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Sentencia T.S.J. Valencia 1060/2013 de 16 de julio


 RESUMEN:

IVA. Actividad de albañilería y pequeña construcción: Aplicación del régimen de estimación simplificada. Inicial requerimiento de documentación: Pudo no ser atendido en forma, dado que la parte se limitó a alegar que los abonos controvertidos correspondían al reintegro del dinero previamente extraído por los comuneros de la cuenta corriente de la comunidad de bienes. Cumplimentación parcial: Nada se indica en las diligencias de constancia de hechos acerca de que dicha cumplimentación haya sido impeditiva del desarrollo normal de la actuación inspectora.

N.I.G.: 46250-33-3-2010-0006468 (y 46250-33-3-2010-0006469)

SENTENCIA NÚM. 1060/13

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. LUIS MANGLANO SADA

Magistrados:

D. RAFAEL PÉREZ NIETO

D. GONZALO BARRA PLÁ

En la Ciudad de Valencia, a dieciséis de julio de dos mil trece.

Vistos por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso contencioso-administrativo n.º 1421/2010 (al que se ha acumulado el recurso contencioso- administrativo n.º 1422/2010) a instancia de José y Rosendo (en calidad de comuneros de DIRECCION000 C.B.), representados por la Procuradora Elena Gil Bayo y asistidos por la Letrada Adela Perelló Ros; siendo demandado el TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, representado y asistido por el ABOGADO DEL ESTADO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por la representación de la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TEAR de 26/05/2010 por la que se desestima la Reclamación n.º NUM000 (y su acumulada n.º NUM001) interpuestas contra el Acuerdo de Liquidación practicado en concepto de IVA correspondiente a los períodos desde el 4T/2003 al 4T/2004; y contra el acuerdo de imposición de sanción derivado de dicha liquidación. Recurso tramitado como Procedimiento Ordinario 1421/2010.

Segundo.—Por la representación de la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TEAR de 05/10/2009 por la que se inadmite a trámite la solicitud de suspensión con dispensa de garantías del acto recurrido en la reclamación n.º NUM000. Recurso tramitado como Procedimiento Ordinario 1422/2010.

Tercero.—Por esta Sección se dictó en fecha 21 de febrero de 2012 Auto declarando acumulado el recurso contencioso-administrativo 1422/2010 al seguido bajo el número 1421/2010.

Cuarto.—Por la representación de la parte actora se formuló demanda en la que, tras exponer los hechos y fundamentos legales que estimó oportunos en apoyo de su pretensión, terminó suplicando que se dictara Sentencia por la que se estime este Recurso Contencioso-Administrativo dejando sin efecto y declarando la nulidad de la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de 26 de mayo de 2010 en la que se acuerda desestimar la Reclamación Económico-Administrativa interpuesta por mi mandante contra el Acta de Disconformidad número NUM002 y contra el Acuerdo de Imposición de Sanción número 75278071 por no ser ajustados a derecho, con imposición de las costas a la parte demandada si la Sala apreciara temeridad o mala fe en su actuación, y cuanto fuere procedente a tales fines.

Y del mismo modo, respecto al procedimiento ordinario 1422/2010, presentó escrito en fecha 26 de abril de 2012 solicitando que tenga por desistida a esta parte en la solicitud de suspensión de la ejecución de la deuda tributaria derivada de la liquidación practicada a la comunidad de bienes DIRECCION000 CB por la Dependencia Regional de Inspección del IVA período 4T2003 a 4T2004 que previamente a la acumulación de procedimientos se seguía con el n.º 1422/2010 ante esta misma Sala

Quinto.—Dado traslado de la demanda a la parte demandada, por el ABOGADO DEL ESTADO se contestó solicitando el dictado de Sentencia por la que declare la conformidad a Derecho de la resolución impugnada de adverso, absolviendo a la Administración del presente recurso.

Y respecto al escrito de fecha 26/04/2012 presentado por la actora, manifiesta el ABOGADO DEL ESTADO que no tiene nada que oponer al desistimiento.

Sexto.—Por Auto de fecha 7 de febrero de 2011 quedó fijada la cuantía del presente procedimiento en 52.818,84 €.

Séptimo.—No habiéndose recibido el proceso a prueba y una vez cumplimentado el trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

Octavo.—Se señaló la votación para el día 16 de julio de 2013, teniendo así lugar.

Noveno.—En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Magistrado D. GONZALO BARRA PLÁ.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TEAR de 26/05/2010 por la que se desestima la Reclamación n.º NUM000 (y su acumulada n.º NUM001) interpuestas contra el Acuerdo de Liquidación practicado en concepto de IVA correspondiente a los períodos desde el 4T/2003 al 4T/2004; y contra el acuerdo de imposición de sanción derivado de dicha liquidación.

