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Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2005. Regularización por la no deducibilidad fiscal de una provisión contable de gastos derivados de un contrato celebrado con una entidad para la consecución de resultados urbanisticos de edificabillidad de unos terrenos. Insuficiente motivación de la resolución sancionadora de l elemento subjetivo de la culpabilidad.

STS (Sala de Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 16 febrero 2017

JUR\2017\44483

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso de Casación 179/2016

Ponente: Excmo Sr. EMILIO FRIAS PONCE 

SENTENCIA

 En Madrid, a 16 de febrero de 2017

 Esta Sala ha visto el presente recurso de casación número 179/2016, interpuesto, de un lado, por Grupo Inmobiliario Tremon, SA, representada por la Procuradora Dª Raquel Gómez Sanchez y dirigida por el letrado D. Maximo Turel Gómez y, de otro, por la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia de 25 de noviembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda , de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso administrativo núm. 301/3013 , relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2005. Ambas partes se han opuesto al recurso de la contraria.

 Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce
 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

 La sentencia impugnada estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Grupo Inmobiliario Tremon, SA, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 21 de marzo de 2013, que desestimó las reclamaciones económico-administrativas deducidas contra la resolución del recurso de reposición, de fecha 27 de febrero de 2011, dictada por el Jefe de la Oficina Técnica de la Delegación de Grandes Contribuyentes, que confirmó el acuerdo de liquidación de 25 de noviembre de 2010, así como contra el de imposición de sanción de 17 de junio de 2011, de la Jefa Adjunta de la referida Oficina Técnica, relativos al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2005, por importes respectivos de 2.452,644, 62 euros y 1.067.021,80 euros.

 La Sala confirmó la liquidación pero anuló la sanción impuesta, partiendo de los siguientes antecedentes.

 << GRUPO INMOBILIARIO TREMON, SA realizó fuertes inversiones en terrenos y suelos en el municipio de Jerez de La Frontera (Cádiz). Como consecuencia de ello, procedió a firmar un contrato con la sociedad CASTILLO DE GIGONZA, SL el 22 noviembre de 2004, pactando una retribución de 12.194.534,87 euros, más 1.951.125,58 euros de IVA, por la obtención de una determinada edificabilidad de los terrenos denominados Rancho Cristo Rey-Cañada Carrillo en un plazo de 30 meses. CASTILLO DE GIGONZA, SL emitió la primera factura en virtud de ese contrato , el 22 de noviembre de 2004 por importe de 2.523.238 euros, más 403.718,08 euros de IVA, que el obligado tributario contabilizó como mayor valor de existencias. El resto del importe pactado se abonaría mediante pagarés, en las fechas y por los importes que se indican en el contrato. GRUPO INMOBILIARIO TREMON, SA compró los terrenos por un valor de compra de 9.258.902,03 euros. El 26 de abril de 2005, GRUPO INMOBILIARIO TREMON, SA procedió a vender a la sociedad vinculada ATLANTIS SERVICIOS INMOBILIARIOS, SL la mitad de esos terrenos por importe de 4.629.451,02 euros, más 740.712,16 euros de IVA. Seguidamente, el mismo día, ATLANTIS SERVICIOS INMOBILIARIOS, SL vende los terrenos a CONSTRUCCIONES TREMSUR (vinculada a GRUPO INMOBILIARIO TREMON, SA) por valor de 23.147.254 euros, más el IVA correspondiente. GRUPO INMOBILIARIO TREMON, SA emitió una factura a ATLANTIS SERVICIOS INMOBILIARIOS, SL con fecha 26 de abril de 2005 por importe de 16.203.078,28 euros, más 2.592.492,50 euros de ÍVA en concepto de "Gestión e intermediación en la venta de Jerez. Finca La Calahorra y Haza de Ntra. Sra Visitación".

 Como consecuencia de la primera venta, GRUPO INMOBILIARIO TREMON, SA dio de baja el 50% de sus existencias, lo que incluyó el 50% de lo ya pagado a CASTILLO DE GIGONZA, SL y creó una provisión por el 50% de los servicios futuros de CASTILLO DE GIGONZA, SL pendientes de facturar. En las siguientes facturas recibidas, el obligado tributario incorporó el 50% de su importe a las existencias, por la parte de suelo que continuaba siendo de su propiedad, y destinó el restante 50%, correspondiente a la parte de los terrenos vendidos a ATLANTIS SERVICIOS INMOBILIARIOS, SL, a rebajar la provisión creada.

