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Sentencia T.S.J. Asturias 1312/2013 de 25 de noviembre


 RESUMEN:

ITP. Comprobación de valores: Falta de motivación. Constitución de la base imponible: Se toma el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda, siendo deducibles únicamente las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca. Motivación del acto: Se deduce del contenido del mismo mediante la aplicación del coeficiente corrector de valor de mercado.

OVIEDO

SENTENCIA: 01312/2013

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo

RECURSO: P.O. 1957/2011

RECURRENTE: DÑA. Pura Y D. Mario

PROCURADOR: D. ROBERTO MUÑIZ SOLIS

RECURRIDO: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

REPRESENTANTE: SR. ABOGADO DEL ESTADO

CODEMANDADO: SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

REPRESENTANTE: SR. LETRADO DEL PRINCIPADO

SENTENCIA n.º 1312/2013

Ilmos. Sres:

Presidente:

D. Julio Luis Gallego Otero

Magistrados:

D. Rafael Fonseca González

D. José Manuel González Rodríguez

En Oviedo, a veinticinco de noviembre de dos mil trece.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1957/2011 interpuesto por DÑA. Pura Y D. Mario, representados por el Procurador D. Roberto Muñiz Solís, actuando bajo la dirección Letrada de D. Antonio Muñoz-Murillo Quirós, contra el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representado por el Sr. Abogado del Estado y como codemandado los SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representado por el Sr. Letrado del Principado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Julio Luis Gallego Otero.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

Segundo.—Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

Tercero.—Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a la demanda lo hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor.

Cuarto.—Por Auto de 8-6-2012, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

Quinto.—No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

Sexto.—Se señaló para la votación y fallo del presente el día veintiuno de noviembre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—- Por los recurrentes se impugna la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias (TEARA), de fecha 27 de mayo de 2011, desestimatoria de la reclamación n.º NUM000, formulada contra el acuerdo de fecha 21 de febrero de 2011 de los Servicios Tributarios del Principado de Asturias relativo a la liquidación complementaria en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con cuota a ingresar de 3.627,27 euros.

Con la acción ejercitada las partes recurrentes pretenden se anule la resolución recurrida y se deje sin efecto la liquidación complementaria realizada a los recurrentes por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Segundo.—- Pretensión anuladora del acto recurrido que se fundamenta en los motivos siguientes: falta de motivación de la resolución recurrida y de la liquidación complementaria por ITP, en tanto se limitan a citar el artículo 57 de la Ley 58/2003 (LGT) aplicando de manera objetiva los coeficientes al valor catastral para determinar el valor del bien transmitido sin contestar ni rebatir las alegaciones presentadas por esta parte; concurrencia de un valor determinado, la vivienda comprada a la entidad financiera La Caixa, había sido adquirida por esta última en procedimiento de ejecución hipotecaria seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Gijón (autos 395/2007), y el valor de adjudicación ascendió a la cantidad de 147.900 €., por lo que no es posible hacer una comprobación de valores prescindiendo del dato claro y determinado sobre el valor de la vivienda; existencia de factores condicionantes del valor de la vivienda, en particular, el estado físico y jurídico que se describe en la escritura de compraventa.

Tercero.—- Planteada la controversia en los términos expuestos (las partes codemandadas se remiten a las fundamentaciones fáctica y jurídica del acto recurrido, añadiendo que en el acto recurrido se ha hecho constar el criterio de valoración empleado, y que en todos los casos la Administración puede comprobar el valor real de los bienes y derechos transmitidos), para resolverla deberíamos tener en cuenta la normativa aplicable sobre la comprobación de valores y los coeficientes aplicables. El artículo 57 de la LGT en su apartado b) establece: El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración Tributaria mediando los siguientes medios: "b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario".

Por su parte, el Decreto 63/2008 de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos de aprobación de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados inmuebles, establece en su artículo 1: "Se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar, por referencia al mismo, el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el territorio del Principado de Asturias, a efectos de liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que figuran en el anexo I del presente decreto para cada concejo de la Comunidad Autónoma, en aplicación de lo dispuesto en el art. 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ".