Inicialmente se interponía del mismo modo recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TEAR de 05/10/2009 por la que se inadmite a trámite la solicitud de suspensión con dispensa de garantías del acto recurrido en la reclamación n.º NUM003. Pero respecto a dicho recurso (tramitado inicialmente como Procedimiento Ordinario 1422/2010) por la parte actora se manifestó que desistía del mismo por las razones expuestas en el escrito presentado en fecha 26/04/2012.

Consecuentemente, dándose en este procedimiento todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 74 LJCA procede tener a la parte actora por desistida, al haberlo así manifestado mediante el escrito referido, sin oposición de la parte demandada, y sin que se aprecie daño para el interés público, por lo que ningún pronunciamiento se hará en la presente Sentencia respecto a la resolución del TEAR de 05/10/2009 por la que se inadmite a trámite la solicitud de suspensión con dispensa de garantías.

Segundo.—Hecha la anterior precisión, solicita la parte recurrente el dictado de Sentencia por la que se estime este Recurso Contencioso-Administrativo dejando sin efecto y declarando la nulidad de la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de 26 de mayo de 2010 en la que se acuerda desestimar la Reclamación Económico-Administrativa interpuesta por mi mandante contra el Acta de Disconformidad número NUM002 y contra el Acuerdo de Imposición de Sanción número 75278071 por no ser ajustados a derecho, con imposición de las costas a la parte demandada si la Sala apreciara temeridad o mala fe en su actuación, y cuanto fuere procedente a tales fines.

Alega en la demanda que la comunidad de bienes DIRECCION000 CB realiza la actividad de albañilería y pequeños trabajos de construcción clasificada en el epígrafe 501.3 del IAE. Dicho epígrafe está incluido en la relación contenida en la Orden HAC/701/2003 que desarrolla el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, por lo que DIRECCION000 CB ha aplicado el citado régimen simplificado para determinar la cuota de IVA a ingresar en los años 2003 y 2004. DIRECCION000 CB no excede los límites establecidos en la Nota del epígrafe 501.3: que son ejecución de obras con presupuesto superior a 36.060,73 € y superficie en obra nueva o de ampliación que exceda de 600 m2. Es un hecho objetivo que en los años 2003 y 2004 ninguno de los presupuestos o facturas emitidas por DIRECCION000 CB supera la cantidad de 36.060,73 € ni los 600 m2 de superficie. El conjunto de la documentación que obra en el expediente demuestra que los trabajos realizados son pequeñas ejecuciones de obra, aun en los casos de realizarse en una misma urbanización u hotel (que constituyen los clientes de DIRECCION000 CB) están claramente diferenciadas y son independientes unas de otras por lo que no tiene sentido agrupar distintas facturas como si de una única ejecución se tratara.

Partiendo de dichos hechos, fundamenta su demanda en tres motivos impugnatorios. En primer lugar opone la prescripción de ejercicios regularizados por incumplimiento del plazo general de duración de las actuaciones inspectoras. En segundo lugar, opone que DIRECCION000 CB no excede de las limitaciones establecidas en el epígrafe 501.3 del IAE, así como que la aplicación de la estimación directa da un resultado desproporcionado y alejado de la realidad. Y, finalmente, en tercer lugar, respecto al acuerdo de imposición de sanción opone que no concurre el elemento subjetivo necesario en toda infracción tributaria.

Como queda expuesto opone en primer lugar la prescripción de ejercicios regularizados por incumplimiento del plazo general de duración de las actuaciones inspectoras.

Alega que se le imputan 225 días de dilaciones. De éstos, 203 días corresponden al período transcurrido entre el 30/07/2008 y el 18/02/2009 por "no aportación documentación solicitada (hasta manifestación de la imposibilidad de aportar esa documentación notificada por su e-mail de 18/02/2009)". Y de estos 203 días, 118 días no son imputables a la recurrente por las siguientes razones. En primer lugar, no le son imputables los 55 días comprendidos entre el entre el 30/07/2008 y el 23/09/2008 porque el actuario debería haber comunicado la imputación de dilaciones en su e-mail de 06/08/2008 si así lo estimaba a la vista del escrito de 30/07/2008; y porque el 23/09/2008 realiza un requerimiento nuevo y distinto al efectuado en la Diligencia n.º 2. Y en segundo lugar, no le son imputableslos 63 días comprendidos entre el 18/12/2008 y el 18/02/2009 toda vez que el 18/12/2008 el recurrente atendió el requerimiento de documentación con la presentación vía e-mail del certificado bancario, y a partir de esa fecha el actuario reitera la aportación de la misma documentación reduciendo el número de cheques, a lo que la actora contesta en plazo, bien presentando certificado del banco, bien afirmando que no dispone de otra documentación. Consecuentemente, concluye la actora indicando que aceptando el resto de dilaciones (107 días), resulta que se ha excedido el plazo de duración de 12 meses. Por lo que concurre la prescripción alegada.

