Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 
Sentencia AP de Ávila (Sección 1ª) 59/2014 , de 24 marzo de 2014

RESUMEN:

Salud laboral.Delitos contra los derechos de los trabajadores.Lesiones.Responsabilidad civil derivada de delitos y faltas.Homicidio y sus formas.

Ávila, a 24 de marzo de 2014.

Visto ante la Sala de lo Penal de esta Audiencia Provincial, la Causa nº 89/11 en grado de apelación dimanante del procedimiento abreviado nº 17/10 del Juzgado de Instrucción de Piedrahita, Rollo nº 78/14, por delitos contra los derechos de los trabajadores y homicidio imprudente, siendo parte apelante, por una parte, Isidoro , Olegario , Vidal e Inmobarcense S.L., representados por el Procurador D. José Carlos González Miranda y defendidos por el Letrado D. Jesús A. García Morán; y por otra parte, la Cia Reale, representada por la Procuradora Maria del Carmen Mata Grande y defendida por La Letrada Dña. Rosario Carrero García, y parte apelada, por una parte, Agustín y Tamara , representados por la Procuradora Dña. Maria Concepción Prieto Sánchez y defendidos por la Letrada Dña. Mª José Iglesias Toro; y por otra parte, la Cia Generali Seguros, representada por el Procurador D. Fernando López del Barrio y defendida por el Letrado César Muños Garrido.

Ha sido designado Magistrado Ponente D. JESÚS GARCÍA GARCÍA.
 
I - ANTECEDENTES DE HECHO
 
PRIMERO.- Por la Iltma. Sra. Magistrada Juez de lo Penal de Ávila se dictó sentencia el 31 de mayo de 2013 declarando probados los siguientes hechos: "Probado y así se declara, que en la localidad de El Barco de Ávila, en la calle Restituto Martín, el día 20 de noviembre de 2007 se desarrollaban trabajos para la construcción de varios edificios de viviendas y locales actuando como promotora y contratista principal la empresa Inmobarcense S.L. Esta había subcontratado los trabajos de albañilería con la empresa Construcciones Díaz Ávila SL. El día arriba señalado, el trabajador Isaac , de la empresa subcontratista Construcciones Díaz Ávila SL, se encontraba realizando tareas de cerramiento perimetral exterior de la obra así como de recercado exterior de uno de los pilares en la primera planta del edificio, a una altura de 3,5 metros. El trabajador lo hacía subido a una banqueta de escalera situada en la terraza del edificio. En un momento determinado el trabajador perdió el equilibrio, sujetándose en el paramento superior del hueco de la ventana, que aún estaba fresco y que no aguantó, precipitándose al vacío, produciéndose lesiones incompatibles con la vida y falleciendo en el acto. Isaac tenía 28 años, era soltero y sin hijos.

Los trabajos antes mencionados también eran desarrollados por Rodrigo , Luis Francisco , Arsenio y Eleuterio , trabajadores de la subcontratista, en las mismas condiciones que el fallecido.

Isaac y el resto de los trabajadores mencionados desarrollaban su trabajo sin disponer de cinturones de sujeción anticaídas unido a puntos de anclaje en el interior del edificio (línea de vida), dado que en numerosos puntos del edificio era necesario trabajar al borde del forjado.

A ello debe añadirse que el plan de seguridad y salud elaborado por Inmobarcense SL aprobado por el acusado Jorge y al que se adhirió Construcciones Díaz Ávila SL preveía la utilización de andamios tubulares y barandilla o andamios colgados para la realización de los trabajos, medidas que de haberse adoptado podrían haber evitado el accidente laboral.

Los acusados Isidoro , Olegario y Vidal administradores de la empresa Inmmobarcense SL y el primero además encargado de obra y Sebastián encargado de obra de Construcciones Díaz Ávila SL, conociendo que se realizaban los indicados trabajos tanto por Isaac , como por el resto de los trabajadores, careciendo éstos de arneses, anclajes anticaídas, andamios y barandilla no adoptaron las decisiones necesarias ni proporcionaron los medios adecuados para evitar los riesgos de caída, habida cuenta del lugar donde se realizaban y la altura de los mismos.