Es cierto que en el mismo no aparece el otro Anexo II en el que se explicite la metodología empleada al que se refiere el artículo 3 del Decreto (folios 46 a 48 de los autos donde consta fotocopia del BOPA en el que se publica el mencionado Decreto).

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales está constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda, siendo deducibles únicamente las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca.

Mientras que el artículo 46 del mismo cuerpo legal establece en lo que interesa que la Administración podrá, en todo caso, comprobar el valor real de los bienes y derechos transmitidos (apartado 1), comprobación que según el apartado 2 del mismo precepto se llevará a cabo por los medios establecidos en el art. 52 de la Ley General Tributaria (se refiere a la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, por lo que hoy en día la remisión debe entenderse hecha al artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), añadiendo que si de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, éstos podrán impugnarlos en los plazos de reclamación de las liquidaciones que hayan de tener en cuenta los nuevos valores; y que cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los transmitentes se notificarán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en reposición o en vía económico-administrativa o solicitar su corrección mediante tasación pericial contradictoria y, si la reclamación o la corrección fuesen estimadas en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Aplicadas las consideraciones precedentes al presente caso, la motivación del acto, aunque sucinta, se deduce del contenido del mismo mediante la aplicación del coeficiente corrector de valor de mercado (1,79), establecido en el Decreto 63/2008, de 9 de julio, donde se expresa la metodología empleada para la obtención de dichos coeficientes, de modo que el órgano de gestión primero y el TEARA después han consignado los fundamentos técnicos y fácticos de su decisión, cumpliendo los requisitos expresados en el artículo 103.3 de la LGT. Es decir, la valoración asignada al bien transmitido se obtiene mediante la aplicación a su valor catastral actualizado a la fecha de realización del hecho imponible, del coeficiente multiplicador que para estimar su valor real a efectos del ITPAJD se recogen para cada municipio, junto a las reglas para su aplicación y el método a seguir, en el Decreto 63/2008 del Principado de Asturias, que fija para el municipio de Gijón un coeficiente multiplicador del valor catastral de 1,79.

Este modo de proceder de la Administración es acorde con la normativa aplicable, pues siendo cierto que el artículo 57.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria (al que como veíamos se remite el artículo 46 del TRITP), establece diversos métodos para comprobar el valor de los bienes determinantes de la obligación tributaria (entre los que se encuentra el de estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal aplicado por la Administración -apartado b -, o el de precios medios de mercado -apartado c)-, al que parece referirse la parte demandante); no lo es menos que para dicha actividad la Administración puede utilizar indistintamente cualquiera de estos medios, en orden a efectuar la comprobación de valores a efectos del ITPAJD.

En consecuencia, nada impide que la Administración, a la hora de efectuar la comprobación de valores se atenga al método del artículo 57.1 de la Ley General Tributaria, con las precisiones contenidas en el artículo 23.2 de la Ley 10/2002, en cuya virtud, cuando se utilice el medio referido en el art. 57.1.b) de la Ley General Tributaria, el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se podrá estimar a partir del valor catastral que figure en el correspondiente registro fiscal; a tal efecto, al valor catastral actualizado a la fecha de realización del hecho imponible se le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta el coeficiente de referencia al mercado establecido en la normativa reguladora del citado valor y la evolución del mercado inmobiliario desde el año de aprobación de la ponencia de valores; y la Consejería de Economía y Hacienda publicará anualmente los coeficientes aplicables al valor catastral y la metodología seguida para su obtención.

La liquidación recurrida se ajusta sin duda a la regulación expuesta al valorar el bien a partir del valor catastral actualizado a la fecha del devengo (escritura de compraventa de 15 de marzo de 2010) -superior tanto al declarado por la actora en su autoliquidación de 187.600 €, como al que consta en la resolución judicial de adjudicación del inmueble a favor de la vendedora por 147.900 € correspondiente al 50% del valor de tasación del inmueble hipotecado-, multiplicando el mismo por el coeficiente de 1.79 previsto para el municipio de Gijón en el citado Decreto.

