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Sentencia T.S.J. Andalucía 930/2013 de 11 de julio


 RESUMEN:

Diligencia de embargo de bienes muebles: Defectos en las notificaciones. Práctica de las notificaciones: Se han de practicar por medio que permite tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. Declaración de responsabilidad solidaria: Ha devenido firme y consentida, y por tanto inatacable.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SEVILLA

SENTENCIA

ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:

D. ANTONIO MORENO ANDRADE

D. JOSE SANTOS GOMEZ

D. LUIS G. ARENAS IBÁÑEZ

________________________________________

En la Ciudad de Sevilla a once de julio de dos mil trece.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M. el REY la siguiente Sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 484/2012, interpuesto por D. Jeronimo, representado por la Procuradora Sra. Duarte Domínguez, contra la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representada por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON LUIS G. ARENAS IBÁÑEZ, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Mediante Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la Jefa de la Unidad de Impugnaciones de la Dirección Provincial de Córdoba de la Tesorería General de la Seguridad Social se desestimó el recurso de alzada que D. Jeronimo había interpuesto frente a la Diligencia de embargo de bienes muebles de fecha 14 de septiembre de 2011 de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 5 de Córdoba.

Segundo.—El Sr. Jeronimo interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicha Resolución ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Córdoba, turnándose al número tres; y tras los trámites de rigor formalizó demanda en la que solicitó el dictado de Sentencia que declarara nula dicha Resolución.

Tercero.—Asumida por esta Sala la competencia para conocer del recurso se dio traslado a la parte demandada para que contestara a la demanda, evacuándolo en el sentido de interesar una Sentencia desestimatoria del recurso por las razones que expone.

Cuarto.—Fijada en 127.110,35 euros la cuantía del recurso se recibió el pleito a prueba practicándose la declarada pertinente con el resultado que consta en autos, quedando los mismos pendientes del dictado de Sentencia

Quinto.—Señalado día para votación y fallo, tuvo éste lugar con arreglo a lo que a continuación se expresa.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se recurre la Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la Jefa de la Unidad de Impugnaciones de la Dirección Provincial de Córdoba de la Tesorería General de la Seguridad Social desestimatoria del recurso de alzada que D. Jeronimo había interpuesto frente a la Diligencia de embargo de bienes muebles de fecha 14 de septiembre de 2011 de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 5 de Córdoba.

Segundo.—La demanda se funda, en síntesis, en los siguientes motivos de impugnación: A) Vulneración de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 dado que las notificaciones no se realizaron en el domicilio social de la empresa (sito en carretera Bujalance km 1 de Villa del Río) y no se recepcionaron por el interesado ni por representante sino por otra persona (Dña. Genoveva), hija del recurrente, que no reside en ese domicilio, nada tenía que ver con esa empresa y ocultó dichas resoluciones, no habiendo tenido nunca representación ni poder para actor en nombre de la extinta García Villajero e Hijos, S.L., pese a lo cuál actuó fraudulentamente como su representante; siendo la primera vez que el recurrente tiene conocimiento de la existencia de un expediente seguido ante la URE n.º 5 de Córdoba el día 27 de septiembre de 2011 al recibir notificación informatizada del requerimiento de bienes. B) La deuda origen de estas actuaciones (correspondiente al periodo de noviembre de 2006 a noviembre de 2010, ambos inclusive) no existe respecto de García Villajero e Hijos, S.L. pues dicha mercantil cerró de hecho el 31 de diciembre de 2006 sin actividad alguna ni trabajadores por lo que el concepto por el que exige la suma de 127.110,35 euros (cotizaciones a la Seguridad Social) no se ha producido, resultando tales extremos de la escritura de disolución de la sociedad limitada de 1 de enero de 2007, la baja en el censo de empresarios de la AEAT con efectos de 31-12-2006, las resoluciones sobre reconocimiento de bajas de D. Juan Ignacio y D. Alvaro, las declaraciones juradas que obran en el expediente, informe de vida laboral del Sr. Juan Ignacio, Registro Mercantil de Córdoba, y comunicación sobre responsabilidad empresarial de Dña. Genoveva por falta de cotización del trabajador D. Valentín desde febrero de 2007 a diciembre de 2009; quedando demostrado que la empresa García Villarejo e Hijos, S.L., de la que el demandante figura como administrador, realmente cerró de hecho sin actividad el 31-12-2006, y que por error del que fue su asesor (D. Jesús Ángel) y de Dña. Genoveva (que continuó con una actividad similar en las mismas instalaciones), sin consentimiento ni indicación por parte del recurrente, se dio de alta a D. Juan Ignacio y a D. Alvaro, y se mantuvo de alta a D. Valentín, en una empresa que de hecho no existía.

