Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia TSJ Asturias 493/2014 de 28 febrero

 

RESUMEN:

Extinción del contrato de trabajo.Jubilación y sus prestaciones.Convenios y negociación colectiva.

T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIAL

OVIEDO

SENTENCIA: 00493/2014

T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIALOVIEDO

NIG: 33044 34 4 2014 0102799

402250

TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000241 /2014

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000693/2013 JDO. DE LO SOCIAL nº002 de OVIEDO

Recurrente/s: Juan Carlos

Abogado/a: JOSE RODRIGUEZ VIJANDE

Recurrido/s: FERROVIAL AGROMAN SA

Abogado/a: JESUS JAVIER CHAVES DECLARA

Sentencia nº 493/14

En OVIEDO, a veintiocho de Febrero de dos mil catorce.

En el RECURSO SUPLICACION 0000241/2014, formalizado por el letrado D. JOSE RODRIGUEZ VIJANDE, en nombre y representación de Juan Carlos , contra la sentencia número 594/2013 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N.2 de OVIEDO en el procedimiento DEMANDA 0000693/2013, seguidos a instancia de Juan Carlos frente a FERROVIAL AGROMAN SA, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA ELADIA FELGUEROSO FERNANDEZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D. Juan Carlos presentó demanda contra FERROVIAL AGROMAN SA, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 594/2013, de fecha catorce de Noviembre de dos mil trece .

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:

1º- El actor, nacido el NUM000 de 1948, prestaba sus servicios para la demandada con la categoría profesional de Ingeniero de caminos y una antigüedad desde el 13 de enero de 1998. No ostenta la representación de los trabajadores.

2º- El salario percibido en los últimos doce meses previos al despido, asciende a 92.497,4€, que da un salario bruto diario de 256,94€, reconocido por la empresa.

El importe percibido desde enero a abril de 2013 asciende a 28.628,6€, que da un salario bruto diario de 238,6€

3º- El 30 de mayo de 2013 la empresa le comunicó la extinción de la relación laboral al cumplir 65 años. El contenido de la carta es el siguiente: "Ferrovial Agroman. D. Juan Carlos . Conforme a la conversaciones mantenidas, por medio de la presente nos ponemos en contacto con Vd. para informarle que el día NUM000 de 2013 cumple con los requisitos legales para tener acceso a la pensión de jubilación, por lo que causar baja en la empresa en la mencionada fecha, de conformidad con el artículo 97 del V Convenio General del Sector de la Construcción , vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, en relación con las Disposiciones Adicional Décima y Transitoria Decimoquinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, y quedando por ende extinguida su relación laboral. Asimismo, aprovechamos la presente para comunicarle que a partir de la fecha de referencia tendrá a su disposición en las oficinas del centro de trabajo el importe de la liquidación, saldo y finiquito correspondiente. Todo lo cual, se pone en su conocimiento, a los efectos oportunos, aprovechando la presente para mandarle un cordial saludo.

4º- El artículo 97 del convenio colectivo del sector de la Construcción, publicado en el BOE de 15 de marzo de 2012, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año, establece que salvo pacto individual en contrario, la jubilación obligatoria a las edades y periodos cotizados del mismo artículo, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación, teniendo, en todo caso, cubierto el periodo mínimo de cotización que le permita aplicar el porcentaje del 80% a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión. Para el año 2013 fija la edad de jubilación obligatoria a los 65 años si acreditan un periodo mínimo de cotización de 35 años y 3 meses o más, y de 65 años y 1 mes para los que tengan un periodo de cotización inferior a 35 años y 3 meses.

Dicha medida, según el mismo artículo, va vinculada al objetivo de mejora de la estabilidad en el empleo, que se plasma en el convenio, en la regulación del contrato fijo de obra del sector de la construcción (artículo 24), a la prolongación del plazo máximo de duración de los contratos eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos (artículo 25) y a la subrogación de personal (artículo 27).

