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Hacienda autonómica. Extremadura. Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente. Constitucionalidad

Tribunal Superior de Justicia

de Extremadura, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia núm. 16/2016 de 22 enero

JT\2016\103

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso contencioso-administrativo 574/2012

Ponente: Ilmo. Sr. D. Mercenario Villalba Lava

El TSJ de Extremadura desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una Resolución del TEAR de12-04-2012, relativa a liquidación girada en concepto de Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente.

T.S.J.EXTREMADURA SALA CON/AD

CACERES

 SENTENCIA: 00016/2016

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S.M. el Rey, ha dictado la siguiente:

SENTENCIA NUM. 16

PRESIDENTE:

DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS

MAGISTRADOS:

DOÑA ELENA MÉNDEZ CANSECO

DON MERCENARIO VILLALBA LAVA

DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU

DON CASIANO ROJAS POZO/

 En Cáceres a veintidós de enero de de dos mil dieciséis.

 Visto el recurso contencioso administrativo número 574 de 2012 , promovido el Procurador Don Enrique de Francisco Simón, en nombre y representación de " RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU" , siendo demandada la JUNTA DE EXTREMADURA, representada y defendida por el Sr. Letrado de su Gabinete Jurídico, recurso que versa sobre: Resolución de la Junta Económica Administrativa de la Comunidad Autónoma de 12 de abril de 2012, dictada en reclamación 142/2010 en concepto de Impuesto sobre Instalaciones que Incidan sobre el Medio Ambiente ejercicio 2006, 2007, 2008 y 2009. Cuantía 4.116.010,98 euros.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte actora se presentó escrito, mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.

SEGUNDO.- Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso; y dado traslado de la demanda a la parte demandada de la Administración para que la contestase, evacuó dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de las costas a la parte actora.

TERCERO.- Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron todas las propuestas, obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este período, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, se suspendió el proceso hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo. Una vez reanudada la tramitación del presente proceso, se señaló día para la votación y fallo del presente recurso, llevándose a efecto en el fijado.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

 Siendo Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Magistrado especialista Don MERCENARIO VILLALBA LAVA , que expresa el parecer de la Sala.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

.- La parte actora formula recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Junta Económico- Administrativa de Extremadura, que desestima la solicitud de rectificación de la Autoliquidación y devolución de ingresos indebidos de la cuota del Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, de los ejercicios citados de 2006, 2007, 2008 y 2009. La parte actora solicita la declaración de nulidad del acto administrativo impugnado. La Junta de Extremadura se opone a las pretensiones de la parte demandante.

SEGUNDO

.- Del examen del expediente administrativo se extrae que la liquidación del ejercicio de 2006, el 19-07-2006, el 19-7- 2006 se lleva a cabo por el transporte de energía, telefonía y telemática, al igual que los de igual fecha de 2007 del ejercicio de 2007, el 16-7-2008 por el mismo concepto y el del 28-7-2009.

 La primera cuestión que debe ser examinada es la influencia que tiene en el presente proceso contencioso-administrativo la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16-2-2015 , sentencia número 22/2015 , dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4538/2013 . La parte dispositiva de la sentencia recoge lo siguiente: "Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos, con los efectos previstos en el fundamento jurídico quinto de esta Sentencia, los artículos 2 a), 6 y 8 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo , de medidas fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente, en la redacción dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre , que regulan el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente".

 De ello resulta lo siguiente:

 1) Los artículos anulados de la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo , en la redacción dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre , son los siguientes:

 -Artículo 2.a). Hecho imponible.

 Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización por el sujeto pasivo, mediante los elementos patrimoniales afectos señalados en el artículo anterior, de cualquiera de las siguientes actividades:

 a) Las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica.

 -Artículo 6. Base imponible para actividades relacionadas con los procesos de producción de energía eléctrica.

 La base imponible para el supuesto de la letra a) del art. 2 de esta Ley estará constituida por la producción bruta media de los tres últimos ejercicios expresada en Kw/h.

 -Artículo 8. Cuota tributaria en las actividades de producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica.

 La cuota tributaria en las actividades de producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica será el resultado de multiplicar la base imponible obtenida conforme a lo dispuesto en el art. 6 por las siguientes cantidades:

 a) 0,0013 euros, en el caso de energía eléctrica de origen termonuclear.

 b) 0,0009 euros, en el caso de energía eléctrica que no tenga origen termonuclear.

 2) Distintos de estos preceptos son los siguientes artículos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo , en la redacción dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre , que no han sido anulados:

 -Artículo 2.b). Hecho imponible.

 Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización por el sujeto pasivo, mediante los elementos patrimoniales afectos señalados en el artículo anterior, de cualquiera de las siguientes actividades:

 b) Las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones.

 -Artículo 7. Base imponible para la actividad de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática.

 La base imponible para el supuesto de la letra b) del art. 2 de esta Ley estará constituida por la extensión de las estructuras fijas expresadas en kilómetros y en número de postes o antenas no conectadas entre sí por cables.

 -Artículo 9. Cuota tributaria en las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática.

 La cuota tributaria en las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática será de 601,01 euros por kilómetro, poste o antena obtenidos conforme a lo dispuesto en el art. 7 de esta Ley.

 3) Los artículos 2.b ), 7 y 9, que no han sido anulados, fueron incorporados a los artículos 13.b ), 18 y 20 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios.

 La conclusión es que lo anulado por el Tribunal Constitucional ha sido la modalidad del Impuesto que grava las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, sin que haya sido anulada ni esté, por tanto, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional la modalidad del tributo que grava las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones.

 El Tribunal Constitucional, a diferencia de otros supuestos como el contemplado en la sentencia 196/2012, de 31-10-2012 , que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad respecto de determinados artículos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente, no ha hecho uso del artículo 39.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre , del Tribunal Constitucional , que le hubiera permitido declarar la nulidad de los preceptos impugnados, así como de aquellos otros de la misma Ley, a los que debiera extenderse por conexión o consecuencia.

 Por tanto, no existe pronunciamiento de inconstitucionalidad de la modalidad del Impuesto que grava a la empresa demandante.

 

TERCERO

 

 .- La cuestión planteada por la parte actora está también resuelta en la doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias del Tribunal Supremo de 3-7-2014, dictadas en los recursos de casación números 939/2013 y 1884/2013 . Estas sentencias son posteriores al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el Auto de fecha 4-6-2013 , que solo planteaba la posible inconstitucionalidad de los artículos 2.a ), 6 y 8 de la Ley 7/1997, de 29 de mayo , de la Asamblea de Extremadura , en la redacción dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre , y no lo hacía de los artículos 2.b ), 7 y 9 de la misma norma que son los que afectan al presente supuesto de hecho, sin que apreciara dudas sobre la constitucionalidad de estos artículos en las sentencias de 3-7-2014 .

