N.º 147/13, de fecha 14 de junio de 2013 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Burgos, en el recurso contencioso administrativo seguido por el Procedimiento Ordinario N.º 1/2011, habiendo sido partes en esta instancia, como apelante, Don Borja representado por el Procurador Don Alejandro Junco Petrement y defendido por la Letrada Doña María Isabel Luaces Martínez, y como partes apeladas, la Junta Administrativa de Valderrama representada por la Procuradora Doña María Teresa Palacios Sáez y defendida por el Letrado Don Alberto Gómez Barahona, y el Club Deportivo de Cazadores "JPU Vitoria" representado por el Procurador Don Enrique Sedano Ronda y defendido por el Letrado Don Manuel Cerezo Grande.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Burgos, en el proceso indicado, dictó sentencia con fecha 14 de junio de 2013 cuya parte dispositiva dice: " ACUERDO DESESTIMAR el recurso interpuesto por el Letrado/a D.ª Isabel Luaces Martínez, en nombre y representación de D. Borja, dirigido contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación previa formulada en fecha 2 de mayo de 2006, DECLARANDO la resolución recurrida ajustada a derecho. Procede la expresa condena en costas de la parte recurrente. "

Segundo.—Contra dicha resolución por el recurrente en la instancia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos dándose traslado del mismo a la Administración demandada y a la parte codemandada, habiendo impugnado ambas representaciones procesales el meritado recurso con el resultado que obra en autos.

Remitidos los autos a esta Sala, una vez vencido el plazo de personación de las partes, se señaló para votación y fallo el día 14 de noviembre de 2013 lo que se ha llevado a cabo.

Tercero.—En la tramitación del recurso en ambas instancias se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se impugna en el presente recurso de apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Burgos que desestimó el recurso interpuesto por Don Borja contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada por el recurrente en reclamación de responsabilidad patrimonial, por las lesiones y secuelas sufridas como consecuencia del ataque de un jabalí el día 30 de junio de 2005 en los terrenos pertenecientes al Coto de Caza BU- 10.277.

La sentencia de instancia tras apreciar que no concurre la prescripción invocada, ni la causa de inadmisibilidad opuesta en la instancia, entra a examinar el fondo del recurso desestimando la reclamación formulada, por entender que de la prueba practicada se desprende que, si bien el recurrente sufrió la ataque de algún animal que le causó las heridas de las que fue tratado, no obstante, la prueba testifical apunta a que dicho ataque se produjo en el interior de la finca del recurrente donde tenía ganado porcino sin la autorización pertinente, y no en el Coto de Caza NUM003, sin que se haya practicado prueba alguna que acredite remotamente que la localización de los hechos se produjera en terrenos propiedad de la Junta Vecinal de Valderrama.

Discrepa el apelante de tal decisión, alegando que de la prueba practicada se desprende con claridad la relación causa-efecto que debe existir entre el resultado dañoso y el funcionamiento del servicio público para que pueda apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial, entendiendo que concurren los requisitos precisos para la prosperabilidad de la acción ejercitada, argumentando que la inversión de la carga de la prueba provoca que sea la Administración la que debe probar las causas de exoneración, lo que no se ha efectuado, denunciando que la sentencia nada contiene en relación con la posible concurrencia de culpa del Club de Cazadores codemandado, y que la juzgadora reconduce la prueba de forma caprichosa hacia donde el resto de la sentencia se encamina, sin que de la prueba practicada en autos sea admisible llegar a las conclusiones alcanzadas en la sentencia apelada.

Tales alegaciones son rebatidas puntual y detalladamente de contrario.

Segundo.—En primer término y por lo que respecta a la alegada falta de responsabilidad del Club Deportivo de Cazadores al no poder dirigirse acción de reclamación de responsabilidad patrimonial frente al mismo por la vía contencioso administrativa, lo que es cuestionado por el apelado con ocasión de la oposición al recurso de apelación interpuesto, hemos de decir que tal cuestión no puede ser analizada por este Tribunal en la presente resolución, por cuanto la representación procesal del citado Club no ha apelado la meritada sentencia, ni se ha adherido tampoco al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Borja, sin perjuicio de haberse opuesto al mismo, por lo que no habiéndose adherido dicha parte al recurso de apelación, no resulta procedente pronunciamiento alguno con relación a tal extremo.

