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Sentencia A.P. La Rioja 30/2010, de 15 de marzo


 RESUMEN:

El recurso del apelante, condenado por lesiones en el juicio de faltas se basa en una pretendida errónea valoración por el juez de instancia de las pruebas personales (declaraciones del denunciante, denunciado y testigos), en las que su ponderación debe ser realizada sin mediación.

SENTENCIA

En la ciudad de Logroño a quince de marzo de dos mil diez.

El Ilmo. Sr. D.ª M.ª del Carmen Araújo García, Magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño, actuando como Ponente en la causa, ha visto el rollo de Sala número 70/2009, en grado de apelación, los autos de Juicio de Faltas número 23/2010, procedentes del Juzgado de Instrucción número 2 de Haro, cuyo recurso de apelación fue interpuesto contra la sentencia de fecha 5 de octubre de 2009, siendo apelante Sergio defendido por el letrado Sr. Crespo Moreno, y apelada Otilia, asistida por la letrado Sra. Valgañón Valgañón, y en el que ha sido parte el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que con fecha 5 de octubre de 2010, se dictó sentencia en cuya parte dispositiva se señalaba: FALLO.- "Que debo CONDENAR y CONDENO a D. Sergio como autor criminalmente responsable de una Falta de Lesiones del Art. 617.1 del Código Penal, a la pena de 30 días de multa a razón de 6 euros diarios de cuota, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas que resultaren impagadas.

En materia de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a Dña. Otilia en la cantidad de 221 euros por los 7 días que tardaron en sanar las lesiones sufridas.

Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a D. Sergio de la Falta de Injurias por la que ha sido enjuiciado.

Con imposición de costas a la parte condenada por esta resolución, sin que la eventual tasación de las mismas pueda incluir los honorarios del letrado de la acusación actuante en este procedimiento".

Segundo.-Notificada dicha Sentencia dentro de plazo por Sergio, se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos dando traslado del mismo, con posterior remisión de la causa a este Tribunal y recibidos los autos, se acordó la formación del rollo correspondiente, y notificándose el proveído de registro a las partes, se dispuso hacer entrega de todas las actuaciones al Magistrado Ponente, para dictar la resolución oportuna.


HECHOS PROBADOS

Único.-Se aceptan los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia, que han de darse en ésta por reproducidos.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Impugna el demandado, D. Sergio, la sentencia de instancia que le condena como autor de una falta de lesiones del artículo 617-1 del Código Penal, solicitando su revocación y se dicte otra de sentido absolutorio.

Tanto el Ministerio Fiscal como la representación de la denunciante solicitan la desestimación del recurso.

Segundo.-Sustenta el apelante su recurso en la alegación reiterada de haber incurrido el Juez a quo en error en la valoración la prueba, y que en sus alegaciones primera a tercera se refiere a las pruebas personales practicadas, consistentes en las declaraciones de denunciante, denunciado y testigo, por lo que hemos de señalar que, cuando la prueba tiene carácter personal, es esencial para una correcta ponderación conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, cómo se expresa, ya que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es especialmente relevante para efectuar el juicio de fiabilidad. El Juzgador de primera instancia, con el privilegio de la inmediación, dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce el resultado de la prueba, en este caso exclusivamente a través de lo consignado en el acta del juicio. Por ello, un elemental principio de prudencia aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

En este sentido, como expresa la S.T.S. n° 251/2004, de 26 de febrero, la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituida por otro tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento, que puedan poner de manifiesto una valoración manifiestamente errónea que deba ser corregida.

En cuanto a que la denunciante haya variado la ubicación del golpe recibido, no puede ser aceptada tal alegación, a la vista de las declaraciones prestadas por D.ª Otilia en el juzgado (folio 8) y en el acto del juicio y del contenido de la denuncia (folio 10); y, en todo caso, sobre la localización de la lesión consta el parte al Juzgado remitido por el médico que presta la primera asistencia a la Sra. Otilia (al folio 3) que señala que "presenta contusión en zona lumbar derecha", y el informe de alta forense (folio 13), emitido no sólo en base a la información aportada por la lesionada, sino también a los documentos aportados al procedimiento y a la exploración de la persona, según consta en el propio informe, y que señala la lesión que presentó como "contusión en región lumbar y glútea derecha". Asimismo, la médico forense emite (folio 61) informe sobre las cuestiones planteadas por el denunciado, que señala como posible que los golpes causados con una barra de hierro no dejen hematoma ni enrojecimiento visible al día siguiente de la agresión, máxime si la zona afectada está cubierta por la ropa, como también indica como posibilidad que tales golpes produjeran limitaciones para la deambulación; ni una ni otra consecuencia se produjeron en este caso, como resulta del parte al Juzgado que obra al folio 3, pero en ningún caso puede concluirse de ello que la denunciante mienta, como pretende el recurrente, ya que, como decimos, la médico forense alude a posibilidades, no a consecuencias necesarias.