Se añade que la jubilación obligatoria se vincula al objetivo de mejora de la calidad del empleo a través de las distintas medidas incorporadas en el convenio en materia de prevención de riesgos laborales tales como la regulación de un organismo de carácter paritario en materia preventiva, el establecimiento de programas formativos y contenidos específicos en materia preventiva, el programa de acreditación sectorial de la formación recibida por el trabajador y el establecimiento de la Fundación Laboral de la Construcción. También se dirige a favorecer la calidad en el empleo, todas las acciones concretas que en materia de prevención de riesgos e igualdad puedan llevarse a cabo por las empresas.

5º- Desde febrero de 2011 a agosto de 2012, la empresa transformó 33 contratos temporales en indefinidos.

La empresa formalizó tres contratos de fijo de obra desde el año 2011 hasta la fecha, en el mes de octubre de 2012.

Prorrogó el 9 de julio de 2012 un contrato de trabajo de duración determinada, concertado el 9 de enero de ese año, por seis meses hasta el 7 de enero de 2013.

6º- En los Planes de Formación de la empresa para los años 2012 y 2013 figuran cursos en materia de prevención de riesgos laborales como la acreditación del nivel básico de prevención de riesgos laborales, con siete cursos de 180 horas, prevención de riesgos laborales en estaciones depuradoras de aguas residuales con un curso de 160 horas, prevención de riesgos laborales para administrativos con cincos de 100 horas y la seguridad y manejo de minipalas con un curso de 160 horas, en el año 2012, con un total de cursos de 20 cursos con 2.184 horas. En el año 2013 impartió cursos como la acreditación de nivel básico de prevención de riesgos laborales un curso de 60 horas, prevención de riesgos laborales para desvíos de tráfico y trabajos en vías públicas con un curso de 6 horas, prevención de riesgos laborales para trabajos de proximidad, conducciones de gas y electricidad con un curso de 6 horas; el total de cursos fue de 14 cursos.

Ofrece formación a través de la Universidad Ferrovial para los años 2012 y 2013 en materia de liderazgo, escuela de negocios y de integración cultural.

7º- Constan abonadas las cuotas a la Fundación Laboral de la Construcción desde enero de 2012 hasta la fecha.

8º- El actor participó en cursos de formación organizados por la empresa, tanto en materia de prevención de riesgos laborales como en otras, desde el año 2003, siendo el último el 8 de abril de 2013 sobre Organización y Eficiencia.

9º- La empresa obtuvo el certificado OHSAS 18001-2007 en el Proyecto, diseño y construcción de obras, conservación y mantenimiento de infraestructuras.

10º- La Comisión de Seguimiento en materia de igualdad se constituyó el 10 de mayo de 2012, siguiendo el Acuerdo Marco de Negociación e Implantación de los Planes de Igualdad firmado por Ferrovial y los representantes de los sindicatos UGT y CCOO el 22 de junio de 2009. El 3 de mayo de 2012 la empresa suscribió un convenio de colaboración el con Ministerio de Sanidad sobre la promoción de acciones de sensibilización y prevención de violencia de género, tanto a nivel interno como externo y facilitar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género; también realizó actividades en relación con la formación de mujeres predirectivas.

En el primer trimestre de 2013 hizo un seguimiento de los planes y su cumplimiento desde el año 2009 al 2012; se realizaron doce medidas, estaban en proceso tres, en estudio una y pendientes cinco.

CCOO informó en diciembre de 2012 en relación con la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa", que Ferrovial Corporación SA aplicó las medidas que respaldaron la concesión de ese distintivo, destacando entre otras, las acciones de sensibilización, comunicación y formación de su plantilla en relación con los temas de igualdad de oportunidades, sus procesos asociados, la difusión del plan y el protocolo de prevención del acoso, la campaña IGUALA +, acciones formativas en materia de igualdad, conciliación y gestión de la diversidad, sensibilización en materia de prevención del acoso sexual y laboral, y el cuadro de mando de gestión de personas segregado por género.

11º- En el año 2012 el Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad, concedió a la demandada el distintivo "Igualdad en la Empresa".

12º- Los gastos de personal de la demandada disminuyeron en el año 2012 respecto al previo, siendo el número de empleados a 31 de diciembre de 2011de 4.513 y a 31 de diciembre de 2012 de 4.444.

13º- El actor presentó conciliación previa el 6 de junio de 2013 que se celebró el 20 del mismo mes con el resultado de Intentado sin efecto. Interpuso la demanda el 1 de julio.