 La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3-7-2014 , recurso de casación número 1884/2013 , declara lo siguiente: "De acuerdo con lo que antecede, hemos de recordar que "el hecho imponible es un concepto estrictamente jurídico que, en atención a determinadas circunstancias, la Ley fija en cada caso para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria" ( SSTC 37/1987, de 26 de marzo , FJ 14 ; 186/1993, de 7 de junio , FJ 4 ; 289/2000, de 30 de noviembre , FJ 4 ; y 122/2012, de 5 de junio , FJ 3). Por el contrario, la expresión "materia reservada" la hemos interpretado como sinónimo de "materia imponible u objeto del tributo" ( SSTC 37/1987, de 26 de marzo , FJ 14, 289/2000, de 30 de noviembre , FJ 4 ; y 168/2004, de 5 de octubre , FJ 6), debiendo entenderse como toda fuente de riqueza, renta o cualquier otro elemento de la actividad económica que el legislador decida someter a imposición, de manera que en relación con una misma materia impositiva el legislador puede seleccionar distintas circunstancias que den lugar a otros tantos hechos imponibles, determinantes a su vez de figuras tributarias diferentes ( STC 289/2000, de 30 de noviembre , FJ 4; y en el mismo sentido, SSTC 168/2004, de 5 de octubre , FJ 6 ; 179/2006, de 13 de junio , FJ 4 ; y 122/2012, de 5 de junio , FJ 3). Pues bien, el límite previsto en el art. 6.2 LOFCA "no tiene por objeto impedir a las Comunidades Autónomas que establezcan tributos propios sobre objetos materiales o fuentes impositivas ya gravadas por el Estado, porque, habida cuenta de que la realidad económica en sus diferentes manifestaciones está toda ella virtualmente cubierta por tributos estatales, ello conduciría... a negar en la práctica la posibilidad de que se creen, al menos, por el momento, nuevos impuestos autonómicos" ( SSTC 37/1987, de 26 de marzo , FJ 14), de manera que "la prohibición de doble imposición en él contenida atiende al presupuesto adoptado como hecho imponible y no a la realidad o materia imponible que le sirve de base" ( STC 289/2000, de 30 de noviembre , FJ 4; 179/2006, de 13 de junio , FJ 4; 122/2012, de 5 de junio , FJ 3; y 197/2012, de 6 de noviembre , FJ 7), prohibiendo "la duplicidad de hechos imponibles, estrictamente" ( SSTC 37/1987, de 26 de marzo , FJ 14 ; 186/1993, de 7 de junio , FJ 4.c); 289/2000, de 30 de noviembre , FJ 4 ; 179/2006, de 13 de junio , FJ 4 ; y 210/2012, de 14 de noviembre , FJ 4). Por el contrario, el límite previsto en el art. 6.3 LOFCA "reconduce la prohibición de duplicidad impositiva a la materia imponible efectivamente gravada por el tributo en cuestión, con independencia del modo en que se articule por el legislador el hecho imponible" ( SSTC 289/2000, de 30 de noviembre , FJ 4 ; 179/2006, de 13 de junio , FJ 4 ; 122/2012, de 5 de junio , FJ 3 ; y 197/2012, de 6 de noviembre , FJ 7), por lo que "resulta vedado cualquier solapamiento, sin habilitación legal previa, entre la fuente de riqueza gravada por un tributo local y por un nuevo tributo autonómico" ( SSTC 289/2000, de 30 de noviembre , FJ 4 ; 164/2004, de 6 de octubre , FJ 6 ; y 179/2006, de 13 de junio , FJ 4). Ahora bien, para analizar si una Comunidad Autónoma ha sobrepasado en el ejercicio de sus competencias en materia tributaria los límites que le impone el art. 6 LOFCA y, por tanto, para determinar si ha incurrido en una doble imposición contraria a dicho precepto orgánico, ya lo sea con relación a los hechos imponibles gravados por el Estado, ya lo sea respecto de las materias imponibles reservadas a las corporaciones locales, el examen de los tributos que se reputan coincidentes no puede ceñirse a la mera comparación de la definición legal de sus hechos imponibles, debiendo abarcar también los restantes elementos del tributo que se encuentran conectados con el hecho imponible, tales como los supuestos de no sujeción o exención, los sujetos pasivos, la base imponible, los elementos de determinación de la deuda tributaria y, en fin, la posible concurrencia de una finalidad extrafiscal reflejada, no en el preámbulo de la norma reguladora, sino en la propia estructura del impuesto ( SSTC 122/2012, de 5 de junio , FJ 4 ; y 210/2012, de 14 de noviembre , FJ 4)." Así las cosas, en cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ninguna duda puede existir acerca de la falta de duplicidad, tras la reforma operada en el Impuesto por la Ley 8/2005, de 28 de diciembre , en el sentido de gravar la actividad y no la titularidad de elementos patrimoniales. Baste con decir que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 289/2000, de 30 de noviembre , que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de las Islas Baleares 12/1991, de 20 de diciembre , reguladora del Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, declaró en el F.J.5. "Ciertamente, si el IBIAMA gravase la actividad contaminante internalizando los costes derivados de actuaciones «distorsionadoras del medio ambiente» -como dice la Exposición de Motivos de la Ley- ninguna tacha cabría hacerle desde la perspectiva del art. 6.3 LOFCA en relación con el IBI: ambos impuestos gravarían fuentes de riqueza distintas y, en consecuencia, afectarían a materias imponibles dispares." Y la Sentencia 179/2006, de 13 de junio , tras recordar la doctrina de anteriormente reseñada con respecto al IBIAMA, sienta el criterio de que el primitivo Impuesto extremeño regulado en la Ley 7/1997, de 29 de mayo , de la Asamblea de Extremadura, gravaba la mera titularidad de bienes inmuebles, con independencia de su aptitud para incidir o no en el medio ambiente, incurriendo de este modo en la prohibición prevista en el art. 6.3 LOFCA , por su solapamiento con la materia imponible del BI, reservada a las haciendas locales. No es este el caso de la regulación de la Ley 8/2005 , contenida hoy en el Texto Refundido, aprobado por Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre , puesto que en él se gravan actividades con incidencia en el medio ambiente, a través de las instalaciones y elementos afectos a las mismas. Respecto de la alegada duplicidad con el IAE, tampoco esta Sala comparte el criterio de la entidad recurrente. Lógicamente puede existir una duplicidad tan solo parcial, derivada del hecho, reconocido en la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2014, de 10 de abril , (desestimatoria de la cuestión de inconstitucionalidad suscitada en relación con la Ley que creó el Impuesto asturiano sobre grandes superficies comerciales) de que "el impuesto sobre actividades económicas grava únicamente la existencia en abstracto de una actividad comercial con independencia del resultado, lo que se traduce en que tiene una clara finalidad de gravar, pero también registrar como un censo, todas las actividades económicas en general, por lo que es fácil deducir que siempre habrá una coincidencia parcial entre este tributo y cualquier otro autonómico que pretenda gravar algún aspecto concreto de alguna actividad económica." Ahora bien, el Impuesto sobre Actividades Económicas grava, efectivamente, el mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas ( artículo 78.