Quinto.—Dada la claridad de los preceptos en cuestión, así como la certificación catastral, la escritura de compraventa, la liquidación y el impreso de comprobación que obran en el expediente, debe rechazarse rotundamente la denuncia de falta de motivación que se imputa a la Administración que, por tanto, ninguna indefensión ha provocado al recurrente. Constan en dicha documentación datos relativos al valor y referencia catastral del inmueble, su uso principal. En el Decreto se dice, en su artículo 3 que "se aprueba la mitología empleada para la obtención de los coeficientes anteriores referidos, que figura en el anexo II del presente decreto". Nada ni nadie ha impedido al demandante demostrar, bien que era inadecuado a Derecho el Decreto, la utilización de ese medio de comprobación por mor de las características o destino del bien a valorar a la vista de los destrozos o deterioros que tenía cuando lo compró, bien que no era ese el valor catastral, bien que la Administración erró en la aplicación del coeficiente de referencia, bien que sufrió error en la operación de multiplicación, o incluso que se equivocó al hallar el montante a que ascendía la liquidación. Basándose por lo demás la actuación de la Administración en el resultado de un método cuyas prescripciones aparecen consignadas en normas de rango legal.

Es más, como se hace constar en el documento de comprobación de valor, en el registro fiscal de la Dirección General del Catastro se recogen las características físicas, jurídicas y económicas del bien, que proceden de las actuaciones seguidas por la correspondiente Gerencia Territorial del Catastro; de ahí que es posible a través de ellas individualizar el bien y obtener el valor catastral del mismo en el año del hecho imponible, que su titular debe conocer y no consta impugnado.

Añádase por último, de un lado, que no se ha aportado por el recurrente en sede administrativa ni en sede judicial, pese a ser indiscutible tal posibilidad, pericia alguna que desvirtúe o contradiga la procedencia de la valoración realizada por la Administración, y de otro, que el recurrente no dice que el Decreto no contenga un anexo II sobre la metodología para la obtención de los coeficientes, sino que no se le hace constar dicha metodología en la notificación, y de otro, que en todo caso la parte actora no impugna el tan citado Decreto 63/2008.

Por lo expuesto, partiendo que el valor declarado por el contribuyente carece de valor presuntivo alguno y, desde luego, no cierra el paso a la comprobación administrativa de valores, permitida por el art. 46 del Texto Refundido del Impuesto que nos ocupa, cuya base imponible consiste en el valor real del bien, no en el valor declarado, ni aún en el precio evidentemente satisfecho por su adquisición, pues aquél es un concepto diferente, que puede ser determinado por la Administración por medio de las correspondientes comprobaciones técnicas. En el presente caso, los recurrentes no se pueden acoger al valor del bien establecido en un procedimiento judicial, pues no fueron ellos los intervinientes y se adjudicó por un valor inferior al de tasación, que tampoco coincide con el de adquisición posterior, ni han acreditado ni las deterioras condiciones del bien ni que éstas influyan en el precio.

Sexto.—- Debido a la desestimación de los recursos y que no concurren serias dudas de hecho o derecho para excepcionar la aplicación de la norma del vencimiento objetivo, procede imponer a las partes recurrentes las costas devengadas en esta instancia, conforme establece el art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO


 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Roberto Muñiz Solís, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Dña. Pura y D. Mario, contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias (TEARA), de fecha 27 de mayo de 2011, desestimatoria de la reclamación n.º NUM000, resolución que se confirma, al igual que la liquidación a que la misma se refiere, por ser conforme a derecho. Con imposición a las partes recurrentes de las costas devengadas en la instancia.

Contra la presente resolución NO CABE RECURSO ORDINARIO ALGUNO.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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