Oponiéndose a lo pretendido el Abogado del Estado remitiéndose a la resolución del TEAR que en su Fundamento de Derecho Tercero examina detalladamente cada una de las diligencias y justifica las mismas como necesarias para la adecuada comprobación inspectora.

Tercero.—Consta en el expediente que el procedimiento de inspección ha tenido una duración de 526 días (desde el 20 de diciembre de 2007, fecha de notificación de la Comunicación de inicio de actuaciones, hasta el 29 de mayo de 2009); contabilizándose un total de 225 días de dilaciones imputables al contribuyente, indicándose al respecto en el acuerdo de liquidación:

"Motivo de dilación/interrupción:

No aportación docum. solicitada (hasta manifestación de la imposibilidad de aportar esa documentación notificada por su e-mail de 18/2/2009): Desde 30/07/2008 hasta 18/02/2009".

Esto es, se cataloga como dilaciones imputables el período de tiempo comprendido entre el 30 de julio de 2008 (fecha señalada en la diligencia de constancia de hechos n.º 2 para la celebración de la siguiente visita) y el 18 de febrero de 2009 (fecha del e-mail en el que la actora manifiesta la imposibilidad de aportar la documentación solicitada).

La diligencia de constancia de hechos n.º 2, de fecha 15 de julio de 2008 (folios 92-93), tiene el siguiente tenor literal:

"Examinados los documentos presentados en el Registro General de Documentos de la Unidad Regional de Valencia con fecha 6/3/2008 de la mercantil DIRECCION000 CB se ha comprobado lo siguiente:

Los presupuestos aportados (que corresponden a obras ejecutadas entre 1/1/2003 y 30/9/2003) recogen la obra de albañilería que se van a realizar (sin detallar cantidades de "mano de obra" y de "materiales" que se incorporan) y el montante total que se facturará por esa obra concreta. Las facturas emitidas y los presupuestos que ya había aportado tampoco detallan los datos referidos.

En el Anexo núm. 2 de esta diligencia se recogen para cada edificación en la que ha realizado obras el obligado tributario el montante presupuestado total, tanto del año 2003 como del 2004. El destinatario de todas sus facturas emitidas es la mercantil Garden Denia SL.

Se solicita que justifique documentalmente el/los medio/s de pago utilizados para satisfacer los importes de las "nóminas" del personal empleado de los períodos 2003 y 2004.

Se solicita que justifique el origen de los "abonos" en la cuenta bancaria código NUM004 que le detallo en el Anexo 1 a esta diligencia. Se adjunta a esta diligencia y entrega al obligado tributario copia de este anexo.

En estos momentos se suspenden las actuaciones inspectoras, se reanudarán el próximo día 30 de julio de 2008 a las 12:00 horas en nuestras oficinas.

Se advierte al interesado que el retraso en la aportación íntegra de la documentación solicitada o su incomparecencia en la fecha señalada se considerará dilación imputable al contribuyente, y, por tanto, no se computará en el plazo de duración de las actuaciones inspectoras establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 150 y apartado 2 del artículo 104 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT ). Asimismo, la concurrencia de alguna de las circunstancias arriba citadas impedirá que se produzcan interrupciones injustificadas por la Administración durante seis meses y, por tanto, no se producirán las consecuencias que para ese caso establece el apartado 2 del artículo 150"

Sin embargo, no se reanudaron las actuaciones el referido día 30/07/2008, constando en el expediente que en dicha fecha se presentó escrito por DIRECCION000 CB (folio 101) en el que indicaba:

"Que de acuerdo con el requerimiento de documentación en Diligencia de constancia de hechos núm. 2 de fecha 15 de julio de 2008 esta parte realiza las siguientes aclaraciones:

1.- Las nóminas de los trabajadores de DIRECCION000 CB de los años 2003 y 2004 fueron abonadas en metálico.

2.- En relación con los abonos detallados en el Anexo 1 de la citada diligencia se han observado las siguientes diferencias al ser contrastados con los extractos bancarios:

a.-El 15/12/2003 se indican tres ingresos en efectivo de 3.000 € cada uno, sin embargo, uno de ellos es por importe de 2.500 €

b.- El 27/02/2004 se indican cinco ingresos de 3.000 € cada uno, sin embargo, solo se realizan cuatro.