El Arquitecto, autor del proyecto y director de la obra era el acusado Alexander y Jorge era coordinador de seguridad y salud y director de la ejecución de la obra, sin que venga acreditado suficientemente que en sus actuaciones profesionales dejaran de cumplir con sus obligaciones profesionales con alguna incidencia en el originamiento del fallecimiento del trabajador Isaac ; siendo de destacar que el segundo de ellos en el plan de seguridad y salud prevenía expresamente, para evitar riesgos como el enjuiciado, la utilización de andamios tubulares y barandilla o andamios colgados.

La Mercantil Construcciones Díaz Ávila SL, tenía en aquellas fechas concertadas póliza de seguros de responsabilidad civil con la entidad Estrella, póliza con número AQ-5-101.004.611 y con un límite de 90.000 euros.

La mercantil Inmobarcense SL, tenía en aquellas fechas concertada póliza de seguros de responsabilidad civil con la entidad Reale, póliza con número 001330600004514 y con un límite de 150.000 euros."

Y cuyo fallo dice lo siguiente: "Primero.- Que debo condenar y condeno a los acusados, Isidoro , Olegario , Vidal y Sebastián , como autores directamente responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores y de otro de homicidio imprudente, ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 10 meses de prisión y multa de 9 meses con una cuota diaria de diez euros, con las accesorias de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y de inhabilitación para el ejercicio de la empresa en todos los aspectos relacionados con la construcción y la profesión de encargado de obra en los casos de Isidoro y Sebastián , por el delito del art. 316 y además la de trece meses de prisión, por el delito del art. 142.1 con su correspondiente accesoria; condenándoles asimismo, al pago de las cuotas correspondientes de las costas procesales causadas, en total cada uno de los condenados dos doceavas partes (incluidas en tales límites las originadas a la acusación particular) y a que abone, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, a los padres el trabajador fallecido, Isaac , la suma total de 150.000 euros, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes desde la fecha de celebración del juicio oral, y de la que responderán de modo directo las aseguradores, Reale y La Estrella, como responsables civiles directas, si bien hasta el límite del objeto de seguro concertado en las pólizas nº 001330600004514 y nº AQ-5-101.004.611; y además las entidades mercantiles Inmobarcense SL y Construcciones Díaz Ávila SLU, de su totalidad, como responsables civiles subsidiarias.

Segundo.- Finalmente, debo absolver y absuelvo libremente a los acusados Alexander y Jorge , de los delitos que les imputan el Ministerio Fiscal y acusación particular, con declaración de oficio de la totalidad de las restantes cuotas de las costas procesales; quedando, asimismo, absueltas las aseguradoras Asemas y Mussar, de todas las pretensiones deducidas en su contra en el ámbito civil."

SEGUNDO.- Dicha Sentencia se recurrió en apelación por la representación procesal de por una parte, Isidoro , Olegario , Vidal e Inmobarcense S.L.; y por otra, la Cia Reale, elevándose los autos a esta Audiencia, pasándose al Ponente.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
 
I I - HECHOS PROBADOS

SE ACEPTAN los recogidos de la sentencia recurrida, que se dan aquí por reproducidos.
 
I I I - FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO

SE ACEPTA la calificación jurídica que de los hechos probados se realiza en la instancia, pues son legalmente constitutivos, por una parte de un delito contra los derechos de los trabajadores, previsto y penado en el art. 316 y 318 del CP , y de otro delito consumado de imprudencia grave y resultado de muerte, de homicidio imprudente, previsto y penado en el art. 142.1 y 3 del mismo Texto Legal , de los que son responsables en concepto de autores Isidoro , como encargado de la obra y administrador de la mercantil Inmobarcense S.L., siendo esta entidad promotora y contratista principal; y también es responsable en concepto de autor Sebastián , encargado y administrador de la mercantil Construcciones Díaz Ávila S.L., empresa subcontratada por la anterior para realizar en la obra los trabajos de albañilería.

En efecto, el art. 316 del CP castiga los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, NO FACILITEN los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida.

Como se desprende del Texto legal, la acción es omisiva, por no exigir o facilitar los medios a los trabajadores para que desempeñen su actividad con la requerida seguridad.

En el presente caso ha quedado probado hasta la saciedad por los Agentes de la Guarida Civil, instructores del atestado y por la Inspección de Trabajo, que en el trabajo de cerramiento que los trabajadores realizaban, no se habían adoptado ningún tipo de medidas de protección colectiva (andamios, redes) o individuales. Es claro que el trabajo de cerramiento exterior implicaba trabajar al borde del forjado.