Tercero.—El recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional "ad quem" examinar, a instancia de parte, la sentencia dictada por el juez "a quo", extendiendo su función revisora tanto a los aspectos de hecho como de derecho, no teniendo, a diferencia del de casación, tasados los motivos en que pueda fundarse. Así el tribunal "ad quem" examina de nuevo, en todas sus facetas, el litigio que le es sometido. Mas ello no significa, sin embargo, que el Tribunal de apelación se encuentre en idéntica situación que el de primera instancia.

Formal y materialmente, tratándose de un recurso contra una sentencia, es exigible que contenga una crítica de ésta, bien sea en cuanto a la fijación y apreciación de los hechos, bien en cuanto a su fundamentación jurídica (Vid. STS de 30 de mayo de 1988 y 11 de marzo de 1991, entre otras muchísimas, en las que el Tribunal Supremo ha insistido en el deber de precisar los motivos concretos en que se apoye la apelación, argumento válido para el actual recuso de apelación, aunque las sentencias se dictasen bajo la anterior LJCA, y referidas a un recurso de apelación cuyas principales semejanzas las tenía con la casación).

A estos efectos es importante destacar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85.1 de la Ley jurisdiccional de 1.998, el escrito de interposición del recurso de apelación habrá de expresar la argumentación del apelante no sólo sobre el fondo del litigio sino, de manera especial, sobre los eventuales errores de la sentencia (o, en su caso, sobre los defectos de procedimiento seguido en primera instancia que pudieron tener relevancia para el fallo), errores que, como decíamos, pueden ser errores de hecho (sobre su constatación o sobre su apreciación), como de derecho (interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación de normas) sin que la mera repetición de los argumentos esgrimidos en la primera instancia, sin someter a la debida crítica la sentencia apelada, resulte suficiente desde la perspectiva de la prosperabilidad del recurso.

Y en lo que ahora interesa, si en el recurso de apelación se cuestiona la valoración de la prueba hecha en instancia, es de recordar que la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid de 30 de abril de 2004, advierte, criterio que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos comparte, que cuando el motivo que se plantea en un recurso de apelación es el error en la valoración de la prueba ha de prevalecer la apreciación realizada en la instancia, salvo en aquellos casos en los que se revele de forma clara y palmaria que el órgano "a quo" ha incurrido en error al efectuar tal operación, o cuando existan razones suficientes para considerar que la valoración de la prueba contradice las reglas de la sana crítica. Realmente este no es un criterio exclusivo de ambas Salas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sino un consolidado criterio jurisprudencial.

Ello es así porque normalmente es el órgano judicial de la instancia el que practica de forma directa las pruebas, con observancia del principio de inmediación y en contacto directo con el material probatorio, con lo que estará en mejor posición en tal labor de análisis de la prueba que la que tendrá la Sala que conozca de la apelación.

Como viene señalando esta Sala, de conformidad con una reiterada y constante doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en el proceso contencioso-administrativo la prueba se rige por los mismos principios que la regulan en el proceso civil y no se puede olvidar que la base de la convicción del juzgador para dictar sentencia descansa en la valoración conjunta y ponderada de toda la prueba practicada.

Y, conectando con esto último, hemos de resaltar que la materia de valoración de la prueba, dada la vigencia del principio de inmediación en el ámbito de la práctica probatoria, es función básica del juzgador de instancia que solo podrá ser revisada en supuestos graves y evidentes de desviación que la hagan totalmente ilógica, opuesta a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica.

Sobre esta base, debe decirse que la juzgadora de instancia ha valorado el conjunto de la prueba practicada en el juicio, describiendo en la sentencia el proceso seguido para alcanzar la decisión de desestimar el recurso, al entender que no ha quedado acreditada la forma ni el lugar en que se produjo en la ataque de algún animal que le causó heridas al recurrente, por cuanto la prueba testifical apunta a que dicho ataque se produjo en el interior de la finca del actor donde tenía ganado porcino sin la autorización pertinente, y no en el Coto de Caza NUM003, sin que se haya practicado prueba alguna que acredite remotamente que la localización de los hechos se produjera en terrenos propiedad de la Junta Vecinal de Valderrama, desestimando en suma en su integridad la demanda formulada.