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que desestimo la demanda interpuesta por D. Juan Carlos contra FERROVIAL AGROMAN, absolviendo al demandado de todos los pedimentos de la demanda."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por Juan Carlos formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 25 de enero de 2014.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 6 de febrero de 2014 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Social nº2 de Oviedo desestimó la demanda formulada por el actor en pretensión de que se declare que la extinción de su contrato de trabajo, al cumplir 65 años, es constitutiva de un despido improcedente.

Disconforme con esta resolución articula el demandante recurso de suplicación que es impugnado por la empresa demandada.

En el primero de los motivo de recurso, con el adecuado amparo formal, interesa el recurrente la revisión de los hechos probados, la adición al ordinal 12º del siguiente apartado: "El número de trabajadores de la empresa a 1 de junio de 2013 es de 2.751", revisión fáctica que basa en el documento unido al folio 158 de las actuaciones.

La Ley de la Jurisdicción Social, en el artículo 193, recoge los tres motivos fundamentales del recurso, consistiendo el segundo en "revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas". La doctrina jurisprudencial elaborada en torno a este motivo se puede resumir, sistematizándola, por un lado, sobre las declaraciones relativas al hecho probado objeto de revisión y, por otro, sobre las declaraciones referentes a la forma en que dicha revisión debe llevarse a cabo.

En relación con el hecho probado se exigen como requisitos:

a) La concreción exacta del que haya de ser objeto de revisión;

b) La previsión del sentido en que ha de ser revisado, es decir, si hay que adicionar suprimir o modificar algo. En cualquier caso, y por principio se requiere que la revisión tenga trascendencia o relevancia para provocar la alteración del fallo de la sentencia; y

c) La manifestación clara de la redacción que debe darse al hecho probado, cuando el sentido de la revisión no sea la de su supresión total.

Por lo que se refiere a la forma de instrumentalizar la revisión se enumeran los siguientes requisitos:

a) Se limitan doblemente los medios que pongan en evidencia el error del Juzgador: por una parte, porque de los diversos medios probatorios existentes únicamente puede acudirse a la prueba documental, sea ésta privada -siempre que tenga carácter indubitado- o pública, y a la prueba pericial, y, por otra, porque tales medios de prueba, como corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos.

b) No basta con que la revisión se base en un documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión.

c) El error ha de evidenciarse esencialmente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad de que el recurrente realice conjeturas, hipótesis o razonamientos; por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada. Esto significa que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el Juzgador «a quo», y

d) No pueden ser combatidos los hechos probados si éstos han sido obtenidos por el Juez del mismo documento en que la parte pretende amparar el recurso.

En consecuencia, no puede acogerse esta censura fáctica ya que a través de este recurso no puede pretenderse que el Tribunal Superior entre a efectuar una nueva valoración de la globalidad y conjunto de la prueba practicada, sino que la revisión de los hechos probados debe efectuarse mediante nuevo o nuevos documentos idóneos que patenticen fehacientemente el error de hecho cometido y que, por tanto, no sea necesario acudir a operaciones deductivas o razonamientos lógicos para descalificar los hechos probados sentados por el Juzgador. Igualmente, siempre se ha señalado que el juicio valorativo sobre la globalidad y conjunto de la prueba practicada corresponde en exclusiva al Tribunal «a quo», puesto que así le viene atribuido por Ley.

En caso de duda acerca de las conclusiones fácticas que han de extraerse en el examen y valoración de un documento, en la medida en que de su lectura puedan sacarse conclusiones contradictorias o incompatibles entre sí, debe prevalecer la conclusión fáctica sentada por el Juzgador en virtud de la naturaleza excepcional del propio recurso que impide la valoración «ex novo» por el Tribunal Superior de la globalidad y conjunto de la prueba practicada. El documento en que se sustenta la revisión de hecho postulada en el recurso ha de ser hábil e idóneo y con una fuerza probatoria inmediata y evidente, sin necesidad de acudir a razonamientos o nuevos análisis u operaciones jurídicas, salvo que se acuda a algún precepto legal valorativo de la prueba practicada, que no es el caso. No aceptar estas reglas clásicas implica que la decisión o discrecionalidad judicial que siempre ha de existir en alguna medida, puede desbordarse y extralimitarse hasta el punto de transformar y alterar las propias reglas imperativas de orden público que rigen el proceso y los recursos y convertir en la práctica un recurso excepcional como es el de especial suplicación en un recurso de apelación.