Todos los trabajadores que se encontraban en esa y en otras labores, reconocieron que no se adoptaron para el trabajo que realizaba el fallecido Isaac , medida de seguridad alguna para evitar su caída desde altura.

Esto lo corroboraron los trabajadores Arsenio , Eleuterio , Luis Francisco , Arsenio y Rodrigo .

La inspección de trabajo lo recalcó de una manera expresa.

Como la parte que recurre, en defensa de Isidoro , Olegario y Vidal , invoca, como primer motivo de recurso, que fue indebida la aplicación de los arts. 316 y 318 del CP , hay que responderle que esa aplicación fue totalmente debida, dado lo que ya se ha anticipado; otra cuestión muy distinta es que el sujeto activo de este delito tiene que ser la persona obligada a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las adecuadas medidas de seguridad e higiene, pues el art. 318 del mismo Código Penal pormenoriza que cuando los hechos se atribuyen a una persona jurídica, la imputación recae en los administradores o encargados DEL SERVICIO que hayan sido responsables del los hechos.
Ello nos plantea el problema de la culpabilidad, es decir el delito lo consuma la persona legalmente obligada a facilitar los medios necesarios para proteger a los trabajadores mientras están realizando los trabajos en altura.

Pues bien, en el caso puesto a la consideración de la Sala, no se puede dudar que dicha culpabilidad se tiene que atribuir a Isidoro , que era el encargado y promotor de la obra (empresa Inmobarcense S.L.), y ello por varias razones:

a) Que desde su primera declaración reconoció que era el encargado, y que había dejado de trabajar a las 13,40 hors del día 20 de noviembre de 2007, lo cual implica que permanecieron trabajando en la obra bastantes obreros sin su presencia, habiendo sucedido la caída y el fallecimiento sobre las 14,15 horas del día citado.

b) Que los trabajadores realizaban sus trabajos de riesgo sin adoptar medidas de seguridad era patente, no habiendo sido advertidos que no se podían realizar los trabajos en la fachada exterior hasta que no se colocaran los andamos en todo el perímetro de la obra, o andamios colgados, o por lo menos cinturones de seguridad anclados a un sitio fijo (línea de vida).

c) Lo anterior queda demostrado en el dictamen que ofreció el perito D. Patricio , debiéndose haber adoptado las medidas que constan en el folio 388, apartados 1.4 y 5 referidas a tapar pilares que era la labor que realizaba el trabajador fallecido.

Y, pormenorizó el perito: "cada empresa lo resuelve en función de los riesgos, principalmente los riesgos referidos a caída en altura". En su opinión se realizaba un trabajo que no debería haberse hecho sin andamio, que se coloca cuando se da el revestimiento monocapa en fachada.

d) El Sr. Inspector de Trabajo D. Luis Angel , que levantó acta de infracción de la Promotora Constructora Inmobarcense S.L. y de Construcciones Díaz Ávila S.L., recalcó que el trabajo lo realizaba el trabajador fallecido por el exterior de la fachada y sin ningún tipo de protección.

Es evidente que el encargado de la obra no debió autorizar trabajar a los obreros en el exterior de la fachada.

Por ello la condena realizada en la instancia respecto a Isidoro es incuestionable.

SEGUNDO

Es, en cambio, más dudoso que la responsabilidad penal alcance a Vidal y a Olegario , como Administradores de la empresa Inmobarcense S.L.
Respecto del primero, quedó probado que solo desempeñaba labores en la oficina de la empresa tales como facturación y venta de viviendas; que no intervenía para nada en las obras, que los trabajadores ni siquiera le conocían etc, y que las oficinas estaban en un lugar distinto al de la obra (vid folios 560 y 561).

El segundo, Olegario , que también era administrador de la empresa Inmobarcense S.L., se encargaba de realizar las gestiones oportunas para que no faltase material de construcción para realizar las obras. Que él aún se encontraba en la tercera fase de las obras y el trabajador en la cuarta (vid folios 345 y 346).

Es doctrina constante que el juicio de culpabilidad versa sobre la acción; se es culpable por el hecho realizado y no por la condición personal.
La responsabilidad penal implica como presupuesto necesario la culpabilidad.

