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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. de 12 de mayo de 1998


 RESUMEN:

Compatibilidad de indemnizaciones. Se reconoce la compatibilidad de indemnizaciones resultantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la resultante de la aplicación de normas sectoriales.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó, con fecha 31 de julio de 1993, sentencia en el recurso contencioso-administrativo n.º 144/91, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLAMOS: Que ESTIMAMOS el recurso Contencioso-Administrativo n.º 144/91, promovido por D.ª Edurne, contra la denegación tácita por silencio administrativo de la petición que formulara a la Diputación de Barcelona en reclamación de indemnización de daños y perjuicios, a que esta litis se contrae, anulando y dejando sin efecto dicha resolución, declarándose el Derecho de la actora a percibir de la Administración demandada una indemnización por importe de diez millones de pesetas, sin especial condena en costas».

Segundo.-Dicha sentencia se basa, entre otros, en el siguiente fundamento jurídico tercero: «En el supuesto específico enjuiciado en la presente litis, en lo concerniente al aspecto fáctico, se halla acreditado que la recurrente, doña Edurne, que prestaba sus servicios como funcionaria de la Diputación Provincial de Barcelona, el día 27 de noviembre de 1987, a las once horas quince minutos, mientras desarrollaba su cometido en los locales de dicha Diputación, tropezó con una tapa longitudinal existente en el suelo, habilitada para poder acceder a las conducciones del cableado eléctrico, telefónico e informático del edificio en cuestión, la cual no se ajustaba al pavimento, formando un escalón o reborde, que motivó el tropiezo mencionado, a consecuencia del cual D.ª Edurne cayó al suelo, sufriendo lesiones muy graves consistentes en la fractura asubcapital del fémur izquierdo, que motivaron el que se le practicaran cinco intervenciones quirúrgicas, quedando como consecuencia de ello imposibilitada para seguir trabajando, debiéndose servir para desplazarse de la ayuda de dos muletas, concediéndosele como consecuencia de todo ello la jubilación por invalidez en fecha 28 de febrero de 1991».

Tercero.-Notificada la anterior sentencia a las partes, la representación procesal de la Diputación de Barcelona presentó ante la Sala de instancia escrito, solicitando que se tuviese por preparado recurso de casación contra la misma con remisión de lo actuado a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió por resolución de 12 de noviembre de 1993, en la que mandó emplazar a las partes para que pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

Cuarto.-Dentro del término al efecto concedido comparecieron ante esta Sala del Tribunal Supremo, como recurrido, el Procurador don Luis Suárez Migoyo, en nombre y representación de doña Edurne, y, como recurrente, la Procuradora doña Montserrat Sorribes Torra, en nombre y representación de la Diputación de Barcelona, al mismo tiempo que ésta presentó escrito de interposición de recurso de casación, basándolo en tres motivos, al amparo todos de lo dispuesto por el artículo 95.1.4.º de la Ley de esta Jurisdicción, el primero por infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita, según la cual es improcedente la reclamación a la Administración cuando el resarcimiento está cubierto por la legislación sectorial, por lo que existe una incompatibilidad entre el percibo de esa especial forma de indemnización que significa la pensión extraordinaria y el abono de la indemnización prevista en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico y 121 y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa; el segundo por infracción de los artículos 59 y 71 de los Estatutos de la MUNPAL de 9 de diciembre de 1975 y modificaciones posteriores, según los cuales el asegurado que se inutilice en acto de servicio o como consecuencia de él causará a su favor una pensión extraordinaria equivalente al 200% del haber regulador y además una indemnización por una sola vez equivalente a una mensualidad del haber regulador por cada año de servicio prestado, cuya indemnización ha cobrado la demandante accidentada, quien, además, viene percibiendo periódicamente la aludida pensión extraordinaria, cuyo ordenamiento ha de prevalecer, por su mayor garantía para el funcionario, sobre el ordenamiento general de la responsabilidad patrimonial de la Administración, y el tercero por haberse vulnerado por la Sala de instancia los principios del enriquecimiento injusto y de igualdad al haber concedido a la accidentada una indemnización a cargo de la Administración a pesar de estar percibiendo las aludidas contraprestaciones como consecuencia del Ordenamiento sectorial, de manera que se le concede una doble indemnización, siendo discriminatoria la sentencia para los accidentados que no tuviesen cobertura en la legislación sectorial, con lo que se vulnera el artículo 14 de la Constitución, por lo que terminó con la súplica de que se anule la sentencia recurrida y se resuelva conforme a la súplica del escrito de contestación a la demanda, desestimando la petición formulada por la demandante.

