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Sentencia T.S.J. Asturias 1291/2013 de 18 de noviembre


 RESUMEN:

IVA. Denegación de deducción de cuotas soportadas en la adquisición de un inmueble: Comisión de infracción. Prueba de la afección del inmueble: Descansa en datos de los que no se puede deducir esa finalidad en un juicio de probabilidad. Agravación de la regularización sancionadora: Ha resultado acreditado el uso de medios fraudulentos, usados con el fin de destacar la finalidad de engaño.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

RECURSO: PO 484/12

RECURRENTE: TECO NO LOGIA APLICADA A LA MANUTENCION, S.L.

PROCURADOR: D. ROBERTO MUÑOZ SOLIS

RECURRIDO: T.E.A.R.A.

REPRESENTANTE: SR. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA n.º 1291/13

Ilmos. Sres:

Presidente:

D. Julio Luis Gallego Otero

Magistrados:

D. Rafael Fonseca González

D. José Manuel González Rodríguez

En Oviedo, a dieciocho de noviembre de dos mil trece.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 484/12 interpuesto por TECNOLOGIA APLICADA A LA MANUTENCION, S.L., representada por el Procurador D. Roberto Muñiz Solís, actuando bajo la dirección Letrada de D. Jaime Junquera Quintana, contra el T.E.A.R.A., representado por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Julio Luis Gallego Otero.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia en la que estimando el recurso interpuesto, revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

Segundo.—Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

Tercero.—Por Auto de 6 de febrero de 2013, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

Cuarto.—No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

Quinto.—Se señaló para la votación y fallo del presente el día 14 de noviembre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—- Se impugna por la entidad recurrente la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional del Principado de Asturias, de fecha 16 de marzo de 2012, que desestimó las reclamaciones n.º 52/000594/2010 y n.º 52/000739/2010, frente a los Acuerdos de la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Delegación de Gijón, de liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), periodos 4, 6, 7, 8, 10 y 11 del ejercicio 2008, resultando una deuda tributaria de 30.893,37 €, y de sanción por importe de 33.727,92 €.

Con la acción ejercitada pretende se anulen, revoque y deje sin efecto los actos administrativos impugnados.

Segundo.—- Las discrepancias de la parte recurrente con la resolución impugnada radican en si son deducibles o no las cuotas soportadas en la adquisición de un inmueble, con la finalidad de trasladar al mismo su sede oficial y oficinas ante la previsible ampliación de la Sociedad que tiene por objeto la realización de proyectos de ingeniería y diversas obras, realizando en el mismo trabajos de conservación, y habida cuenta los factores económicos adversos se dudó de la viabilidad de la inversión procediendo a su venta; e improcedencia de la sanción impuesta debido a que todas las operaciones fueron debidamente contabilizadas y declaradas y todos los pagos estuvieron contabilizados, lo que avala que la interpretación que se hizo de la norma resulta razonable; igualmente muestra su disconformidad con los criterios de graduación de las sanciones empleados respecto de la utilización de medios fraudulentos, consistentes en el falseamiento del destinatario de las obras de conservación del inmueble adquirido, sin tener en cuenta que la compradora del inmueble y quien satisfizo los pagos fue siempre la recurrente, a la que no se puede imputar en ningún caso la agravante de ocultación cuando todos los datos en que se basa la Administración tributaria fueron aportados por esta parte.

Tercero.—- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda oponiéndose a ella con remisión a los argumentos de la Administración Tributaria y al propio TEARA.

Cuarto.—Impugnada por la recurrente la regularización practicada por la Administración Tributaria, por no considerar deducibles las cuotas de IVA soportadas en las facturas emitidas y relativas a las obras realizadas en un inmueble adquirido por esta parte, al no existir otra circunstancia objetiva que la finalidad de la adquisición sea la afección del inmueble a la actividad empresarial. Frente a la deducción anterior, en la actuación impugnada no se ha tenido en cuenta que si bien el contrato privado de compraventa fue suscrito por el administrador y socio de la entidad en su propio nombre, el comprador se reservó el derecho a designar a la persona física o jurídica que lo adquiría definitivamente, opción conocida con la denominación de contrato para persona a designar, con los efectos que implica. Además esta justificado el destino empresarial de la adquisición en razón del objeto social de la recurrente, sin que sea óbice para ello el destino anterior del inmueble, así como su ubicación y sus características, ni la forma de pago y las obras realizadas.

Confrontados los criterios anteriores con los antecedentes reseñados y la interpretación que merecen, resulta que la actividad declarada de la entidad recurrente es la del comercio menor de toda clase de maquinaria y su objeto social el diseño, suministro y montaje de equipos de manutención destinados para el anejo de graneles sólidos, tales como silos, transportadores sólidos y bombas de fangos; en el desarrollo de esta actividad utiliza exclusivamente la oficina situada en el entresuelo del n.º 6 de la Avenida Rufo Rendueles, de Gijón; mediante escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2008, la recurrente adquiere la finca Quinta Gotilla de 20 áreas, y dentro de ella, la casa chalet de planta baja, piso y buhardilla con una extensión de 177 m² (superficie distribuida en 1 cocina, 2 salones, 9 dormitorios y 5 baños), además de una cuadra de 90 m² y un lavadero, finca incluida como patrimonio arquitectónico de protección integral en el Catálogo Urbanístico del Concejo de Gijón, con un destino residencial, uso que debe mantenerse siendo las únicas obras permitidas las de conservación, según se refleja en el propio contrato debido a la catalogación urbanística del mismo. Después de la adquisición la vendedora y los sucesivos compradores presentan alegaciones al Ayuntamiento de Gijón solicitando la descatalogación del jardín o la segregación de una parte del mismo y la reducción de la protección integral del edificio, por las limitaciones que establece el Catálogo. Entre los meses de junio a noviembre de 2008 se realizan por el adquirente, persona física, obras de conservación por importe de 178.480 €, y que se refieren al tejado, fachadas, cambio de madera, pintura y reparación del hórreo. La finca fue transmitida con posterioridad y por el precio de 840.000 € a la sociedad PROMOCIONES MORTERA BLANCO, S.L., que pertenece al matrimonio formado por el administrador y su esposa, siendo a su vez administrador de la sociedad que adquirió la finca bajo esa modalidad contractual, manifestando la vendedora que no se alteraron las condiciones de habitabilidad que poseía la finca transmitida.

