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Sentencia A.P. Huelva 69/2010, de 19 de marzo


 RESUMEN:

El denunciante no compareció en el acto del juicio oral, por lo que fueron leídas las declaraciones prestadas durante la instrucción para incorporarlas al plenario. Pero la Audiencia no da credibilidad suficiente a su versión como para enervar la presunción de inocencia del inculpado por delito de asesinato.

SENTENCIA NUM

En la ciudad de Huelva, a diecinueve de marzo de dos mil diez.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, compuesta por los Magistrados anotados al margen y bajo la ponencia del Iltmo. Sr. Don Luis G. Garcia Valdecasas y Garcia Valdecasas, ha visto en juicio oral y público, la causa procedente del Juzgado de Instrucción n.º2 de Aracena, seguida por el procedimiento ordinario y delito de ASESINATO EN GRADO DE TENTATIVA, contra Felicisimo, con DNI NUM000, natural de Santa Olalla del Cala, hijo de Pedro y Rosario, nacido el 5-9-64, con antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el día 23 de octubre de 2008 hasta el día 26 de diciembre de 2008, representado por el Procurador Sra. Manzano Gómez y defendido por el Letrado Sr. Retamar Parra; siendo parte el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Incoado Sumario por el referido Juzgado de Instrucción seguido por todos sus trámites y practicadas las diligencias pertinentes y dictado Auto de Procesamiento, fue declarado concluso remitiéndose a esta Audiencia Provincial previo emplazamiento en forma.

Segundo.-Tramitado el rollo de Sala conforme a la Ley, emitidos los escritos de conclusiones provisionales por el Ministerio Fiscal y la representación del procesado, quienes propusieron las pruebas que estimaron convenientes a sus derechos e intereses y admitidas por el Tribunal las pertinentes, se señaló para la celebración del acto del juicio oral el día 18 de marzo de 2010 en cuya fecha tuvo lugar, con el resultado que consta en acta, quedando el juicio Visto para Sentencia.

Tercero.-En dicho acto el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa de los artículos 139.1.º, 16 y 62 del Código Penal, del que era responsable en concepto de autor el procesado, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, solicitando se le impusiera la pena de trece años de prisión, con accesoria de inhabilitación absoluta por el delito, y costas. El procesado deberá indemnizar a Maximo en la cantidad de 4.290 euros.

Cuarto.-En el mismo trámite la defensa del acusado solicitó la libre absolución de su patrocinado, y alternativamente la aplicación de la eximente completa del artículo 20.2 del Código Penal, incompleta del artículo 21.1 en relación con el artículo 20.2 del Código Penal, y en su defecto, la atenuante analógica muy cualificada.


HECHOS PROBADOS

Resulta probado y así se declara que en la tarde del día 20 de septiembre de 2008, en el paraje denominado "Las Allanas" sito en término municipal de Alájar, Maximo fue apuñalado en el cuello y en el abdomen por persona o personas desconocidas, logrando Maximo llegar a la carretera HU-8121 donde fue ayudado por personas que transitaban por dicha carretera y trasladado a la localidad de Aracena y posteriormente al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue intervenido.

Maximo sufrió, como consecuencia de lo anterior, herida inciso contusa en cuello y dos heridas incisas en abdomen, con perforación del intestino delgado y grueso, que requirieron para su sanidad además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico-quirúrgico consistente en laparotomía exploradora, cierre de perforación intestinal y sutura de herida cervical profunda, tardando en curar 45 días, durante los cuales estuvo impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, y 11 de ellos hospitalizado. Le han quedado secuelas consistentes en cicatrices de la herida en el cuello y las heridas a nivel abdominal, incluida la de la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

No ha quedado acreditada la intervención en los hechos del procesado Felicisimo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-De las pruebas practicadas no ha quedado probado, con la seguridad y certeza que requiere todo pronunciamiento penal condenatorio, la comisión por el procesado del delito de asesinato en grado de tentativa del que ha sido acusado por el Ministerio Fiscal.

