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Sentencia A.P. Sevilla 124/2010, de 19 de marzo


 RESUMEN:

Aunque el acusado, condenado en el juicio de faltas al pago de una multa, alegó que estaba en el paro, sin cobrar prestación alguna, la Audiencia razona, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo que la levedad de su cuantía justifica la confirmación de de la resolución recurrida.

SENTENCIA

En Sevilla, a 19 de marzo de 2010.

Habiendo visto en apelación la causa referenciada, he resuelto como a continuación se expone:


ANTECEDENTES PROCESALES.


 
Primero.-El día 18 de noviembre de 2009 el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Instrucción dictó sentencia cuyo Fallo es de este tenor:

"Que debo condenar y condeno a. D. Cosme como autor de una falta contra el orden público del artículo 634 del Código Penal, consistente en falta de respeto y desobediencia leve a la autoridad y a sus agentes a la pena de 40 días de multa a razón de 6 euros por día (240 euros), con la responsabilidad penal subsidiaria del artículo 53 del CP en caso de impago. Igualmente deberán ser abonadas por el condenado las costas causadas en el juicio.".

La sentencia contenía la siguiente declaración de Hechos Probados:

"Que el día 9 de octubre de 2009, a la 1 hora y 50 minutos, en la calle Fray Ramón, a la altura del Pub 69 pétalos, de Gines, D. Cosme, en visible estado de embriaguez, le manifestó a los agentes de la Policía Local de Gines, n.º NUM000 y NUM001: "me suda el nabo tú y el juez, yo soy un macho y tu maricona, sois unas mariconas, hijos de puta, yo gano 4000 euros al mes y os voy a pisotear como cucarachas".".

Segundo.-Contra la sentencia se interpuso recurso de apelación por D. Cosme, entregándose copia del escrito a las demás partes personadas, de las que el Ministerio Fiscal formuló alegaciones interesando su desestimación. Remitidos los autos a este Tribunal se incoó Rollo el día 10 de marzo de 2010, quedando las actuaciones pendientes de resolución del recurso.


HECHOS PROBADOS

Se aceptan los declarados como tales en el correspondiente relato de la sentencia impugnada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO.


 
Primero.-El apelante, D. Cosme, fue condenado en la primera instancia como autor de una falta de respeto a agentes de la autoridad del artículo 634 del Código Penal, al entender demostrados el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Instrucción los hechos reflejados en el relato fáctico de la sentencia apelada, que más arriba se reseña y se confirma.

Con el recurso de apelación formulado personalmente por el acusado, de un lado, se alega que "la declaración de los policías es incorrecta", y, de otro, que "estoy en el paro sin cobrar prestación alguna,..., por lo cual se me hace imposible dicho pago" (el de la multa impuesta).

Segundo.-Con lo que cabe entender primer motivo del recurso, se viene a discrepar de la valoración que el Juez de Instrucción hizo en su sentencia de las pruebas practicadas a su presencia.

Pues bien, ha de recordarse que, si bien la valoración de las pruebas corresponde al juez penal como facultad soberana otorgada por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesta en relación con el principio de inmediación, y la facultad revisora del tribunal de la segunda instancia debe ser respetuosa con esa valoración, tal función revisora se puede y se debe ejercer cuando de forma patente se evidencie error en el juzgador al fijar el resultado probatorio en la sentencia objeto de recurso, o se haya prescindido de alguna prueba trascendente, de importancia manifiesta, que aparezca recogida de forma elocuente en la causa, o se haya llegado a la declaración de probanza de un hecho importante a través de una ilógica interpretación del material probatorio que le sirva de soporte.

En el acta del plenario consta que en relación con los hechos objeto de esta condena las pruebas practicadas en dicho solemne acto consistieron esencialmente en pruebas subjetivas: la declaración de los dos policías locales de Gines denunciantes.

Debe añadirse que es ya doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que en casos de apelación, cuando se fundamente en la apreciación de las pruebas, si en la apelación no se practican nuevas probanzas no puede el Tribunal "ad quem" revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia cuando, como es el caso, según se verá, por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción (SSTC 167/2002, 197/2002, 198/2002 y 200/2002 y 4/2004).

En particular, concreta la sentencia del citado Tribunal de 4 de julio del año 2005, recaída en el recurso de amparo n.º 4982/2001, que "... ha de afirmarse que los principios de publicidad, contradicción e inmediación que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías impedían que la Audiencia valorase por sí misma, corrigiendo la valoración efectuada por el Juzgado de Instrucción, la credibilidad de las diversas declaraciones vertidas en el acto del juicio por los acusados y testigos, sin el examen directo y personal de los mismos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción, lo que conduce a la estimación de la demanda de amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE)" (Fundamento 3).

Tercero.-Con este criterio ha de afrontarse, pues, el análisis del recurso.

Pues bien, el acta del juicio verbal es clara y contundente al reflejar que los dos agentes declararon en los términos reflejados en el relato fáctico de la sentencia apelada, teniendo las expresiones contra ellos proferidas cuando estaban de servicio un patente contenido ofensivo (por ejemplo: "sois unas mariconas, hijos de puta"). Frente a ello, habiendo sido citado en forma y sin justificarlo, el sr. Cosme no acudió al juicio, renunciando, así, al directo ejercicio de su derecho de defensa.

Dado el contexto que se acaba de describir puede concluirse que con tal bagaje probatorio no cabe sostener que las pruebas fueran valoradas en contra de las reglas de la lógica y de la experiencia por el juzgador de la primera instancia, al decidir en sentencia como lo hizo. Así, se practicó prueba de cargo apta para enervar la presunción de inocencia del sr. Cosme, que ninguna duda planteó al juzgador a la hora de otorgar credibilidad a los agentes policiales, en quienes no consta indicio alguno de animosidad contra el denunciado.

Cuarto.-En cuanto a la otra alegación, carece asimismo de fundamento.

Dadas las características de los hechos y el contexto de su desarrollo no cabe sino considerar proporcionada la pena impuesta en cuanto a su extensión temporal, esto es, 40 días de multa (próxima a la mitad de la pena típica: de 10 a 60 días de multa), debiendo recordarse que la extensión temporal de la multa es ajena a la capacidad económica del acusado y que el estado de ebriedad del apelante de servir hipotéticamente para sustentar una atenuante (su intensidad se desconoce) sería irrelevante a los efectos de la pena dado el tenor del artículo 637 del Código Penal.

En cuanto al importe de la cuota diaria de la pena de multa, a la hora de interpretar el artículo 50.5 del Código Penal la jurisprudencia de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo refleja un reciente criterio conforme al cual -para una cuota de mil pesetas (6 euros) e, incluso, de tres mil (18 euros)- la fijación de unas cuantías que o no superan siquiera las del salario mínimo o, en todo caso, llevan a una sanción, en el ámbito penal, incluso inferior a la que pudiera considerarse equivalente impuesta por la Administración en el ejercicio de su función sancionadora, no requieren mayor justificación para ser consideradas conforme a Derecho, puesto que una cifra menor habría que considerarla insuficientemente reparadora y disuasoria, por lo que la sanción penal no cumpliría adecuadamente su función de prevención general positiva.

Pues bien, al condenado no le consta que sea indigente o se halle en situación de miseria, que es el parámetro que podría justificar establecer una cuota en su cuantía mínima (sentencia del Tribunal Supremo de 18-10-2007, n.º 847/2007) (ver también la de 21-10-2008, n.º 624/2008). En definitiva, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial expuesta y los parámetros que se acaban de exponer, se estima adecuada la imposición de una cuota diaria de 6 euros, muy próxima al mínimo legal de 2 euros.

Quinto.-En consecuencia de todo lo dicho procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar en su integridad la sentencia impugnada. Asimismo procede declarar de oficio las costas que puedan devengarse en esta segunda instancia, a tenor de los artículos 239 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Teniendo en cuenta lo expuesto, y por la autoridad que me ha conferido la Constitución,


FALLO:


 
Desestimo el recurso de apelación objeto de este Rollo interpuesto por D. Cosme.

Confirmo la sentencia dictada el día 18 de noviembre de 2009 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Instrucción, declarando de oficio las costas que puedan devengarse en la tramitación de esta segunda instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes personadas, informándolas de que contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos del Juicio de Faltas a su procedencia, con testimonio de esta resolución para su cumplimiento.

Hecho todo lo anterior se archivará el presente Rollo sin necesidad de nuevo proveído.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en audiencia pública por el Magistrado ponente al día siguiente de su fecha. Doy fé.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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