 En fecha 30 de junio de 2010 fue incoada a la reclamante acta de disconformidad n° 71761226 por el concepto y periodos reseñados. El motivo de regularización es el siguiente: la Inspección no considera deducible fiscalmente el importe de la dotación practicada en abril de 2005 ni tampoco el 50% de las partidas facturadas y computadas como mayor valor de existencias.>>

 Entendió el Tribunal, por lo que respecta a la liquidación, que los gastos provisionados así como los gastos imputados derivaban de un contrato que tenía por objeto la consecución de determinados resultados urbanísticos, que no podía encuadrarse en la provisión para la terminación de promociones, recogida en las normas de adaptación del Plan General Contable a las Empresas Inmobiliarias, aprobadas por Orden de 28 de diciembre de 1994, pues ésta se refería a los supuestos en que se computan ingresos por venta de inmuebles en grado avanzado de terminación de la obra, "sustancialmente terminados" dice la Norma de valoración, por superar los costes incorporados el 80 % del total, y de ahí que como consecuencia de esa anticipación se permita dotar una provisión por los gastos pendientes, todo ello para evitar un exceso de beneficios contables en el ejercicio en que se contabiliza la venta, situación distinta a la controvertida, ya que << en el supuesto enjuiciado la sociedad contabilizó el 50% de la venta de terrenos en el ejercicio de la escritura de 26 de abril de 2005, sin anticipar ingreso alguno, y contabiliza la venta por el 50% del valor de compra de los terrenos (la venta está escriturada en 4.629.451,02 euros, y el valor de adquisición de los mismos fue de 9.258.902,03 euros), sin repercutir en el precio de venta el importe de las cantidades satisfechas ni pendientes de satisfacer a Castillo Gigonza, SL, por lo que no se produjo ningún anticipo de beneficios>>.

 Agrega que "tampoco puede invocarse el principio contable de ingresos y gastos, pues y como ha quedado reseñado, la venta a la entidad vinculada Atlantis, mediante escritura pública de 26 de abril de 2015, sólo incorporaba en el precio la suma correspondiente a la venta de los terrenos, sin tener en cuenta las cantidades incorporadas ya satisfechas a Castillo de Gigonza, ni las pendientes de pago, es más, no tuvo en cuenta el montante que en dicho momento arrojaba la cuenta de existencias de dicha entidad que estaba integrado por el precio de compra y los costes incurridos hasta la venta.

 En consecuencia, es evidente que los importes facturados y los que pudiese facturar Castillo de Gigonza no generarían ingreso alguno para la recurrente, ni en el momento del pago ni en momentos posteriores al mismo".

 Sin embargo, anula la sanción por falta de motivación respecto del elemento subjetivo.
 

SEGUNDO

 Contra la referida sentencia, prepararon recurso de casación tanto el Grupo Inmobiliario Tremón, SA, como el Abogado del Estado. El primero, por entender procedente la deducibilidad fiscal de la provisión contable de gastos, con origen en el contrato suscrito con Castillo de Gigonza, SL, como consecuencia de la venta de determinados terrenos a la sociedad Atlantis Servicios Inmobiliarios, SL; y el segundo, en cuanto la sentencia anula la sanción.

 Interpuestos los correspondientes recursos, la representación del Grupo Inmobiliario Tremón, SA, suplicó sentencia que declare la nulidad de la impugnada en lo que se refiere a las peticiones realizadas y que desestima y, en consecuencia, se anule el acuerdo de liquidación de 25 de noviembre de 2010, con importe a ingresar de 2.452.644,62 euros, relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2005.

 Por su parte, la representación estatal suplicó sentencia por la que se estime el recurso, case la sentencia recurrida, dictando nuevo fallo por el que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto en la instancia.
 

TERCERO

 Ambas partes se opusieron al recurso interpuesto de contrario.
 