En el caso de autos el denunciante se encontraba fuera del territorio nacional y no ha comparecido al acto del juicio oral. Ante tal circunstancia, el Ministerio Fiscal solicitó la lectura de sus declaraciones para incorporarlas al plenario.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido admitiendo la validez de la introducción en el Plenario, a efectos de garantizar el principio de contradicción, mediante la lectura de la declaración correspondiente, de lo manifestado por el testigo en la fase sumarial y ante el Juez Instructor siempre que dicha declaración se haya producido conforme a las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las condiciones previstas en dicha Ley Rituaria se refieren a que la diligencia sumarial no pueda ser reproducida en el juicio oral por causas independientes de la voluntad de las partes. Con independencia de supuestos de imposibilidad absoluta, como es el fallecimiento del testigo, se han perfilado por la Jurisprudencia otros casos en los que la presencia deviene funcionalmente imposible, bien sea por tratarse de personas con residencia en el extranjero o que se encuentren en paradero desconocido o ilocalizables, lo que deberá tener su adecuada constancia en los autos, sin perjuicio de que el Tribunal debe desplegar la diligencia adecuada para localizar a la persona de que se trate. Evidentemente debe tratarse de declaraciones prestadas ante el Juez de Instrucción reuniendo los requisitos exigidos por la Ley, pues fuera de este supuesto no se trataría propiamente de diligencias sumariales de prueba, de forma que, aún no satisfaciéndose el principio de contradicción en aquella declaración, dicho principio esencial del proceso se desenvuelve en el acto del Plenario mediante la lectura concreta y puntual de la diligencia, abriéndose de esta forma a las partes la posibilidad de salvaguardar sus derechos. El fundamento de todo ello es hacer compatible el derecho de las partes a la práctica de las pruebas propuestas y el de realizar la justicia en un tiempo razonable, sin que la ausencia de un testigo conlleve sin más la impunidad.

Segundo.-Dicho esto, cabe preguntarse si la declaración sumarial de Maximo tiene entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado, esto es, si reúne en este caso las condiciones exigibles para que sean valorables, pues aún cuando en principio la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que el Tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos: 1) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre; 2) verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que lo doten de aptitud probatoria, de manera que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva; 3) persistencia en la incriminación: ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones.

Tercero.-A la vista de lo expuesto en el Fundamento anterior, es necesario analizar si concurren en la declaración del denunciante los requisitos ya mencionados que la jurisprudencia establece para determinar la credibilidad y consistencia del testimonio de la víctima para ser utilizada como prueba de cargo.

En el supuesto sometido a enjuiciamiento es cierto que no parece que existiera algún móvil de venganza o resentimiento previo a los hechos que se enjuician, si bien el acusado niega conocer al perjudicado. Pero ello no quiere decir que la deducción inmediata haya de ser que lo que el testigo dice es cierto, pues para eso deben concurrir los otros dos requisitos citados.

En primer lugar y respecto del tercero -persistencia en la incriminación, prolongada en el tiempo, plural sin ambigüedades y contradicciones- en el caso de autos en modo alguno concurre. Basta con observar su denuncia inicial y en sus posteriores declaraciones en el Juzgado.

En cuanto al segundo de los requisitos citados, esto es, verosimilitud o constatación objetiva de la existencia del hecho; no concurre en el caso de autos ningún dato objetivo que permita dar credibilidad a las manifestaciones del denunciante. No solo no existe corroboración de lo declarado por el perjudicado ante el Juez de Instrucción, sino todo lo contrario, pues mientras el denunciante señaló que únicamente estuvo con Maximo en Aracena tomando tapas en diversos bares y de allí se fueron a la ermita, en la diligencia de práctica de gestiones obrante al folio 33 se hace constar que Maximo estuvo el día 20 de septiembre de 2008 entre las 16,30 horas y las 17,00 horas en el bar la Parada de la localidad de Fuenteheridos tomando café junto a un matrimonio.

De todo lo anterior se desprende que la Sala no puede dar por acreditado que el procesado sea el autor de los hechos objeto de imputación. Por todo lo expuesto anteriormente, el Tribunal en el caso presente no ha alcanzado el pleno convencimiento preciso para dictar un Fallo condenatorio, lo que nos conduce por una elemental aplicación del principio "in dubio pro reo" a dictar sentencia absolutoria.

Cuarto.-Las costas procesales se deben declarar de oficio conforme al artículo 240 de la Ley Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de pertinente aplicación


FALLAMOS


 
En virtud de lo expuesto, el Tribunal ha decidido

QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Felicisimo de los hechos que venía acusado, con declaración de las costas de oficio.

Déjense sin efecto las medidas cautelares acordadas.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia, celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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