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), por los sujetos pasivos, personas físicas o jurídicas, que las realizan (artículo 83) y la cuota tributaria se determina con arreglo a las tarifas aprobadas por el Gobierno, en las que se fijan la cuotas mínimas, atendiendo siempre al beneficio medio presunto de la actividad gravada (artículos 84 y 85). Y en el caso de las Tarifas para los servicios de telefonía fija y otros servicios de telecomunicación, se fijan en función del número de abonados (epígrafes 761.1 y 769 de las tarifas, respectivamente) y para el servicio de telefonía móvil en función del número de abonados y de antenas (epígrafe 761.2 de las Tarifas). En cambio, el IIIMA es un impuesto directo propio de la Comunidad Autónoma de Extremadura que grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura ocasiona la realización de las actividades a que se refiere esta Ley, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta y a frenar el deterioro del entorno natural (artículo 12.1 del Texto Refundido). En consonancia con dicha configuración, el hecho imponible es la realización por el sujeto pasivo, mediante los elementos patrimoniales afectos, de las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones (artículo 13.b). La base imponible está constituida por la extensión de las estructuras fijas expresadas en kilómetros y en número de postes o antenas no conectadas entre sí por cables ( artículo 18). En fin, la cuota tributaria en las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática será de 700 euros por kilómetro de poste o antena, obtenidos conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley (artículo 20). Por tanto, lo que se grava en el Impuesto extremeño es la utilización de postes y antenas en la actividad de telefonía o telemática, por su incidencia en el medio ambiente, en la forma que se expone a continuación y la tributación se lleva a cabo a través de una configuración de los elementos de determinación de la cuota a satisfacer que nada tienen que ver con los rendimientos económicos de la actividad. Si ponemos en relación los elementos cuantificadores del Impuesto extremeño (Base y cuota) con el hecho imponible, resulta claro que la finalidad perseguida no es meramente recaudadora, sino de desecentivación de determinadas actividades que inciden desfavorablemente en el medio ambiente, confirmándose de esta forma lo expuesto en la Exposición de Motivos de la Ley 8/2005, de 27 de diciembre "El impuesto sigue gravando las actividades que inciden en el medio ambiente, concretamente la producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica, así como el transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática, efectuados por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones. Con la presente reforma, se hace bascular de forma clara el hecho imponible sobre el ejercicio de dichas actividades perturbadoras del medio ambiente a través de instalaciones sitas en el territorio extremeño, realizándose una depuración de técnica legislativa que supone una aclaración del anterior artículo 6.1, que ya consideraba titular de las instalaciones a quien «realice las actividades que integran el objeto del tributo». La reforma, pues, ya especifica de forma terminante que el hecho imponible es la realización de las actividades consideradas normativamente como perturbadoras del medio ambiente, y que el sujeto pasivo es quien realice dichas actividades." Por tanto, no existe finalidad exclusivamente recaudadora (como reconoce el Tribunal Constitucional en la Sentencia 53/2014 , difícilmente existirán impuestos extrafiscales químicamente puros y los impuestos recaudatorios pueden cumplir también una finalidad extrafiscal), sino que lo que se pretende es la internalización de los costes medioambientales que suponen el ejercicio de la actividad gravada, dando lugar a un impuesto pigouviano. En esta línea, en la Sentencia de 17 de febrero de 2014 (recurso de casación 561/2003 ), en la que estaba en juego la constitucionalidad del Impuesto asturiano que grava el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, y en concreto de la de transporte y distribución de energía eléctrica, y en el que la base se fija también en función de la extensión de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, destinados al suministro de energía eléctrica, expresado en Kilómetros lineales, se ha declarado: "En otras palabras y, por lo que en este recurso de casación interesa, las personas físicas o jurídicas que transportan y distribuyen energía eléctrica utilizando tendidos de media y alta tensión, por el efecto que los elementos fijos de esos tendidos tienen en el paisaje, con el desarrollo de su actividad inciden, alteran o ponen en riesgo el medio ambiente, resultando por ello obligados al pago anual de 700 euros por cada kilómetro lineal. Este impuesto es, pues, un tributo, directo, real, objetivo y periódico, que no grava el ejercicio de una actividad económica en sí misma considerada, sino en cuanto dicha actividad se desarrolla a través de los mencionados bienes e instalaciones, habida cuenta de su incidencia medioambiental. Tan es así, que la base imponible y la cuota tributaria nada tienen que ver con los rendimientos económicos derivados del ejercicio de la actividad. Además, su finalidad extrafiscal se confirma a la vista de la íntegra afección de los ingresos recaudados a la financiación de medidas y programas de carácter medioambiental." Por lo expuesto, el motivo no prospera... Es doctrina del Tribunal Constitucional (por todas, Sentencia 148/1986, de 25 de noviembre ), la de que "el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad es prerrogativa exclusiva e irrevisable del órgano judicial, conferida por el art. 35.1 de la LOTC como cauce procesal para resolver las dudas que él mismo pueda tener acerca de la constitucionalidad de una Ley que se revela de influencia decisiva en el fallo a dictar, habiendo declarado este Tribunal en numerosas ocasiones que el hecho de que el órgano judicial no haya considerado conveniente formular cuestión de inconstitucionalidad no da base a un recurso de amparo." Por ello, es presupuesto necesario para el planteamiento de la cuestión que el Juez o Tribunal competente para resolver un pleito tenga dudas sobre la constitucionalidad de cuya validez dependa el fallo y ésta última circunstancia no concurre en el presente caso".

