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Deuda tributaria. Responsables subsidiarios Aplicación retroactiva del art. 41.4 LGT, redacción Ley 7/2012


Audiencia Nacional

(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) Sentencia de 22 junio 2015

JT\2015\1494

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso contencioso-administrativo 217/2014

Ponente: Excma. Sra. Begoña Fernández Dozagarat


La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la Resolución del TEAC de 17-02-2014, estimatoria en parte del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución del TEAR de Valencia de 21-02-2012, desestimatoria de la reclamación interpuesta frente a acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria.

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN SÉPTIMA

Núm. de Recurso:0000217/2014

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:03358/2014

Demandante: D. Cornelio

Procurador:D. MARIANO DE LA CUESTA HERNÁNDEZ

Demandado:TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL

Abogado Del Estado

Ponente IIma. Sra.:Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT

S E N T E N C I A Nº:

IImo. Sr. Presidente:

 D. JOSÉ LUIS LOPEZ MUÑIZ GOÑI

Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. ERNESTO MANGAS GONZÁLEZ

 Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT

 D. JAIME ALBERTO SANTOS CORONADO

 Madrid, a veintidos de junio de dos mil quince.

 Visto el recurso contencioso administrativo número 217/14 , que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido D. Cornelio representado por el Procurador D. Mariano de la Cuesta Hernández, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 27 de febrero de 2014 en materia de responsabilidad subsidiaria; se ha personado la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado. Siendo ponente la señora Dª BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT, Magistrada de esta Sección.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO : Por D. Cornelio representado por el Procurador D. Mariano de la Cuesta Hernández, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 27 de febrero de 2014.

SEGUNDO : Por decreto de fecha 18 de julio de 2014 se admitió el precedente recurso y se reclamó a la Administración demandada que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo y realizase los emplazamientos legales.

TERCERO : Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación se concedió a la parte recurrente el plazo de veinte días para que formalizase la demanda, que efectuó el 11 de noviembre de 2014, y por diligencia de ordenación se dio traslado al Sr. Abogado del Estado para que contestase la demanda en el plazo de veinte días.

CUARTO : Por auto de fecha 9 de enero de 2015 se recibió el presente recurso a prueba y una vez practicadas aquellas que se declararon pertinentes se declaró concluso el presente procedimiento.

QUINTO : Por auto de fecha 9 de enero de 2015 se fijó la cuantía del presente procedimiento en 258.438'25€.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

PRIMERO

 

 : La parte recurrente D. Cornelio impugna la resolución del TEAC de fecha 17 de febrero de 2014 que tiene su base en los siguientes hechos: En fecha 9 septiembre 2009 por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Valencia de la AEAT fue dictado el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria contra el recurrente como administrador de la entidad Mecanismos de Inspección y Control SA, conforme al art. 43.1.a LGT por IVA 2005 y sanción con acta de conformidad y se exigió el 25% de sanción bonificada por la conformidad e Impuesto de Sociedades 2005 y sanción así como la exigencia del 25% de sanción bonificada, siendo la cantidad derivada de 258.438'25€. Contra el acuerdo de derivación se interpuso reclamación económico administrativa ante el TEAR valencia que en acuerdo de 21 de febrero de 2012 desestima el mismo y contra este acuerdo se interpuso recurso de alzada ante el TEAC que en fecha 17 de febrero de 2014 dicta resolución estimando en parte el recurso pero manteniendo al acuerdo de derivación ordena su retroacción a los efectos del requerimiento de pago. Contra esta resolución se interpone el presente recurso contencioso administrativo.

 

SEGUNDO

 

 : La parte recurrente en su demanda expone que el actor junto con D. Íñigo fue nombrado administrador solidario el 1 de septiembre de 2004 de la entidad Mecanismos de Inspección y Control SA que fue objeto de inspección del Impuesto de Sociedades 2005 e IVA 2005 dando lugar a dos actas de conformidad de 3 noviembre 2008 e importes de 53.214'31e y 101.869'71€ y sanciones correspondientes. Ante el impago de la deuda, se inicio el procedimiento de ejecución y se requirió al actor como administrador para que designase bienes de al empresa para cubrir la deuda tributaria. El 17 de junio de 2009 se comunica al actor el inicio del expediente de derivación de responsabilidad subsidiaria, se formularon alegaciones y el 4 de septiembre de 2009 se dictó el acuerdo. La actora considera improcedente la declaración de fallido del deudor principal y suplica que se tenga por formalizada la demanda interpuesta, y previos los trámites preceptivos, se dicte sentencia con revocación de la resolución impugnada por ser contraria a derecho y se anule la misma con imposición de costas a la parte demandada.

