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IS. Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Asociación sin ánimo de lucro


Tribunal Superior de Justicia

de C. Valenciana, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) Sentencia núm. 444/2015 de 28 abril

JUR\2015\166797

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso contencioso-administrativo 3399/2011

Ponente: Ilmo. Sr. D. Rafael Pérez Nieto


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 3

PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 003399/2011

N.I.G.: 46250-33-3-2011-0010731

 SENTENCIA Nº 444/15

En la ciudad de Valencia, a 28 de abril de 2015.

 Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. don don Juan Luis Lorente Almiñana, Presidente, don Agustín María Gómez Moreno Mora y don Rafael Pérez Nieto, Magistrados, el recurso contencioso-administrativo con el número 3399/11, en el que han sido partes, como recurrente, Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, representada por el Procurador Sr. Suárez de Lezo y defendida por Letrado, y como demandada el TEAR (Tribunal Económico-Administrativo Regional), representado y defendido por el Sr. Abogado del Estado. La cuantía es de 7314 euros. Ha sido ponente el Magistrado don Rafael Pérez Nieto.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites establecidos por la ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara demanda, lo que verifica en escrito mediante el que quedan ejercitadas sus pretensiones de que se anule la liquidación impugnada del TEAR y que se le devuelva la cantidad ingresada por cuenta de dicha liquidación.

SEGUNDO.- La representación procesal del Tribunal Económico-Administrativo Regional formuló escrito de contestación por el que solicita que se desestime el recurso contencioso-administrativo.

TERCERO.- El proceso no se recibió a prueba y los autos quedaron pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló para votación y fallo el día 28 de abril de 2015.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El objeto de la impugnación del presente recurso contencioso-administrativo es la resolución de 19-7-2011 del TEAR (Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana) que desestimó la reclamación núm. 46/11482/09. Ésta hubo sido planteada por la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida contra la liquidación del IS (Impuesto sobre Sociedades) de 2007 por importe de 7314 euros. La liquidación había sido confirmada tras la interposición de recurso de reposición.

 El TEAR rechazó la alegación de la reclamante según la cual ésta era una entidad exenta del impuesto en tanto que acogida al régimen de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ( art. 9.2 del RD-Leg. 4/2004, de 5 de marzo , de la Ley del Impuesto). A tal respecto, razonó el TEAR que la reclamante no hubo acreditado haberse acogido a dicho régimen especial. "Cierto es que acompañó un certificado expedido en fecha 5-12-2007 por la Oficina de Gestión Tributaria, pero acreditativo de su condición de entidad sin fines lucrativos con efectos desde 1-1-2008 hasta 31-12-2008, y no respecto al ejercicio 2007, que es el controvertido, y que la presentación del certificado correspondiente en esta instancia no puede enervar lo razonado pues es evidente que el contribuyente podía y debía haber aportado el citado justificante en su comparecencia ante la Oficina Gestora o, en su momento, al promover el oportuno recurso de reposición". Igualmente rechazó el TEAR que se aplicara a la reclamante, subsidiariamente, la exención parcial para las entidades sin ánimo lucro no incluidas en el apartado anterior (art. 9.3).

 La Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, como parte recurrente, relata que hizo constar ante la Oficina Gestora y ante el TEAR que es una entidad declarada de utilidad pública en virtud de Orden de 30-6-1998 del Ministerio del Interior. Señala que está acogida al régimen especial del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre , y que la opción por dicho régimen fiscal constaba expresamente en una certificación alusiva al ejercicio de 2007. La recurrente alega que si en algún momento la Administración Tributaria no entendió aplicable dicho régimen especial, "debió requerir a la entidad a efectos de la oportuna comprobación o acreditación". Igualmente alega que el resultado contable procedía de rentas exentas y que la base imponible de la entidad en el IS, del ejercicio 2007, es 0.

SEGUNDO

Con arreglo a los apartados número 1 y 2 del art. 14 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre , de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,"(l)as entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial establecido en este Título en el plazo y en la forma que reglamentariamente se establezca. Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de forma indefinida durante los períodos impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del art. 3 de esta Ley y mientras no se renuncie a su aplicación en la forma que reglamentariamente se establezca (...). La aplicación del régimen fiscal especial estará condicionada al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por la entidad".

 Por su lado, los apartados 2 y 3 del art. 9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (RD-Leg 4/2004, de 5 de marzo) prevén que "estarán parcialmente exentas del impuesto, en los términos previstos en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación dicho título" y que "estarán parcialmente exentos del impuesto en los términos previstos en el capítulo XV del título VII de esta ley:a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en apartado anterior (...)".

 Alega la parte recurrente que, en su autoliquidación, hubo consignado estar sujeta al régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Igualmente alega haberlo acreditado, para el ejercicio fiscal que nos ocupa, el de 2007, mediante una certificación, si bien que dicha certificación no la aportó hasta la vía económico-administrativa, siendo esta concreta circunstancia la que obsta a la aplicación del régimen, según el TEAR.

 Al margen de estos razonamientos del TEAR, relativos al procedimiento económico-administrativo en el cual decide, tratándose de la vía judicial le cabe a la parte recurrente presentar documentación en apoyo de su motivo de impugnación, y ello aunque no la hubiese aportado anteriormente en vía de gestión o en la económico-administrativa.