SEGUNDO.- Por la vía del artículo 193.c) de la Ley de la Jurisdicción Social se denuncia, como segundo motivo de recurso, infracción de la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores , en relación con el artículo 97 del V Convenio colectivo del sector de la construcción vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, en relación con los artículos 49.1.f ), 55.4 y 56.1 del Estatuto de los Trabajadores y con la doctrina constitucional contenida, entre otras, en las Sentencias del Tribunal Constitucional 280/06, de 9 de octubre y 341/06, de 11 de diciembre .

La Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores , bajo el epígrafe "Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación ", establece:

"En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Esta medida deberá vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otras que se dirijan a favorecer la calidad del empleo.

b) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá tener cubierto el periodo mínimo de cotización que le permite aplicar un porcentaje de un 80 por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión, y cumplir los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva".

Por su parte, el artículo 97 del Convenio colectivo de la Construcción, vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, establece:

"1. Las partes firmantes del presente convenio, conscientes de que es necesario acometer una política de empleo encaminada a mejorar la estabilidad y la calidad del mismo, establecen, salvo pacto individual en contrario, la jubilación obligatoria a las edades y periodos cotizados que se señalan en el apartado 2, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación. En todo caso, el trabajador deberá tener cubierto el período mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por 100 a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión y cumplir con los demás requisitos de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.

2. De acuerdo con el anterior apartado 1, y en coherencia con la legislación vigente que regula el requisito de edad para acceder a la jubilación -que prevé una modificación gradual de la edad legal de jubilación- la edad para aplicar la jubilación obligatoria regulada en este Convenio para cada uno de los años de vigencia del Convenio será la siguiente, en función de los periodos cotizados.

Así, durante el primer año de vigencia del presente Convenio, es decir durante 2012, la edad de jubilación obligatoria será la de 65 años.

En 2013: La edad de jubilación obligatoria será la de 65 años (para aquellos trabajadores que teniendo esa edad, acrediten un período de cotización mínimo de 35 años y 3 meses o más) o la de 65 años y 1 mes para aquellos otros trabajadores que tengan un período de cotización inferior a 35 años y 3 meses...

3. Dicha medida, por un lado, se encuentra directamente vinculada al objetivo de mejora de la estabilidad en el empleo, cuya plasmación en el presente Convenio Colectivo se encuentra en la regulación del contrato fijo de obra del sector de la construcción previsto en el artículo 24, a la prolongación del plazo máximo de duración de los contratos eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, contemplada en el artículo 25 del presente Convenio, y a la subrogación de personal establecida en el artículo 27.

4. Junto a lo anterior, las partes consideran fundamental, como resultado de las mutuas contraprestaciones pactadas para lograr el deseable y necesario equilibrio interno del Convenio, vincular la jubilación obligatoria al objetivo de mejora de la calidad del empleo a través de las distintas medidas incorporadas al presente Convenio en materia de prevención de riesgos laborales tales como la regulación de un organismo de carácter paritario en materia preventiva, el establecimiento de programas formativos y contenidos específicos en materia preventiva, el programa de acreditación sectorial de la formación recibida por el trabajador, y el establecimiento de la Fundación Laboral de la Construcción, cuyos objetivos son el fomento de la formación profesional, la mejora de la salud y de la seguridad en el trabajo, así como elevar la cualificación profesional del sector, con el fin de profesionalizar y dignificar los distintos oficios y empleos del sector de construcción.

Sin perjuicio de los citados objetivos sectoriales dirigidos a favorecer la calidad en el empleo, tendrán idéntica consideración todas aquellas acciones concretas que tanto en materia de prevención de riesgos como de igualdad puedan llevarse a cabo por las empresas del sector, dirigidas a desarrollar, impulsar y mejorar la seguridad y la igualdad de sus empleados.