CUARTO

 Para el acto de votación y fallo se señaló la audiencia del día 7 de febrero de 2017, fecha en la que tuvo lugar la referida actuación procesal.
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

 - Examinaremos, en primer lugar, el recurso de casación que interpone la representación del Grupo Inmobiliario Tremon, SA, en cuanto la sentencia impugnada confirmó la regularización practicada, manteniendo la improcedencia de la deducibilidad fiscal de la provisión contable de gastos, dotada en abril de 2005, por importe de 4.835.648,44 euros, como consecuencia de la venta de determinados terrenos a la sociedad Atlantis Servicios Inmobiliarios, SL, así como del 50% de los gastos procedentes de las partidas facturadas y computadas como mayor coste en la cuenta 3120.

 Se aduce, un único motivo de casación, al amparo del art. 88. 1 d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción del art. 19 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Reformado de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establecía que los ingresos y los gastos se imputarán en el periodo impositivo en que se devenguen.

 Defiende la parte, en contra de lo resuelto, la procedencia de la deducibilidad fiscal de la provisión dotada y de los gastos computados reproduciendo las alegaciones expuestas en su demanda, relativas a que opera dentro del sector inmobiliario y que la adquisición de los terrenos en Jerez, y posterior venta, es una operación que encaja en el objeto social de la Compañía, lo que explica que parte de los costes se contabilizaran en la cuenta 3300 Promociones en curso Jerez.

 Discrepa, por ello que la Inspección calificase a la provisión dotada como provisión por responsabilidades por obligaciones futuras, ya que se trataba de una provisión por prestaciones posteriores que recoge conceptos futuros ciertos y no probables, al seguir en vigor el contrato celebrado con Castillo de Gigonza sin que se viese afectado por la venta realizada en 2005.

 Por tanto, a su juicio no estamos, como resuelve la Sala de instancia, ante un contrato de resultado, sino ante un contrato de arrendamiento de servicios de cuantía cierta, que incluye una claúsula resolutoria y otra que prevé la modificación del precio pactado si se daban determinadas condiciones.

 No es cierto, añade, como se afirma en la sentencia de instancia, que con la venta de terrenos la recurrente no sólo no ganase nada sino que perdiese a través de la provisión, pues la Sala se olvida de la segunda parte de la transacción, la facturación emitida por la recurrente por ajustes de valor de mercado de la entrega de los terrenos, tras la ulterior transacción, por importe de 16.203.078,28 euros, más IVA, por lo que en esta transacción Tremón invirtió en los terrenos 9.258.902 euros + 12.194.534,87 euros ( 50%= 10,5 millones de euros); y los vende por 4.629.451,02 euros +16.203.078,28 euros ( factura de ajuste de valor de mercado), facturando a Atlantis un total de 20,8 millones de euros,lo que arroja un beneficio por el que se tributó en el ejercicio de 2005 de 10,3 millones de euros.

 En definitiva, entiende que en el presente supuesto debe prevalecer el principio de correlación de ingresos y gastos, y de ahí la procedencia de la deducibilidad fiscal de la provisión contable de gastos, con origen en el contrato suscrito con Castillo de Gigonza, SL, como consecuencia de la venta de determinados terrenos a la sociedad Atlantis Servicios Inmobiliarios, SL.
 

SEGUNDO

 En realidad, Grupo Inmobiliario Tremón, SA, cuestiona la calificación de los contratos que hace la sentencia de instancia, incardinando el motivo de casación en el apartado d) del artículo 88. 1 de la Ley de la Jurisdicción , por vulneración de los criterios de imputación del art. 19 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades .

 Siendo así, se ha de recordar que la interpretación y la calificación de los contratos es tarea que corresponde a los tribunales de instancia, sin que este Tribunal deba intervenir, salvo que, al desarrollarla incurran en arbitrariedad, ofreciendo un resultado ilógico, contradictorio o contrario a algún precepto legal. Así lo hemos venido sosteniendo, haciendo nuestro un criterio jurisprudencial de la Sala Primera de este Tribunal Supremo, (sentencias de 17 de febrero de 2003 (casación 2018/97) FJ. 1 º), 7 de julio de 2006 (casación 4131/99, FJ 2 º) y 26 de junio de 2008 ( casación 2227/01 , FJ 2º)) en las sentencias de 18 de enero de 2005 ( casación 7321/01 , FJ 5º), 12 de julio de 2006 ( casación 5609/01 , FJ 2º), 13 de noviembre de 2008 (casación 5442/04 , FJ 10º), 6 de marzo de 2009 (casación 2824/03 , FJ 3º), 8 de octubre de 2009 (casación para la unificación de doctrina 234/04, FJ 4 º) y 29 de marzo de 2010 ( casación 11318/2004 , FJ 2º).