Quinto.-Admitido a trámite el expresado recurso de casación, se dio traslado del mismo a la representación procesal de la comparecida como recurrida para que, en el término de treinta días, formalizase por escrito su oposición al mismo, lo que efectuó con fecha 10 de noviembre de 1994, alegando que la doctrina jurisprudencial invocada por la otra parte no es mayoritaria y, además, fue desautorizada por la fijada por la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su sentencia, de fecha 12 de marzo de 1991, según la cual la reparación del daño ha de ser integral, lo que permite compatibilizar diferentes indemnizaciones hasta conseguirla y, por supuesto, tal compatibilidad existe cuando la causa de la indemnización tiene título diferente, doctrina ésta que ha continuado siendo aplicada en sucesivas Sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo, mientras que el hecho de que se reciban determinadas pensiones o indemnizaciones por una sola vez con cargo a una Entidad Aseguradora es consecuencia de una contraprestación por haber venido cotizando obligatoriamente como funcionaria, cuyas prestaciones tienen un carácter fijo y predeterminado con independencia de los reales perjuicios sufridos, sin que por ello se cobre dos veces lo mismo, pues por un lado se recibe asistencia sanitaria y pensiones de jubilación extraordinarias o no, como consecuencia de la pertenencia a una determinada Mutualidad, y por otro se recibe una reparación o resarcimiento integral del daño producido a través de los mecanismos de la responsabilidad patrimonial del Estado, resultando totalmente improcedente la invocación del principio de igualdad, ya que quien hubiera cotizado tendrá cobertura sectorial o a través de seguros privados y quien no lo haya hecho, no lo tendrá, resultando totalmente compatibles los resarcimientos a través de la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración y del seguro en virtud del abono de primas o de cotizaciones, de manera que el cuidado de cada ciudadano de asegurar sus riesgos de la forma más oportuna no evita la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, por lo que terminó con la súplica de que se declare no haber lugar al recurso de casación interpuesto y se confirme la sentencia recurrida con imposición de las costas del recurso a la Diputación Provincial de Barcelona.

Sexto.-Formalizada la oposición al recurso de casación, se ordenó, por providencia de 24 noviembre de 1994, que las actuaciones quedasen en poder del Secretario de Sala para su señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para la votación y fallo el día 28 de abril de 1998, en que tuvo lugar con observancia de las reglas establecidas por la ley, habiendo sustituido previamente en la representación procesal de la recurrida doña Edurne la Procuradora doña Isabel Julia Corujo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-En el primer motivo de casación la representación procesal de la Administración recurrente sostiene que la Sala de instancia infringe la jurisprudencia, recogida en las tres sentencias del Tribunal Supremo que cita, por haber condenado a aquélla a satisfacer a la demandante, en concepto de responsabilidad patrimonial, una indemnización, a pesar de que dicha demandante, conforme a la legislación sectorial correspondiente, percibe, como consecuencia de las lesiones y secuelas sufridas cuando prestaba sus servicios en calidad de funcionaria, una pensión extraordinaria además de haber sido indemnizada en la cantidad prevista en tal legislación sectorial, mientras que la jurisprudencia citada declara improcedente la reclamación a la Administración por responsabilidad patrimonial cuando el resarcimiento está cubierto por normas sectoriales.

Para desestimar este primer motivo de casación basta citar la consolidada doctrina de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, establecida, entre otras, en sus Sentencias de 2 de marzo, 20 de mayo y 28 de noviembre de 1995, 27 de marzo y 17 de abril de 1998, que siguen idéntico criterio al recogido en la Sentencia de la Sala especial de este Alto Tribunal, contemplada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de fecha 12 de marzo de 1991, según el cual las prestaciones devengadas por aplicación del ordenamiento sectorial son compatibles con las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial de la Administración por tener su causa en títulos diferentes y ser exigencia de ésta la plena indemnidad de la víctima, que no se alcanzaría con el percibo de las prestaciones prefijadas en las invocadas normas sectoriales, de manera que la minoritaria y aislada orientación jurisprudencial de las Sentencia, citadas como infringidas, de 9 de febrero de 1987, 26 de enero de 1988 y 21 de marzo de 1989, ha sido abandonada y corregida por la constante y uniforme jurisprudencia de esta Sala que, como doctrina legal, tiene el valor normativo complementario que le asigna el artículo 1.6 del Código Civil.