Asimismo, que las lesiones pudiera habérselas causado otra persona o la propia denunciante, no deja de ser una mera hipótesis o conjetura sin sustento alguno, que no lo es el hecho de que hasta el día siguiente no acudiese al médico la denunciante.

Las alegaciones en que se sustenta el recurso no ponen de manifiesto sino la legítima discrepancia de la parte apelante con la valoración de la prueba realizada de forma correcta y adecuada por el Juez a quo, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir por su apreciación la del juzgador a quo, correctamente efectuada, por la justificación que realiza en la sentencia de tal valoración, las consideraciones que expone y el resultado del juicio oral reflejado en el acta correspondiente. Por ello, la valoración del Juez a quo que, aprovechando las ventajas de la inmediación, es quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las pruebas personales practicadas ante el, y en relación con los informes médicos objetivos aportados, debe ser asumida por este tribunal, que no aprecia en tal valoración elementos que demuestren error alguno.

Tercero.-En cuanto a la alegación de infracción de la presunción de inocencia ha de ser, igualmente, desestimada.

El derecho a la presunción de inocencia alcanza sólo a la total carencia de prueba y no a aquellos casos en los que en los autos se halle reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las sabidas garantías procesales (STS 26.9.2003)". En idéntico sentido la sentencia, la S.T.S. n.º 936/2006, de 10 de octubre.

Asimismo, hemos de indicar que, como establece la S.T.S. n.º 265/2007, de 9 de abril, "... la presunción de inocencia no debe confundirse con la disconformidad del recurrente con la valoración de la prueba efectuada por el Juzgador, pues como precisaron la STC. 36/86 y el auto 338/83: "cuando en la instancia judicial se produce una actividad probatoria y el resultado de tal actividad es apreciado por el órgano judicial en uso de su libertad de apreciación, como expresivo de la culpabilidad del antes presuntamente inocente, no puede entenderse vulnerado tal derecho, pues la presunción que solo lo es con el carácter de iuris tantum, queda destruida por la prueba apreciada libremente por el Juzgador...".

En definitiva, el Tribunal solo debe hacer constar lo que se probó y no lo que las partes consideran que se debió tener por probado. La credibilidad mayor o menor de los testigos o de los acusados y coimputados, como las contradicciones entre pruebas de cargo y descargo pertenecen al ámbito valorativo que es competencia del Tribunal de instancia, según el art. 741 LECrim ".

Ocurre en el caso que nos ocupa, como evidencia la mera lectura del escrito de formulación del recurso, la situación que refiere la STS N.º 253/2007, de 26 de marzo, que expresa: "La recurrente pretende, en realidad una distinta valoración de estos elementos probatorios, lo que supone confundir la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva con la disconformidad de aquella con la valoración de la prueba efectuada por la Sala, olvidando que cuando en la instancia judicial se produce una actividad probatoria y el resultado de tal actividad es apreciado como expresivo de la culpabilidad del antes presuntamente inocente no pueden entenderse vulnerados aquellos derechos, pues la presunción que sólo lo es con el carácter de iuris tantum, queda destruida por la prueba apreciada libremente por el Juzgador.

En este sentido la STC. 205/98 DE 26.10, recuerda que cuando lo que se denuncia no es la ausencia de actividad probatoria, sino la discrepancia con la valoración que se ha hecho de la misma, no puede hablarse de vulneración de la presunción de inocencia".

Cuarto.-Conforme a lo expuesto, existiendo prueba suficiente de cargo, y concurriendo los elementos de la falta imputada, tal y como se explicita en la sentencia de instancia, el recurso ha de ser rechazado y confirmada la sentencia recurrida en todos sus pronunciamientos.

Quinto.-Dada la naturaleza del procedimiento, se declaran de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales invocados, y demás de pertinente aplicación al caso, en atención a todo lo expuesto.


FALLO


 
1.º- Se desestima el recurso de apelación interpuesto por D. Sergio, contra la sentencia de fecha 5 de octubre de 2009, dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Haro (La Rioja) en el Juicio de Faltas núm. 70/2009, de la que dimana el presente Rollo núm. 23/2010, la que debo confirmar y confirmo.

2.º- Se declaran de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

3.º- Se declara firme esta resolución.

4.º- Remítanse las actuaciones al órgano de procedencia con testimonio de esta resolución interesando acuse de recibo.

Cúmplase al notificar la presente resolución, lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo de la Sala, guardándose el original para su unión al Libro de Sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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