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Sentencia T.S.J. Valencia 1336/2013 de 1 de octubre


 RESUMEN:

ITP. Transmisión por permuta: Valoración del inmueble. Motivación de los actos de liquidación: Serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho. Sistema genérico y previo de valoración aplicado por la Administración: La valoración de la Administración no se cerciora del estado real del inmueble y aplica parámetros no convenientemente individualizados.

N.I.G.: 46250-33-3-2012-0004998

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 3

SENTENCIA N.º. 1336 /13

En la ciudad de Valencia, a 1 de octubre de 2013.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. don Luis Manglano Sada, Presidente, don Juan Luis Lorente Almiñana, don Agustín María Gómez Moreno Mora, don Manuel José Baeza Díaz Portales, don Rafael Pérez Nieto, doña María Jesús Oliveros Rosselló, don Gonzalo Barra Plá y doña María Belén Castelló Checa, Magistrados, el recurso contencioso-administrativo con el número 2040/12, en el que han sido partes, como recurrente, doña Marí Luz, representada por la Procuradora Sra. Arroyo Cabria y defendida por el Letrado Sr. Fenoll Oliver, y como demandadas el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR), representado y defendido por el Sr. Abogado del Estado, y la Generalitat Valenciana, representada y defendida por la Sra. Letrada de su gabinete jurídico. La cuantía es de 8026,61 euros. Ha sido ponente el Magistrado don Rafael Pérez Nieto.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Interpuesto el recurso y seguidos los trámites establecidos por la ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara demanda, lo que verificó en escrito mediante el que quedan ejercitadas sus pretensiones de que se declare la nulidad de la liquidación tributaria impugnada y "que se establezca la imposibilidad de que la Administración pueda volver a repetir el acto administrativo de la comprobación de valores".

Segundo.—Las representaciones procesales de las Administraciones demandadas, en sus respectivos escritos de contestación, interesaron la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

Tercero.—El proceso no se recibió a prueba y los autos quedaron pendientes para votación y fallo.

Cuarto.—Se señaló para votación y fallo el día 1 de octubre de 2013.

Quinto.—En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El objeto de la impugnación del presente recurso contencioso-administrativo es la resolución de 25-2-2012 del TEAR (Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana) que desestimó la reclamación núm. NUM000 interpuesta por doña Marí Luz contra una liquidación del ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) de 23-2-2012, por importe de 8026,61 euros y girada por los Servicios Territoriales de la Generalitat Valenciana (Conselleria d'Hisenda i Administració Pública) en Elche.

La liquidación, identificada con el número NUM001, resultó después de haber dispuesto la Administración Tributaria una comprobación del valor que sobre un bien inmueble había declarado el sujeto pasivo, comprobación en la que se fijó una base de 169213,04 euros. La liquidación tuvo su antecedente en una transmisión por permuta, documentada en escritura pública de 23-2- 2010, de una vivienda sita en Elche y que en la escritura se valoró en 64500 euros, también en la autoliquidación del impuesto.

En su resolución, el TEAR señaló que "la valoración obrante en el expediente viene constituida por un informe de perito de la Administración, en el que el valor real de los bienes se fija mediante la aplicación de coeficientes correctores a valores de referencia obtenidos de datos y estadísticas de carácter oficial". Aludió el TEAR a los criterios a los cuales, hasta el momento, se hubo acogido este TSJCV para dirimir la cuestión litigiosa y, en concreto, hizo reseña de las SSTSJCV de 8-5-2000, 2-11- 2001, 10-9-2003 y 21-6-2004, también de la STSJCV 10-1-2008 (núm. 1/2008), interpretando que este órgano judicial "exige, para entender que exista una adecuada motivación, que la misma sea específica e individualizada y que se identifiquen suficientemente los criterios de aplicación y los valores y coeficientes que amparan el resultado obtenido. [...] Sólo la determinación de qué normas o criterios se han aplicado va a permitir la discusión de los mismos, así como la perfecta individualización de los parámetros cuantitativos empleados, el porqué de su concreta aplicación al caso". Señaló el TEAR que "dos son los requisitos sobre los que pivota una adecuada valoración de bienes, su individualización y la adecuada expresión de criterios y bases sobre las que se sustenta la referida valoración". Y concluyó: "cabe entender adecuadamente motivada la valoración que sostiene la liquidación. Así, entendemos que todos los elementos relevantes de la misma quedan suficientemente expresados e individualizados en relación al bien valorado, de tal manera que, con independencia de que el contribuyente esté de acuerdo o no o incluso de que el resultado refleje el valor real del bien, el sujeto pasivo puede conocer cuáles han sido los criterios y las magnitudes que han determinado su valoración y por qué se han aplicado tales magnitudes y coeficientes a su inmueble y no otros".

