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Sentencia A.P. Granada 183/2010, de 19 de marzo


 RESUMEN:

En el presente caso, dice la Sala, con acierto se analiza en la sentencia impugnada la acción que su relato fáctico recoge como resultado del proceso valorativo de la prueba practicada, consiste en que el acusado propina un golpe en la pierna al agente con un palo o barra de madera, conducta que no puede equipararse a un forcejeo, empujón o actitud de oposición pasiva.

SENTENCIA

En la ciudad de Granada, a diecinueve de marzo de dos mil diez.-

Examinado, deliberado y votado en grado de apelación por la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, sin necesidad de celebración de vista, el Procedimiento Abreviado Núm. 12/2007, instruido por el Juzgado de Instrucción n.º cuatro de Granada, y fallado por el Juzgado de lo Penal n.º cuatro de Granada, Rollo n.º 67/2009, por un delitos contra la propiedad intelectual y atentado, siendo partes, además del Ministerio Fiscal, como apelante: Eulalio, representado por la Procuradora Sra. Antonia María Cuesta Naranjo y defendido por la Letrado Sra. María Teresa Vera López, actuando como Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Juan Carlos Cuenca Sánchez, que expresa el parecer de la Sala.-


-ANTECEDENTES DE HECHO-


 
Primero.-Por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal número cuatro de Granada se dictó sentencia con fecha 8 de julio de 2.009, en la cual se declaran probados los siguientes hechos: "Que sobre las 11:00 horas del día 20 de julio de 2.005 una dotación policial local observó como el vehículo conducido por Eulalio en situación irregular en España, y sin antecedentes penales, un Renault 21 matrícula U-....-UH no respetaba un semáforo rojo en la Ctra. Antigua de Málaga. Por ello los agentes siguieron al vehículo para detener su marcha. Al ponerse el vehículo indicado y la dotación policial en paralelo y hacerlos los agentes a su conductor señales para que parara, Eulalio inició una persecución por diversas calles y vías hasta que pudo ser detenido en la rotonda de la autovía A-92, junto al restaurante La cueva. Una vez detenida la marcha Eulalio salió del vehículo blandiendo un palo de madera de 50 cms de longitud, con el que se dirigió en mano hacia el agente con número de registro personal NUM001, propinándole un golpe en la pierna derecha. A resultas de este golpe, el funcionario policial resultó lesionado por contusión, precisando catorce días de duración, siendo siete de ellos impeditivos, tras una sola asistencia facultativa. Igualmente se le causaron daños en las gafas al agente NUM000 valorados en 120 euros.

Registrado el interior del vehículo ocupado por Eulalio, se pudo advertir la existencia de prendas de vestir y gafas elaboradas con las marcas Lacoste, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Burberry, Dolce & Gabanna y El Niño, que no ha quedado acreditado pertenecieran a Eulalio."

Segundo.-La parte dispositiva de dicha resolución expresa textualmente: "Que debo absolver y absuelvo a Eulalio del delito contra la propiedad industrial de que se le acusaba, declarando la mitad de las costas procesales de oficio, condenándole no obstante, como autor penalmente responsable de un delito de atentado previsto y penado en el art. 551 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de un año de prisión, accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena y al abono de la mitad de las costas procesales causadas.

En concepto de responsabilidad civil indemnizará al agente de policía local núm. NUM001 en 595 euros y al agente de policía local núm. NUM000 en 120 euros, más el interés legal".-

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación del acusado Eulalio, sobre la base de error en la apreciación de la prueba.

Cuarto.-Presentado ante el Juzgado "a quo" el escrito de apelación se le dio traslado a las demás partes por un plazo común de diez días, conforme al art. 790.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, transcurrido el cual fueron remitidos los autos a esta Audiencia Provincial, habiéndose señalado para su deliberación, votación y fallo el día 17 de marzo de 2.010, al no estimarse necesaria la celebración de vista.-

Quinto.-Se acepta la relación de hechos probados, que contiene la sentencia apelada, antes transcrita.

Sexto.-En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.-


-FUNDAMENTOS DE DERECHO-


 
Primero.-El recurso de apelación formulado por la representación del condenado en la instancia Eulalio estima que se ha producido una errónea valoración de la prueba en la sentencia que combate. Su desarrollo argumental centra la impugnación en tres concretos extremos de la resolución atacada: la consideración de los hechos como delito de atentado, y no como delito de resistencia; la suma indemnizatoria concedida al agente de policía local n.º NUM001 por las lesiones sufridas, así como la cantidad que se establece a favor del otro agente de policía local n.º NUM000 por daños en sus gafas.

Segundo.-El primer motivo del recurso estima que las lesiones del agente de policía local n.º NUM001 de Granada son consecuencia del forcejeo mantenido con el acusado para su detención, y que por ello los hechos no debieron ser sancionados como delito de atentado sino, a lo sumo, de resistencia.