CUARTO

 .- En la sentencia del Tribunal Supremo de la misma fecha 3-7-2014 , recurso de casación número 939/2013 , se detalla lo siguiente en el fundamento de derecho quinto: "El texto del artículo 6.3 de la LOFCA , en la redacción vigente cuando el hecho imponible en este proceso se produjo establecía: "Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserva a las Corporaciones Locales, en los supuestos en que dicha legislación lo prevea y en los términos que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.". La interpretación que el texto citado exige la refleja el Tribunal Constitucional en su sentencia 210/2012 de 14 de noviembre cuando afirma: Teniendo en cuenta que no sólo el Estado, sino también las entidades locales, habilitadas mediante una ley del Estado ( STC 233/1999, de 16 de diciembre , FFJJ 9 y 10), han establecido tributos sobre las principales manifestaciones de capacidad económica (renta, consumo y patrimonio), es preciso llevar a cabo una interpretación sistemática de las prohibiciones de equivalencia contenidas en los apartados 2 y 3 del art. 6 LOFCA , en consonancia con el propio reconocimiento de poder tributario que se contiene también en el apartado primero del mismo art. 6. Ello es coherente con la finalidad última que cumplen estos límites, que es la coordinación del ejercicio de las competencias tributarias de las Comunidades Autónomas, dentro de la función que hemos reiterado que cumple la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas en el bloque de la constitucionalidad, como norma estatal que delimita las competencias financieras autonómicas ( SSTC 72/2003, de 10 de abril , FJ 5 ; 31/2010, de 28 de junio , FJ 130 ; y 32/2012, de 15 de marzo , FJ 6). Al impedir a las Comunidades Autónomas establecer tributos equivalentes a los ya establecidos por el Estado y las entidades locales lo que se pretende evitar es, en suma, que se produzcan dobles imposiciones no coordinadas, garantizando de esta manera que el ejercicio de poder tributario por los distintos niveles territoriales sea compatible con la existencia de "un sistema" tributario en los términos exigidos por el art. 31.1 CE ( SSTC 19/1987, de 17 de febrero , FJ 4 ; y 19/2012, de 15 de febrero , FJ 3 b)). En consecuencia, y como hemos afirmado en nuestra reciente STC 122/2012 , anteriormente citada, en relación con el apartado 3 del art. 6 LOFCA , doctrina que ahora debemos trasladar también al apartado 2, para determinar si se han vulnerado las prohibiciones de doble imposición contenidas en dicho precepto, el examen de los tributos que se reputan coincidentes no puede ceñirse a la mera comparación de la definición legal de sus hechos imponibles, de manera que "no es posible afirmar si existe una coincidencia de hechos imponibles de dos impuestos tan sólo porque su definición sea o no gramaticalmente idéntica, ya que será preciso atender a las circunstancias que ha seleccionado el legislador para dar lugar a los hechos imponibles de ambos impuestos" ( STC 122/2012 , FJ 4 EDJ). Por tanto, el método de comparación deberá tomar el examen del hecho imponible como punto de partida, pero abarcando también "los restantes elementos del tributo que se encuentran conectados con el hecho imponible, es decir, los sujetos pasivos, que constituyen el aspecto subjetivo del tributo, la base imponible, que representa la cuantificación del hecho imponible, la capacidad económica gravada... o los supuestos de no sujeción y exención", extendiéndose lógicamente también a los elementos de cuantificación del hecho imponible ( STC 122/2012 , FJ 7). Entre los elementos a comparar se encuentra lógicamente la posible concurrencia de fines extrafiscales en el tributo o, en alguno de sus elementos, ( STC 122/2012 , FJ 4), si bien teniendo en cuenta, como también hemos reiterado, que para que la finalidad extrafiscal tenga consecuencias en la comparación no bastará con que el correspondiente preámbulo de la norma declare dicho objetivo, sino que es preciso que dicha finalidad encuentre reflejo en los elementos centrales de la estructura del tributo (por todas, STC 289/2000, de 30 de noviembre , FJ 5). En definitiva, para apreciar la coincidencia o no entre hechos imponibles, que es lo prohibido en el art. 6 LOFCA , se hace preciso atender a los elementos esenciales de los tributos que se comparan, al objeto de determinar no sólo la riqueza gravada o materia imponible, que es el punto de partida de toda norma tributaria, sino la manera en que dicha riqueza o fuente de capacidad económica es sometida a gravamen en la estructura del tributo. El análisis que la entidad recurrente hace en el motivo ahora analizado acerca de la identidad de ciertos elementos estructurales de los tributos contrastados es radicalmente insuficiente para la obtención de los fines pretendidos si el tributo impugnado tiene una finalidad "extrafiscal" lo que se acredita en el asunto enjuiciado porque el tributo desmotiva la instalación de tendidos y postes, y, afecta a la totalidad de la recaudación obtenida a las políticas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad. En todo caso no cabe duda que aunque el impuesto ahora gravado tome en consideración los Bienes Inmuebles eso tiene lugar desde una perspectiva (la incidencia medioambiental que los inmuebles tienen) absolutamente extraña a su gravamen en el IBI. Otro tanto cabe decir con respecto al IAE pues el objeto del tributo ahora examinado no es la actividad económica sino la incidencia que en el medio ambiente tienen algunos de los bienes generadores de la Actividad Económica, lo que es cosa bien distinta. Todo lo razonado comporta la desestimación del motivo".

QUINTO

 .- La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3-7-2014 , recurso de casación número 939/2013 , en el fundamento jurídico séptimo estudia la alegación sobre la vulneración de los principios de capacidad económica, igualdad, generalidad y no confiscatoriedad. En el fundamento jurídico séptimo, señala dicha sentencia: "El principio de capacidad económica para la adecuada configuración de los tributos ha de ser tomado en consideración en los tributos no fiscales, y según doctrina del Tribunal Constitucional, de "alguna manera", y no ofrece dudas que las estructuras que se tienen en cuenta para la configuración del tributo aquí impugnado son representativas de esa capacidad económica que se dice desconocida. El hecho de que se hayan elegido determinadas actividades como objeto de gravamen no supone una vulneración de los principios de igualdad y generalidad. El margen de apreciación que es preciso reconocer al legislador permite que éste grave unos hechos y no otros. Tampoco el principio de generalidad puede estimarse vulnerado si se tiene presente la regulación del tributo mencionado afecta de la misma manera a todos los que se encuentran en idénticas situaciones. Tampoco puede entenderse vulnerada la prohibición de confiscatoriedad si se tiene presente que mediante este principio el Tribunal Constitucional niega que se pueda agotar la riqueza imponible, lo que evidentemente no sucede en la tasa impugnada. Todo lo anteriormente razonado supone una negación implícita de la concurrencia de las infracciones de los artículos 133.2 y 157.1 de la Constitución , pues es patente que la CCAA demandada actúa en el ejercicio de sus propias competencias y sin entrometerse en las que corresponden a otros entes".