3. Los abonos de 2003 y 2004 detallados en el Anexo 1 se han cuantificado, corregido lo especificado en el punto 2 anterior, en 69.840 € y 330.518,00 € respectivamente. Estos abonos corresponden al reintegro del dinero previamente extraído por los comuneros de la cuenta corriente de la comunidad de bienes.

Por todo lo anterior, SOLICITA

Que tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma, y tenga por atendido el requerimiento de documentación que consta en Diligencia de constancia de hechos núm. 2 de fecha 15 de julio de 2008"

La actuaria acusó recibo de dicho escrito mediante el e-mail de fecha 06/08/2008 (acompañado por la recurrente junto a su escrito interponiendo reclamación económico-administrativa). Dicho e-mail tiene el siguiente tenor literal:

"Buenos días:

Te comunico que en el día de hoy he recibido los escritos que presentaste en el Registro General de Documentos de la UNIDAD REX DE VALENCIA con fecha 30/7/2008 relacionados con las comprobaciones inspectoras de los obligados tributarios DIRECCION000 CB (...)

Me pondré en contacto contigo a la vuelta de vacaciones. Por cierto, que disfrutes las tuyas"

Seguidamente, mediante otro e-mail de fecha 23/09/2008 (folio 218), la actuaria efectúa una valoración de la documental aportada en fecha 30/07/2008, indicando que:

"Vanessa:

Tal y como quedamos, y en relación con las actuaciones inspectoras a los obligados tributarios (...) te envío este correo con las objeciones que pondría a tus manifestaciones recogidas en los escritos de fecha 30/07/2008 presentados en el Registro General de Documentos de la Unidad Rex de Valencia que tratan de atender a mi "solicitud de aportación de justificación documental" de operaciones económicas detalladas en mis diligencias núm. 2 de fecha 15/07/2008 a los contribuyentes citados.

En relación con el sujeto pasivo: DIRECCION000 CB:

He comprobado que las correcciones que me haces en el punto 2 apartados a) y b) son correctas. Sin embargo, no puede considerarse justificado el origen de los "abonos en cuenta bancaria" con la manifestación que haces de "corresponden al reintegro del dinero previamente extraído por los comuneros...". Lo que te pedía es que aportes documentos justificantes que permiten al obligado tributario disponer de las cantidades que ingresan en su cuenta bancaria y cuyo origen no es el cobro de facturas emitidas, esto último comprobado

(...)

Te informo que no se considera atendido en su totalidad el requerimiento de aportación de justificantes notificado en diligencia núm. 2".

Sin quedar constancia del modo en que se efectuó el señalamiento, la siguiente visita tuvo lugar en fecha 17/12/2008 extendiéndose la diligencia de constancia de hechos n.º 3 (folio 103) en la que se indica:

"Se deja constancia de que con fecha 23/09/2008 se remitió a la representante autorizada del obligado tributario e-mail en el que se contestaba a su escrito de manifestaciones presentado en el Registro General de Documentos de la Unidad Regional de Valencia de fecha 30/07/2008.

Tal y como se recoge en el e-mail se han apreciado los siguientes errores en la lista de "abonos" en cuentas bcas de las que se solicitó justificación:

En la fecha 15/12/2003 se relacionan tres "ingresos eftvo" de importe 3.000 €. El error cometido es que uno de esos ingresos fue de 2.500 €.

En la fecha 27/2/2004 se relacionan cinco "ingresos eftvo" de importe 3.000 €. El error cometido es que sólo son cuatro ingresos de 3.000 € cada uno.

En cuanto a la justificación del origen de las cantidades ingresadas en "efectivo" (hechas las correcciones arriba recogidas) en las cuentas bcas de la entidad, en el citado escrito se manifestaba que procedía del reintegro del dinero de las mimas cuentas realizado por los comuneros. En el e-mail al que nos referimos se le comunicaba que tenía que justificar el origen del efectivo ingresado en las fechas igualmente señaladas en el Anexo a la diligencia núm. 2 y que no bastaba con meras manifestaciones.

Manifiesta la representante que se ha dirigido a las entidades bancarias para que le aporte justificante de cheques cargados en sus cuentas que, siempre según sus manifestaciones, se cobraron en efectivo.

Manifiesta que enviará por FAX contestación dada por las entidades bancarias de la petición de justificantes realizada.

Se le hace a la representante la siguiente observación: aunque existen "cargos" en la cuenta bancaria de la entidad por los conceptos "cheque pagado núm...", "cheque compensado núm..." cuyo importe suele ser de 3.000 € o inferior, ese goteo de cargos por cheques se produce a lo largo de todo el año 2003 mientras que los ingresos de efectivo del año 2003 de los que se solicita justificación se produjeron en los meses de "octubre", "noviembre" y "diciembre" del mismo año. Además no guarda relación alguna la suma de las cantidades de los cheques "cargados" con la suma de los "ingresos en efectivo" de los meses señalados.