...En consecuencia, los trabajadores del sector de la construcción que se vean afectados por una jubilación forzosa, anticipada voluntaria o involuntaria, o parcial se entenderán incluidos en los supuestos del artículo 8 del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo , de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, siéndoles de aplicación, siempre que cumplan los demás requisitos previstos en ese artículo, la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de enero de 2013, esto es, la regulación vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social".

TERCERO.- La cuestión litigiosa ha sido decidida en el sentido adoptado en la resolución impugnada por una reiterada doctrina jurisprudencial y por múltiples sentencias de diversos Tribunales Superiores de Justicia, entre ellos por esta Sala en su sentencia de 12 de abril de 2013 y en la sentencia de 13 de junio de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre otras.

Conforme declara la sentencia de esta Sala, de 12 de abril de 2013 , "...recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de Noviembre de 2011 que "la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores establece que la jubilación forzosa por edad «deberá vincularse a objetivos... expresados en el convenio colectivo», y el significado de la palabra vincular [«atar o fundar algo en otra cosa», en su primera acepción, conforme al DRAE] claramente apunta a que la sujeción ha de ser expresa y tener por sujetos a los firmante del Convenio. El precepto no dice que «estará justificada» o «habrá de justificarse» la medida, sino que utiliza una expresión [«deberá vincularse a objetivos... expresados»] que comporta un expreso enlace entre cese y metas explicitadas, excluyendo justificaciones tácitas y/o argumentables a posteriori en el proceso. En el bien entendido de que esa expresa «vinculación» no necesariamente habrá de ubicarse en el precepto que dispone la extinción del contrato por el cumplimiento de la edad de jubilación, sino que puede expresarse al regular las concretas medidas de política de empleo o en algún otro precepto; pero siempre de forma inequívoca y relacionada".

Incide en lo expuesto el mismo Alto Tribunal en su Sentencia de 11 de Julio de 2012 al declarar que la vinculación de la medida (jubilación forzosa) a los objetivos de empleo expresados en el Convenio Colectivo "supone un expreso enlace entre cese y medidas acordadas y, aunque pueden estar en un precepto diferente al que regula la jubilación obligatoria, ha de constar de forma clara su relación con la misma", afirmación que conviene precisar y rectificar en el sentido de que no hace falta la mención expresa de que la medida favorecedora del empleo que implanta el Convenio tiene por fin facilitar la jubilación forzosa, sino que basta con que en distintos lugares del Convenio se regulen medidas que favorezcan la estabilidad del empleo, su fomento, incremento y calidad. El Convenio Colectivo constituye un todo, un conjunto de normas reguladoras de la relación laboral en la empresa que deben ser interpretadas en su conjunto y no de forma aislada, atribuyendo, cual previene el artículo 1285 del Código Civil , las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, sin que sea lícita la llamada "técnica del espigueo" que consiste en mantener la validez de las normas favorables e impugnar la de otras que puedan tener relación con ellas, pues el Convenio Colectivo es un todo donde todas sus cláusulas están relacionadas y han sido pactadas en atención las unas de las otras, razón por la que son valorables, a los efectos que nos ocupan, las medidas de política de empleo contenidas en todo el Convenio" a la hora de determinar si deben estimarse cumplidos los requisitos que la aplicable Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores establecía".

CUARTO.- Por su parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de junio de 2012 , dice:

"La Ley 14/05 de 1 de julio, incluye en su artículo Único una Disposición Adicional 10ª al Estatuto de los Trabajadores , por la que se permite que los Convenios Colectivos puedan establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de seguridad social, siempre que se cumplan dos requisitos:

Que la medida se vincule a objetivos coherentes con la política de empleo.

Que el trabajador afectado cumpla todos los requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.

A su vez, la Disposición Transitoria Única de la Ley 14/05 establece que las cláusulas de los Convenios celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán válidas siempre que se garantice que el trabajador tiene cubierto el período mínimo de cotización y cumple los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación.