SEXTO

 .- La parte actora alega que el Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente es contrario a la normativa comunitaria y que la Sala debería plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, estimamos que se cumple con el principio de que "quien contamina paga", lo que se refleja en que a mayor contaminación paisajística producida en el entorno natural por los postes o cables, mayor es el efecto fiscal, siendo el efecto disuasorio más que evidente, por cuanto la base imponible del impuesto se calcula en función del número de postes o longitud del cableado. Las compañías eléctricas y de telefonía disponen de la alternativa de construir la red operativa con diferentes soluciones, agrupada, con más o menos postes, etc., o por el contrario, construir su red de comunicaciones sembrando indiscriminadamente el terreno con sus repetidores o tendidos. Cada alternativa empresarial tiene distinto coste y distintas consecuencias respecto al entorno natural, consecuencias que el tributo pretende condicionar favorablemente minimizando la contaminación paisajística.

 El Tribunal Supremo en la sentencia de fecha 3-7-2014 , recurso de casación número 1884/2013 , declara lo siguiente: "QUINTO.- En el tercer motivo, se alega vulneración del Real Decreto Legislativo 1/008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, así como la Directiva 2008/1/CE del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, de 15 de enero de 2008, en cuanto ninguna de la normas citadas incluyen la actividad de telefonía entre las que inciden en el medio ambiente. Recalca la recurrente que la sentencia pone de relieve en el Fundamento de Derecho Tercero, que en la nueva versión de la Ley reguladora del IIIMA, hoy recogida en el Texto Refundido, se grava "la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que ocasiona en el medio ambiente la realización de determinadas actividades (eléctricas, telefónicas o telemáticas).", pues, en efecto, según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo, se gravan las mismas cuatro actividades que establecía la Ley 7/1997 para la energía eléctrica, pero se añade a ello, en lo referente a la telefonía y telemática, la de su transporte (según el artículo 13.2 quedan gravadas "las actividades de transporte, de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones"). Frente a ello, la tesis de la recurrente es la de que sus instalaciones ni alteran, ni inciden, ni tienen el riesgo de deterioro alguno sobre el medio ambiente, por lo que la liquidación girada no tiene fundamento alguno para su exigencia. Según la recurrente, la transmisión de señales telefónicas y telemáticas no tiene incidencia alguna medioambiental, es neutra y lo que es más, ello no ha sido demostrado por quien tenía la carga de probarlo en el proceso, esto es, la Administración extremeña. Se insiste en que no existe en el expediente administrativo ningún estudio, informe, memoria o dictamen de órgano administrativo alguno de Extremadura, o incluso de estudio técnico de experto independiente, que ponga de manifiesto que las instalaciones, los elementos fijos de las redes de las comunicaciones telefónicas (artículo 12.2 del Decreto) incidan en el medio ambiente , ocasionando una degradación o deterioro del mismo, añadiendo que "mi representada solicitó se trajeran a los autos alguno de esos estudios o informes, pero como ya sabemos nunca fueron aportados por la Administración, a pesar de haberse librado expreso oficio judicial al respecto". Tras ello, se pone de relieve que existen normas específicas que pueden ser utilizadas para verificar cuando una determinada actividad incide en el medio ambiente y así, se trae a colación la Ley de Evaluación de Impacto Medio Ambiental de 1986, desarrollada por Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre y modificada, en cuanto a la infracción que nos ocupa por la Ley 6/2001, de 8 de mayo , que a su vez es trasposición de la Directiva del Consejo 85/337/CE , relativa a la evaluación medioambiental de determinados proyectos públicos y privados (DOCE de 5.-7-1985-), modificada posteriormente en varias ocasiones, de la que apenas se separa. Pues bien, se argumenta que en la citada Ley de 1986 se incluye el listado de proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obra, instalaciones u otra actividad, que deben someterse a estudio de impacto medioambiental, porque, obviamente, inciden en el medio ambiente y ocurre que en el Anexo correspondiente, después modificado y ampliado a dos anexos más por la Ley 6/2001 , y definitivamente refundido por el Real Decreto Legislativo 1/2006, hoy vigente, se incluyen actividades tales como refinerías de petróleo, gas, centrales térmicas, residuos radioactivos, instalaciones químicas, pero en ningún caso instalaciones o estructuras telefónicas o telemáticas, no existiendo una sola referencia a actividades telefónicas o telemáticas. Además, la regulación del impacto medioambiental de la Ley de 1986, y, por tanto, de los Anexos modificados por la Ley 6/2001, y del RDL 1/2008 , tienen carácter de legislación básica del Estado sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con el artículo 149.1.23 de la Constitución ( Disposición Final Tercera de la Ley del 86, añadida por la Ley 6/2001 en su artículo Dos y Disposición Final Primera del RDL 1/2008 ), sin que, por tanto, pueda la Comunidad de Extremadura calificar actividades con afectación medioambiental, sin respaldo normativo alguno. Se llama la atención acerca de que ni tan siquiera en el ámbito autonómico extremeño, en concreto en el Decreto 45/1991, de 16 de abril , las instalaciones de telefonía están necesitadas de estudio impacto medioambiental, ni siquiera simplificado. Por ello, se critica que en el Fundamento de Derecho Sexto de la sentencia se diga que las actividades de la recurrente tienen "reconocida su incidencia medioambiental", que en el Fundamento de Derecho Quinto se afirme que el hecho imponible viene determinado por la realización de actividades consideradas "normativamente" como perturbadoras del medio ambiente" o que en el Fundamento de Derecho Octavo se manifieste que "no pudiendo negarse un margen de actuación a favor del Legislador para determinar de todas las actividades que pudieran afectar al medio ambiente las que decide gravar o el ejercicio de su libertad de configuración en la selección del objeto de gravamen siempre que se elijan actividades potencialmente perturbadoras para el medio ambiente... La normativa sectorial en materia de evaluación de impacto medioambiental citada por la parte actora no tiene que ser necesariamente coincidente con la normativa tributaria que estamos examinando...", afirmándose que esto último supone justificar la imposición del tributo de modo arbitrario, pues el legislador, al establecer un tributo pretendidamente medioambiental, no es libre en el sentido que se indica en la sentencia, ya que las normas de Derecho Administrativo deben ser tomadas en consideración al respecto. "El legislador tributario en cualquier ámbito (se afirma)... está obligado a trasladar, en su caso, aun tributo medioambiental, aquello que incide en el medio ambiente que ha sido dictaminado o incluido por una ley". Desde otro punto de vista, se pone de relieve que si la regulación del impuesto se refiere al impacto paisajístico de las instalaciones, no tendría sentido que estuvieran no sujetas al pago del impuesto, las de energía eólica o solar, dada su mayor dimensión. Finalmente, se aduce también que la actividad de Telefónica no está incluida entre las que pueden causar contaminación, en el artículo 2 de la Directiva del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea 2008/1/CE , relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, que define esta última como "la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente ". Por su parte, el Letrado de la Junta de Extremadura opone que en la página Web de la recurrente, de la que indica el enlace de internet, reproduciéndose la impresión digitalizada del informe de sostenibilidad 2012, se explica sin tapujos que su actividad tiene incidencia en el medio ambiente y que está preocupada por ello, poniendo de manifiesto el compromiso por compartir emplazamientos con otras operadoras a fin de reducir ese impacto. Por ello, concluye, afirmando que "lo cierto y verdad es que los postes de telecomunicaciones tienen una reconocida afección sobre el entorno natural más que evidente y también es más que evidente que la compañía recurrente es consciente de ello, pues así lo confiesa en su web institucional". Dicho lo anterior, la Sala considera que el motivo resulta inadmisible, en lo que respecta a la posible contradicción de la normativa extremeña con el Real Decreto Legislativo 1/008, de 11 de enero , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, así como la Directiva 2008/1/CE del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, de 15 de enero de 2008, en la medida en que tal cuestión no fue planteada en el escrito de demanda, por lo que tiene carácter de "nueva", no susceptible de resolver por vía de recurso de casación y, de haberse suscitado, dado el silencio de la sentencia acerca de ella, el motivo hubiera debido plantearse por la vía del artículo 88.1.c) de la Ley de esta Jurisdicción . Por otra parte, es patente que reducir el impacto medioambiental a la simple transmisión de señales supone una visión muy reducida del problema, no contemplando la necesaria construcción y mantenimiento de elementos que permitan dicha actividad. Sin emitir una valoración detallada de la incidencia entre la actividad gravada y el medio ambiente, que no corresponde hacer a esta Sala, si no al legislador, que sí lo ha hecho en el presente caso, sí debe ponerse de relieve, de un lado, que la incidencia está reconocida por la propia