La defensa de la Administración opone que funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social giraron en fecha 28 de octubre de 2010 visita al domicilio identificado por la empresa García Villarejo e Hijos, S.L. como centro de trabajo, dejándose citación al no disponerse de la documentación requerida en la que se requería la presencia en la Inspección del Sr. Genoveva como administrador único de la entidad para que aportase diversa documentación; que días después de la fecha señalada compareció ante la Inspección Dña. Genoveva en calidad de hija del administrador aportando únicamente las escrituras de constitución de la sociedad, por lo que fue requerida por dos veces para que facilitara la restante documentación, cosa que no verificó; y que de la documental obrante en el expediente se extrae que la sociedad se constituye en virtud de escritura pública de 29-1-2002 por el recurrente y su esposa que asumen la totalidad del capital social, que el Sr. Jeronimo asume el cargo de administrador único, que la sociedad se constituye con un capital inicial de 5.400 euros, y que no se depositaron en el Registro Mercantil las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2004 a 2008, resultando la empresa García Villarejo e Hijos, S.L. deudora frente a la Seguridad Social por el impago de cotizaciones de los trabajadores a su servicio por un importe de 127.110,35 euros durante el periodo que va de noviembre de 2006 a noviembre de 2010. A través de sus Fundamentos de Derecho razona que las sucesivas notificaciones que se practicaron en el expediente se dirigieron al demandante, a su domicilio de la CALLE000 n.º NUM000 de Villa del Río (Córdoba) y han sido perfectamente conocidas por él, siendo además quien las recepcionó su hija, quien no necesita para ello de poder ni representación; y que en la propia demanda se admite la continuidad de la actividad de la empresa, aunque se achaca a un error del gestor, y la documental aportada pone en evidencia dicha continuidad empresarial (fecha de la presentación de la baja en el censo de empresa y de la baja de los trabajadores que prestaban sus servicios en aquélla), siendo significativo que la entidad no procedió al depósito de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2004 a 2008, con las consecuencias que indica.

Tercero.—Para una adecuada decisión de la pretensión actora debemos destacar dos circunstancias de importancia capital: la primera es que la actuación impugnada por la recurrente está constituida por una diligencia de embargo de bienes inmuebles adoptada con fecha 14 de septiembre de 2011 de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 5 de Córdoba (folios 30 a 35 del expediente); y la segunda, que tal diligencia -de orden recaudatorio- se dicta en ejecución de la Resolución de 26 de febrero de 2011 del Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva declarando a D. Jeronimo responsable solidario de la deuda girada inicialmente contra García Villarejo e Hijos, S.L. por un importe que asciende a la suma de 127.110,35 euros, imputables a descubiertos en el pago de cotizaciones sociales del periodo 01/11/2006 hasta 30/11/2010 (folios 17 a 28 del expediente).

Pues bién, la parte actora sostiene que las notificaciones obrantes en el expediente anteriores a la de la diligencia de embargo vulneran lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 por las razones que expresa. Esas notificaciones son las siguientes:

-la de la Resolución de 20 de enero de 2011 de apertura del expediente de derivación de responsabilidad confiriendo trámite de alegaciones y proposición de pruebas por diez días (folio 14 del expediente); esa resolución, y su notificación, le fueron dirigidas personalmente al recurrente D. Jeronimo, y en concreto la notificación tuvo lugar, mediante correo certificado con acuse de recibo, en fecha 26 de enero de 2011 en el domicilio de CALLE000 número NUM000 de Villa del Río, haciéndose cargo de la misma Dña. Genoveva (folios 15 y 16)

-la de la Resolución antes citada de 26 de febrero de 2011 declarando la responsabilidad solidaria de D. Jeronimo (folios 17 a 28); como en el caso anterior esa resolución, y su notificación, le fueron dirigidas personalmente al recurrente D. Jeronimo, y en concreto la notificación tuvo lugar, mediante correo certificado con acuse de recibo, en fecha 17 de marzo de 2011 en el señalado domicilio de CALLE000 número NUM000 de Villa del Río, haciéndose también cargo de la misma Dña. Genoveva (folio 29)

Fue también en el domicilio señalado, y por el mismo medio de comunicación, en el que se notificó al demandante la Diligencia de embargos de bienes inmuebles impugnada de 14 de septiembre de 2011, notificación que se produjo en fecha 27 de septiembre de 2011, haciéndose cargo de ella Dña. Amelia (folio 40).

