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Sentencia T.S.J. Valencia 1008/2013 de 5 de julio


 RESUMEN:

IVA. Ocultación de rentas: Existencia de indicios suficientes. Existencia de actividad probatoria: Las operaciones realizadas por la actora se acreditan por la información obtenida de los archivos informáticos mediante mandamiento judicial y de los documentos obtenidos de los archivos informáticos que constan en el expediente como consultas de compras. Carga de la prueba: Corresponde a la Administración probar la existencia del hecho imponible y los elementos que sirvan para cuantificarlo.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

En la Ciudad de Valencia, a cinco de julio de dos mil trece.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta:

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Juan Luis Lorente Almiñana.

Magistrados Ilmos. Srs:

D. Manuel José Baeza Díaz Portales

D.ª M.ª Jesús Oliveros Rosselló.

SENTENCIA NUM: 1008/13

En el recurso contencioso administrativo num. 1843-10,interpuesto por la mercantil Garfella Carsi S.L., representada por el/la Procurador/a D.ª María Alcalá Vázquez,contra la resolución del TEAR de fecha 29-7-2010 desestimatoria de las reclamaciones n.º 46/06437/08 y acumulada 46/10463/08 formuladas por la actora contra la liquidación en concepto de IVA periodo 2T a 4T de 2003.

Habiendo sido parte en autos como Administración demandada ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO representada y defendida por la ABOGACÍA DEL ESTADO, y Magistrada ponente D.ª M.ª Jesús Oliveros Rosselló.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustadas a derecho las resoluciones recurridas.

Segundo.—La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmasen las resoluciones recurridas.

Tercero.—No habiéndose recibido el proceso a prueba, y sin que se solicitara el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 62 de la Ley de la Jurisdicción, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

Cuarto.—Se señaló la votación para el día 3 de julio de dos mil trece.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—En el presente proceso, la parte demandantela mercantil Garfella Carsi S.L., interpone recurso contencioso administrativo, contra la resolución del TEAR de fecha 29-7-2010 desestimatoria de las reclamaciones n.º 46/06437/08 y acumulada 46/10463/08 formuladas por la actora contra la liquidación en concepto de IVA periodo 2T a 4T de 2003.

Segundo.—Alega la parte actora como sustento de su pretensión que el acta de liquidación incrementa las cuotas declaradas por el importe de las ventas efectuadas por dos mercantiles, METALES MONGIL SA y METALES ECOLOGICOS MONGIL SL al considerar la Inspección que se trata de ventas no declaradas, datos obtenidos según la Inspección en registro efectuado en virtud de mandamiento judicial, lo cual no consta en el expediente por cuanto el acta se basa en los documentos aportados unilateralmente por dichas empresas, en beneficio de ellas mismas y en perjuicio de la actora. Alega que no se ha justificado ni probado que se cumpla el requisito para imputar a un contribuyente la realización de una determinada operación comercial: "que aparezcan acreditados los hechos constitutivos del indicio o hecho base", la ocultación de rentas se infiere mediante la imputación al contribuyente de que ha realizado unas operaciones comerciales que, sin embargo, no han resultado probadas a tenor de las actuaciones de investigación desplegadas, pues resultan de las meras manifestaciones interesadas de terceros.

La administración demandada se opone al recurso entabladoindicando que existe un conjunto de indicios y pruebas suficientes para que la Inspección haya acreditado los ingresos no declarados por la recurrente que deben integrarse en la base imponible.

Tercero.—El acta de liquidación que se examina en el caso de autos establece:

"Como consecuencia de las comprobaciones efectuadas a las mercantiles METALES MONGIL SA y METALES ECOLOGICOS MONGIL SL se ha obtenido información de compras de metales que han entrado en el almacén de dichas mercantiles y que han sido suministradas por la entidad Garfella Carsi S.L. No cosnta que dichas operaciones hayan sido objeto de facturación.

. La información obtenida de los archivos informáticos de estas empresas es el listado de operaciones que se detalla a continuación y que consiste en operaciones realizadas en el ejercicio 2003 por importes de (...). Además se ha obtenido en soporte papel los albaranes confeccionados por estas empresas que emiten para dar entrada en el almacén de la mercancía adquirida que se han incorporado al expediente.

El resumen de las precitadas operaciones que no consta que hayan sido ni facturadas ni contabilizadas ni declaradas en el citado ejercicio por la entidad Garfella Carsi S.L. aparece reflejado en los siguientes cuadros:

Asimismo dichos datos figuran en la diligencia de constancia de hechos núm. 19 de fecha 29 de marzo de 2006 para Metales Mongil t de 31 de marzo de 2006 para Metales Ecológicos Mongil S.L. emitida por la Unidad de Inspección ERI6.