 El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda se opuso a la estimación de la misma, solicitando la confirmación del acto recurrido.

 

TERCERO

 

 : El acuerdo del TEAC impugnado estima en parte el recurso de alzada, mantiene el acuerdo de derivación de responsabilidad pero retrotrae a los efectos de que el actor muestre su conformidad o no con las sanciones impuestas.

 Como en otras ocasiones el fundamento jurídico cuarto de la resolución del TEAC es la siguiente:

 «Por otra parte, como antes se apuntó, ninguna disposición de derecho transitorio ofrece la LGT de 2003 , en su nueva redacción dada por la Ley 7/2012 , que establezca la forma de proceder en estos casos. En tales condiciones, este Tribunal considera que, siendo inexcusable la aplicación a los actos carentes de firmeza, de las disposiciones que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias cuya aplicación resulte más favorable para los administrados, no queda más camino para posibilitar dicha aplicación que, estimando parcialmente la reclamación (única posibilidad que ofrece para un pronunciamiento como el que aquí se dicta el artículo 239.3 de la LGT de 2003 ), anular el acuerdo de declaración de responsabilidad impugnado y ordenar la retroacción de las actuaciones al momento que en la ley se señala (el de la propuesta de declaración de responsabilidad) al objeto de que por el órgano responsable de la tramitación de dicho procedimiento se proceda a la aplicación a lo establecido en el artículo 41.4 ofreciendo al interesado la posibilidad de prestar conformidad a la declaración de responsabilidad al objeto de obtener la reducción prevista en el artículo 188.1 b) de la Ley (30%) respecto de aquellas sanciones susceptibles de beneficiarse de dicha reducción y dictando (tras la instrucción que resulte oportuna) acuerdo de declaración de responsabilidad que excluya o no del alcance de la responsabilidad dicha reducción delartículo 188. 1 b). Asimismo, la Oficina Gestora, en el acuerdo de responsabilidad, advertirá al responsable de la posibilidad de la reducción del artículo 188.3 de la LGT de 2003 (del 25%), si efectúa su pago en período voluntario y no interpone reclamación o recurso contra el acuerdo de declaración de responsabilidad. Cuestión distinta es que el deudor principal hubiera dado conformidad a las liquidaciones (...) Con lo anterior, en absoluto considera este Tribunal que la inclusión en el alcance de una declaración de responsabilidad de deudas derivadas de sanciones tributarias confiera al procedimiento de declaración de responsabilidad un carácter sancionador. Simplemente concurre en este punto una norma incluida en el régimen de infracciones y sanciones tributarias que es aplicable a un obligado tributario responsable de cumplir con la obligación tributaria derivada de la comisión del presupuesto de hecho de la responsabilidad, es decir, obligado al pago del importe en que se han cuantificado unas sanciones tributarias impuestas a otra persona, concretamente al deudor principal, responsabilidad que deriva, no de haber cometido el tipo de la infracción (por lo que no es sancionado el responsable) sino de haber incurrido en el presupuesto de hecho de la responsabilidad (de donde precisamente deriva su responsabilidad). No obstante, dado que en la determinación de uno de los elementos esenciales de la obligación tributaria del responsable, esto es, del importe a pagar consecuencia de haber incurrido en el presupuesto de hecho de la responsabilidad, es aplicable una norma contenida en el régimen de infracciones y sanciones, ésta debe ser aplicada con carácter retroactivo al carecer el acto de firmeza en aplicación de lo previsto en el precitado artículo 10.2 de la LGT de 2003 . En este sentido, cabe recordar que la Exposición de motivos de laLey 7/2012 señala que: "Por otra parte, la reforma pretende aclarar las implicaciones derivadas de la naturaleza jurídica del responsable tributario, que no debe ser identificado con un sujeto infractor, sino como obligado tributario en sentido estricto, aun cuando responda también de las sanciones tributarias impuestas a dicho sujeto infractor. Entre las modificaciones que pretenden significar tal situación jurídica, dentro del régimen jurídico sancionador se establece un sistema de reducción de las sanciones a imponer por conformidad y pronto pago. En relación con la reducción de conformidad, en caso de concurrencia de una situación de responsabilidad respecto de la sanción, se modifica la norma para ofrecer la posibilidad al responsable de que pueda dar su conformidad con la parte de deuda derivada procedente de una sanción en sede del deudor principal y beneficiarse de la reducción legal por conformidad. Asimismo, se reconoce al responsable la eventual reducción por pronto pago de su propia deuda".»