recurrente, según opone el Letrado de la Junta de Extremadura y, de otro, que la de carácter paisajístico es patente para cualquier observador. En todo caso, en la página WEB de Telefónica a que se refiere en su escrito de oposición el Letrado de la Junta de Extremadura, puede leerse en lo relativo al "Despliegue de la red": "Los aspectos medioambientales de las actividades de Telefónica están relacionados con la infraestructura necesaria para dar servicio al cliente. De cara a minimizar el impacto usual, y sin reducir la calidad del servicio, seleccionamos la mejor ubicación para desplegar nuestra red y realizamos actuaciones de mimetización. La iniciación en adecuación de actuaciones en 2013 para reducir el impacto, ascendió a 3,9 millones de euros en 2013. En este sentido, también merece la pena destacar la compartición de 34.400 infraestructuras (sitios móviles) con otros operadores. En Telefónica controlamos los depósitos de combustible que den soporte energético a la red de telecomunicaciones y no sólo en instituciones de emergencia, para evitar la contaminación del suelo. Cuando nuestra red se ubica en un entorno público, prestamos atención a la forma, la flora y el paisaje. Antes de realizar cualquier construcción, realizamos estudios de impacto medioambiental". Igualmente, al hacer referencia al sistema de gestión medioambiental, y tal como pone de relieve el Letrado de la Junta de Extremadura, se indica que el objetivo es "la prevención y utilización de impactos medioambientales". Finalmente, desde la necesaria protección de paisaje como elemento incluido en el medio ambiente, no puede alegarse que no se encuentren sometidas al impuesto otras actividades como la energía eólica o solar, pues el legislador es libre de apreciar circunstancias por las cuales queden exceptuadas las mismas de tributación. Pero es que además, la no sujeción no es absoluta, pues el artículo 14 del Decreto Legislativo dispone: "No estarán sujetas al Impuesto las actividades que se realicen mediante instalaciones y estructuras que se destinen a la producción y almacenaje de los productos a que se refiere el artículo 13 para el autoconsumo, ni la producción de energía eléctrica en instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar o la eólica y en centrales que utilicen como combustible principal la biomasa o el biogás, salvo que éstas alteren de modo grave y evidente el medio ambiente." El motivo no prospera... SÉPTIMO.- En el sexto motivo se alega Infracción de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en las Sentencias 289/2000 y 179/2006 , en cuanto el tributo tiene carácter fiscal y no medioambiental y la cuantía del gravamen no depende de la incidencia en el medio ambiente. Se aduce que no se encuentra en la Ley 8/2005 , ni en el Decreto Legislativo 2/2006 , referencia alguna, al menos respecto a la telefonía, en orden a estimular las acciones protectoras del medio ambiente ni a disuadir del incumplimiento de obligaciones de naturaleza medioambiental. Es obvio, siempre según la recurrente, que el tributo se dirige a unos concretos sujetos pasivos, cortos en número, pero con potencia recaudadora y por ello, entiende aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en el Fundamento de Derecho Nueve de la Sentencia 179/2006 , en la que se dijo: "En efecto, aunque el impuesto extremeño se configura formalmente como un tributo extrafiscal con una finalidad medioambiental, sin embargo, no existe la necesaria conexión entre la finalidad que se dice perseguir (la protección del medio ambiente ) y el medio que se adopta para su consecución (el gravamen de los elementos patrimoniales), pues se hace total abstracción del modo en que cada instalación gravada incide en el medio ambiente en el que se desenvuelve (de manera que ni se estimula la realización de conductas respetuosas con el medio ambiente ni se desincentivan aquellas otras que sean nocivas para el mismo), gravando únicamente el valor de unas instalaciones". Según la recurrente, la sentencia impugnada ignora la argumentación expuesta, ya que, al menos respecto a la telefonía, el tributo no puede conceptuarse como medioambiental. En cuanto a los ingresos, volviendo a la Sentencia del Tribunal Constitucional 179/80 , se afirma que en ella que "la afectación del gravamen a la finalidad que se dice perseguida no es más que uno de los varios indicios -y no precisamente el más importante- a tener en cuenta a la hora de calificar la verdadera naturaleza del tributo, esto es, de determinar si en el tributo autonómico prima el carácter contributivo o una finalidad extrafiscal. Y, en segundo lugar, porque basta la mera lectura de la citada disposición adicional para constatar que no existe la pretendida afectación a actuaciones concretas tendentes a combatir o reparar el daño provocado al medio ambiente por quienes son llamados por la norma legal al pago del tributo, sino una previsión genérica para financiar cualquier medida o programa de carácter medio ambiental como, por ejemplo, los programas «que estimulen la reducción, reutilización y reciclaje de residuos» o «de apoyo al transporte público". En función de lo expuesto, se defiende que la sentencia impugnada vulnera la del Tribunal Constitucional, desde el momento en que se advierte que el tributo no es un auténtico tributo medioambiental, ya que no grava todas las actividades dañinas, para el medio ambiente y no contiene medidas disuasorias y del estímulo. La repetición del argumento de la recurrente es patente, por lo que el motivo se desestima en función de lo expuesto en el Fundamento de Derecho Cuarto. OCTAVO.- Finalmente, en el séptimo y último de los motivos, se alega infracción del artículo 31.1 de la Constitución y en concreto de los principios de capacidad económica, igualdad y generalidad y no confiscatoriedad, así como de los artículos 133.2, 157.1 y 9 de la Norma Suprema. Se argumenta que la relación entre el principio de capacidad económica y la incidencia en el medio ambiente de las estructuras e instalaciones es inexistente, afirmándose que "podría el tributo cumplir este principio si fuera realmente de carácter medioambiental, bien por la entrada de contaminantes en la atmósfera o por cualquiera otra referencia a aspectos medioambientales. Pero el caso es que al tributarse por la extensión de las infraestructuras, ya no se tributa en función de la capacidad económica, sacrificándose este principio en aras a obtener mayor tributación". Se alega igualmente que si el objeto del impuesto, fuera la incidencia en el medio ambiente, debían estar incluidas las actividades de todas las empresas que incidieran en el mismo. "Sin embargo, solo se grava a empresas, escasas en número, pero con alto poder económico, lo que acredita la nula ecuanimidad buscada al fijar el objeto tributario" y "no solo no se gravan todas las actividades que pudieren contaminar sino aquellas como la de mi representada que ni siquiera lo hacen". Se imputa igualmente al impuesto extremeño ser confiscatorio, al no tomar en consideración una actividad contaminante. En cuanto a la infracción de los artículos 133.2 y 157.1 de la Constitución viene determinada, según la recurrente, porque "la sentencia impugnada avala que la Comunidad extremeña pueda legislar sobre un tributo que no le corresponde a una Comunidad Autónoma, al ser un tributo subsumible en el Impuesto de Actividades Económicas o en el de Bienes Inmuebles, propios de la Administración Local" ( artículo 6.3 de la LOFCA ), extremo éste en el que la recurrente da por reproducido lo expuesto, al defender en anterior motivo, el solapamiento del IIIMA con el IBI y el IAE. El motivo se desestima por las razones que se exponen a continuación. Ciertamente el principio de capacidad económica que consagra el artículo 31 de la Constitución no autoriza la existencia de impuestos que graven meramente riquezas virtuales o ficticias, pero sí permite someter a gravamen manifestaciones de una riqueza meramente potencial, caso en el que el referido principio queda a salvo según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (por todas, Sentencia 37/1987 (FJ 13º). Y en el supuesto que nos ocupa, la normativa del tributo, antes reseñada, ofrece signos indicadores de la capacidad económica requerida y que han sido expuestos en el Fundamento de Derecho Cuarto. Por otra parte, a partir de la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia 96/2002, de 25 de abril , F.J. 7 a 9), el legislador una amplia libertad de configuración normativa, a la hora de gravar la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades a través de las instalaciones y demás elementos afectos a las mismas radicados en Extremadura -finalidad constitucionalmente legítima ex artículo 45 de la CE -, no parece que pueda tacharse como arbitrario que en la regulación del IIIMA se seleccione, de entre todas las actividades realizadas en el territorio extremeño que alteran o ponen en riesgo de deterioro el medio ambiente, aquéllas que se consideran más perturbadoras o que simplemente se exceptúe del gravamen a otras actividades en función de circunstancias específicas. Tampoco puede afirmarse que el Impuesto sea confiscatorio, dado su falta de solapamiento con el IBI y el IAE y su carácter extrafiscal. En fin, si bien es cierto que los límites contenidos en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas reflejan que la competencia autonómica para establecer tributos ex novo no se configura constitucionalmente en términos absolutos, sino que se encuentra sujeta a los límites establecidos en las leyes del Estado, también lo es que en el presente caso no se han sobrepasado los mismos, extremo en el que también nos remitimos a lo expuesto en el Fundamento de Derecho Cuarto, rechazándose por ello la infracción de los artículos 133.2 y 157.1 de la Constitución ".