Con base en los antecedentes anteriores, si bien no se cuestiona la modalidad contractual ni la libertad de la sociedad para ubicar su sede social, en la referida singularidad contractual por las razones fácticas y jurídicas de perfección del inicial contrato mediante el título y el modo que expone la Administración Tributaria y recoge la resolución recurrida, no se pueden obviar la sucesión de acontecimientos anteriores (la adquisición por una persona física en su propio nombre, el pago por éste de parte del precio, siendo el que encarga las obras de conservación que fueron ejecutadas en su mayor parte con anterioridad a la transmisión de la finca, a la ahora recurrente) y los actos posteriores para obtener el juicio de valor que se impugna, así como tampoco se puede omitir en ese "desiderátum" que la elección esta constreñida a las necesidades de la actividad, incluidas las atenciones de los clientes, y a las características del inmueble elegido para ello, tratándose en este caso de un cambio de un local situado en planta baja adecuado al objeto social a una vivienda unifamiliar ubicada en zona residencial y en una finca con jardín catalogada urbanísticamente de especial protección, que no admite otro uso debido a su ubicación y la naturaleza de la construcción, la cual la hacían inapropiada para dicha finalidad mientras que se mantenga el actual régimen de protección, teniendo en cuenta también que las obras menores realizadas eran de mera conservación de la edificación, pero sin alterar su destino. Conjuntamente con estos datos, entre los posteriores destaca los que reseña la resolución recurrida sobre la ausencia de aquellos respecto a la posible afectación del inmueble a una actividad diferenciada. Frente al criterio que objetivamente obtiene la Administración Tributaria de las circunstancias concurrentes, el de la parte recurrente sobre la afección a la actividad empresarial u otra diferenciada se basa en sus propios informes de gestión y auditoría, contabilizando la adquisición como inversión inmobiliaria, unido al cambio sobrevenido de la intención negocial por los adversos factores económicos, cuando la edificación ni desde el inicio ni posteriormente estaba acondicionada ni autorizada para ese destino, las alegaciones de parte no iban en la dirección de modificar el régimen de protección del edificio para cambiar su uso, ni se subordinó la compra ni las gestiones que debía realizar el vendedor en ese sentido, por lo que las obras de conservación realizadas y la posterior transmisión lo eran para mantener su uso privativo ajeno a toda actividad empresarial.

Ante este cúmulo de circunstancias decaen las alegaciones contrarias de la parte recurrente intentando demostrar la afección del inmueble a la actividad desarrollada por la sociedad recurrente, y con ello, que procede la deducción de los gastos realizados para su conservación, con fundamento en el destino previsible del inmueble de acuerdo con la naturaleza y fines de los bienes y de la actividad empresarial del adquirente, en tanto descansa en datos de los que no se puede deducir esa finalidad en un juicio de probabilidad, siendo más razonable la deducción que obtiene la Administración.

Quinto.—En relación a la sanción impuesta que se impugna por inexistencia de culpabilidad y en su caso porque no resultan de aplicación los criterios de agravación del acuerdo sancionador, por lo que se refiere al empleo de medios fraudulentos o de la ocultación para calificar la infracción como muy grave.

Para resolver esta cuestión es cierto que la Inspección utilizó las declaraciones y documentos presentados por el contribuyente, los datos consignados en los libros y registros comprobados administrativamente, pero también lo es que a través de su comprobación puso de manifiesto la conducta del contribuyente de deducir las cuotas de IVA soportadas por gastos improcedentes y realizados en un bien adquirido, para finalidad ajena a la propia de la actividad. Comportamiento que por la relación de elementos puestos de manifiesto por la Administración Tributaria y recogidos en el acta no se entiende sin un plan previo con la voluntariedad que ello conlleva, que no queda excluida por factores extraños y propios para justificar el cambio de la intención negocial, en tanto unos eran conocidos y los otros previsibles.

En cuanto a los criterios de agravación de la regularización sancionadora resulta acreditado el uso de medios fraudulentos, por más que se emplee indistintamente con la ocultación, que efectivamente resultaría incompatible al basarse la Administración Tributaria en los elementos facilitados por el propio contribuyente y que estos están contabilizados, pero no es el caso sino que usan con el fin de destacar la finalidad de engaño, que lo expuesto no resulta erróneo sino fundado en datos e indicios que permiten llegar a dicha conclusión.

Sexto.—Debido a la desestimación del recurso y de que en el caso no se aprecian serias dudas de hecho o derecho, procede imponer las costas devengadas a la parte recurrente por aplicación de lo establecido en el artículo 139.1, Ley 29/98, en la redacción vigente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,


F ALL O


 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por TECNOLOGÍA APLICADA A LA MANUTENCIÓN, S.L., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional del Principado de Asturias, de fecha 16 de marzo de 2012, que desestimó las reclamaciones n.º 52/000594/2010 y n.º 52/000739/2010, resolución que se confirma por ser conforme a derecho. Y con expresa imposición de costas procesales a la parte recurrente.

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION para UNIFICACION DE DOCTRINA en el término de TREINTA DIAS, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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