 Y en el siguiente fundamento jurídico quinto , el TEAC procedió a la delimitación del alcance de la anulabilidad del acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria, al señalar que:

 «Ningún pronunciamiento debe por lo demás hacer este Tribunal en relación con el fundamento de la responsabilidad que se imputa al interesado ni en relación con las liquidaciones y sanciones a que se hace extensiva su responsabilidad en el acuerdo impugnado, dado que precisamente es la ausencia de cualquier impugnación en esta vía el presupuesto que condiciona la aplicación de la reducción contemplada en el artículo 188.3 de la LGT de 2003 , lo cual se entiende, lógicamente, sin perjuicio del derecho del interesado a interponer en esta vía reclamación frente al acuerdo cuyo pago se le exija, reclamación que podrá fundar, de acuerdo con lo señalado en elartículo 174.5 de la misma Ley , antes mencionado, tanto en su disconformidad con el fundamento de la responsabilidad como en la improcedencia de las liquidaciones y sanciones a que este alcance»

 La pretensión deducida con carácter principal en la demanda rectora del recurso jurisdiccional está dirigida a la anulación de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central inmediatamente impugnada, así como del acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria, por lo que la parte actora no está conforme con la decisión del TEAC, de ahí que este tribunal considere que puede entrar a conocer del fondo del asunto.

 

CUARTO

 

 : En el presente caso ya se han resuelto varios supuestos parecidos, si no iguales al que ahora nos ocupa, en este recurso, y se han dictado sentencias sobre la responsabilidad subsidiaria de los administradores y sobre el alcance de la misma respecto a las sanciones, en este caso debe examinarse en primer lugar -y en su caso, exclusivamente-una primera cuestión de carácter relevante.

 

acuerda

 

 El TEAC en la resolución impugnada resolutoria del recurso de alzada, sin entrar a conocer de las cuestiones suscitadas por la actora, : " Estimarla en parte, debiendo la Oficina Gestora, manteniendo el acuerdo de declaración, retrotraerlo al momento del requerimiento de pago".

 El TEAC para llegar a ese acuerdo parte de la redacción dada por la Ley 7/2012 al art. 41.4 LGT que dice: ""4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se establezcan.

 En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en elartículo 188.1.b) de esta Ley , la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su caso, al deudor principaly se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad .

 La reducción por conformidad será la prevista en elartículo 188.1.b) de esta Ley . La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas.

 A los responsables de la deuda tributaria les será de aplicación la reducción prevista en elartículo 188.3 de esta Ley .

 Las reducciones previstas en este apartado no serán aplicables a los supuestos de responsabilidad por el pago de deudas delartículo 42.2 de esta Ley ".

 El TEAC, por tanto, se limita, tan solo, a resolver sobre la aplicación de la modificación del artículo 41.4 LGT dada por la Ley 7/2012 que obliga a conceder un trámite previo a la declaración de responsabilidad para que el que va a ser declarado responsable pueda dar su conformidad con las sanciones.

QUINTO : La eficacia retroactiva del artículo 41.4 solo cobra valor si el interesado presta su conformidad a las sanciones y antes de la declaración de responsabilidad. Desde el momento que impugna la resolución del TEAC se está renunciando a ese posible beneficio. Como ocurre en este caso.

 En el presente supuesto, el TEAC, omite resolver las cuestiones planteadas en la reclamación económico-administrativa (incongruencia infra petita partiumo incongruencia negativa) acuerda retrotraer hasta el trámite de conformidad previo a la declaración, sin antes conceder a la parte recurrente en alzada un trámite de audiencia para que exponga si va o no a manifestar conformidad con la sanción y además confirma o mantiene el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria.

 En el caso que nos ocupa, la sola presentación de un recurso contencioso administrativo contra la resolución del TEAC constituye una muestra de desacuerdo con el contenido de toda la resolución, por lo que este tribunal debe entrar a conocer del fondo del asunto, rechazando el planteamiento del TEAC.

SEXTO : La parte actora en su demanda sostiene que es improcedente la declaración de fallido de la deudora principal Mecanismos de Inspección y Control SA por entender que existían bienes suficientes para que la Administración tributaria cobrase su crédito. Se embargó un vehículo, existían bienes muebles (esofagoscopios), créditos favor de la deudora principal, y la Administración debió de proceder contra tales bienes.

 El art. 174 LGT permite que la responsabilidad sea declarada en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación, y el art. 176 exige la declaración de fallido del deudor principal.