Cuarto.—Invoca el apelante en primer término error de la juzgadora en la valoración de la prueba, por cuanto reconduce ésta de forma caprichosa, dando por sentado que sufrió un ataque por un animal, sin que de la prueba testifical se desprenda que los hechos se produjeron en el interior de su finca donde se dice tenía ganado porcino sin autorización, alegando que únicamente consta en autos una denuncia del año siguiente a la producción de los hechos, por lo que no cabe colegir las conclusiones que la sentencia apelada contiene.

No obstante, tal alegación no puede prosperar, pues como se ha dicho, la juzgadora de instancia ha valorado el conjunto de la prueba practicada en el juicio, describiendo en la sentencia el proceso seguido para alcanzar la decisión de desestimar el recurso; razonamiento que es compartido por este Tribunal.

En efecto, una cosa es que el recurrente precisase atención médica, según se desprende de los informes clínicos obrantes en autos, más tal circunstancia no acredita la realidad del ataque sufrido, ni que éste fuera realizado por un jabalí en terrenos pertenecientes al Coto de Caza Bu-10.277.

Es de significar que el recurrente no denunció el ataque que se dice sufrido, aunque en el interrogatorio practicado en el acto del juicio manifestó que intervino la Guardia Civil pero no levantó atestado, no habiéndose acreditado tal extremo, lo que factiblemente pudo hacerse mediante oportuna prueba testifical de los Agentes de la Guardia Civil, debiendo recordase que según se desprende del informe del Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, no se encontraron en sus archivos comunicación alguna del presunto accidente sufrido por el Sr. Borja el día 30 de junio de 2005 en el Coto Privado de Caza BU- 10.277 de Valderrama, no existiendo tampoco prueba alguna de que el jabalí resultase malherido, no habiéndose encontrado, en su caso, el cadáver del mismo.

En otro orden de cosas, y por lo que se refiere a la ausencia de denuncias por posesión de ganado porcino sin autorización, basta recordar que como recoge la sentencia apelada, en el informe remitido por el Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de octubre de 2011, se hacen constar los siguientes expedientes seguidos contra D. Borja: NUM000 de fecha 21 de junio de 2005, NUM001 de 26 de diciembre de 2006 y NUM002 de 12 de febrero de 2004.

Concretamente, en el expediente iniciado el 21 de junio de 2005, en virtud de una denuncia del Seprona de Miranda de Ebro de 18 de abril de 2005, se hicieron constar como hechos los siguientes: "Inspeccionada una finca de su propiedad situada en la localidad de Valderrama (Burgos), comprobando la existencia de varias cabezas de ganado porcino sin que su propietario acredite estar en posesión de Código de Explotación y de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas", habiéndose dictado con fecha 12 de septiembre de 2005 Resolución por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos por la que se sancionada a D. Borja como autor responsable de una infracción administrativa grave con multa de 3.001 euros, frente a la que no se interpuso recurso de alzada.

Asimismo, en la posterior denuncia de 5 de julio de 2006 que dio origen al expediente NUM001 se hizo constar que el Sr. Borja seguía en posesión de varias cabezas de ganado porcino sin autorización administrativa o inscripción en el Registro correspondiente, por lo que desde esta perspectiva, resulta claro que tales alegaciones han de decaer.

Resulta sumamente revelador, a estos efectos, que la esposa del recurrente, que según se dice, acompañaba ese día al apelante, y que por tanto, fue testigo presencial de los hechos, no haya comparecido a declarar en calidad de testigo, a pesar de haber sido citada en legal forma, debiéndose destacar que en la testifical practicada al efecto con Don Carlos Alberto, Alcalde en la fecha de los hechos, se manifestó que recordaba el accidente y que ese día vio al recurrente cuando venía de la finca donde tenía los cerdos y, al preguntarle qué le había pasado, contestó que había sacado las tripas a uno, acudiendo posteriormente testigo con la Guardia Civil, comprobando que en la finca del recurrente había un reguero de sangre que bajaba hasta la puerta del corral, no habiendo entrado la Guardia Civil en la finca porque los cerdos embestían y era peligroso.