 En el presente caso, la interpretación que de los contratos litigiosos realiza la Sala de instancia no es ilógica, arbitraria o contradictoria. Es más, ni tan siquiera la recurrente se expresa en estos términos en el escrito de casación. La Sala de instancia, comparte, en primer lugar las conclusiones a que llegó la Administración determinando que nos encontramos en relación con el celebrado con Castillo de Gigonza ante un contrato de resultado que provoca unos gastos que no son sino probables, constituyendo las cantidades entregadas un anticipo a cuenta de los honorarios finales, agregando respecto a la posterior venta del 50% de los terrenos a Atlantis Servicios Inmobiliarios que lo transmitido es un terreno, sin coste de construcción, por lo que de ninguna manera procede la provisión para terminación de promoción.

 Pues bien, esta Sala no puede variar la calificación que, por lo demás comparte, habida cuenta de que la conclusión a la que llegan los jueces a quo no se revela ilógica, contradictoria o contraria a algún precepto legal; muy al contrario, responde a un análisis detallado y preciso del contenido obligaciones del pacto suscrito por la recurrente, con Castillo Gigonza, así como de la venta posterior realizada. No hay ninguna razón, pues, para que nos introduzcamos en un terreno que nos está vedado y para que sustituyamos a la Sala de instancia en su tarea de calificar el contrato mediante el análisis de sus cláusulas.

 Así las cosas, debemos confirmar el criterio sentado en la sentencia impugnada y, en consecuencia, la aplicación del régimen jurídico que va anudado a la misma, lo que nos conduce a la desestimación del recurso. 

 

TERCERO

 Queda por resolver el recurso del Abogado del Estado, que afecta a la sanción y en el que se aducen dos motivos.

 El primero, al amparo del art. 88. 1 c) de la Ley Jurisdiccional , denuncia la representación estatal la existencia de incongruencia y la falta de motivación necesaria en la resolución, en cuanto la sentencia se limita a anular la sanción con una evidente incoherencia interna, pues tras citar sentencias de esta Sala en materia sancionadora, entre ellas, la de 28 de abril de 2014, RCUD 1994/2012 , reconoce la existencia de negligencia en la conducta de la entidad por dotar una cantidad que constituía una provisión por gastos probables o futuribles que no resultaba deducible, sin que se aprecie la concurrencia de ninguna de las causas de exclusión de la responsabilidad para concluir incongruente e inmediatamente que "... de los referidos motivos es claro que no se cumple por el citado acuerdo el estándar de motivación exigido por el Alto Tribunal, lo que conlleva a anular la sanción impuesta a la recurrente".

 El segundo, al amparo del art. 88. 1 d), invoca la infracción del art. 211. 3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria , por considerar la sentencia que la sanción no está suficientemente motivada, pese a que la resolución sancionadora contiene mención de los elementos que el precepto exige, así como de los artículos 179 y 183 de la Ley General Tributaria , en relación con los artículos 191 y 210 del mismo cuerpo legal , por no haber actuado el obligado tributario con la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones y no concurrir en el caso examinado ninguno de los supuestos en que los preceptos citados permiten excluir la responsabilidad por infracción tributaria.

 Concluye que por las dos razones anteriores, la sentencia vulnera los artículos 24.2 y 25.1 de la Constitución , y la jurisprudencia de esta Sala, sobre exigencia y motivación de la culpabilidad en las sanciones tributarias, sentencia de 19 de mayo de 2014 , dictada en el recurso de casación 656/2013 , que admite la sanción por simple negligencia.
 

CUARTO

 Ambos motivos deben ser rechazados.

 En primer lugar no podemos admitir que la sentencia sea incongruente y no se encuentre motivada.

 Como argumenta la parte recurrida es cierto que la sentencia toma como referencia la doctrina de esta Sala, recogida, entre otras, la dictada en 28 de abril de 2012, RCUD 1994/2012 , en la que se declara que la culpabilidad es también un requisito necesario para considerar procedente una sanción tributaria que debe tener reflejo en la motivación de la resolución sancionadora, sin que quede acreditada con la mera reiteración del tipo ni pueda sancionarse con la mera referencia al resultado, al ser necesario tener en cuenta tanto las circunstancias fácticas que contempla la resolución sancionadora como las normas tributarias que aplica.