Los datos de ventas que se le imputan provienen de un soporte informático obtenido del proveedor mediante registro con mandamiento judicial y que recogía la lista de proveedores y operaciones realizadas fuera de la contabilidad oficial, sin emitir ni recibir factura, y pagadas en efectivo. En algunos casos, como el de Garfella Carsi S.L., además, se obtuvieron albaranes de estas operaciones no oficiales.

En definitiva, este archivo informático ofrece fiabilidad, tanto por la manera como se obtuvo la información, sin aviso previo y sin posibilidad de alterarlo, como por el hecho de haber sido corroborado por los compradores y por gran parte de los vendedores, además de ir avalado en muchos casos por albaranes y recibos.

Por otra parte la entidad Garfella Carsi vende chatarra a la entidad Metales Mongil en los referidos ejercicios, según se deduce de los libros y las facturas aportadas.

Pues bien los justificantes de ventas oficiales (albaranes o facturas) de Garfella Carsi S.L. a Metales Mongil, utilizan el codigo de identificación 2158, es decir el código de proveedor 2158, que se ha detectado en la contabilidad no oficial de Metales Mongil y en los albaranes adjuntos a las facturas emitidas en el citado ejercicio que figuran en el expediente. Por otra parte en la documentación mencionada en el expediente de la ER16, se puede comprobar la anotación informática recogida en la citada diligencia en la que consta la identificación del proveedor Garfella Carsi S.L. el NIF B_97288443, el numero de proveedor, 400002158 y los importes citados. El código de proveedor asignado pro la entidad Metales Mongil S.A. a Garfella Carsi S.L. en su contabilidad oculta40000215, coincide con el código que asigna a Garfella Carsi en su contabilidad oficial

.

Respecto de algunos proveedores de Metales Ecológicos Mongil SA y Metales Mongil SA que no figuraban en la contabilidad de estos, se iniciaron, por la unidad de inspección ERI6 actuaciones de comprobación al objeto de corroborar la veracidad de las pruebas y documentación obtenida. Se citaron inicialmente cinco contribuyentes, resultando una regularización mediante acta de conformidad de todos ellos, aceptando las ventas no declaradas inicialmente cuya existencia se detectó con motivo de la comprobación de Metales Ecológicos Mongil SL y Metales Mongil SA.

Asimismo, se incluyeron en plan de inspección de otras Unidades otros contribuyentes de este grupo de proveedores de Metales Ecológicos Mongil SA y Metales Mongil SA. Hasta la fecha se han ultimado dos expedientes, aceptando también las ventas no declaradas inicialmente.

Por último, se incluyeron en plan de inspección de este Equipo de Inspección otros contribuyentes de este grupo de proveedores de Metales Ecológicos Mongil SA y Metales Mongil SA. Hasta la fecha se han ultimado varios expedientes, aceptando también las ventas no declaradas inicialmente.

La relación de expedientes ultimados aceptando las ventas no declaradas inicialmente, se encuentra recogido con detalle en el informe que acompaña a la presente acta.

Esto es, se indica en el acuerdo de liquidación que de las comprobaciones efectuadas a las mercantiles METALES MONGIL SA y METALES ECOLÓGICOS MONGIL SL se ha obtenido información de compras de metales que han entrado en el almacén de dichas mercantiles y que han sido suministradas por el recurrente, operaciones que no consta que hayan sido objeto de facturación, siendo que se ha obtenido en soporte papel algunos de los albaranes confeccionados por dichas empresas que emiten para dar entrada en el almacén de la mercancía adquirida. Que dichos datos se han obtenido de un soporte informático obtenido de las referidas empresas mediante registro con mandamiento judicial; soporte informático en el que se recogía la lista de proveedores y operaciones realizadas fuera de la contabilidad oficial sin emitir ni recibir factura y pagadas en efectivo. Que el contenido de ese listado informático ha sido corroborado por las propias mercantiles METALES MONGIL SA y METALES ECOLOGICOS MONGIL SL (quienes firmaron actas de conformidad), así como otros proveedores mencionados en dicho listado, resultando la regularización por acta de conformidad de todos ellos, aceptando las ventas no declaradas inicialmente cuya existencia se detectó con motivo de la comprobación de METALES MONGIL SA y METALES ECOLÓGICOS MONGIL SL.

Por lo que no puede sostenerse la inexistencia de actividad probatoria, pues las operaciones realizadas por la actora se acreditan, no sólo por el reconocimiento efectuado por la empresa METALES MONGIL SA, sino por la información obtenida de los archivos informáticos mediante mandamiento judicial de la contabilidad no oficial de la misma, así como de los documentos que acreditan tales operaciones obtenidos de los archivos informáticos, que constan en el expediente como consultas de compras, donde consta el código del proveedor y su nombre, la fecha de entrada, el material entregado, así como el importe de las operaciones, sin que el obligado tributario haya aportado prueba que desvirtúe tales extremos, debiendo recordar que tal y como señala el artículo 107 de la LGT, las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimiento tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

De este modo, centrando el fondo del litigio, por lo que se refiere a la liquidación tributaria, deberá partirse del artículo 105 de la LGT, que sitúa la responsabilidad por la carga de la prueba:

" 1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo".