SÉPTIMO

 .- Junto a lo anterior, no podemos dejar de mencionar que la reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11-6- 2015 , dictada en el recurso de casación número 6058/2010 , vuelve a enjuiciar en el fundamento de derecho octavo el hecho imponible objeto de la Autoliquidación correspondiente a la modalidad de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática. El fundamento de derecho octavo de la sentencia mencionada señala lo siguiente: "En cambio, en cuanto al transporte de energía eléctrica, debe confirmarse la sentencia impugnada, por cuanto frente a la argumentación contenida en el Fundamento de Derecho Undécimo de la misma, el recurso de casación se basa únicamente en la defensa de la inconstitucionalidad de la Ley extremeña, siendo así que las Sentencias de esta Sala de 3 de julio de 2014 (recurso de casación 1884/2013 ) y 3 de julio de 2014 (recurso de casación 939/2013 ) han rechazado el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial comunitaria, respecto del IIIMA, en la modalidad en que grava las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones, por las razones que en ellas se exponen y a las que nos remitimos".

 También citamos la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17-2-2014 , recurso de casación número 561/2013 , que examina el Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente del Principado de Asturias con una configuración similar a la modalidad del Impuesto extremeño.

 En atención a todo lo expuesto y el resto de la fundamentación jurídica de las sentencias citadas del Tribunal Supremo, que damos por reproducidas, no existe vulneración de los preceptos constitucionales y comunitarios, por lo que no procede plantear la cuestión de constitucionalidad o la cuestión prejudicial en lo que se refiere a la modalidad gravada de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones.