Segundo.-El Tribunal "a quo" no ha infringido lo dispuesto por los artículos 59 y 71 de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de 9 de diciembre de 1975, como se afirma en el segundo motivo de casación, porque, al resolver la cuestión sometida a su consideración, se ha limitado a fijar la indemnización que la Administración demandada debe pagar a la funcionaria perjudicada como consecuencia de la responsabilidad patrimonial contemplada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, 121 de la Ley de Expropiación Forzosa y 54 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de abril, ya que, como acabamos de expresar, son compatibles las indemnizaciones procedentes de ésta con las prestaciones derivadas del ordenamiento sectorial.

La compatibilidad, jurisprudencialmente declarada, entre la reparabilidad de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y el derecho a la percepción de las pensiones o indemnizaciones, derivadas de dicho ordenamiento sectorial, resulta más evidente, si cabe, cuando de indemnizaciones o pensiones contributivas se trata, ya que éstas no son sino la contraprestación por lo cotizado o pagado para asegurar los riesgos derivados de determinadas situaciones o actividades, por lo que la Sala de instancia, al conceder a la demandante una indemnización por la invalidez que sufre a consecuencia de la caída provocada por una inadecuada instalación en la sede la Administración, donde ejercía su trabajo como funcionaria, a pesar de que ésta haya sido indemnizada, en la forma prevista por los Estatutos de la Mutualidad a la que cotizaba, y venga percibiendo la pensión extraordinaria en ellos prevista para casos de inutilidad sobrevenida en acto de servicio, no ha infringido ni dichos preceptos estatutarios ni los que regulan la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, sino que, por el contrario, ha interpretado y aplicado correctamente éstos.

Tercero.-Finalmente, y por las razones ya expuestas, hemos de rechazar la pretendida infracción del principio que prohibe el enriquecimiento injusto, aducida en el último motivo de casación, porque la indemnización y la pensión que la funcionaria demandante ha percibido, como consecuencia de su pertenencia a una Mutualidad, tiene causa distinta de la indemnización que debe pagarle la Administración recurrente por las deficiencias en las instalaciones de su sede, las que, según lo dicho, son compatibles, ya que aquéllas constituyen la contraprestación exigible por las obligadas cotizaciones en previsión de riesgos futuros y ésta no es sino la debida reparación de daños y perjuicios causados como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, de manera que el enriquecimiento injusto se produciría, por el contrario, si la cobertura de riesgos en un sistema contributivo de aseguramiento exonerase a la Administración de la responsabilidad patrimonial contemplada en los preceptos antes citados.

Cuarto.-La invocación del principio de igualdad, que hace la representación procesal de la Administración recurrente, debe considerarse como meramente retórica y sin contenido por los propios términos de su comparación, pues no cabe equiparar supuestos manifiestamente desiguales, que es lo que se hace cuando se considera discriminatorio el trato a los accidentados que no tengan cobertura en la legislación sectorial respecto de aquéllos que la tienen, ya que, lógicamente, quien carece de cualquier cobertura no puede pretender otra indemnización que la derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración, mientras que quien la tuviese podrá además exigir las contraprestaciones que su seguro le garantice.

Cuestión diferente es la relativa al quantum indemnizatorio en los supuestos en que concurran ambas, en los que, como declaramos en nuestra citada Sentencia de 17 de abril de 1998, no cabe hacer abstracción de las cantidades percibidas por las diferentes vías, sin perjuicio del carácter compatible de unas y otras, dado el principio, que rige este instituto, de la plena indemnidad o de la reparación integral, lo que, en este caso, no se ha planteado.

Quinto.-Al ser desestimables todos los motivos al efecto invocados, se debe declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto con imposición de las costas procesales causadas a la Administración recurrente, como establece el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 93 a 101 de la Ley de esta Jurisdicción.

FALLAMOS

Que, con desestimación de los motivos al efecto invocados, debemos declarar y declaramos que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora doña Montserrat Sorribes Calle, en nombre y representación de la Diputación de Barcelona, contra la sentencia pronunciada, con fecha 31 de julio de 1993, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo n.º 144/91, con imposición de las costas procesales causadas a la citada Diputación Provincial.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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