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Sentencia T.S. de 7 de diciembre de 2005


 RESUMEN:

Independencia de las actuaciones penales en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado. La única limitación que se reconoce es la que resulta de los límites cuantitativos de las indemnizaciones. No pueden ser sobrepasados los límites ni dar lugar a duplicidad de indemnizaciones.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor literal: "ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora D.ª Isabel María Sánchez Ridao, en nombre y representación de D. Felix y de los padres de este D. Imanol y D.ª Rocío, contra la resolución del Ministerio de Defensa de 13 de marzo de 2000, que estima en parte la reclamación formulada, declarando el derecho de D. Félix a ser indemnizado por aquel concepto en la suma de SESENTA MILLONES (60.000.000) de pesetas, descontando de esta suma los VEINTE MILLONES (20.000.000) ya reconocidos y entregados por la Administración. Sin hacer expresa imposición de costas."

Segundo.-Notificada la anterior sentencia la representación procesal de D. Felix, D. Imanol y D.ª Rocío y el Abogado del Estado presentaron escritos ante la Audiencia Nacional preparando recursos de casación contra la misma. Por Providencia de fecha 22 de octubre de 2001 la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma los recursos de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

Tercero.-Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la representación procesal de D. Félix, D. Imanol y D.ª María Chica presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se funda y suplicando a la Sala "lo estime, y en consecuencia revoque dicha resolución dictando otra por la que se condene a la Administración demandada a indemnizar a los demandantes con las cantidades reclamadas en nuestro Suplico de demanda incrementadas en los intereses legales de demora al tipo de interés legal del dinero desde la reclamación en vía administrativa, o, alternativamente, a las fijadas por el Perito Judicial ascendentes a 136.077.666 millones de pesetas para D. Félix y a 16.000.000 de pesetas conjuntamente para D. Imanol y D.ª Rocío que suponen una actualización de las reclamadas de nuestro escrito inicial, ello sin perjuicio de la deducción de la cantidad de 20.000.000 millones de pesetas percibida en vía administrativa, y a lo demás que en justicia proceda."

Por Auto de esta Sala de 4 de abril de 2002 se declaró desierto el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado.

Cuarto.-Por Auto de esta Sala de 18 de diciembre de 2003 se declaró: "la inadmisión del recurso de casación interpuesto en lo que respecta a la pretensión ejercitada por D. Imanol y D.ª Rocío, contra la sentencia de 4 de octubre de 2001, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Quinta) de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso n.º 430/00, declarándose respecto de éstos firme dicha sentencia. Se admite a trámite el recurso de casación en lo que respecta a la pretensión ejercitada por D. Félix ", y emplazándose al Sr. Abogado del Estado para que en plazo de treinta días, formalice escrito de oposición, lo que realizó, oponiéndose al recurso y suplicando a la Sala "dicte sentencia desestimando dicho recurso y todos los motivos formalizados en el mismo; confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional recurrida e imponiendo, como es preceptivo, las costas a la parte recurrente".

Quinto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia el día 5 de diciembre de 2005, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Agustín Puente Prieto,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Se interpone el presente recurso de casación contra la sentencia de 4 de octubre de 2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional por la que se resuelve, estimándolo en parte, el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de D. Felix, D. Imanol y D.ª Rocío contra la resolución de 13 de marzo del 2000 del Ministerio de Defensa que reconoció el derecho de D. Félix a percibir una indemnización de 20 millones de pesetas. La sentencia, al estimar parcialmente el recurso, fija la indemnización a favor de D. Félix en la cantidad de 60 millones de pesetas, descontando de dicha cantidad los 20 millones ya reconocidos por la Administración.

Hay que dejar constancia de que esta Sala por Auto de 18 de diciembre de 2003 declaró la inadmisión del recurso de casación interpuesto en lo que respecta a la pretensión ejercitada por D. Imanol y D.ª Rocío, admitiendo a trámite exclusivamente el recurso de casación en lo que se refiere a la pretensión ejercitada por D. Félix.

