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Sentencia T.S. (Sala 3) de 9 de febrero de 1999


 RESUMEN:

Se niega la responsabilidad patrimonial de la administración por los daños y perjuicios causados en la casa de la parroquia con las obras para la construcción de una autopista. El Tribunal Supermo reitera la necesaria relación causa-efecto entre actividad administrativa y resultado dañoso. Reconoce el derecho a la indemnización por daños y perjuicios.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Por la representación procesal de D. Carlos Alberto se interpuso recurso contencioso administrativo contra dicha resolución, el cual fue admitido por la Sala, motivando la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido se entregó a la representación del recurrente para que formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días,, lo que verificó con el oportuno escrito en el que después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que considero oportunos suplicó a Sala dicte sentencia que estime la demanda y anule las resoluciones recurridas, por no estar ajustadas a Derecho, fijando en siete millones ciento veinticinco mil pesetas la indemnización a percibir por los propietarios de la casa litigiosa o, subsidiariamente, la que resulte de la prueba, indicando en todo caso que la cantidad señalada habrá de ser actualizada con el Indice de Precios al Consumo, hasta el momento de su pago efectivo, para evitar los perjuicios de la inflación.

Segundo.-El Abogado del Estado en representación de la Administración se opuso a la demanda mediante escrito en el que después de alegar lo que convino a su derecho suplicó a Sala dicte sentencia por la que con expresa desestimación del recurso se confirme en todas sus partes la resolución impugnada.

Tercero.-Por otrosí del escrito de interposición se solicitó el recibimiento a prueba, que por auto de la Sala se acuerda recibir el proceso a prueba para la proposición y practica de las que las partes interesen a sus respectivos derechos con el resultado que se recoge en autos.

Cuarto.-.- Acordándose sustanciar este pleito por conclusiones sucintas, se concedió a las ''partes el término de quince días, evacuándolo con sus respectivos escritos, en los que tras alegar lo que estimaron conveniente, terminaron dando por reproducidas las suplicas de demanda y contestación.

Quinto.-Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia del día dos próximo pasado en cuyo acto tuvo lugar su celebración.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Son objeto de impugnación en el presente recurso contencioso-administrativo la Ordenes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 10 de marzo y 29 de septiembre de 1983, parcialmente estimatorias de la reclamación formulada por el actor como consecuencia de los daños y perjuicios que, las obras realizadas para la construcción de la autopista del Atlántico habían causado, a su entender, en la casa número NUM000 de la Parroquia de DIRECCION000, Ayuntamiento de Bergondo, arguyendo sustancialmente y en síntesis para basamentar la pretensión anulatoria deducida, que reconocida la realidad de los daños ocasionados en el inmueble y su imputación a la concesionaria, al considerar que aquellos fueron producidos por la construcción de la autopista, la Administración debió incluir en sus resoluciones la adecuada compensación de todos los perjuicios realmente sufridos al objeto de que el patrimonio de los propietarios resultare equilibrado, en tanto que el Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por considerar que no existe prueba suficientemente demostrativa de que los daños y perjuicios reclamados sean efectivamente consecuencia directa de las obras de construcción de la autopista.

Segundo.-La responsabilidad patrimonial pretendida a medio del recurso que decidimos y en los términos en que en el mismo lo ha sido, exige, para que pueda ser reconocida, como ha reiterado hasta la saciedad éste Tribunal Supremo, el cumplido acreditamiento de la efectividad de un daño material e individualizado cuya imputación individual no deba soportar el particular, que el mismo sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, corriendo la indemnización, cuando estén concedidos, a cargo del concesionario, salvo en el caso en que el daño tenga su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración que sea de ineludible cumplimiento para el concesionario, y por último que exista una relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, erigiéndose éste nexo causal en elemento fundamental y requisito "sine qua non" para declarar procedente la responsabilidad cuestionada en el proceso.

Tercero.-La contemplación del concreto supuesto fáctico que enjuiciamos, a la luz de las precisiones jurídicas que dejamos consignadas en el fundamento anterior, determinan que la problemática planteada en el proceso se reconduzca en esencia a la determinación de si realmente concurren los requisitos enunciados, para prestar total cobertura a la superior indemnización solicitada por la parte recurrente, pues la administración ha reconocido ya, en las resoluciones impugnadas, la procedencia de la indemnización, aunque en mucho menor cuantía, temática, la expuesta, cuyo enjuiciamiento y decisión ha de efectuarse en armonía con las pruebas periciales, eficaces, obrantes en las actuaciones, advirtiendo que incumbía al recurrente el cumplido acreditamiento de que los daños causados en el inmueble de su propiedad se han producido efectivamente como consecuencia exclusiva de las obras desarrolladas para la construcción de la autopista.