En principio, corresponde a la Administración probar la existencia del hecho imponible y los elementos que sirvan para cuantificarlo, pero al sujeto pasivo le corresponde acreditar los hechos que le beneficien (existencia de gastos y requisitos para su deducibilidad, exenciones, beneficios fiscales, etc.), de conformidad a las previsiones del art. 217, apartados 2 y 3 de la LEC.

En el caso de autos, la Administración tributaria sí que ha aportado una serie de indicios que permiten acreditar -de forma razonable- la realidad de las operaciones realizadas fuera de la contabilidad oficial, ello conforme resulta de la motivación contenida en el acuerdo de liquidación, antes transcrito. Y frente a ello, y como ha quedado antes apuntado, la actora no proporciona en ningún momento elementos probatorios de suficiente consistencia para desvirtuar la actividad probatoria desarrollada por la Administración.

En este punto cabe indicar que, respecto a otros de los proveedores de las mercantiles METALES MONGIL SA y METALES ECOLOGICOS MONGIL SL, en procedimientos en esencia análogos al presente, se han dictado por esta Sala y Sección la Sentencia n.º 585/2013, de fecha 16 de mayo de 2013 (Recurso contencioso-administrativo n.º 1574/2010) y la Sentencia n.º 989/2013 de fecha 2 de julio de 2013 (Recurso contencioso administrativo n.º 1575-10) la primera de las citadas en su Fundamento de Derecho Cuarto, señala:

"(...) Sostiene en segundo lugar la actora la nulidad de la liquidación por ausencia de actividad probatoria efectuada por la Inspección, trasladando la carga de la prueba al contribuyente. Alega que desde la comunicación de inicio, notificada en fecha 27 de junio de 2007, la Inspección de tributos no realiza ninguna actuación tendente a acreditar la veracidad de elementos sobre los que se sustenta la regularización, siendo que frente a la negativa del obligado respecto las operaciones de venta imputadas, la Administración no realiza actividad probatoria adicional, salvo la incorporación al expediente en fecha 25 de enero de 2008 del extracto de unos archivos informáticos de dudosa veracidad, siendo que en base a ellos le imputa al actor la realización de la actividad de comercio mayor de chatarra y metales de desecho y la realización de operaciones de venta de chatarra por importe de 87.220,28 euros en el ejercicio 2004, imponiendo al obligado la necesidad de probar un hecho negativo.

Añade respecto los medios de prueba que refiere el expediente, que no constan los albaranes, pues se trata de cuatro recibos que son documentos privados que carecen de valor probatorio en cuanto a su fecha; que la certeza de las operaciones que recogen tales documentos no puede venir sustentada por el hecho de que algunos proveedores hayan firmado actas de conformidad; y que la información obtenida de los archivos de las entidades METALES MONGIL SA y METALES ECOLÓGICOS MONGIL SA no figuran en la contabilidad oficial de la empresa, concluyendo que se ha infringido el artículo 108.4.2 de la LGT , pues a la Administración correspondía probar los hechos en que fundamenta la liquidación en la medida en que fueron negados por el recurrente.

En último lugar refiere que del resultado de las pruebas de que dispone la Administración debe de dejarse constancia en el Acuerdo de liquidación o en el Acta, lo que no concurre en el presente caso, donde sólo se realizan informaciones genéricas, sin concretar nada, resultando improcedente pretender que el informe que acompaña al acta de disconformidad pueda suplir los defectos de aquella.