Aunque en algún caso pudiera aplicarse el presupuesto de responsabilidad objetiva, en realidad no debe existir pena sin culpabilidad.

El Ministerio Fiscal, que retiró la acusación contra estos dos recurrentes en el acto del juicio, en informe de fecha 20 de enero de 2014 ya pormenoriza que respecto a estos dos acusados, la función de administrador no suponía directamente un dominio del hecho suficiente para atribuirles, la responsabilidad que se señala en la sentencia recurrida. Que el resultado se produjo simplemente porque las medidas de seguridad no existían, y ello es bien dudoso que fuera su cometido dirigirse a los trabajadores exigiendo su adopción. De hecho el Sr. Inspector de trabajo reconoció que se exigieron en la cubierta, como zona edificable peligrosa, y en el momento de su visita sí se adoptaron.

Por todo ello, siguiéndose el principio "in dubio pro reo" se estima en parte el recurso de apelación, y respecto de Olegario y Vidal , se revoca la sentencia recurrida, absolviéndoles de los delitos por los que se les condenó en la instancia.

TERCERO

Respecto a si fue incorrecta la aplicación del tipo delictivo de homicidio imprudente a Isidoro , como administrador y encargado de la obra por parte de la empresa Inmobarcense S.L., referido a que no debe identificarse la imprudencia con infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, es preciso indicar que el at. 142.1 del CP castiga al que por imprudencia grave causare la muerte de otro, castigando en el nº 3, cuando el homicidio se cometiere por imprudencia profesional.

Si tenemos en cuenta que la imprudencia consiste en la omisión del deber de diligencia que, si se hubiere tenido, se habría evitado un resultado posible, previsible y prevenible, es claro que el tipo penal está correctamente aplicado respecto del encargado de la obra.

La imprudencia observada es grave, pues se omite por el encargado de la obra Isidoro , todo deber de cuidado, pues deja a trabajadores en la obra trabajando, incluso en el exterior de la misma, sin adoptar las medidas de seguridad e higiene previstas en el RD Legislativo 1/95 de 24 de marzo y en la Ley 31/95 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales.

Se aprecia una falta de diligencia supina y absoluta cuando se deja en la obra a los trabajadores sin vigilancia de ninguna clase por parte del encargado, que se ausenta.

La gravedad de la imprudencia se determina, desde una perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado, o de diligencia en que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de riesgo no permitido generado por la conducta activa del imputado con respecto al bien que tutela la norma penal o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando se tiene el deber de controlar los riesgos que afectan al bien jurídico protegido.

El hecho de que el encargado no diera la orden de "forrar" las columnas, ello no implica el que si el encargado observa tal actuación no deba impedírsela al trabajador; e incluso si la falta de medidas de seguridad era general, suspendiéndose la obra, para proteger la vida e integridad de los trabajadores.

Es verdad que fue decisión del trabajador fallecido realizar las labores en el exterior de la vivienda, pero si las medidas de seguridad se hubieran adoptado, se habría evitado el resultado, con lo cual el grado de imprudencia del encargado de la obra Isidoro es de máxima gravedad, pues si la conducta del trabajador pudo ser arriesgada al trabajar sin protección, más arriesgada fue la de la empresa Inmobarcense S.L. que permitió que el trabajador, en ausencia del encargado de la obra, trabajase en la parte exterior de la vivienda, sin medida de seguridad alguna, principalmente andamios tubulares y como medida individual uso de cinturón anclado a un sitio fijo.

La jurisprudencia del T.S. establece que la empresa constructora es responsable de la seguridad e higiene en el trabajo de todas las personas que desempeñen cualquier actividad en la obra, AUNQUE SE RECURRA A SUBCONTRATAS.

El acusado era el encargado de la obra y responsable de comprobar las medidas de seguridad (vid Ss. T.S. de 1 de junio de 2001 y 4 de junio de 2002).

Por todo ello, el motivo de recurso se rechaza.

CUARTO

Plantea la misma parte que apela que, subsidiariamente se debió apreciar la atenuante de haberse tramitado la causa con dilaciones indebidas, por aplicación del nº 6 del art. 21 del CP con el carácter de muy cualificada.