 Sin embargo, no se puede imputar a la Sala afirmaciones que corresponden al acuerdo sancionador y que una vez analizadas le lleva a concluir que no cumple el estándar de motivación que viene exigiendo esta Sala. Debe insistirse que la argumentación no es de la Sala sino de la resolución sancionadora, por lo que siendo todo ello así no cabe hablar de incongruencia interna y menos de falta de motivación de la sentencia, en cuanto se atiene a la doctrina de este Tribunal.
 

QUINTO

 El segundo motivo obliga a examinar el acuerdo sancionador, encontrándonos que, después de recoger la normativa de la Ley General Tributaria de 2003 , referente al principio de culpabilidad, esto es, el contenido de los artículos 183.1 y 179.2 letra d ), recordando además la doctrina de esta Sala, que vincula la culpabilidad no sólo al dolo o internacionalidad, sino también al carácter negligente de la conducta del sujeto infractor, pasa a analizar si en la conducta que se le imputa, haber dejado de ingresar parte de la deuda tributaria, por importe de 2.134.043,60 euros, como consecuencia del acto de liquidación, medió dolo o negligencia, y si concurre alguna de las causas de exoneración de responsabilidad a que se refiere el artículo 179.2 d) de la ley 58/2003 , señalando que en el curso de las actuaciones de comprobación e investigación tributaria, el obligado tributario apeló a los principios de correlación de ingresos y gastos y prudencia valorativa, cuestiones que fueron ampliamente abordadas por el Instructor en las páginas 6 y 7 de su propuesta y que dá por reproducidos.

 Agrega que en las alegaciones a la propuesta del instructor, el obligado adujo un nuevo argumento, la calificación del cargo contable efectuado como una provisión para terminación de promociones, prevista en la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, que tenía el carácter de fiscalmente deducible, habiendo sido analizada esta cuestión por la Inspección en el informe ampliatorio al acta, añadiendo no obstante determinadas consideraciones al respecto como que la provisión exige que los correspondientes gastos futuros sean ciertos, circunstancia que no concurrría en el supuesto, ante el contrato suscrito con Castillo de Gigonza; que la provisión guardaba una relación directa con la posibilidad de computar los ingresos por ventas con anterioridad al momento de la transmisión efectiva de los inmuebles, cuando el grado de terminación ya es muy avanzado, por superar los costes incorporados el 80% del total, situación que tampoco concurría por no haberse anticipado en el presente supuesto los ingresos por ventas de promociones, dado que la venta se refería a un terreno y se había contabilizado el ingreso cuando se formalizó la escritura de transmisión del 50% de los terrenos a Atlantes Servicios Inmobiliarios, SL; y que los gastos provisionales no constituían gastos poco significativos desde el punto de vista de los costes totales, como exigía la introducción a la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad.

 Concluyendo, finalmente, con la siguiente argumentación:

 " Lo aquí expuesto no constituye obstáculo a que, por aplicación del principio de prudencia valorativa, pudiera el obligado tributario contabilizar una provisión por los gastos probables o futuribles derivados de la operación concertada con aquella entidad. En cualquier caso, a estos efectos, resulta aplicable el artículo 13.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades , precpeto que con suficiente claridad califica como no deducible fiscalmente este gasto contable en cuya virtud:

 << No serán deducibles las dotaciones a provisiones para la cobertura de riesgos previsibles, pérdidas eventuales, gastos o deudas probables>>

 En consecuencia, la cantidad dotada no constituye sino una provisión por gastos probables o futuribles, que no resulta deducible fiscalmente. No cabe, pues arguir una interpretación razonable de la norma, pues claramente no resulta aplicable al presente supuesto la calificación de la dotación contable efectuada como una provisión para terminación de promociones.

 Lo hasta ahora expuesto lleva a la conclusión de que la conducta examinada, en tanto en cuanto pone en evidencia el quebrantamiento de la normativa fiscal vigente, manifiesta la existencia, al menos, de una cierta negligencia merecedora del reproche en que radica la sanción, a efectos de lo dispuesto en la ley 58/2003, de 17 de diciembre, no apreciándose la concurrencia de ninguna de las causas de exclusión de la responsabilidad previstas en el artículo 179.2 y 3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre ".