Doña Marí Luz se constituyó en parte recurrente del presente proceso. Se queja de la "falta de motivación del acto administrativo" (esto es, de la liquidación litigiosa) y en esta línea alega que "la valoración realizada por la Administración carece de la más mínima motivación ya que como se puede observar de las hojas de valoración se establecen unas valoraciones en base a una descripción de las características de los bienes que están totalmente estandarizadas informáticamente y que al parecer se aplican a todos los bienes rústicos o urbanos. [...] los estudios que se mencionan y de donde se parte para establecer estas valoraciones no se sabe de dónde se han obtenido y no están completos, y además se menciona que los valores se han obtenido de ofertas de ventas, es decir, no de transacciones reales". La parte recurrente denuncia que se utilizaron métodos de valoración propios del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; que "no se conoce físicamente el estado de los bienes a valorar"; y que los coeficientes y fórmulas matemáticas de la hoja de valoración resultan imposibles de entender para oponerse a las mismas, sin que en su opinión quepa aplicar los coeficientes de "estado de conservación", de "tipología de la construcción", etc., si no se ha visitado el inmueble. La recurrente, en fin, invoca la STS de 3-12-1999 y la STSJCV de 10-1- 2008.

Enfrente, la representación procesal de la Generalitat Valenciana se opone a la pretensión anulatoria. Afirma que la Administración revisó en su integridad el procedimiento de comprobación de valores adaptándose a los pronunciamientos del TSJCV, de modo tal que la comprobación se apoyó en un "nuevo dictamen pericial" el cual cumple "con los requisitos de motivación exigidos por la Sala". La representación de la Generalitat pondera positivamente el dictamen en lo relativo a los "módulos básicos de valoración de suelo y construcción" porque traslada directamente "el valor predefinido y previamente publicitado de las fuentes y de su actualización" y porque se han empleado al efecto "dos fuentes alternativas para estos módulos según el municipio y el año de devengo, los estudios de mercado elaborados por la propia Generalitat o los de las ponencias catastrales de valores. Por otra parte, en cada informe pericial se hace referencia a la única fuente empleada de entre las diversas alternativas antes expuestas y se remite a una página web específica para el detalle de los estudios de mercado y de la metodología y tabla de valores de actualización de los mismos hasta la fecha del devengo". La representación de la Generalitat Valenciana alega además que "los objetivos de la citada página web son los de facilitar el conocimiento de la documentación escrita y gráfica relevante para la valoración del bien inmueble, que por su volumen y complejidad no puede acompañarse de forma individualizada a cada dictamen de peritos" y cita la STS de 7-10-2011 afirmando que los parámetros se han tomado de una base de datos contrastada (la catastral) y de "la propia información facilitada por el sujeto pasivo al presentar la autoliquidación".

Por su lado, la representación procesal del Estado se adhiere a las alegaciones vertidas por la representación de la Generalitat Valenciana.

A la vista de las alegaciones contradictorias reseñadas, podemos centrar el litigio en dos cuestiones: si la liquidación tributaria impugnada está lo bastante motivada y si su base imponible se obtuvo con arreglo a Derecho.