La práctica de las notificaciones referenciadas se ajusta a lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, pues: de un lado, y en concordancia con su apartado 1, se practican por medio que permite tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado (en nuestro caso, correo certificado con acuse de recibo), incorporándose al expediente la acreditación de la notificación efectuada (como hemos visto); de otra parte, y conforme al apartado 2 del mismo precepto, se practica en el domicilio particular del interesado sito en la CALLE000 número NUM000 de Villa del Río (como atestigua la comparecencia apud acta de 10 de febrero de 2012), distinto al de la entidad García Villarejo e Hijos, S.L. localizado en la Carretera de Bujalance, km. 1 del citado término municipal; y en tercer lugar, se hizo entrega de las mismas a persona que en el momento de la notificación se encontraba en el domicilio haciendo constar su identidad (Dña. Genoveva, cuyo DNI y rúbrica consta en los acuses de recibo), dando cumplimiento a lo previsto en el citado apartado 2 a tenor del cuál, "cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad".

Al respecto de esta última circunstancia debe señalarse que no desvirtúa lo expuesto lo declarado en calidad de testigo por Dña. Genoveva (hija del actor) en el sentido de que nunca ha tenido poder de representación de García Villarejo e Hijos, S.L., y de que ha recepcionado personalmente todas las notificaciones desde el año 2007 dirigidas a García Villarejo e Hijos, S.L. y no trasladó ninguna a D. Jeronimo; y ello es así teniendo en cuenta que las notificaciones referenciadas no fueron dirigidas a nombre de García Villarejo e Hijos, S.L. (que es a lo que se refieren las preguntas respondidas por la testigo) sino, como hemos dicho, a nombre de D. Jeronimo; a lo que cabe añadir que a los efectos de tener por bien realizada la notificación basta, según hemos señalado, que se haga cargo de ella persona presente en el domicilio en el momento de la entrega haciendo constar su identidad, como aquí sucedió.

Por lo expuesto ha de concluirse, en contra de lo argumentado por la parte actora en su primer motivo de impugnación, que la práctica de las notificaciones reseñadas se ajustó a lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992; de suerte que la Resolución de declaración de responsabildidad de 26 de febrero de 2011 devino firme por no haber sido recurrida en tiempo y forma.

Cuarto.—A partir de lo que se acaba de razonar el recurso interpuesto debe ser igualmente desestimado en lo restante, pues en él se plantean cuestiones de fondo relacionadas con la pertinencia en Derecho de la resolución de 26 de febrero de 2011 declarando la responsabilidad solidaria del actor, que ha devenido firme y consentida, y por tanto inatacable.

Esto es, dichos motivos debieron hacerse valer en su debido tiempo y forma mediante la impugnación en vía administrativa y/o judicial de aquélla resolución de febrero de 2011, pues a través de ellos se discute la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad declarada; pero firme aquélla resolución no le es dable a la parte recurrente reabrir el debate sobre su conformidad a Derecho mediante su planteamiento con ocasión de impugnar un acto, como la diligencia de embargo, de carácter ejecutivo y recurrible por motivos tasados ajenos al fondo de aquélla declaración de responsabilidad.

A tal efecto conviene señalar en lo atinente a esa diligencia de embargo, que constituye el acto administrativo impugnado en este proceso judicial, que de conformidad con lo previsto en los artículos 34.5 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y 87 y ss del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, la impugnación frente a la misma sólo podrá fundarse en defectos formales que en ella pudieran concurrir, en la falta de firmeza de la providencia de apremio que le anteceda, en las circunstancias relacionadas con el pago de la deuda, o en el incumplimiento de alguna de las determinaciones contenidas en los artículos 91 y ss del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. A estos motivos de impugnación son ajenos, insistimos, los relacionados con los requisitos que deben concurrir para declarar la responsabilidad de la actora, y en definitiva con el ajuste a Derecho de tal declaración, que es lo que en última instancia pretende el recurrente; no procediendo por ello la toma en consideración de los alegatos de fondo en que se sustenta su demanda.

Dada la naturaleza revisora de esta jurisdicción las pretensiones que se ejerciten en el recurso contencioso administrativo han de ser coherentes con el acto administrativo que se impugna, en nuestro caso la diligencia de embargo, proyectándose esa función revisora sobre la conformidad o disconformidad a Derecho del acto revisado, que es el que marca los límites del contenido sustancial del proceso

Quinto.—Conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa procede imponer a la parte recurrente las costas procesales causadas.

No obstante esta Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese artículo 139 de la LJCA, fija en 1.200 euros la cantidad máxima a repercutir en concepto de honorarios de Letrado de la Administración demandada, atendiendo a tal efecto a las circunstancias y complejidad del asunto, a su actividad procesal, y a la dedicación requerida para su desempeño.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jeronimo contra la resolución citada en el Fundamento de Derecho Primero de esta Sentencia. Se imponen a la parte recurrente las costas procesales causadas en los términos señalados en el Fundamento de Derecho quinto de esta Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, y firme que sea, con certificación de la misma para su cumplimiento, devuélvase el expediente administrativo a su órgano de procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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