Cuarto.-El examen objetivo de los diversos informes y dictámenes incorporados a las actuaciones, nos lleva en primer lugar a prescindir del emitido a la exclusiva instancia del propietario por Arquitecto Técnico, pues, al margen de que no puede reconocérsele la eficacia que se pretende, en razón, según decíamos, de carecer de la necesaria contradicción procesal, es de observar además como "no es pormenorizado, sino global", con la trascendencia que ello debe conllevar, y sobre todo que la valoración en el contenida, acorde con la concreta petición formulada por el actor, se obtiene calculando los metros cuadrados de derribo y la reconstrucción total del edificio, sin que se razone cumplidamente y como correspondía, que los daños causados por la construcción de la autopista exigían tales medidas de derribo y reconstrucción del edificio, cuya exigencia, sin embargo, no resulta desde luego de los dictámenes periciales emitidos tanto por los técnicos de la Administración, como por el Perito que informó con todos los requisitos legales en el período probatorio abierto en el proceso, toda vez que en ellos se razonan y valoran los concretos gastos que han de efectuarse para subsanar los defectos causados por mor de la obra pública, sin reputar necesaria la total reconstrucción del edificio, cual a seguido consideramos.

Quinto.-En los informes emitidos por el Ingeniero Inspector con fecha 29 de mayo de 1980 y 22 de diciembre de 1981 y por los Técnicos del M.O.P.U. de 25 de enero de 1982, a los que prestó su conformidad la Jefatura Provincial de Carreteras, ciertamente se hace constar que los daños en la casa número NUM000, cuya construcción está en el tercer período de vida," provienen de que al efectuar la parte de vivienda superior sobre una fábrica antigua, ésta se ha cargado en exceso y al descansar sobre una mampostería desigual y tabiquería inferior frágil (de madera), se ha agrietado en muchos puntos, por lo que parte de los daños son sólo imputables al propietario", pero a continuación se agrega que "el problema se agravó por el paso de vehículos pesados de las carreteras colindantes con la vivienda, así como por los elementos de vibración de la autopista..." y que "son imputables los daños, en su mayoría, a la ejecución de la vivienda de ampliación, agravándose el problema por el paso de vehículos pesados y las obras de compactación en la autopista...", revelando tales puntualizaciones concretas que la sobrecarga de la nueva planta causó daños en la estructura del inmueble, pero que igualmente fueron determinados aquellos, concurriendo, pues, una y otra causa, por las vibraciones producidas en las obras de la autopista, según reconoció expresamente la Administración y cuyo reconocimiento dió lugar, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, a que se declarara según lo dispuesto en el art. 121.2 de la Ley Expropiatoria la obligación de la Entidad beneficiaria de satisfacer la correspondiente indemnización cifrada en cantidad que no podemos confirmar, según razonamos a continuación.

Sexto.-En trance de definir el "quantum" indemnizatorio, que debe ser reconocido como consecuencia exclusiva de los deterioros causados en el inmueble por las obras de la autopista, prescindiendo de cualesquiera otros que tengan causa distinta, y anticipando que consideramos de todo punto insuficiente la cantidad establecida por la Administración, para compensar los daños efectivos producidos por el funcionamiento del servicio público, parece lo mas oportuno y adecuado acudir a la ampliación del dictamen que, en diligencia para mejor proveer, emitió también con todos los requisitos legales el mismo Perito que había informado en el período probatorio del proceso, toda vez que en ella no se valoran ya "todos los costes de reparación de los daños... para dejarlo en perfecto estado y sin riesgo para sus moradores", cual se había hecho con anterioridad, sino que a instancia de ésta Sala se cuantifican en exclusiva, como era procedente, "los daños que a su entender fueron causados en la casa número NUM000 de la Parroquia de DIRECCION000, Ayuntamiento de Bergondo, como consecuencia directa e inmediata de la obra de construcción de la autopista del Atlántico", y si ponderamos que en tal "ampliación" se razona y cuantifican debidamente las distintas partidas que había que valorar, ésto es las correspondientes a las obras que son consecuencia directa e inmediata de la construcción de la autopista, cifrando su coste de reparación total y actual en 2.952.410 pts., es visto cómo ésta es la cantidad que debemos reconocer en ésta decisión a favor del recurrente, al objeto de que resulte debidamente compensado por los daños causados.

Séptimo.-Corolario obligado de la exposición anterior, es la parcial estimación del recurso contencioso administrativo promovido y la anulación de las resoluciones recurridas, por no ser conformes a derecho, en cuanto a la concreta indemnización que reconoce, y declaramos que la cantidad a percibir por el propietario de la casa núm. NUM000 de la Parroquia de DIRECCION000, en razón de los daños producidos por la construcción de la autopista del Atlántico asciende a 2.952.410 pesetas, sin que haya lugar a actualizar la misma, porque el Sr. Perito ha valorado, con fecha 9 de febrero de 1998 "en base a su coste de reparación actual...".

Octavo.-No concurren méritos especiales para hacer pronunciamiento expreso sobre las costas causadas.

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos, siquiera sea parcialmente, el recurso contencioso-administrativo número 22 de 1993, promovido por la representación procesal de D. Carlos Alberto y seguido después por la de la sucesora de aquel D.ª Leticia, anulando las Ordenes recurridas, por no ser conformes a derecho, y declaramos que la indemnización que ha de ser abonada a la parte recurrente, como consecuencia de los daños causados en la casa núm. NUM000 de la Parroquia de DIRECCION000, Ayuntamiento de Bergondo, asciende a la cantidad total de 2.952.410 pesetas, cuyo pago corresponde a la Entidad concesionaria, y no hacemos pronunciamiento especial sobre las costas causadas en el proceso.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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