 El "recurso contencioso-administrativo" es un verdadero proceso judicial, no, pese a su denominación, una nueva instancia o alzada frente a lo decidido por la Administración. En esta línea, hemos de recordar que el recurso contencioso- administrativo no es un mero "juicio al acto" o un simple instrumento de fiscalización de la actividad administrativa (dejando a salvo que tal función se contemple expresamente en el art. 106.1 CE ). Antes bien, el recurso judicial frente a la actividad administrativa tiene que hacer posible la efectiva tutela de derechos e intereses legítimos de los ciudadanos ( art. 24.1CE ). Por consiguiente, aunque la jurisdicción contencioso-administrativa -así se denomina la justicia administrativa en España- se siga calificando de "revisora", queda atrás el sentido tradicional de la expresión, ahora explicada por la necesidad de someter a la previa decisión de la Administración las pretensiones litigiosas que se piensen plantear ante los jueces.

 Con la Ley Jurisdiccional de 1956 se superó la rígida interpretación de dicha naturaleza; su art. 69.1 admitió expresamente la posibilidad de alegar cuantos "motivos" procedan en justificación de las pretensiones de los justiciables. El tema se ha reavivado precisamente en el campo tributario, teniendo el Tribunal Constitucional que salir al paso de ciertas interpretaciones que excluían el examen judicial del fondo de los motivos procesales cuando éstos se hubieran omitido absolutamente en el trámite de alegaciones concedido en el anterior procedimiento económico-administrativo ( vid.SSTC 75/2008 ; en el mismo sentido, SSTC 25/2010 , 29/2010 , 155/2012 ).

 El criterio que rechaza pruebas no presentadas en vía administrativa y que únicamente pondera normas y antecedentes estrictamente tributarios concibe el recurso contencioso-administrativo como una "alzada", un apéndice del procedimiento administrativo, el cual deviene decisivo, degradándose el órgano judicial a una mera función económico-administrativa.

 En nuestraSTSJCV de 24-6-2011 reprodujimos un pasaje de la Exposición de Motivos de la Ley Jurisdiccional de 1956: "La Jurisdicción Contencioso-administrativa es, por lo tanto, revisora en cuanto requiere la existencia previa de un acto de la Administración, pero sin que ello signifique que sea impertinente la prueba ni que sea inadmisible aducir en vía contenciosa todo fundamento que no haya sido expuesto ante la Administración", y declaramos que esto "sería bastante para desechar la alegación de la representación procesal del Estado". Añadimos que "en su caso [...] le cabría al órgano judicial rechazar la virtualidad probatoria de tales facturas porque no es posible constatar, además, su contabilización, la realidad del gasto, etc.; pero no por el expediente de que no son medios de prueba admisibles y valorables en el proceso judicial". La entidad inspeccionada -la recurrente-, una vez alzada a la vía judicial, no se había desviado de sus pretensiones y ni siquiera de los motivos de impugnación y la Sala concluyó: "aporta nuevos documentos en apoyo de sus alegaciones, lo cual es lícito por lo anteriormente expuesto y porque implícitamente está admitido por el vigente art. 56.1 LJCA ".

 La STS de 20-6-2012 del Tribunal Supremo -si bien que con dos votos particulares contrarios-, reitera la regla general según la cual ha de admitirse la posibilidad de "proponer prueba y aportar documentos que no fueron presentados ante la Administración para acreditar la pretensión originariamente deducida", pero sin que "quepa introducir cuestiones nuevas o pretensiones no hechas valer en la vía administrativa", siendo transcritos los apartados 1 y 3 del art. 56 de la LJCA (fundamento quinto).

 Decimos nosotros que la valoración judicial de la "nueva documentación", y no su mera inadmisión, supone un mecanismo menos radical y más vinculado a la función jurisdiccional de juzgar motivadamente en amparo de derechos ( arts. 24.1 , 117.3 y 120.1 CE ), de modo que la solución judicial sobre el pleito administrativo no bascula tanto sobre el previo intento de autocomposición servido por la Administración contendiente.

 Desde esta perspectiva, una documentación no aportada en la "vía previa" habrá de superar parámetros de credibilidad de mayor exigencia, relativos a su autenticidad (piénsese en una documentación que reaparece sin explicación convincente), y relativos también a las condiciones adecuadas para su ponderación judicial, dado que la eventual complejidad del contenido no favorece y es carga de quien esgrima la nueva documentación.

 

TERCERO

 

 Sentado que la parte recurrente puede aportar al proceso, como instrumentos probatorios, documentos tendentes a la impugnación de la liquidación tributaria y que no hubieron sido entregados en la fase de gestión, nos queda ahora valorar dichos documentos.

 Pues bien, ya apuntamos que no hay discusión ni dudas sobre la autenticidad de la certificación aportada por la recurrente, relativa al ejercicio fiscal de 2007, según la cual ya entonces estaba acogida al régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre , como declaró en su autoliquidación. Puesto que la liquidación impugnada no tuvo en cuenta la aplicación de dicho régimen ha de considerarse contraria a Derecho y debe anularse.

 Con lo cual se acoge el motivo de impugnación, lo que conlleva la estimación del presente recurso contencioso-administrativo.

 

CUARTO

 

 De conformidad con lo establecido en el art. 139.1 LJCA , se imponen las costas a la parte demandante, sin que puedan exceder de 1500 euros por los honorarios del Letrado y de 334,38 euros por derechos de Procurador.

 Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación

 

FALLAMOS

 

 

 Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, y anulamos la resolución impugnada del TEAR, por ser contraria a Derecho.

 

 

 Anulamos asimismo la liquidación tributaria de la que trae causa la antedicha resolución del TEAR.

 

 

 Declaramos el derecho de la parte recurrente al reintegro de la cantidad satisfecha por cuenta de la liquidación anulada.

 

 

 Se imponen las costas de proceso a la parte demandada.

 Contra esta sentencia no cabe recurso alguno. A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

 Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como Secretaria de la misma, certifico. En Valencia, a veintiocho de abril de dos mil quince.

 

 

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