La sentencia recurrida resuelve el recurso jurisdiccional interpuesto en relación con la impugnación de resolución del Ministerio de Defensa que parcialmente estimó la reclamación formulada en relación con los daños sufridos por D. Félix, que el 26 de enero de 1996 participaba, en su condición de militar de empleo y tropa profesional, en el desarrollo de un ejercicio de prácticas con explosivos y que sufrió las lesiones que se recogen en la sentencia recurrida por procederse a la voladura del material explosivo que había sobrado en el ejercicio de prácticas con explosivos en fecha 26 de enero de 1996 cuando, al aplicar la mecha, el explosivo ocasionó al citado militar las lesiones referidas siendo éste declarado incurso de inutilidad física con pase a la situación de retirado y reconociéndosele por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas la situación de gran invalidez, necesitando el auxilio de tercera persona, habiéndosele reconocido por la Administración una pensión extraordinaria y mensual de 305.234 ptas. y una pensión adicional de 165.782 ptas. al mes, aceptando que las secuelas que padece fueron consecuencia anormal de la actuación administrativa.

La discrepancia, por tanto, en la instancia se derivó de la cuantificación de la indemnización correspondiente, puesto que la Administración, en base al baremo aprobado por Ley 30/1995 actualizado por resolución de 29 de febrero de 1999, y tomando como referencia la valoración que en puntos de dichas secuelas realizó el Tribunal Médico Militar de Sevilla en 106 puntos, admite, en unión de otros factores que se recogen en el fundamento de derecho cuarto en la resolución impugnada, que podría llegarse a una suma total de 101.000.000 de pesetas, pero que no puede ignorarse el derecho a las dos pensiones reconocido a favor del actor, por lo que teniendo en cuenta la cantidad resultante de sustraer a la indemnización procedente conforme a los baremos la que resulta de capitalizar al 5% las sumas reconocidas en concepto de pensión, aceptó una indemnización de 20 millones de pesetas que el Tribunal de instancia complementa con la de 40 millones de pesetas para, más ponderadamente y en palabras de la sentencia recurrida, cubrir el perjuicio moral en los términos que en la sentencia se recogen y cuya cifra, expresa la sentencia que "se concreta, efectuando una valoración actual del daño, sin admitir, por excesiva la valoración efectuada por la parte demandante".

Segundo.-El primero de los motivos articulados en el recurso interpositorio de esta casación fundado en lo dispuesto en el artículo 88.1.c) de la Jurisdicción y en la circunstancia de no hacerse pronunciamiento alguno en el fallo en relación con el derecho de indemnización a favor de los también recurrentes D. Imanol y Dª. Rocío, ha de ser rechazado en aplicación de lo que resolvió ya la Sala en el antes mencionado Auto de 18 de diciembre de 2003.

El motivo segundo se formula por el recurrente, al amparo también de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción entendiendo que la sentencia ha incurrido en incongruencia e invocando el artículo 24 de la Constitución, por estimar que la sentencia no ha resuelto acerca de la indemnización en concepto de pretium doloris y daños morales correspondientes a los días de incapacidad temporal en que estuvo necesitado de asistencia facultativa, ni a la procedencia del abono de intereses de demora.

En cuanto a lo primero, entiende la Sala que el Tribunal de instancia ha completado la cantidad reconocida en la resolución administrativa de 20 millones de pesetas, por entender la misma insuficiente, junto con las pensiones también reconocidas, para cubrir la totalidad de los daños morales sufridos por el recurrente, con la cantidad de 40 millones de pesetas más a sumar a los 20 millones reconocidos por la Administración. Y con ello, en opinión de la Sala, se indemniza por el Tribunal de instancia la totalidad de los daños morales, incluidos evidentemente los correspondientes al período de tiempo en que estuvo necesitado de asistencia facultativa e impedido para sus ocupaciones habituales, porque el incremento que la Sala acuerda lo hace en función de otras consideraciones distintas a aquéllas ya tomadas en cuenta por la Administración al fijar la cantidad de 20 millones como punto de partida y que, si se recogen por la sentencia recurrida, no ha de entenderse que con ello se compensan esos concretos perjuicios a que se refiere, sino que el incremento que la misma acuerda se realiza en función de la consideración de estas circunstancias mencionadas y relativas a las gravísimas secuelas que ha de soportar toda su vida el recurrente, su edad y el conjunto de penurias que el concepto de gran invalidez comporta, por lo que la indemnización acordada por la Sala de 40 millones además de los 20 reconocidos por la Administración ha de entenderse comprensiva de todos los conceptos y daños indemnizables.