 Pues bien, en contra de lo que mantiene el Abogado del Estado, la motivación ofrecida resulta insuficiente, en cuanto omite valorar los hechos o circunstancias de las que se infiere que la obligada tributaria actúo negligentemente, limitándose a rechazar que estemos ante una interpretación razonable de la norma, y que pueda apreciarse la concurrencia de causas de exclusión de la responsabilidad, lo que no resulta acorde con nuestra jurisprudencia.

 Es la Administración la que debe motivar, fundar y probar la culpabilidad, debiendo aparecer debidamente fundada en la resolución administrativa sancionadora; y para apreciar si se actuó con el grado mínimo de culpabilidad imprescindible para sancionar la simple negligencia la Sala de instancia sólo puede atender a los hechos o circunstancias de las que el órgano competente para sancionar hizo derivar la culpabilidad.

 En el presente caso el obligado tributario efectúo alegaciones encaminadas a poner de manifiesto que la conducta estaba amparada por una interpretación razonable de la norma;tuviera o no razón en la manera de entender la norma aplicable, es lo cierto que el rechazo de su criterio no nos puede llevar sin más a estimar la existencia de la infracción. Por otra parte la referencia a la falta de concurrencia de causas de exoneración de la culpabilidad no es tampoco suficiente para cumplir con el requisito de motivación del elemento subjetivo de la infracción que derivan, no sólo de la Ley tributaria ( arts. 103.3 , 210.4 y 211.3 de la Ley 58/2003 ), sino también de las garantías constitucionales, entre las que hay que destacar el principio de presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 CE (véase, por todas, nuestra Sentencia de 6 de junio de 2008 , cit., FD Cuarto]. Y es que, como ha señalado esta Sección, "el principio de presunción de inocencia garantizado en el art. 24.2 CE no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable - como ha sucedido en el caso enjuiciado- o la concurrencia de cualquiera de las otras causas excluyentes de la responsabilidad de las recogidas en el art. 77.3 LGT (actual art. 179.2 Ley 58/2003 ), entre otras razones, porque dicho precepto no agota todas las hipótesis posibles de ausencia de culpabilidad. A este respecto, conviene recordar que el art. 77.3.d) LGT establecía que la interpretación razonable de la norma era, 'en particular' [el vigente art. 179.2.d) Ley 58/2003 , dice '[e]ntre otros supuestos'], uno de los casos en los que la Administración debía entender necesariamente que el obligado tributario había 'puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios'; de donde se infiere que la circunstancia de que la norma incumplida sea clara o que la interpretación mantenida de la misma no se entienda razonable no permite imponer automáticamente una sanción tributaria porque es posible que, no obstante, el contribuyente haya actuado diligentemente" [ Sentencia de 6 de junio de 2008 , cit., FD Quinto, in fine; reitera esta doctrina la Sentencia de 29 de septiembre de 2008 (rec. cas. núm. 264/2004 ), FD Cuarto] » [FD Octavo; en el mismo sentido, las citadas Sentencias de 15 de enero de 2009 (rec. cas.núms. 4744/2004 y 10237/2004), FD Undécimo y Duodécimo, respectivamente; de 9 de julio de 2009 (rec. cas. núm. 1790/2006), FD Cuarto ; y de 27 de mayo de 2010 (rec. cas. núm. 294/2005 ), FD Octavo].
 

SEXTO

   Desestimados ambos recursos, procede hacer imposición de costas a las partes recurrentes, pero los importes han de entenderse compensados.
 

FALLO

 Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1.- Desestimar el recurso de casación interpuesto por Grupo Inmobiliario Tremón, SA, contra la sentencia de 25 de noviembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional . 2.- Desestimar el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la referida sentencia . 3.- Imponer las costas a las partes recurrentes cuyos importes deberán entenderse compensados.

 Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

 Así se acuerda y firma.

 D. Nicolas Maurandi Guillen, Presidente, Presidente. D. Emilio Frias Ponce D. Jose Diaz Delgado D. Jose Antonio Montero Fernandez D. Francisco Jose Navarro Sanchis D. Juan Gonzalo Martinez Mico D. Rafael Fernandez Montalvo PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Emilio Frias Ponce, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, ante mi la Letrada de la Administración de Justicia.

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