 Cuando se acude al mecanismo de la derivación de responsabilidad subsidiaria es porque existe la imposibilidad de cobrar la deuda tributaria, debido a la falencia de los obligados y responsables tributarios principales.

 En relación con este procedimiento, la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene declarado:

 "En esta línea hermenéutica, y de acuerdo con los arts. 37.3 y 4 L 230/1963 y 11 y 164 D 3154/1968 , para exigir dicha responsabilidad subsidiaria habría sido preciso: a) La previa declaración de fallido del sujeto pasivo, es decir, la declaración de insolvencia del mismo conforme al art. 164 del Reglamento de Recaudación , calificando de incobrables los créditos que no puedan hacerse efectivos tras el oportuno procedimiento de apremio, pues no basta, para cubrir el requisito de los arts. 37.3 y 11.2.a) y poder actuar contra el responsable subsidiario, con que el sujeto pasivo no haya ingresado el tributo en el período voluntario, sino que la Administración ha de dirigir contra él el correspondiente procedimiento de apremio y culminarlo sin poder cobrar el tributo. b) Una vez integrado el anterior requisito, la emisión de un acto administrativo expreso derivativo de la responsabilidad, dictado por el órgano a quien corresponda la determinación de la deuda tributaria (el de gestión o liquidador, y no el recaudador) y oportunamente notificado al responsable concediéndole un nuevo plazo para el ingreso en período voluntario, de modo que, habiendo pasado el responsable, como tal declarado, a consecuencia de aquel acto, a ocupar el lugar del primer obligado, como titular de la liquidación (art. 11.3), pueda impugnar, una vez recibida la notificación, tanto ese acto mismo de derivación, fundamentalmente por no darse el presupuesto de hecho de la responsabilidad o por no haberse producido correctamente la declaración de insolvencia del sujeto pasivo, como la liquidación misma, al asumir los derechos y la posición del contribuyente".

 De la regulación de tales preceptos y de la interpretación jurisprudencial, se desprende que la declaración de "incobrable" de un crédito, no constituye un obstáculo en el procedimiento tendente a depurar las responsabilidades tributarias, mientras dicha declaración sólo afecte a los obligados y responsables a los que se les declaró fallidos. En este sentido, el propio art. 165.2, del Reglamento, dispone: "Dicha declaración no impide el ejercicio por la Hacienda Pública de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las Leyes contra quien proceda, en tanto no se extinga la acción administrativa para su cobro."

 La declaración de responsabilidad subsidiaria requiere de manera inexcusable la previa declaración de fallido del sujeto pasivo, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan reglamentariamente adoptarse. 4. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá previamente un acto administrativo, que será notificado reglamentariamente, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del sujeto pasivo. Pero no se exige más que la imposibilidad de cobro de toda la deuda y por ello que se declare fallido al deudor principal. Para la actora el deudor poseía bienes bastantes como para que la Administración pudiera haber cobrado su crédito, y enumera algunos de ellos los cuales no sirven a los efectos de declara improcedente el fallido de la sociedad puesto que como ya expuso la Administración los bienes muebles que se alegaban eran muy imprecisos e inconcretos, no existe constancia de su pertenencia a la empresa, ni de su estado de conservación, ni de su emplazamiento. El recurrente tan solo aportó una relación de bienes a la Administración pero no exponía datos sobre tales bienes, y además se decía que el único bien societario era un vehículo Audi, de ahí que este tribunal considere correcta la declaración de fallido parcial de la entidad deudora principal.

 Por lo expuesto, el recurso contencioso administrativo se estima en parte, se declara no conforme a derecho la resolución del TEAC y al entrar al fondo de al cuestión suscitada se confirma íntegramente el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria. Con arreglo al art. 139 LJCA no se hace expresa condena en costas.

 Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLAMOS

 

 Que debemos ESTIMAR EN PARTE el presente recurso contencioso administrativo nº 217/2014 interpuesto por la representación procesal de D. Cornelio contra la resolución dictada por el TEAC de fecha 27 de febrero de 2014 (RG 3664/2012), y declarar que la misma no es conforme a derecho, y entrando al fondo de la cuestión este Tribunal declara conforme a derecho la declaración de responsabilidad subsidiaria de 9 de septiembre de 2009 impugnada y se confirma dicho acuerdo en su integridad.

 No se hace expresa condena en costas.

ASÍ por esta nuestra Sentencia, que se notificará a las partes haciendo indicación de que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, para dar cumplimiento al artº. 248.4 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio , del Poder Judicial ; y testimonio de la cual será remitido en su momento a la Oficina de Origen a los efectos legales, junto con el expediente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN

 

 : Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico.

 

 

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