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Sentencia T.S.J. Asturias 1130/2013 de 14 de octubre


 RESUMEN:

IVA. Gastos de inmueble y vehículo: Afección a la actividad económica. Finalización de las obras de rehabilitación: Ha de prevalecer la oficial consistente en la concesión de licencia de Primera Ocupación del edificio y licencia de Actividad de Estudio de Arquitectura. Ausencia de prueba sobre el arrendamiento: Se trata de un supuesto de autoconsumo, dada la condición de administradora de la usuaria. Utilización del vehículo: Debe destinarse a actividades directamente relacionadas con la actividad empresarial.

OVIEDO

SENTENCIA: 01130/2013

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo

RECURSO: PO 411/12

RECURRENTE: PAZISA INVERSIONES, S.L.

PROCURADOR: D. Antonio Sastre Quirós

RECURRIDO: T.E.A.R.A.

REPRESENTANTE: Sr. Abogado del Estado

SENTENCIA n.º 1130/13

Ilmos. Sres:

Presidente:

D. Julio Luis Gallego Otero

Magistrados:

D. Rafael Fonseca González

D. José Manuel González Rodríguez

En Oviedo, a catorce de octubre de dos mil trece.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 411/12, interpuesto por PAZISA INVERSIONES, S.L., representada por el Procurador D. Antonio Sastre Quirós, actuando bajo la dirección Letrada de D.ª Alma M.ª Menéndez Vega, contra el T.E.A.R.A., representado por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Julio Luis Gallego Otero.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia en la que estimando el recurso interpuesto, revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

Segundo.—Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

Tercero.—No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

Cuarto.—Se señaló para la votación y fallo del presente el día 10 de octubre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—- Se impugna por la entidad recurrente la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional del Principado de Asturias, de fecha 25 de noviembre de 2011, que desestimó las reclamaciones n.º NUM000 y NUM001 frente a los Acuerdos de la Administración de Avilés de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de fecha 15 de abril de 2011, desestimatorios de los recursos de reposición frente a liquidación provisional relativa al concepto IVA, periodo 04 del ejercicio 2009, de la que resultaba una cuota tributaria de 32.837,39 euros, y de imposición de sanciones por la comisión de infracciones tributarias leve y grave por importes de 15.818,69 euros y 1.708,51 euros, respectivamente.

Segundo.—- Las discrepancias de la recurrente con la resolución impugnada radican en la consideración de que el inmueble de su titularidad sito en la PLAZA000 de Avilés, está afecto a su actividad económica y no al uso privativo de sus socios, así como en la afirmación de que la finalización de las obras de su rehabilitación se produjo en el ejercicio 2010 y no en el 2009, según las pruebas que reseña, y la de que durante este último ejercicio no resultaba posible verificar su eventual uso privativo al no haber concluido las obras en tales fechas, y resultar, por el contrario, de las pruebas aportadas, que el destino del local comercial lo fue a actividad sujeta y no exenta de IVA (arrendamiento a " DIRECCION000, C.B.") con el correspondiente ingreso de las cuotas de IVA repercutidas y su pertinente declaración anual, y porque las dos viviendas existentes tenían por destino el alquiler, y no el autoconsumo, tal y como acredita el hecho de figurar en dos agencias i

nmobiliarias con dicho destino o el de estar alquilada una de ellas a la administradora de la sociedad, por todo lo que, en último término, solo cabría una regularización parcial del IVA, si bien resultando, en todo caso, improcedente dicha regularización por el ejercicio 2009 ante el incumplimiento del procedimiento previsto en el art. 107 de la LIVA como consecuencia de no estar finalizadas las obras en el año 2009; también se discrepa respecto a la no consideración de los gastos de combustible y reparación del vehículo propiedad de la sociedad recurrente.

Tercero.—- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda oponiéndose a ella por remisión a los argumentos de la Administración Tributaria y al propio TEARA.

Cuarto.—Una vez así expuestos los términos del debate, lo primero que llama la atención al Tribunal es la ausencia en la resolución impugnada de la mínima argumentación relativa a la mayor parte de los motivos de impugnación alegados frente al acuerdo de liquidación, limitándose en su Fundamentación Jurídica a referirse exclusivamente a los gastos del vehículo de la recurrente, si bien ello no es óbice a que en esta vía jurisdiccional deba de darse contestación a tales argumentos en aras de evitar su indefensión.

Pues bien, lo primero que hemos de indicar es que el núcleo esencial de la argumentación de la demanda pivota en la afirmación de que las obras de rehabilitación del edificio en cuestión finalizaron en el año 2010, basándose para ello en las pruebas documentales que enumera en el escrito de la demanda, y en relación con todo ello este Tribunal considera que, frente a dicha documental, ha de prevalecer la oficial consistente en la concesión de licencia de Primera Ocupación del edificio y licencia de Actividad de Estudio de Arquitectura que son de fecha 11 de mayo de 2009 y 29 de octubre de 2009, por lo que, al implicar dicha concesión la finalización previa de las obras autorizadas por la oportuna licencia de obras, por ser este presupuesto necesario de aquéllas, ha de considerarse probada la finalización de las mismas en dicha anualidad del 2009, lo que hace decaer toda la argumentación de la demandante relativa a tal punto así como al quebrantamiento del procedimiento previsto en el art. 107 de la LIVA; también podríamos añadir en apoyo de dicha conclusión el fechado de las facturas de Telecable de 8-8-2009 dirigida a la PLAZA000.