El motivo de recurso, aunque pudiera admitirse ya que los hechos sucedieron el 20 de noviembre de 2007, y han transcurrido más de 6 años, es preciso tener en cuenta que sí se ha producido alguna dilación, pero también hay que tener en cuenta la complejidad de la instrucción, el número de testigos, las dificultades de comunicación, ya que los hechos tuvieron lugar en El Barco de Ávila, y muchos trabajadores venían de Jerte de la provincia de Cáceres, la intervención de acusación particular, la intervención de peritos etc, por lo que no se consideran que las dilaciones indebidas se puedan apreciar como atenuante muy cualificada, sino como atenuante simple, y dado que la pena impuesta en los delitos aplicados se individualizó dentro del grado mínimo, aún apreciándose esa atenuante, la pena sería la misma, por lo que el motivo de recurso se rechaza.

QUINTO

Invoca la parte que recurre, ya citada, que la inhabilitación accesoria para el ejercicio de la empresa en todos los aspectos relacionados con la construcción y la profesión de encargado de obra en la persona de Isidoro sería improcedente, pues se le impuso en la instancia sin fundamentación alguna, debiéndose distinguir la imprudencia profesional de la imprudencia del profesional.

Sin embargo, en el art. 142.3 del CP se establece que cuando el homicidio fuese cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo.

En el caso puesto a la consideración de la Sala, se considera que en el hecho enjuiciado tuvo singular relevancia el que el encargado de la obra se ausentara dejando a los trabajadores sin medidas de seguridad, aún desempeñando labores de riesgo, lo cual supone una imprudencia derivada del oficio de encargado de obra. Ello además de que esta pena accesoria está especialmente prevista en el art. 56.1 , 3º del CP .

El motivo de recurso se rechaza.

SEXTO

Respecto a la cuantía que se fija en la sentencia recurrida, tanto la misma parte recurrente, en defensa de Isidoro , como el Ministerio Fiscal, piden su minoración. Y efectivamente la cantidad de 150.000 € que se fija en la instancia se considera excesiva, no por el hecho de que se valoren separadamente daños materiales y morales como realiza la acusación particular, sino por el hecho de que, incluso aplicando analógicamente la resolución reciente de 5 de marzo de 2014 del Ministerio de Economía y Competitividad, la indemnización por víctima sin esposa e hijos pero con ascendientes con los que convivía sería de 105.448,93 € (vid BOE de 15 de marzo de 2014) por lo que la Sala teniendo en cuenta la edad del fallecido, nacido el 20 de abril de 1979, de 28 años a la fecha de su fallecimiento, se fija la indemnización en la cantidad de 110.000 €, siendo indiferente que los padres del finado hayan recibido otras indemnizaciones, y, además no personándose en la Causa una hermana.
El motivo del recurso se estima en parte y el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Isidoro , Olegario y Vidal también se estima en parte, absolviéndose a estos dos últimos, y reduciéndose la indemnización que como responsabilidad civil se imponía en la instancia.

SEPTIMO

Recurre en apelación la defensa de la Cia de Seguros Reale Seguros Generales S.A.

Invoca la expresada defensa que la única razón por la que a esta Compañía se le condenó como responsable civil directa con la Cía aseguradora La Estrella es el seguro de responsabilidad civil suscrito entre la entidad Inmobarcense S.L. con esa entidad, y considera que no es cierto tal y como consta en el hecho probado, pues la citada aseguradora solo cubría el riesgo para responder de los trabajos de instalación, reparación y mantenimiento de fontanería, fumistería, aparatos sanitarios, calefacción y agua caliente sanitaria. Que la mercantil Inmobarcense S.L. realizaba la promoción, como contratista principal de las obras de construcción de un edificio nuevo, que se ejecutaba en El Barco de Ávila, cuando el trabajador Isaac sufrió el fatal accidente que determinó su fallecimiento, y que los trabajos asegurados se realizaban por otras empresas, que nada tenían que ver con la empresa Inmobarcense S.L.

Considera la aseguradora recurrente que el seguro al que se refiere la sentencia recurrida no tiene cobertura porque la actividad objeto del seguro no es la declarada sino otra.

La defensa de la Cia aseguradora Generali Seguros y Reaseguros S.A. (anteriormente la Cia La Estrella) impugna el anterior motivo de recurso, pues solo aportó, seguros Reale, las condiciones particulares de la póliza y no las condiciones generales, invocando incluso que en la página 8 de las condiciones particulares bajo el epígrafe de daños cubiertos por la póliza, se consignan las lesiones corporales o muerte causadas a personas físicas.