Segundo.—Empezando con la primera de dichas cuestiones y puesto que tratamos de materia tributaria, hemos de recordar el art. 103.3 LGT, el cual establece que los actos de liquidación serán motivados "con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho". Esta referencia se integra con los antecedentes de la cuantificación de la obligación tributaria principal y con ellos queda justificada la decisión de exigir coactivamente la deuda.

Las exigencias jurídicas de motivación son manifestación de otra general que impone a los poderes públicos que justifiquen todas sus decisiones que afecten a los derechos e intereses de los ciudadanos. Tal exigencia viene recogida para todos los actos administrativos en el art. 54. 1 LRJAP y PAC y su cumplimiento dota a la decisión pública de la juridicidad predicable en un Estado de Derecho (art. 1 CE). Como dijo el Tribunal Supremo en la STS de 23-5-2005, la motivación se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho que impone el art. 103 CE, siendo igualmente consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de las arbitrariedad que se garantizan en el art. 9.3 CE. Además, "(e)l deber de motivación de las Administraciones Públicas se engarza en el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, que es consustancial a las tradiciones constitucionales comunes de los estados miembros de la Unión Europea, que ha logrado su refrendo normativo como derecho fundamental en el art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, al enunciar que este derecho incluye en particular la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones".

También ha dicho el Tribunal Supremo que "si el derecho de la Administración debe de estar suficientemente protegido y debe permitírsele disentir de los datos declarados por los contribuyentes, igualmente debe protegerse el derecho de los ciudadanos, haciéndoles saber de forma clara, sencilla, precisa e inteligible, sin necesidad de conocimientos especiales los hechos y elementos adicionales que motivan la liquidación, cuyo pago se exige" (STS de 10-10-2008).

La motivación tiene asimismo como finalidad evitar la indefensión por desconocimiento o imposibilidad de reacción frente al actuar de la Administración. De ahí que nuestro escrutinio sobre el acto liquidatorio no se limita a la constatación formal de la concurrencia o no concurrencia de determinados elementos, debiendo remontarnos hasta la perspectiva material desde la que podamos comprobar si el destinatario de la decisión estuvo o no en situación de conocer los conceptos tributarios controvertidos y sobre los que se centra su discrepancia con la Administración.

Tercero.—Partiendo de las premisas expuestas, procede comprobar si la parte recurrente estuvo en condiciones de conocer cuáles fueron las "razones próximas o remotas" de la liquidación tributaria contradictoria con su autoliquidación, a fin asimismo de facilitar el control de legalidad de la liquidación mediante la eventual interposición de los recursos procedentes.

Recoge el acuerdo del TEAR que "el sistema de valoración [...] es el de la valoración por dictamen de peritos al amparo del art. 57.1 LGT [...]". El cálculo del valor del inmueble resulta de "sumar el valor del suelo y el de la construcción y, previa aplicación de los coeficientes correctores de suelo y construcción, multiplicarlo por el coeficiente Kp correspondiente a los gastos y beneficios de la promoción. Esta fórmula exige pues un previo cálculo tanto del valor del suelo como del valor de la construcción".

En concreto, la Administración refirió que el valor de la finca objeto de la comprobación de valores atendió a los siguientes parámetros "de valoración individualizada": la "superficie construida" (112,70 m2), la "tipología de la construcción" (vivienda colectiva), la "categoría constructiva" (media), la "antigüedad" (el año de terminación es 2000) y el "estado de conservación" (normal).

Entrando en la valoración del suelo (Vs), se alude a la "clasificación urbanística del suelo" (suelo urbano), al "uso de suelo" (residencial), al "valor de repercusión" (408,50 euros/m2); a un "coeficiente de actualización a fecha de devengo" (1), a "coeficientes correctores" (se dice que no son de aplicación) y a la "superficie de construcción" (112,70 m2).

En cuanto al valor de la construcción (Vc), se atiende al "módulo básico de construcción" (MBC4 según ponencia de valores; 550,00 euros/m2), a un "coeficiente de actualización MBC a fecha devengo" (1,0379), a la "tipología" (vivienda colectiva), a la "categoría" (media), a la "fecha de construcción-antigüedad" (2000, entre 10 y 14 años, 0,85), al "estado de conservación" (normal, 1) y a la superficie de construcción" (112,70 m2).

El valor del inmueble resulta de sumar el valor del suelo (Vs) y el valor de la construcción (Vc) y de aplicar a esta suma los "coeficientes correctores aplicables" (apreciación económica: por tratarse de un ático; 1,20) y el "coeficiente por gastos y beneficios de promoción (Kp)" (1,40).

También resulta útil aquí que reproduzcamos -siquiera parcialmente y en lo que ahora interesa- el resumen descriptivo del TEAR del método de valoración aplicado por la Administración Tributaria. El TEAR describe el método de valoración así:

"Dentro del dictamen de perito aportado, podemos encontrar tres partes o cuerpos diferentes, además de la propia identificación de la finca objeto de valoración. En el primero de ellos se procede a determinar los parámetros de valoración individualizada, en el que se describe la superficie, la tipología de la construcción, la categoría constructiva, antigüedad, existencia de reformas o rehabilitaciones o el estado de conservación de la finca a valorar. Tales parámetros se extraen de la ficha catastral del bien".

"En cuanto al valor del suelo en el presente caso se parte de un estudio de mercado realizado por la propia Dirección General de Tributos. En tal estudio se procede a fijar un valor unitario para el suelo, en función de la ubicación del inmueble, sobre el que aplicar el correspondiente coeficiente de actualización a la fecha del devengo y el corrector del suelo. Tales coeficientes se extraen de las resoluciones de 5 y 23 de abril de 2009 [...]. Para la fijación del valor de construcción se parte del módulo básico de construcción, fijado asimismo en el estudio de mercado de referencia, al que aplican los coeficientes de actualización [...]. El módulo básico de construcción se fija en el estudio de mercado, cuantificándose conforme a las previsiones del Ministerio de Economía y Hacienda, y el coeficiente de actualización resulta de las resoluciones antedichas de la Dirección General de Tributos de la Conselleria d'Economia".

"A este valor actualizado se le aplican los coeficientes por antigüedad, tipología y estado de conservación, que resultan directamente de la aplicación de la norma 13 del RD 1020/1993 de 25 de junio".

"Fijados los anteriores valores de suelo y construcción, a la suma se le aplican los coeficientes correctores de suelo y construcción, si proceden, y el coeficiente de gastos y beneficios de promoción. En cuanto a los primeros, igualmente en el anexo de coeficientes correctores del propio dictamen, existe un apartado relativo a los factores de corrección de suelo y construcción, entre los que se incluyen diversas causas de depreciación funcional o inadecuación, el hecho de ser vivienda o local interior, la existencia de cargas singulares, la concurrencia de elementos extrínsecos como futuros viales, arrendamiento forzoso o depreciación o apreciación económica, los cuales están fielmente extraídos de la norma 14 del RD 1020/1993. Sobre el coeficiente Kp se fija en el estudio en 1,4 con carácter general y el 1,15 para residencial e industrial, siendo su génesis igualmente de inspiración en la normativa catastral".

Cuarto.—La persona destinataria de la liquidación litigiosa supo que la comprobación de valores hubo atendido a la descripción del inmueble recogida en la "ficha catastral" (superficie, tipología de la construcción, categoría constructiva, antigüedad, existencia de reformas o rehabilitaciones o el estado de conservación de la finca a valorar), no a otras posibles descripciones. Supo también que el valor del suelo y el valor de la construcción, aplicados por la Administración Tributaria Valenciana, estuvieron en función de la ubicación del inmueble y se calcularon unitariamente: que ambos valores se apoyaron en determinados estudios de mercado elaborados por dicha Administración y que a su vez tuvieron en cuenta otros del Ministerio de Economía, de modo tal que a los valores de suelo y de construcción les fueron aplicados unos coeficientes de "actualización" basados -también- en apreciaciones de dicha Administración Valenciana. Supo la persona destinataria de la liquidación que el "valor actualizado" del inmueble se multiplicó por los "coeficientes por antigüedad, tipología y estado de conservación" (RD 1020/1993) y que el resultado se multiplicó a su vez por "el coeficiente de gastos y beneficios de promoción" (coeficiente Kp, "siendo su génesis igualmente de inspiración en la normativa catastral").

En el expediente administrativo, además, obran planos, fichas y remisión a la página web de la Administración Tributaria a fin de consultar los estudios de mercado.

No puede negársele a la Generalitat Valenciana su esfuerzo para explicar los criterios en los que apoyó su valoración de la base imponible y superar con ello los defectos que nuestra STSJCV 1/2008 detectó en su anterior método de comprobación de valores. Estos esfuerzos -en este punto de la motivación de la decisión- no han sido baldíos. No estamos ante una explicación apodíctica ni ante un voluntarismo administrativo, al contrario, a la persona destinataria de la liquidación tributaria se le ha servido como fundamento de ésta "una argumentación expresada, suficiente, racional y de contenido jurídico", situando a dicha persona en las condiciones adecuadas para poder cuestionar la liquidación en los sucesivos recursos. Este órgano judicial, por lo demás, también está en condiciones de controlar dicha argumentación.

En las circunstancias descritas, mal puede sostenerse que la liquidación tributaria impugnada carece de motivación. De ahí que rechacemos las quejas que la parte recurrente sostiene al respecto.

Quinto.—Es momento de resolver la segunda cuestión litigiosa, relativa a si el método empleado por la Administración Tributaria en su comprobación de valores es ajustado hasta el punto de que permita desechar, con arreglo a Derecho, la propuesta que sobre la base tributaria contenía la declaración del sujeto pasivo. Pero antes de entrar en la cuestión, dejaremos anotados determinados datos que pueden arrojar luz para resolverla convenientemente.

Con arreglo al criterio de nuestra STSJCV 1/2008, la motivación de la comprobación de valores en estos casos tiene que ser "específica e individualizada" y de ello se hizo eco el TEAR en el acuerdo impugnado. Según el TEAR, el método de comprobación de valores al que la Administración Tributaria Valenciana se acogió, de entre el elenco del art. 57.1 LGT, es el del "dictamen de peritos" (letra e). Quiere decirse con esto que la Administración Tributaria Valenciana no habría aplicado el método de comprobación de la letra b): "estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal".

Nótese por otro lado que ni la regulación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TR aprobado por RD-Leg. 1/1993 de 24 de septiembre) ni la del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987 de 18 de diciembre) contemplan una gestión administrativa colectiva en la determinación de las bases tributarias a aplicar. Justo lo contrario de lo que ocurre con el sistema actualmente consagrado en el Texto de la Ley de Haciendas Locales (TR aprobado por RD-Leg. 2/2004 de 5 de marzo) para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: en uno y otro impuesto, la base viene determinada por el valor catastral del inmueble cuantificado por la colectiva Ponencia de valores cuya elaboración se encomienda a una organización administrativa ad hoc.

En otro orden de cosas, la Administración Tributaria no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en las autoliquidaciones del sujeto pasivo; no hay una presunción de certeza sobre lo declarado por el sujeto pasivo y así lo ha recordado la STS de 12-2-2004 en contra de lo propugnado por ciertas voces. Si bien -como razonan las SSTS de 18-6-2009 o 7- 10-2010- "la Administración no puede eliminar sin más los datos declarados, debiendo realizar los actos de comprobación o investigación necesarios en aquellos casos en que no estime ciertas las declaraciones". En efecto, a la Administración Tributaria le corresponde acreditar los extremos de hecho que doten de legitimidad su liquidación tributaria y que puedan considerarse suficientes para contradecir la declaración del obligado tributario.

Sexto.—Dicho lo anterior y centrándonos ya en el caso enjuiciado, lo que la Administración Tributaria Autonómica Valenciana y TEAR denominan dictamen de peritos, en el que se justifica la comprobación de valores, tiene como premisas los datos descriptivos del inmueble consignados en la "ficha catastral" y relativos a superficie, estado, antigüedad, etc., datos que no fueron contrastados in situ por los sedicentes peritos. La Administración Tributaria Valenciana, con esto, se fía a la descripción catastral. Esta descripción, aunque vincule al sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al sujeto pasivo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (si es que la consintió después de notificada), y aunque la persona interesada tenga que combatirla cuando pretenda su modificación (art. 3.3 Ley del Catastro), no tiene por qué coincidir necesariamente con la realidad, pudiendo ser legítimamente desmentida al presentar la declaración o autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pues sus leyes reguladoras no imponen que la descripción catastral sea punto de partida preceptivo en el cálculo de la base imponible. En este momento, es importante resaltar que la Administración Tributaria aplica, sobre la descripción de la "ficha catastral", todos los demás parámetros de cálculo para su comprobación (valores de suelo, de la construcción, coeficientes, etc.).

Por otro lado, los estudios de la Dirección General de Tributos Valenciana sobre los valores del suelo y los de la construcción, si bien pudieran tenerse como un punto de partida, meramente indicativo, dentro de una adecuada comprobación, los mismos no dejan de atender criterios generales, siendo en realidad que cada uno de los inmuebles incluidos en las zonas, calles o parajes acotados no tienen que equipararse necesariamente a estos efectos.

Cabe decir que, en la gestión del impuesto que nos ocupa, la Administración Tributaria Autonómica remeda la ponencia de valores catastral, pues lo hace desde su propia descripción y valoración generalizada y previa de todos los inmuebles del territorio, lo cual desnaturaliza la gestión individualizada contemplada en la ley reguladora del impuesto, de modo que la noticia que recibe a través de la declaración tributaria tan sólo ofrece relevancia si la base declarada es inferior a los mínimos sentados por los estudios administrativos.

Este sistema genérico y previo de valoración no está amparado por la ley del impuesto y no puede asimilarse al "dictamen de peritos" del art. 57.1 letra e) de la LGT; más bien, tal sistema vendría a encajar en la figura de la letra b) del dicho precepto legal, "estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal".

Así pues, y recapitulando, hemos de asumir la queja de la parte recurrente según la cual la valoración de la Administración no se cerciora del estado real del inmueble y aplica parámetros no convenientemente individualizados.

Con esto acogemos la pretensión anulatoria de la liquidación litigiosa.

Séptimo.—Resta examinar la pretensión de declaración de situación jurídica individualizada consistente en "que se establezca la imposibilidad de que la Administración pueda volver a repetir el acto administrativo de la comprobación de valores". Esta declaración judicial solicitada por la parte recurrente supondría, en efecto, el reconocimiento de un derecho a favor de dicha parte.

Sin embargo, no procede el "reconocimiento y restablecimiento" (art. 71.1 LJCA) de dicha situación jurídica individualizada porque la liquidación tributaria que anulamos no la vulnera, siendo que la posible vulneración de la situación jurídica no está conectada a la liquidación anulada, sino a otra liquidación eventual y futura.

De ahí que no abordemos y dejemos imprejuzgado el fondo de dicha pretensión de reconocimiento de situación jurídica individualizada.

El rechazo de esta pretensión explica que la estimación del presente recurso contencioso-administrativo tenga que considerarse parcial, en los términos que se explicitarán en la parte dispositiva de la sentencia.

Octavo.—De conformidad con lo establecido en el art. 139.1 LJCA (en su redacción resultante de la Ley 37/2011 de 10 de octubre), puesto que las pretensiones de la parte actora tan sólo se han acogido parcialmente, cada parte contendiente abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por tercios.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación


FALLAMOS


 
1.º- Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Marí Luz contra la resolución impugnada del TEAR, al no ser dicha resolución conforme a Derecho, y la anulamos.

2.º- Igualmente anulamos la liquidación tributaria de que aquella resolución trae causa.

3.º- Rechazamos la pretensión de declaración de situación jurídica individualizada.

4.º- Sin costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno. A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como Secretaria de la misma, certifico. En Valencia, a uno de octubre de dos mil trece.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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