Por otro lado, ha de destacarse que la valoración que realiza la sentencia se hace con referencia a la fecha en que la misma se pronuncia al hablar "de una valoración actual" con lo que claramente se indica por la misma que la valoración no la refiere al momento en que se inicia la reclamación o a la fecha en que se produce el daño sino que, al objeto de conseguir una plena indemnidad de los daños, éstos se evalúan en la cifra indicada a la fecha de la sentencia, por lo que resulta improcedente el reconocer unos intereses de demora a partir del momento en que se formuló la reclamación cuya inclusión, o la alternativa del abono del valor actualizado en función del IPC, no haría sino responder a la necesidad de la actualización, que en la sentencia ya está efectuada al señalar la cifra indicada de 60 millones de pesetas descontando los 20 millones reconocidos por el Administración, por lo que el motivo ha de ser desestimado.

En el motivo tercero aduce el recurrente nuevamente incongruencia, al amparo del mismo precepto de la Ley rectora de la Jurisdicción, por entender que la sentencia se ha desviado de los términos en que quedó planteada la controversia en lo relativo al acuerdo de las partes sobre la aplicación del baremo sobre valoración del daño corporal contenida en la Ley 30/1995. No tiene en cuenta el recurrente que, según reiterada doctrina de esta Sala, la aplicación del baremo tiene carácter puramente orientativo y nada impedía, como así lo entendió el juzgador de instancia, que por la sentencia se aplicara el criterio estimativo que la Sala considerara oportuno apreciando las circunstancias concurrentes y fijándolo en la cifra antes indicada, por lo que no precisaba tampoco hacer referencia alguna a la pericial practicada en relación con la aplicación del baremo contenida en la Ley 30/1995.

En el motivo cuarto, denuncia el recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución y 139 y siguientes y 113 del Código Penal y de la Jurisprudencia que entiende aplicable en relación con el derecho de los actores D. Imanol y D.ª Rocío a ser indemnizados por los daños morales y pecuniarios producidos como consecuencia del accidente, con independencia de la indemnización correspondiente al lesionado, motivo éste que igualmente ha quedado ya rechazado por el pronunciamiento de esta Sala en el antes mencionado Auto de 18 de diciembre de 2003.

En el motivo quinto, y al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, entiende infringido el recurrente el artículo 106.2 de la Constitución, 139 y siguientes de la Ley 30/1992, así como de la jurisprudencia que invoca, por no haberse fijado en la sentencia indemnización durante el período de incapacidad temporal, cuestión ésta que resolvimos al negar la existencia de incongruencia y que por las razones invocadas en el motivo tercero, determina la desestimación del motivo, insistiendo en que en el presente caso la Sala ha fijado la cuantía global de la indemnización en atención a las circunstancias concurrentes rechazando la pretensión que envuelve la argumentación de la actora de la automática aplicación del baremo contenido en la Ley 30/1995.