Pues bien, debemos partir del Acuerdo de liquidación que señala que de las actuaciones de comprobación e investigación de la situación tributaria del contribuyente se detalla como en la declaración-liquidación IRPF 2004, no incluyó cantidad alguna dentro del concepto de rendimientos de actividades económicas; no se han exhibido ni los libros ni los registros exigidos por las normas del régimen de régimen de estimación aplicable al sujeto pasivo y requeridos por la Inspección; que se ha comprobado que el Sr. Montagud Llidó desarrolló la actividad de comercio mayor de chatarra y metales de desecho; que de las comprobaciones efectuadas a las mercantiles METALES MONGIL SA y METALES ECOLÓGICOS MONGIL SL se ha obtenido información de compras de metales que han entrado en el almacén de dichas mercantiles y que han sido suministradas por el actor, operaciones que no consta que hayan sido objeto de facturación, siendo que se ha obtenido en soporte papel los albaranes confeccionados por las empresas que emiten para dar entrada en el almacén de la mercancía adquirida, siendo que tales operaciones son de fecha 1-3-2004 por un importe de 9.473,94 euros, de fecha 2-4-2004, por un importe de 74.159,86 euros, y de fecha 23 de abril de 2004, por un importe de 3.586,48 euros; que estos datos figuran en la diligencia de constancia de hechos de 31 de marzo de 2006, emitida por la unidad de inspección ERI 6, procedentes de soporte informático obtenido del proveedor mediante registro con mandamiento judicial y que recogía la lista de proveedores y operaciones realizadas fuera de la contabilidad oficial, sin emitir ni recibir factura y pagadas en efectivo; que respecto algunos proveedores de Metales Ecológicos Mongil SA y Metales Mongil SA que no figuraban en la contabilidad de estos, se iniciaron por la unidad de inspección ERI 6, actuaciones de comprobación al objeto de corroborar la veracidad de las pruebas y documentación obtenida, citándose inicialmente cinco resultando la regularización por acta de conformidad de todos ellos, aceptando las ventas no declaradas inicialmente cuya existencia se detectó con motivo de la comprobación de METALES MONGIL SA y METALES ECOLÓGICOS MONGIL SL, incluyéndose en diversos planes de inspección a otros contribuyentes de este grupo de proveedores, habiéndose ultimado diversos expedientes, aceptando los proveedores las ventas no declaradas, los cuales se recogen en el informe que acompaña al acta.

Partiendo de lo expuesto no puede acogerse las alegaciones de la actora, pues tal y como señala el TEAR, el hecho imponible imputado al obligado tributario queda acreditado tanto por las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones inspectoras con METALES MONGIL SA y METALES ECOLÓGICOS MONGIL SL, así como de las actas firmadas de conformidad con las mismas, y con los otros contribuyentes que efectuaron operaciones con éstas y que aparecen en el informe de disconformidad, resultando que no concurre infracción del artículo 108.4.2 de la LGT 58/2003, que señala que: "Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en esta sección cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas", pues al firmar el acta de conformidad METALES MONGIL SA está reconociendo como ciertos los hechos relativos a las operaciones comerciales con el obligado tributario.

Por lo que no puede sostenerse la inexistencia de actividad probatoria, pues las operaciones realizadas por la actora se acreditan, no sólo por el reconocimiento efectuado por la empresa METALES MONGIL SA, sino por la información obtenida de los archivos informáticos mediante mandamiento judicial de la contabilidad no oficial de la misma, así como de los documentos que acreditan tales operaciones obtenidos de los archivos informáticos, que constan en el expediente como consultas de compras, donde consta el código del proveedor y su nombre, la fecha de entrada, el material entregado, así como el importe de las operaciones, sin que el obligado tributario haya aportado prueba que desvirtúe tales extremos, debiendo recordar que tal y como señala el artículo 107 de la LGT , las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimiento tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

En último lugar también debe de desestimarse la alegación referente a que el acuerdo de liquidación y el acta contienen afirmaciones genéricas respecto la prueba, sin especificar ni concretar nada, resultando improcedente pretender que el informe de disconformidad pueda suplir los defectos de aquella, pues tal y como hemos señalado, el acuerdo de liquidación detalla la prueba en base a la cual se lleva a cabo la regularización, así como el acta de disconformidad que tiene contenido semejante, siendo que es cierto que el acuerdo se remite al informe que acompaña al acta, pero en relación con los expedientes incoados a otros proveedores, y todo ello sin perjuicio de que el informe ampliatorio es un complemento del acta a la que acompaña tal y como señala el artículo 157.2 de la LGT .

Por lo que debemos desestimar los motivos impugnatorios referidos a la liquidación practicada.

Cuarto.—En lo que se refiere a la impugnación de la sanción impuesta la actora postula su anulación como consecuencia de la anulación del acta, pro lo que habiéndose confirmado aquella y no habiendo apuesto respecto al a acuerdo sancionador motivo impugnatorio alguno procede en consecuencia su confirmación

Quinto.—De conformidad con lo establecido en el art. 139.1 LJCA, no ha lugar a un expreso pronunciamiento sobre las costas causadas por el presente proceso, al no apreciarse temeridad o mala fe en ninguna de las partes.

VISTOS, los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto porla mercantil Garfella Carsi S.Lcontra la resolución del TEAR de fecha 29-7-2010 desestimatoria de las reclamaciones n.º 46/06437/08 y acumulada 46/10463/08 formuladas por la actora contra la liquidación en concepto de IVA periodo 2T a 4T de 2003. No procede una expresa imposición de costas procesales.

Contra esta Sentencia no cabe interponer recurso ordinario.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada ponente del presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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