Pues bien, la vinculación a la política de fomento del empleo es por lo demás estrictamente imprescindible, como de forma expresa ha señalado el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 280/06 de 9 de octubre y 341/06 de 11 de diciembre , que establecen como precondiciones de constitucionalidad que pueden llegar a justificar el tratamiento desigual y el sacrificio que la jubilación forzosa supone para el trabajador afectado, y que son, con arreglo a su propia doctrina ( SSTC 22/1981, de 2 de julio y 58/1995, de 30 de abril ), las siguientes:

1) El cese forzoso por esa causa sólo es posible si en virtud de la normativa de Seguridad Social procede la percepción de pensión de jubilación. Es decir, no basta con que la jubilación forzosa sirva a la consecución de un fin constitucionalmente lícito; es preciso, además, que con ello no se lesione desproporcionadamente un bien que se halla constitucionalmente garantizado. De manera que el límite máximo de edad sólo será efectivo si el trabajador ha completado los períodos de carencia para la jubilación y cumple el resto de los requisitos para acceder a la pensión correspondiente.

2) La fijación de una edad máxima de permanencia en el trabajo sería constitucional siempre que con ella se garantizara una oportunidad de trabajo a la población en paro, por lo que no podría suponer, en ningún caso, una amortización de puestos de trabajo.

En conclusión, la posibilidad de establecer la jubilación forzosa en convenio colectivo no se consideró habilitada por el legislador a los agentes sociales negociadores, sino que se calificó como una expresión o manifestación propia derivada del ejercicio del derecho constitucional a la negociación colectiva ( artículo 37.1 Constitución española ). Y se entendió, en segundo lugar, que su determinación no era contraria a los artículos 14 y 35 Constitución española caso de establecerse con los condicionamientos señalados anteriormente, esto es, siempre que quedase vinculada a las políticas de empleo, se asegurase al perjudicado la cobertura social reseñada, y no implicara, sin más, la extinción del contrato de trabajo por el hecho exclusivo de la edad".

Partiendo de los presupuestos fácticos de la sentencia de instancia, ordinales 5º y siguientes debe concluirse, al igual que en dicha resolución, afirmando que la jubilación del actor se ajusta a las previsiones legales y convencionales, y que la misma "se vinculó a objetivos coherentes con la política de empleo", conforme se alega en la impugnación del recurso, por lo que no existe despido alguno, lo que conduce, con rechazo del recurso, a la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación

 

F A L L A M O S

Desestimar el recurso de suplicación formulado por Juan Carlos frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº2 de Oviedo en los autos seguidos a instancia de dicho recurrente contra la empresa FERROVIAL AGROMAN, sobre despido, confirmando la resolución recurrida.

Medios de impugnación

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina , que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma, en los términos del Art. 221 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y con los apercibimientos en él contenidos.

Tasas judiciales para recurrir

La interposición de recurso de casación en el orden Social exige el ingreso de una tasa en el Tesoro Público. Los términos, condiciones y cuantía de este ingreso son los que establece la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en los artículos 3 (sujeto pasivo de la tasa), 4 (exenciones a la tasa), 5 (devengo de la tasa), 6 (base imponible de la tasa), 7 (determinación de la cuota tributaria), 8 (autoliquidación y pago) y 10 (bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos). Esta Ley tiene desarrollo reglamentario en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Están exentos de la tasa para recurrir en casación: a) Los trabajadores; b) Los beneficiarios de la Seguridad Social; c) Los funcionarios y el personal estatutario; d) Los sindicatos cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social; e) Las personas físicas o jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita; f) El Ministerio Fiscal; g) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas; h) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; j) Las personas físicas o jurídicas distintas de las mencionadas en los apartados anteriores e incluidas en el art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero , de asistencia jurídica gratuita, dentro de los términos previstos en esta disposición.

Depósito para recurrir

En cumplimiento del Art. 229 de la LRJS , si el recurrente no fuere trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, deberá acreditar que ha efectuado el depósito para recurrir de 600 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que esta Sala de lo Social del TSJA tiene abierta con el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de Oviedo número 0000, clave 66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso, y debiendo indicar en el campo concepto: "37 Social Casación Ley 36-2011" . Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del código "37 Social Casación Ley 36-2011". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.

Están exentos de la obligación de constituir el depósito el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales, así como los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Pásense las actuaciones al Sr/a. Secretario para cumplir los deberes de publicidad, notificación y registro de la Sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 


Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación