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Sentencia T.S. de 8 de junio de 2005


 RESUMEN:

Prisión indebida. La absolución por falta de pruebas en virtud del principio de presunción de inocencia, no determina una ausencia acreditada de participación del inculpado en los hechos punibles, lo que excluye la posibilidad de indemnización.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo nº 68/2001, interpuesto por la representación de D. Eloy, contra la Resolución del Ministerio de Justicia de 11 de enero de 1999, acto que se confirma por ajustarse al Ordenamiento Jurídico. Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas."

Segundo.-Notificada la anterior sentencia la representación procesal de D. Eloy, presentó escrito ante la Audiencia Nacional preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia de fecha 30 de mayo de 2001 la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

Tercero.-Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la representación procesal del recurrente presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se funda y suplicando a la Sala "dicte en su día sentencia por la que declare haber lugar al presente recurso de casación; y case y anule la Sentencia recurrida, y la revoque en el sentido de estimar el recurso contencioso administrativo deducido a nombre de mi representado y declare el derecho del mismo a una indemnización a cargo del Estado, y condene al Ministerio de Justicia a indemnizar a mi representado los perjuicios que se le han irrogado por las dilaciones indebidas en la Administración de Justicia, además de por su indebida estancia en prisión, y la indefensión al mismo causada por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, cuya indemnización se fijará en 26 millones de pesetas, o, en su caso en ejecución de sentencia con arreglo a las bases que resultan de los hechos de la demanda contencioso-administrativa."

Cuarto.-Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó al Sr. Abogado del Estado para que en plazo de treinta días, formalice su escrito de oposición, lo que realizó, oponiéndose al mismo y suplicando a la Sala "se dicte sentencia que confirme íntegramente la producida en la instancia, con imposición de costas."

Quinto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia el día 7 de junio de 2005, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Agustín Puente Prieto,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Se interpone el presente recurso de casación contra sentencia de 10 de abril de 2001 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, de la Audiencia Nacional que resuelve reclamación promovida por la representación de D. Eloy sobre responsabilidad patrimonial por funcionamiento de la Administración de Justicia.

Como alega el recurrente la pretensión indemnizatoria se basa en que permaneció en prisión entre el 29 de mayo de 1985 y 16 de julio de 1985 y que en la tramitación del procedimiento penal se produjeron dilaciones indebidas ya que no se dictó sentencia por la Audiencia Provincial de Málaga hasta el 9 de febrero de 1995, causándole perjuicios, y aludiendo a una pretendida indefensión por no tener Abogado de oficio.

La sentencia de instancia, aceptando el tiempo de permanencia del recurrente en prisión por su implicación en un delito continuado de usura tipificado en el artículo 542 en relación con el 62 bis del Código Penal, entiende acreditado que la Audiencia Provincial de Málaga le absolvió por insuficiencia de pruebas ya que colaboraba con su hermano, recibiendo a los clientes, pero sin facultades decisorias en la concesión de los préstamos y sólo intervenía, según la sentencia, en las operaciones relacionadas con el desempeño de las joyas, procediendo, en consecuencia, a desestimar la reclamación formulada al amparo del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por tratarse de un supuesto de absolución por insuficiencia de pruebas.

En cuanto a las dilaciones indebidas estima la Sala que procede desestimar la pretensión ya que, "además de no acreditarse la causación de perjuicio alguno, la propia sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga alude como motivo del retraso a la complejidad y lo voluminoso de la causa, con una pluralidad de perjudicados que actuaron como acusaciones particulares, imputando la misma sentencia responsabilidad de este retraso a la defensa letrada del recurrente. Además, consta que el acto del juicio hubo de suspenderse por renuncia del aquí recurrente a su abogado defensor, lo que permite deducir que no hizo nada por evitar el retraso y que en parte contribuyó al mismo, no aportando ninguna prueba de que el retraso le haya perjudicado especialmente. En el caso de autos, la dilación benefició al recurrente pues llevó a una menor presión de las presuntas víctimas, retirando las acusaciones particulares, en concreto, la acusación sobre algunos delitos respecto de aquél, debiendo ponerse de relieve que el recurrente contribuyó decisivamente al retraso del procedimiento, como se indicó, careciendo, por último, de justificación la presunta indefensión, tal como argumenta el Abogado del Estado, sin que quepa en esta vía cuestionar resoluciones judiciales, salvo previa declaración de error judicial, no intentada en tiempo ni forma."

Contra la anterior sentencia se interpone el recurso de casación con fundamento en un primer motivo en el que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, se alega error de derecho en la apreciación de la prueba por infracción de lo dispuesto en el artículo 1.218, párrafo 1º, del Código Civil y ello en relación con la interpretación que el recurrente sostiene que ha de hacerse respecto de la valoración de los términos contenidos en la sentencia penal y que entiende erróneamente valorados por la sentencia recurrida; mas tal apreciación, que el recurrente considera que ha de primar sobre la que la sentencia contiene, no es motivo con transcendencia casacional que quepa ser denunciado al amparo de la supuesta infracción de lo dispuesto en el artículo 1.218, párrafo 1º del Código Civil, norma ésta en que pretende ampararse el recurrente como infringida para discutir en realidad la valoración del contenido de la sentencia penal, que es objeto de impugnación en el motivo tercero que luego se examinara.

Por las mismas razones tampoco puede aceptarse el segundo de los motivos casacionales en que se denuncia también infracción del mismo precepto en relación ahora con el contenido de escritos que se dice que justifican la existencia del supuesto error aducido en la apreciación de las dilaciones indebidas y que no tiene encaje en el precepto que se considera infringido, pues la Sala ha tomado en consideración dichos escritos si bien con resultado distinto al apreciado por el recurrente y en relación con la indebida dilación del proceso.

Segundo.-En el tercer motivo de casación denuncia el recurrente, al amparo del mismo apartado del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, infracción del artículo 121 de la Constitución en relación con el 292.1 y 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la doctrina de esta Sala acerca de la apreciación de responsabilidad por la ausencia de participación en los hechos punibles.

El motivo no puede prosperar. Esta Sala en sentencia de 3 de noviembre de 2003, recogiendo los pronunciamientos de la de 27 de enero del mismo año, ha declarado, con cita de otras anteriores, que para decidir si se está ante los supuestos que generan derecho a indemnización por haber sufrido prisión preventiva, según los establecido por el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder y la jurisprudencia que lo interpreta, se ha de atender al auténtico significado de la resolución pronunciada por la jurisdicción penal, sin que para ello resulten decisivas las expresiones, más o menos acertadas, de la sentencia absolutoria o del Auto de sobreseimiento libre, pues es necesario deducirlo del relato de hechos probados y de la valoración de las pruebas realizadas por el juez o tribunal penal, ya que sólo de su examen conjunto es posible obtener la conclusión de si se está ante una absolución por falta de pruebas en virtud del principio de presunción de inocencia o de ausencia acreditada de participación, supuesto éste en que hay derecho a indemnización a cargo del Estado.

En el presente caso, y conforme estima la sentencia recurrida, no existía una ausencia acreditada de participación en los hechos, sino una absolución por falta de pruebas en relación con la acreditación del enriquecimiento ilícito por parte del recurrente, hermano de quien gestionaba el negocio y para el que prestaba funciones de colaboración, sin que haya sido acreditado en el actor aquella intención de enriquecimiento ilícito, mas ello no determina una ausencia acreditada de participación sino una absolución por falta de pruebas en virtud del principio de presunción de inocencia lo que excluye la posibilidad de indemnización conforme al artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la jurisprudencia que lo interpreta.

El cuarto motivo se fundamenta en la infracción también de lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución Española en relación con los artículos 292 y 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial entendiendo indebidamente aplicado el artículo 295 de dicha Ley Orgánica, estimando que en el presente caso se han producido las dilaciones indebidas que el recurrente concreta, mas no discutiendo adecuadamente las afirmaciones de la Sala de instancia en relación con la complejidad de la causa y la posible responsabilidad del retraso motivada por la actuación del propio recurrente y de su letrado lo que excluye, como razonadamente aceptó el Tribunal de instancia, la responsabilidad de la Administración por este concepto.

En efecto, basta considerar la documentación a que el recurrente hace referencia en el segundo de los motivos y en éste para concluir en que no tuvo el recurrente y su letrado una actuación tendente a evitar las dilaciones indebidas ya que consta efectivamente que en fecha 28 de mayo de 1993 el recurrente se dirigió a la Sala de la Audiencia Provincial de Málaga indicándole que iba a buscar un Abogado particular que pueda asumir su defensa con todas las garantías, lo que reiteró nuevamente en comunicación de 4 de junio de 1993 rechazando la designación del Letrado defensor asignado, solicitando nuevamente en enero de 1994 que se le comunicara el Abogado de oficio que se había designado, solicitando el 7 de febrero de 1994 y en escrito dirigido a la misma Sala que se le comunicara con carácter de urgencia el Letrado designado procediendo el mismo en fecha de 27 de julio de 1994 a solicitar el traslado de los autos originales por término de tres días a efectos de instrucción de la defensa, a lo que se accedió por providencia de 14 de septiembre de 1994, procediéndose por la representación del recurrente a evacuar el 20 de octubre de 1994 las conclusiones definitivas. De todo ello cabe deducir que asiste la razón a la Sala de instancia cuando atribuye responsabilidad en el retraso a la actuación del propio recurrente y de su letrado sin que, por otro lado, pueda ser cuestionado lo voluminoso de la causa a la que el propio recurrente alude en su escrito de 10 de octubre de 1994 al afirmar que consta de cuatro tomos y cerca de dos mil folios.

Procede, en consecuencia, desestimar el presente motivo de casación y con ello el recurso en su integridad.

Tercero.-En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, procede la condena en costas del recurrente, fijándose en 2.000 euros la cantidad máxima a repercutir por dicho concepto en lo que se refiere a los honorarios del Letrado.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de D. Eloy contra sentencia de fecha 10 de abril de 2001 dictada en el recurso 68/01 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional; con condena en costas del recurrente, con la limitación establecida en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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