OCTAVO

 .- En el presente proceso contencioso-administrativo, la norma que resulta aplicable es el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios. En la modalidad del tributo que estamos examinando, la nueva regulación no ha sido anulada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 16-2-2015 y el Tribunal Supremo ha desestimado la necesidad de plantear cuestión de constitucionalidad en las sentencias dictadas en los recursos de casación números 1884/2013 , 939/2013 y 6058/2010 . El Impuesto debe examinarse en el contexto del principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, al que la doctrina constitucional ha caracterizado como un instrumento indispensable para la consecución de la autonomía política. El Legislador autonómico incide en las actividades que considera más perturbadoras para el medio natural de Extremadura, y en relación a ello, establece un tributo que estimula la realización de actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática para que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. No puede dudarse de que el impuesto autonómico pretende frenar las instalaciones destinadas al transporte por elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de comunicaciones telefónicas o telemáticas, de las que no puede negarse su incidencia medioambiental. Asimismo, se manifiesta la voluntad de la Ley de establecer una serie de medidas beneficiosas a favor del medio ambiente, en cumplimiento del artículo 12.3 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios. En consecuencia, estamos ante un impuesto que no grava el mismo hecho imponible que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto autonómico se coloca así entre las figuras tributarias de gravamen de riesgo con la finalidad de prevenir el daño medioambiental, estimular las actividades que menos perturban el medio ambiente y destinar los ingresos obtenidos a financiar medidas y programas de carácter medioambiental. Las diferencias entre el tributo autonómico y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles son evidentes en relación a los elementos esenciales del tributo como son el hecho imponible, los contribuyentes, la base imponible y la cuota tributaria. El objeto de gravamen tampoco coincide con el Impuesto sobre Actividades Económicas puesto que el gravamen autonómico no somete a tributación la capacidad económica exteriorizada derivada hipotéticamente del ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, sino la realización de las actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, que incidan, alteren u ocasionen riesgo de deterioro sobre el medio ambiente. El objeto de gravamen no es la mera realización de actividades económicas o la titularidad de determinados elementos sino el riesgo que para el medio ambiente suponen las actividades gravadas en el tributo autonómico. Los sujetos pasivos son quienes realicen las actividades gravadas. Todo ello, nos conduce a identificar como objeto del gravamen el riesgo, la incidencia o la alteración que para el medio ambiente encierran las actividades gravadas en la modalidad de actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones. Las actividades gravadas son congruentes con la finalidad de protección del medio ambiente, tratándose de actividades que inciden, perturban o crean un riesgo en el entorno natural, no pudiendo negarse un margen de actuación a favor del Legislador para determinar de todas las actividades que pudieran afectar al medio ambiente las que decide gravar o el ejercicio de su libertad de configuración en la selección del objeto de gravamen siempre que se elijan actividades potencialmente perturbadoras para el medio ambiente, como lo son las gravadas. La sentencia del Tribunal Constitucional número 186/1993, de 7 de junio , en relación al Impuesto de Dehesas calificadas en deficiente aprovechamiento señala que "en nada queda afectado el principio de igualdad por el hecho de que el tributo no grave sino a aquellas fincas rústicas de determinada extensión que, según su destino agrario más idóneo, sean susceptibles de un mejor aprovechamiento, pues, en efecto, ese tratamiento diferenciado se justifica, dentro de los márgenes de apreciación que es preciso reconocer al legislador, en las propias características de esas fincas, que son justamente las que merecen la calificación de dehesas susceptibles de ser sometidas a los correspondientes planes de aprovechamiento y mejora. No hay, en definitiva, posibilidad de entablar una comparación que pruebe la falta de fundamento del trato desigual que se denuncia, por lo que la pretendida discriminación debe quedar descartada". En coincidencia con lo expuesto anteriormente, la Ley incide en las actividades que considera más perturbadoras para el medio natural de Extremadura, y en relación a ello, establece un tributo que estimula la realización de actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática menos perjudiciales para el medio ambiente. No se grava la actividad porque pueda generar rentas para quienes las realicen sino en tanto en cuanto representen un peligro para el medio ambiente, por lo que no está gravando el mismo hecho imponible que en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Se grava una actividad no por su carácter económico sino por el daño que ocasiona en el entorno natural y la finalidad de la Ley es aminorar su realización. Tengamos también en cuenta que en la determinación de la base imponible la Ley de la Asamblea de Extremadura ha empleado criterios no vinculados con los ingresos de las empresas que realizan las actividades sino con la extensión de las estructuras fijas expresadas en kilómetros y en número de postes o antenas no conectadas entre sí por cables; aspectos que cuantifican la incidencia de la actividad en el entorno natural. Lo gravado son las actividades que tienen consecuencias o constituyen un riesgo para el medio ambiente. El gravamen extremeño no grava la mera titularidad de los elementos con los que se desarrollan las actividades o las hipotéticas rentas que estas generan sino que grava una actividad de transporte con incidencia en el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y presenta una naturaleza, estructura y finalidad diferentes tanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles como al Impuesto sobre Actividades Económicas. Consecuentemente, cabe afirmar que el Legislador autonómico no ha creado una nueva fuente de ingresos públicos con fines exclusivamente fiscales, sino un tributo finalista encaminado a corresponsabilizar a los creadores de riesgos para el medio ambiente y la estimulación de actividades menos perturbadoras del mismo.

NOVENO

 .- En virtud de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, después de la reforma efectuada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre , de medidas de agilización procesal, que entró en vigor el día 31-10-2011, que establece la imposición de costas por el criterio de vencimiento, sin que el supuesto generase serias dudas de hecho o de derecho, procede imponer las costas procesales a la parte actora.

 El artículo 139.3 LJCA establece que "La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". En este caso, se valora la complejidad del supuesto y que los escritos de demanda y contestación contienen una fundamentación jurídica similar a otros procesos, por lo que se limitan las costas procesales al importe máximo de 3.000 euros.

 VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, por la potestad que nos confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,

FALLAMOS

 Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. De Francisco Simón, en nombre y representación de la entidad mercantil "Red Eléctrica de España, SAU", contra la Resolución de la Junta Económico- Administrativa de Extremadura, de fecha 12-04-2012, dictada en la reclamación económico-administrativa número 142/2010. Condenamos a la parte actora al pago de las costas procesales hasta un máximo de 3.000 euros.

 Contra la presente sentencia cabe recurso de casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de diez días. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ , según la reforma efectuada por LO 1/2009, de 3 de noviembre , si se interpone recurso de casación deberá consignarse el depósito de 50 euros. Si no se consigna dicho depósito el recurso no se admitirá a trámite. Asimismo, deberá justificarse el pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre , por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

 Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma, remítase testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días conforme previene la Ley, y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.

 Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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