Se deja constancia de que tal y como se recoge en el e-mail al que me he venido refiriendo, se consideran dilaciones no imputables a la Administración por no aportar la totalidad de los documentos solicitados en la diligencia núm. 2 el tiempo transcurrido desde el 30/7/2008 hasta el día en que se remitan los justificantes solicitados por su trascendencia para formular propuesta de regularización.

En estos momentos se suspenden las actuaciones inspectoras, se reanudarán el próximo día 23 de enero de 2009 a las 12:00 horas en nuestras oficinas.

Se advierte al interesado que el retraso en la aportación íntegra de la documentación solicitada o su incomparecencia en la fecha señalada se considerará dilación imputable al contribuyente, y, por tanto, no se computará en el plazo de duración de las actuaciones inspectoras establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 150 y apartado 2 del artículo 104 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT ) así como en el artículo 104 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y Procedimiento de Inspección"

Seguidamente, por la actuaria se envía nuevo e-mail a la actora en fecha 22/12/2008 (folio 219) en el que indica:

"Buenos días:

He recibido el escrito del Banco de Valencia sobre la inviabilidad de proporcionarte los justificantes que le pides.

Teniendo en cuenta que en mi e-mail de fecha 23/9/2008 lo que yo trataba de aclararte era si tu manifiestas que los "abonos" en cuenta bancaria que responden al concepto "ingreso en efectivo" tienen por origen "el reintegro de dinero previamente extraído por los comuneros.." esa afirmación tienes que probarla. Obviamente, una posible forma de probarlo era que los cargos bancarios por el concepto "cheque pagado..." o "cheque compensado...." se hubieran cobrado "por Caja del banco". Insisto en que el problema está en que todas las facturas emitidas aportadas a la Inspección se han cobrado por cheques abonados en esa cuenta bancaria y que están perfectamente identificados.

Con el fin de que la Inspección pueda considerar la manifestación que haces sobre el origen de los "ingresos en efectivo" te propongo una lista de unos 48 "cargos bancarios" por "cheques pagado... o compensado" para que solicites en el Banco Valencia anverso y reverso de los documentos, y que ya este no te va a poder poner la excusa de la inviabilidad.

Si necesitas alguna aclaración. Llámame o envíame e-mail"

En la diligencia de constancia de hechos n.º 4 de fecha 23/01/2009 (folio 105) se señala.

"Aporta una hoja con una aclaración de la forma de operar de la comunidad de bienes junto con otras hojas que contienen la descripción de los trabajos facturados en cada documento emitido en los años 2003 y 2004.

Aporta certificado suscrito por el apoderado de la sucursal del Banco de Valencia en Denia, D. Cecilio, en el que se limita a afirmar que han examinado sus archivos centrales y que realizado un muestreo a los 50 cheques (de los que se solicitó se aportara anverso y reverso) se ha comprobado que son todos ellos documentos emitidos al portador. Se adjunta al expediente el citado certificado.

En relación con la solicitud de "anverso y reverso de los 50 cheques...." vuelvo a insistir, como ya hice en e-mail de 22/12/2008 hora 12:56, que la Inspección tiene que comprobar la manifestación del obligado tributario de que "las cantidades abonadas en efectivo en la cuenta bancaria de la comunidad de bienes pueden tener su origen en el cobro de cheques por ventanilla realizados en fechas anteriores". Dado que el nominal de esos cheques es igual o inferior a 3.000 € la Inspección no tiene información de quién ha cobrado esos cheques, por lo estar obligadas las entidades bancarias a proporcionarla con carácter general en la declaración modelo 199. Por tanto, si el obligado tributario insiste en que ha sido él (o sus representantes) quienes los han cobrado en efectivo para en una fecha posterior ingresarlo en la misma cuenta bancaria, la Inspección le solicita que justifique esa manifestación, y para facilitarle su prueba se han elegido los cheques recogidos en el e-mail de 22/12/2008 horas 12:40.

Se solicita a la compareciente que justifique que esos cheques han sido cobrados por los comuneros.

También se reitera la solicitud ya formulada en e-mail de fecha 22/12/2008 hora 12:56 de que se justifiquen o manifiesten la existencia de gastos en los que se haya podido incurrir en el ejercicio de la actividad de "albañilería" distintos de los de personal declarados y de adquisiciones gravadas por IVA registradas en el correspondiente libro.

En estos momentos se suspenden las actuaciones inspectoras, se reanudarán el próximo día 20 de febrero de 2009 a las 12:00 horas en nuestras oficinas.