La jurisprudencia del T.S. ha venido a señalar los elementos integrantes del tipo en innumerables sentencias, bastando como ejemplo la de fecha 16 de Junio de 1.998 que dice literalmente "La jurisprudencia de esta Sala (SS. 25-6-74, 31-10-75, 21-5-85, 1-6-87, 28-11-88, 16-6-89, 29-1 y 14-2-92, 3-2-93, 3-3 y 24-6-94, 69/96 de 26-1, y 670/96 de 3-10) ha declarado que para la existencia del delito de atentado es preciso:

a) Que el sujeto pasivo de la acción típica sea funcionario público, autoridad o agente de la misma.

b) Que tales sujetos se hallen en el ejercicio de las funciones propios de su cargos.

c) Que la acción consista en un acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave, o bien de resistencia también grave.

d) Que concurra un elemento subjetivo, consistente por una parte en el conocimiento de la calidad de autoridad, agente de la misma o funcionario público de la persona sobre la que se ejerce la violencia o intimidación, y por otra parte, en el dolo especifico de menoscabar el principio de autoridad, que puede ser directo, cuando el sujeto activo busca primordialmente tal ofensa al principio de autoridad o dolo de consecuencias necesarias, si no se quiere principalmente el vejamen a la autoridad. pero se acepta el mismo, como consecuencia necesaria de una actuación en que se persiguen otros fines".

Con relación al acometimiento, recuerda la sentencia de nuestra Audiencia Provincial de 28/5/99 que existe el acometimiento desde que se realiza una acción directamente encaminada a dañar la vida, la integridad corporal o la salud del sujeto pasivo: que se consiga o no el fin pretendido es irrelevante para la consumación del delito de atentado; si, además se consigue el daño, los hechos serían constitutivos, además, del tipo penal correspondiente.

En cuanto al delito de resistencia, como recuerda la sentencia de la AP de Granada de fecha 29/4/99, entre otras, se integra, según reiterada jurisprudencia, por la concurrencia de los siguientes elementos:

1.- Un mandato claro, expreso y terminante que emane de la Autoridad o sus agentes, dentro de su competencia, que deba ser acatado.

2.- Una exteriorización en forma legal bien mediante requerimiento formal, orden verbal o mandato expreso a la persona que debe cumplirlo.

3.- Una obstinada oposición por parte del requerido a hacer o no hacer aquello que se le ha ordenado, utilizando fuerza pasiva o actitud de franca rebeldía, con evidente intención de menospreciar u ofender el principio de autoridad que representan, y así el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de octubre de 1.989 tiene declarado que "el delito de resistencia no grave, definido y sancionado en el art. 237 del Código Penal, se caracteriza por la actitud de franca y resuelta rebeldía en que el culpable se coloca, impidiendo que la Autoridad o sus agentes se desenvuelvan en el ejercicio legitimo de sus funciones en relación con él, en merma del prestigio del cargo de que se hallan investidos" -conducta típica en la que se incardinan los empujones, forcejeos etc.-.

Pues bien, en el presente caso, como con acierto se analiza en la sentencia impugnada, la acción que su relato fáctico recoge como resultado del proceso valorativo de la prueba practicada consiste en que el acusado propina un golpe en la pierna al agente con un palo o barra de madera (que se acompañó junto al atestado -folio 5-), conducta que no puede equipararse a un forcejeo, empujón, o actitud de oposición pasiva a ser detenido, pues difícilmente se forcejea con un palo, sino que el uso de tal objeto denota un propósito de acometer, y no simplemente de resistirse.

Tercero.-El segundo motivo correrá la misma suerte. Sostiene el recurso que la cantidad concedida excede los criterios del baremo de accidentes del año 2.005, y que para el caso de se hayan aplicado las cuantías del baremo vigente en la fecha de la sentencia, se perjudicaría al acusado haciéndole padecer, al menos económica, las consecuencias de la dilación del procedimiento.

El culpable de un hecho delictivo debe indemnizar a la víctima en los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la conducta delictiva, incluyendo los llamados daños morales. Para fijar la cuantía deben tenerse en cuenta la naturaleza y la entidad de aquellos, sin que sea un criterio determinante la situación patrimonial del responsable civil, pues la entidad del daño o perjuicio efectivamente causado depende de los efectos de la conducta y no de la fortuna del autor. De otro lado, la jurisprudencia recuerda (STS 22 de septiembre de 2.009) que, en principio y con carácter general, no existe ninguna razón para que los daños causados dolosamente sean indemnizados en menor cuantía que los causados por imprudencia causada en el ámbito de la circulación de vehículos de motor, de manera que el baremo para la indemnización de daños personales en esta clase de supuestos es orientativo para los delitos dolosos, aunque el Tribunal pueda modificar la indemnización resultante de su aplicación en función de las circunstancias.

En el presente caso, en el que, como decimos, el baremo no es de vinculación estricta, se han seguido además de forma orientativa sus criterios, y la variación entre la indemnización fijada en la sentencia y la que se demanda en el recurso por aplicación de los criterios de determinación vigentes en el año 2.005 es de alrededor de noventa euros. No hay por tanto razones para estimar desproporcionada la cantidad establecida.

Por último, en relación con los daños en las gafas del agente n.º NUM000, constan tasados por perito, sin que se haya impugnado el informe, y no constan razones para dudar de la relación de causalidad entre los hechos y los mencionados daños, más allá de la inicial falta de advertencia de los daños que determinó que en el atestado no se hicieran constar, siendo en la declaración judicial del funcionario policial cuando tal extremo se puso de manifiesto (folio 66).

Las costas proceden de oficio en el recurso.-

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación promovido por la Procuradora Sra. Antonia María Cuesta Naranjo, en nombre y representación de Eulalio, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida, con declaración de oficio de las costas del recurso.

Notifíquese en legal forma esta resolución y a su tiempo, con certificación literal de la misma, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia para su conocimiento, cumplimiento y ejecución.-

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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