Dicha testifical, es coincidente en lo sustancial con el testimonio vertido por el testigo D. Braulio quien recordó asimismo que ese día vio bajar al recurrente de su finca sangrando y, ante sus preguntas, D. Borja le dijo que le había sacado las tripas a un señor en el monte. El testigo también acudió a la finca del actor con la Guardia Civil y comprobó como la sangre salía desde la finca hacia la puerta principal, no habiendo cadáver de jabalí alguno.

Así las cosas, coincidimos con la juzgadora en considerar que de la prueba practicada se desprende que aunque el recurrente sufrió el ataque de algún animal que le causó las heridas de las que fue tratado, sin embargo, el resultado de la prueba testifical apunta a que dicho ataque se produjo en el interior de la finca del recurrente donde tenía ganado porcino sin la autorización pertinente, no habiéndose practicado oportuna prueba que acredite fehacientemente que el ataque se produjo por un jabalí en los terrenos pertenecientes al Coto de Caza NUM003; razón por la que entendemos producida la ruptura del nexo causal, por cuanto la pretensión indemnizatoria del actor, atendida la falta de prueba sobre la forma concreta de producción del siniestro, supera los límites lógicos exigibles a la actuación que cabe exigir a la Administración demandada, debiéndose entender por ello que el accidente acaecido se trató de un desafortunado evento que como tal hubo de aceptarse en el marco de una actuación puramente personal, por lo que hemos de concluir que la juzgadora no ha incurrido en error alguno en la valoración de la prueba, pues no puede imputarse responsabilidad patrimonial alguna atendida la falta de prueba sobre las particulares circunstancias en que se produjeron los hechos, sin que sea admisible acudir a la inversión de la carga de la prueba como apunta el apelante, pues no hemos de olvidar que a tenor de lo preceptuado en el artículo 60.4 de la LJCA, conforme a la cual rige en el proceso contencioso-administrativo el principio general (art. 217 de la LEC) que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho, en cuya virtud, este Tribunal ha de partir del criterio de que cada parte soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor, y ello sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra, lo que aquí no se ha efectuado, por lo que habiéndolo entendido así la sentencia apelada, procedente será desestimar el recurso de apelación interpuesto con relación a tales extremos.

Quinto.—En último término alega el apelante que la sentencia nada contiene en relación con la posible concurrencia de culpa del Club de Cazadores codemandado, pretensión ésta que ha de decaer ya que la llamada incongruencia omisiva o ex silentio, solo se produce cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y, sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales (SSTC 91/1995, 56/1996, 58/1996, 85/1996, 26/1997).

En el presente caso, resultando claro que de las pruebas practicadas en autos que no cabía colegir la responsabilidad patrimonial pretendida, ante la falta de prueba concluyente sobre el momento y la forma concreta de producción del siniestro, resulta más que evidente que al no haber quedado acreditada la necesaria relación de causalidad entre el daño sufrido y un defectuoso funcionamiento de un servicio público, ante la falta de ese presupuesto básico para que prosperase la pretensión ejercitada por el recurrente, es claro que procedía sin más la desestimación del recurso, sin fuese preciso por tanto entrar a examinar la posible concurrencia de culpas del codemandado que se imputa, por lo que huelgan mayores comentarios al respecto.

Sexto.—De acuerdo con las previsiones del art. 139.2 de la LJCA la desestimación del recurso de apelación conlleva la condena en costas a la parte apelante, al no aparecer justificados motivos para la no imposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación la, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, dicta el siguiente:


FALLO


 
Desestimar el recurso de apelación N.º 58/13 interpuesto por Don Borja representado por el Procurador Don Alejandro Junco Petrement y defendido por la Letrada Doña María Isabel Luaces Martínez, contra la sentencia N.º 147/13, de fecha 14 de junio de 2013 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Burgos, en el recurso contencioso administrativo seguido por el Procedimiento Ordinario N.º 1/2011, resolución que se confirma en sus propios términos, con imposición de las costas causadas a la parte apelante.

Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno.

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, para ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Lo mandó la Sala y firman los Iltmos. Sres. Magistrados al inicio indicados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Sra. Concepcion Garcia Vicario, en la sesión pública de la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), que firmo en Burgos a quince de noviembre de dos mil trece, de que yo el Secretario de Sala, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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