Se advierte al interesado que el retraso en la aportación íntegra de la documentación solicitada o su incomparecencia en la fecha señalada se considerará dilación imputable al contribuyente, y, por tanto, no se computará en el plazo de duración de las actuaciones inspectoras establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 150 y apartado 2 del artículo 104 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (LGT ) así como en el artículo 104 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y Procedimiento de Inspección.

Aunque no se procede a cuantificar, por motivos de tiempo, el período que se considera dilación no imputable a la administración, sí se deja constancia de que la información sobre cheques que se solicita en esta diligencia fue requerida por la Inspección desde que el obligado tributario manifestó que sus abonos en cuenta bancaria por el concepto ingreso en efectivo tenían su origen en cobro de cheques en ventanilla realizadas en fechas previas".

Y, finalmente, en la diligencia de constancia de hechos n.º 5, de fecha 27/02/2009 (folio 197) se alude al e-mail de18/02/2009 fijado como fecha final de las dilaciones imputadas al actor. Se señale en dicha diligencia:

"En el e-mail de fecha 18/2/2009 el obligado tributario manifestaba que no disponía de más documentación que pudiera aportar en estas actuaciones, añadía que no podía aportar anverso y reverso de una selección de cheques, pagarés y recibos caja (de entre los múltiples que figuran en la cuenta bancaria de su titularidad) cuyo nominal es igual o inferior a 3.000 €. Esta solicitud fue sugerida por la actuaria para comprobar la veracidad de sus manifestaciones sobre el origen de los abonos en efectivo en esa misma cuenta bancaria.

(...)

En el desarrollo de estas actuaciones se han producido dilaciones no imputables a la Administración en las siguientes fechas y por los motivos que relaciono a continuación:

(...)

Entre el 30/7/2008 y el 18/2/2009 por no justificar sus manifestaciones sobre el origen de "abonos" por "ingresos de efectivo" en su cuenta bancaria y hasta el momento de comunicarnos que no dispone de más justificantes.

El obligado tributario manifiesta que no presta conformidad al cómputo de las dilaciones recogido en esta diligencia por ser apreciación subjetiva de la Administración (...)"

Recapitulando, en la diligencia n.º 2 se le requiere al actor a fin de que " justifique el origen de los "abonos" en la cuenta bancaria código NUM004 que le detallo en el Anexo 1 a esta diligencia" , señalándose la siguiente comparecencia el 30/07/2008.

No se celebra en dicha fecha ninguna comparecencia, presentándose ese día escrito por la parte hoy recurrente en el que, respecto al requerimiento controvertido, señalaba, tras aludir a ciertos errores en el detalle contenido en el Anexo I, que dichos abonos " corresponden al reintegro del dinero previamente extraído por los comuneros de la cuenta corriente de la comunidad de bienes", solicitando expresamente que se tenga por atendido dicho requerimiento.

La actuaria acusó recibo del escrito mediante e-mail de fecha 06/08/2008 en el que no puso ninguna objeción a su contenido. Seguidamente, en fecha 23/09/2008, y de nuevo mediante e-mail, la actuaria señala que, respecto a las alegaciones del escrito de 30/07/2008, no puede considerarse justificado el origen de los "abonos en cuenta bancaria" con la manifestación que haces de "corresponden al reintegro del dinero previamente extraído por los comuneros...". Lo que te pedía es que aportes documentos justificantes que permiten al obligado tributario disponer de las cantidades que ingresan en su cuenta bancaria y cuyo origen no es el cobro de facturas emitidas, esto último comprobado. Añadiendo a continuación que no se considera atendido en su totalidad el requerimiento de aportación de justificantes notificado en diligencia núm. 2.

Objeciones que son reiteradas en la diligencia n.º 3 de fecha 17/12/2008 (ignorándose el modo en que se efectuó el señalamiento), añadiendo que la actora en cumplimiento de lo indicado en dicho e-mail de 23/09/2008, ha solicitado de las entidades bancarias justificante de los cheques cargados en sus cuentas.

Seguidamente, y constando que el Banco ha calificado de inviable la solicitud efectuada, la actuaria envía nuevo e-mail en fecha 22/12/2008 matizando el objeto del requerimiento, pues se indica que: Con el fin de que la Inspección pueda considerar la manifestación que haces sobre el origen de los "ingresos en efectivo" te propongo una lista de unos 48 "cargos bancarios" por "cheques pagado... o compensado" para que solicites en el Banco Valencia anverso y reverso de los documentos, y que ya este no te va a poder poner la excusa de la inviabilidad.