En el motivo sexto se denuncia por el recurrente, al amparo también del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, la infracción de los artículos 14, 15, 24 y 106 de la Constitución y 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico así como de la doctrina de los actos propios. En el desarrollo del motivo insiste el recurrente nuevamente en la necesidad de la aplicación en el presente caso del baremo anexo a la Ley 30/1.995, que dice ha de ser aplicado como se hace en el usus fori en las demás jurisdicciones, argumento naturalmente insuficiente para justificar el presente recurso, pues es doctrina consolidada de la Sala la de que no existe sino la posibilidad de una aplicación a efectos analógicos u orientativos del citado baremo lo que en modo alguno limita las facultades de la Sala en orden a la concreción de la indemnización que estime aplicable y que, como cuestión de hecho, no puede ser discutida en casación si no es en los excepcionales supuestos que la jurisprudencia de esta Sala viene admitiendo, cuando se invoca infracción de preceptos legales sobre valoración de prueba tasada o justificando que la valoración realizada por el Tribunal de instancia resulta contraria a la lógica y a los principios de la sana critica o arbitraria, supuestos éstos que ni siquiera han sido alegados en este recurso de casación en el que la Sala, en uso de las facultades que le reconoce el artículo 141.2 de la Ley 30/1992, valoró las lesiones en la cifra que consideró procedente incrementando en 40 millones de pesetas la reconocida por la resolución impugnada.

Tampoco puede prosperar el motivo séptimo en el que, al amparo del mismo apartado del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, se denuncia infracción del artículo 14, 24 y 106.2 de la Constitución, 139 y siguientes de la Ley 30/1992 así como de la doctrina jurisprudencial que declara la compatibilidad de pensión e indemnización, y en especial de la sentencia de la Sala Especial de revisión de 12 de marzo de 1991.

Basta con examinar la sentencia recurrida para concluir que, efectivamente, y si bien es cierto que los títulos a que responde el reconocimiento de una pensión de clases pasivas son distintos de los que resultan del reconocimiento de indemnización por responsabilidad de la Administración, esta Sala viene declarando y así se recoge a título de ejemplo en Sentencia de 1 de febrero de 2003, que la finalidad de la cantidad asignada por vía de indemnización de daños y perjuicios es la de conseguir la plena indemnidad de la víctima, que no se alcanzaría con el percibo de las prestaciones prefijadas en las normas sectoriales pues ello no impide que, como apreció la Sala de instancia, se tome en consideración en el momento de fijar la indemnización, la circunstancia evidente del reconocimiento de unas pensiones, inicialmente fijadas en este caso según se recoge en la sentencia recurrida, en la cifra de 305.234 ptas., complementada con una pensión adicional también mensual de 165.782 ptas., cuyo importe ha de ser complementado, como lo reconoció la sentencia invocada por el recurrente de 12 de marzo de 1991, con la cifra señalada por la sentencia recurrida porque, si bien ha de conseguirse una plena indemnidad en la reparación del daño causado, tampoco cabe admitir que se produzca un enriquecimiento injusto por encima de esa total reparación por el reconocimiento de una indemnización con omisión de toda consideración en relación con la pensión extraordinaria causada por el reclamante. Por ello, la solución arbitrada por el Tribunal de instancia, incrementando la cifra señalada por la Administración de 20 millones de pesetas con la de 40 millones, y ello teniendo en cuenta la existencia de aquella pensión extraordinaria y su adicional, resulta conforme a derecho y ello comporta la desestimación del presente motivo, en el que no cabe invocar la jurisprudencia de otras Salas distintas de ésta, concretamente las del orden jurisdiccional penal y civil, reiterando que la compatibilidad de la indemnización con la pensión percibida no impide que la cuantía de esta última se tome en consideración a la hora de fijar la indemnización correspondiente para conseguir, como decíamos, la plena indemnidad que en un principio no se alcanzaría con el percibo de las prestaciones prefijadas. Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sala recogida en sentencias de 2 de marzo, 20 de mayo y 28 de noviembre de 1995, 17 de abril y 12 de mayo de 1998, 5 de febrero, 2 de marzo y 10 de abril de 2000 y 29 de junio de 2002 y 1 de febrero de 2003, entre otras.

Tercero.-Desestimado el recurso de casación, procede la condena en costas del recurrente, con el límite, en lo que se refiere a los honorarios del Letrado, de la cantidad de 1.000 euros.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Félix contra sentencia de fecha 4 de octubre de 2001 dictada en el recurso n.º 430/00 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional; con condena en costas del recurrente, con la limitación establecida en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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