- En el presente caso consta que el trabajador fallecido Isaac trabajaba para la mercantil Construcciones Díaz Ávila S.L. según contrato de fecha 9 de julio de 2007 (folios 219 a 221) y que la entidad aseguradora aportó el seguro colectivo de accidentes (vid folios 221 y ss), y que la Cía aseguradora Reale aporta una póliza de seguros que se titula responsabilidad civil construcción, instalaciones y montajes (vid folios 487 y ss); y es cierto que en esa póliza solo están reflejados las condiciones particulares, y en el apartado de exclusiones consta que no es objeto de seguro la responsabilidad civil por accidentes de trabajo, entendiendo por tal, la que pueda ser exigida al asegurado por los accidentes sufridos por las personas intervinientes en la obra, instalación o montaje objeto de esa póliza (vid folio 491).

También es cierto que en esta póliza consta la descripción y características de riesgo asegurado y aparece la instalación, reparación y mantenimiento de fontanería, fumistería, aparatos sanitarios, calefacción y agua caliente sanitaria (vid folio 487).

Pero en las que llaman cláusulas específicas consta como objeto de seguro lo siguiente: "La presente póliza garantiza al asegurado, dentro de los límites de la ley, y de acuerdo con las condiciones, límites y condicionales del contrato, el pago de las indemnizaciones pecuniarias de las que pudiera resultar civilmente responsable POR DAÑOS PERSONALES... ocasionados a terceros.

Por otra parte en el apartado "Daños cubiertos por la póliza se especificó que está incluida dentro de la cobertura la lesión corporal o muerte causada a personas físicas (vid folio 494). Ya no se refiere a terceros.

En el presente caso, efectivamente se observa que la Cía de Seguros Reale no presenta las condiciones generales de la póliza, a las que se refiere el art. 3 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro firmado por asegurador y asegurada, y sí se observa que, la empresa Inmobarcense S.L. contrató un contrato de seguro de responsabilidad civil con los efectos y consecuencias que establecen los arts. 73 y 76 de la Ley de Contrato de Seguro , por lo que desconociéndose los términos reales en que se pactó el contrato, no aportándose las condiciones generales del mismo, la Sala opta por mantener el pronunciamiento de la sentencia recurrida, en el sentido de que la responsabilidad civil de esa aseguradora será directa hasta el límite del objeto del seguro concertado, máxime teniéndose en cuenta que las cláusulas de las condiciones pactadas en las cláusulas particulares también inducen a confusión (vid art. 1288 del C. Civil ).

Por todo ello se desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la Cia de seguros Reale Seguros generales.

OCTAVO

Las costas causadas en esta alzada se declaran de oficio, por aplicación de lo que disponen los arts. 239 y 240 de la L.E.Criminal , en relación al art. 123 del CP .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
I V - FALLAMOS

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Olegario , Vidal y Isidoro y la mercantil Inmobarcense S.L., apoyada por el Ministerio Fiscal, Y DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Cia de Seguros Reale Seguros Generales contra la sentencia nº 234/13 de fecha 31 de mayo de 2013 dictada por la Titular del Juzgado de lo Penal de Ávila en la causa nº 89/11, de la que el presente Rollo dimana, Y LA REVOCAMOS EN PARTE en el sentido de que debemos absolver y absolvemos a Olegario y a Vidal de un delito contra el derecho de los trabajadores y de otro de imprudencia grave con resultado de muerte, dejando sin efecto las penas que se les imponía en la instancia así como la responsabilidad civil contra ellos; y asimismo respecto a los que continúan condenados en la instancia, cuyos pronunciamientos se mantienen y confirman, tanto como responsables civiles directos y responsables civiles subsidiarios, se reduce la cantidad que, en concepto de responsabilidad civil deben indemnizar a los padres del trabajador fallecido a la cantidad de 110.000 €, en vez de los 150.000 € que figuran en la sentencia recurrida, que se dejan sin efecto y valor alguno, Y CONFIRMAMOS en lo demás la sentencia recurrida, en cuanto no se oponga a los anteriores pronunciamientos.

Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada.

Con certificación de esta sentencia, devuélvase la Causa al Juzgado de procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.
 
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Tu formación puede salirte gratis
Dossier productos tóxicos
III Congreso Compliance
 
Foros de formación