En lo que afecta a la vivienda ubicada en la NUM002 y NUM003 planta del edificio resulta incuestionable que se trata de un supuesto de autoconsumo, dada la condición de administradora de la usuaria y la ausencia de prueba concluyente de existencia de un verdadero arrendamiento, al igual que acontece con el local comercial utilizado por un socio de la recurrente por más que formalmente figure como arrendataria una entidad jurídica que incluso reviste la forma de una Comunidad de Bienes y no de uno de los tipos de sociedad mercantil legalmente previstos, con todo lo que ello conlleva en relación con las cuestiones relativas a la personalidad jurídica.

Lo que resulta también cierto es que, no obstante haberse acreditado la titularidad del vehículo TUAREG, ello no resulta suficiente para poder deducir los gastos de combustible y mantenimiento puesto que para ello resulta necesario acreditar a medio de las oportunas pruebas (documentales o testificales) su utilización para actividades directamente relacionadas con la actividad empresarial, cosa que en este caso no se ha efectuado, por lo que en este aspecto también procede ratificar el acuerdo de la Dependencia de Tributos de Avilés y la resolución del TEARA.

Resta, finalmente, por examinar la cuestión referente a la vivienda desocupada existente en el edificio la cual no estaba habitada y que figuraba ofertada su venta en una Agencia Inmobiliaria, por lo que, al no poder considerarse la misma destinada a autoconsumo y estar, por tanto, afecta a la actividad económica de la recurrente, lo procedente será estimar en este aspecto el recurso en el sentido de limitar la deducción de las cuotas de IVA soportadas al porcentaje que represente dicha vivienda sobre la superficie del edificio, debiendo de practicar la Administración nueva liquidación en tal sentido (art. 95 de LIVA).

Quinto.—Resta por enjuiciar la alegación relativa a la improcedencia de la sanción por falta de realización de los tipos objetivo y subjetivo de las infracciones e ilícitos tributarios imputados a esta parte, toda vez que respecto de la infracción prevista en el artículo 191 de la LGT presentó en tiempo y forma sus declaraciones del impuesto, manifestando una clara voluntad de cumplir con sus obligaciones tributarias; puso a disposición de la Dependencia de Gestión los datos y elementos necesarios para la práctica de la regularización practicada y no cabe hablar de declaraciones manifiesta e injustificadamente erróneas; y en cuanto a la infracción prevista en el artículo 194 de la L.G.T., no estamos ante datos falsos ni que se hayan omitido por parte de la entidad recurrente para solicitar indebidamente las devoluciones tributarias, sino que la conducta seguida por la misma se ampara en una interpretación razonable de la norma aplicable.

Frente al criterio anterior basado en la ausencia de los elementos de las infracciones que se atribuyen a la parte recurrente y de culpabilidad en su conducta, la Oficina Gestora y la resolución recurrida consideran que concurren al haber dejado de ingresar dentro del plazo establecido la deuda tributaria, como consecuencia de haber declarado datos no coincidentes con las que obran en poder de la Administración, y por otra parte, haber solicitado indebidamente una devolución derivada de la normativa del tributo.

Confrontados los criterios anteriores con los antecedentes y el resultado de la regularización practicada, que ha sido prácticamente confirmada en la presente resolución y en otras anteriores dictadas por esta Sala, a excepción de la vivienda desocupada del edificio afecta a la actividad económica de la recurrente, con la consecuencia de que el contribuyente ha deducido cuotas que no reunían los requisitos establecidos en el Título VIII, Capítulo I, de la Ley 37/92, siendo incorrecta la compensación de cuotas de períodos anteriores, lo que supone una aminoración de los saldos a compensar declarados y una cuota a ingresar de 31.637,39 euros, en lugar de la devolución solicitada en su autoliquidación por importe de 11.390,07 euros.

Determinado que el inmueble no está afecto a la actividad desarrollada por la recurrente, (sino de una sola de sus dependencias), y con ella la improcedencia de la deducción de una gran parte de las cuotas de IVA soportadas como consecuencia de las obras de rehabilitación del mismo, así como las relativas al mantenimiento del vehículo por las consideraciones expuestas en los fundamentos anteriores. El supuesto resultante de la relación precedente es incardinable y no solamente por el resultado, en la infracción establecida en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, sino también por su actuación voluntaria o negligente de deducir cuotas indebidas para el destino proyectado para el inmueble, ocupando el local y parte de las viviendas los socios, y dando lugar con esta actuación a una aminoración de las cuotas y de las cantidades a devolver, efectos que resultan inexplicables entender sin un elemento intencional puesto de manifiesto con la comprobación realizada por la Administración. Concurren pues los elementos objetivo y subjetivo de la citada infracción.

Juicio diferente merece la alegación vertida sobre la segunda infracción que debe ser estimada en tanto la devolución indebida no se ampara ni la ocultación ni en la omisión de datos, por más que no sea razonable la interpretación de la norma que hizo el sujeto pasivo.

Sexto.—No concurren méritos para efectuar una expresa imposición de costas (art. 139.1 Ley 29/98).

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,


FALLO


 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por PAZISA INVERSIONES, S.L., contra la Resolución impugnada que se anula por no ser en todo conforme a derecho respecto de la liquidación ni de las sanciones aplicadas, debiendo de practicar la Administración de Avilés de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, nueva liquidación en los términos más arriba expuestos, dejando sin efecto la infracción grave del artículo 194 LGT.

Y sin expresa imposición de costas procesales.

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION PARA UNIFICACION DE DOCTRINA, en el término de TREINTA DIAS para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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