En la diligencia n.º 4 de 23/01/2009, ante la constancia de que la lista facilitada de 48 "cargos bancarios" corresponde a documentos emitidos al portador, se añade que Dado que el nominal de esos cheques es igual o inferior a 3.000 € la Inspección no tiene información de quién ha cobrado esos cheques, por lo estar obligadas las entidades bancarias a proporcionarla con carácter general en la declaración modelo 199. Por tanto, si el obligado tributario insiste en que ha sido él (o sus representantes) quienes los han cobrado en efectivo para en una fecha posterior ingresarlo en la misma cuenta bancaria, la Inspección le solicita que justifique esa manifestación, y para facilitarle su prueba se han elegido los cheques recogidos en el e-mail de 22/12/2008 horas 12:40. Se solicita a la compareciente que justifique que esos cheques han sido cobrados por los comuneros.

Y, finalmente, mediante e-mail de18/02/2009 la recurrente manifiesta que no podía aportar anverso y reverso de una selección de cheques, pagarés y recibos caja (de entre los múltiples que figuran en la cuenta bancaria de su titularidad) cuyo nominal es igual o inferior a 3.000 €..

En definitiva, del examen de lo actuado en dicho período no cabe catalogar el mismo como dilación imputable al contribuyente. En efecto, prescindiendo de la falta de justificación de las razones por las cuales, señalada la comparecencia n.º 3 inicialmente para el día 30/07/2008, la misma acaba celebrándose el 17/12/2008 (un desfase de 140 días que no queda acreditado que sea imputable al hoy recurrente), lo cierto es que, del examen de las actuaciones se constata que en la diligencia n.º 2 se le requirió para que " justifique el origen de los "abonos" en la cuenta bancaria código NUM004 que le detallo en el Anexo 1 a esta diligencia". Y en el escrito de fecha 30/07/2008 dio respuesta a lo requerido alegando que dichos abonos " corresponden al reintegro del dinero previamente extraído por los comuneros de la cuenta corriente de la comunidad de bienes". Sin que por la actuaria se objetara nada a lo alegado en el primer e-mail remitido en fecha 06/08/2008. Es en el segundo e-mail, de fecha 23/09/2008, en el que, a la vista de dichas alegaciones, le practica nuevo requerimiento consistente en la aportación de justificación documental de que en efecto dichos abonos correspondan al reintegro del dinero previamente extraído por los comuneros. Y las actuaciones siguientes van referidas a las vicisitudes acaecidas en relación con la cumplimentación de tal nuevo requerimiento; en concreto, la solicitud de justificantes de los cheques cargados en su cuenta; la comunicación del Banco calificando como inviable dicha solicitud; la concreción por la actuaria de un listado de "abonos" a justificar; la comunicación del Banco indicando que todos ellos corresponden a documentos al portador; el requerimiento al actor para que justifique que esos cheques al portador han sido en efecto cobrados por los comuneros; y el e-mail de la actora alegando la imposibilidad de dar cumplimiento a lo requerido.

De este modo, del examen del expediente se constata que si bien el inicial requerimiento de documentación pudo no ser atendido en forma por la actora (pues se limitó a alegar que los abonos controvertidos correspondían al reintegro del dinero previamente extraído por los comuneros de la cuenta corriente de la comunidad de bienes), sin embargo, nada se indica en las diligencias de constancia de hechos acerca de que dicha cumplimentación "parcial" haya sido impeditiva del desarrollo normal de la actuación inspectora. Antes al contrario, del hecho de que la actora diera cumplida respuesta a lo requerido mediante las manifestaciones reflejadas en el escrito de fecha 30/07/2008, explicando el origen de dichos abonos, así como del hecho de que la Inspección asumiera dichas manifestaciones, toda vez que los ulteriores requerimientos van encaminados a la acreditación de que en efecto dichos abonos corresponden al reintegro del dinero previamente extraído por los comuneros, ello permite inferir que, pese a la alegada aportación incompleta de documentación, las actuaciones inspectoras se desarrollaron con normalidad. Todo lo expuesto adquiere relevancia esencial a fin de desvirtuar el período de dilaciones imputables descrito por la Inspección

Es por ello por lo que no cabe atribuir al recurrente el período dilatorio ahora analizado. Debemos recordar, pues, el propio concepto de dilaciones imputables al obligado tributario, siguiendo para ello la doctrina fijada en las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2011 (recurso de casación número 5006/2005) y de 24 de enero de 2011 (recurso de casación número 485/2007), diciendo esta última, en su Fundamento de Derecho Tercero:

"(...) Con este espíritu debe abordarse la interpretación de la noción "dilaciones imputables al contribuyente", a las que alude el artículo 29.2 de la Ley 1/1998 y que el artículo 31 bis, apartado 2, define con mayor detenimiento como el retraso en que incurriere al cumplimentar las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias, así como el que se derive de los aplazamientos que interesare. Podemos ya, pues, dejar sentados dos criterios al respecto: en primer lugar, que la noción de "dilación" incluye tanto las demoras expresamente solicitadas por el obligado tributario y acordadas por la Inspección como aquellas pérdidas materiales de tiempo provocadas por su tardanza en aportar los datos y los elementos de juicio imprescindibles para la tarea inspectora; en segundo término, y como corolario de la anterior, se ha de dejar constancia de que la "dilación" es una idea objetiva, desvinculada de todo juicio o reproche sobre la conducta del inspeccionado. Así, pues, cabe hablar de "dilación" tanto cuando pide una prórroga para el cumplimiento de un trámite y les es concedida, como cuando, simple y llanamente, lo posterga, situaciones ambas que requieren la existencia de un previo plazo o término, expresa o tácitamente fijado, para atender el requerimiento o la solicitud de información.

Al alcance meramente objetivo (transcurso del tiempo) se ha de añadir un elemento teleológico. No basta su mero discurrir, resultando también menester que la tardanza, en la medida en que hurta elementos de juicio relevantes, impida a la Inspección continuar con normalidad el desarrollo de su tarea. En tal tesitura, habida cuenta de la finalidad que la norma contenida en el artículo 29.1 de la Ley 1/1998 persigue, el tiempo perdido no puede imputarse a la Administración a los efectos de computar el plazo máximo de duración de las actuaciones, según prevén el apartado 2 de dicho precepto legal y el párrafo segundo del artículo 31 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos .

Parece evidente, pues, que en el análisis de las dilaciones hay que huir de criterios automáticos, ya que no todo retraso constituye per se una "dilación" imputable al sujeto inspeccionado"

Conviene al respecto precisar que la Administración está constitucionalmente obligada a servir con objetividad los intereses generales (art. 103 de la Constitución), sin que pueda quedar a su voluntad la determinación de los plazos máximos que ya tienen en la ley no sólo su configuración, sino también sus excepciones y efectos. El procedimiento de comprobación también tiene que estar presidido por esa idea de celeridad y eficacia, de suerte que para verificar si una dilación se ha producido no será suficiente con examinarla en sí misma, sino en su comparación con la propia actitud de la Administración en el procedimiento, pues se producen tardanzas a cuyo acaecimiento no es ajena aquélla.

Resumiendo, los 225 días imputados al hoy recurrente son injustificados, lo que supone que el procedimiento inspector duró 526 días, superando con ello de forma injustificada el límite de 12 meses impuesto por el ordenamiento jurídico.

Así pues, el incumplimiento del plazo previsto determina, conforme al artículo 29.3 de la Ley 1/1998, actual artículo 150 de la Ley General Tributaria, que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras, debiendo determinar esta Sala si concurre la prescripción del derecho a liquidar de la Administración tributaria.

Tomando como "dies a quo" el 30/01/2005 (fecha en que finalizaba el plazo para presentar la declaración correspondiente al IVA del período 4T/2004, pues las cuatro declaraciones trimestrales en el modelo 303 se deben presentar en los siguientes plazos: los tres primeros trimestres entre el 1 y el 20 de los meses de abril, julio y octubre y el cuarto trimestre entre el 1 y el 30 del mes de enero del año siguiente), y apreciada respecto del mismo la no interrupción del plazo prescriptivo por las actuaciones inspectoras desarrolladas, se deduce que en la fecha en que se notificó el acuerdo de liquidación tributaria, 29 de mayo de 2009, estaba prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación por el concepto de IVA, período comprendido entre el 4T/2003 al 4T/2004, por el transcurso de un plazo superior al de cuatro años.

Consecuentemente, habiéndose declarado la prescripción de la acción liquidadora respecto al IVA, período comprendido entre el 4T/2003 al 4T/2004, procede anular igualmente el acuerdo de imposición de sanción derivado de dicha liquidación. El acogimiento del motivo de impugnación hace innecesario entrar en el examen de los restantes motivos planteados.

Procede, por todo lo expuesto, la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

Cuarto.—No se aprecian motivos de temeridad o mala fe que justifiquen la imposición de costas, conforme al artículo 139 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

VISTOS, los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación


FALLAMOS


 
1.º) ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por José y Rosendo (en calidad de comuneros de DIRECCION000 C.B.) por ser la resolución impugnada del TEAR contraria a Derecho, y la anulamos.

2.º) ANULAMOS asimismo la liquidación tributaria y el acuerdo sancionador de que aquella resolución trae causa.

3.º) Sin que proceda hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.

Esta sentencia es firme y no cabe contra ella recurso ordinario alguno.

A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente designado para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que certifico como Secretario de la misma. Valencia, en la fecha arriba indicada.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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