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Sentencia A.P. La Rioja 71/2010, de 15 de marzo


 RESUMEN:

La sentenica del tribunal de apelación alegada por el recurrente vulneración del derecho a la presunción de inocencia debe limitarse a constatar que el juzgador de instancia dispuso de actividad probatoria legalmente practicada que sea suficiente racionalmente para enervar aquel derecho.

SENTENCIA

La Audiencia Provincial de esta capital ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento penal, dimanante del JDO. DE LO PENAL n.º 002 LOGROÑO, por delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, siendo partes, como apelante Gerardo, defendido por el Letrado CESAR MARTINEZ RUIZ-CLAVIJO y representado por la Procuradora CARINA GONZALEZ MOLINA y, como apelados Rodrigo, defendido por el Letrado JAVIER LASA CABRERA y representado por la Procuradora MILAGROS SANCHO ZABALA, y el Ministerio Fiscal, habiendo sido Ponente el Magistrado DON LUIS MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ; y


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el expediente y por el Juzgado de lo Penal referenciados, con fecha 26 octubre 2.009 se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso.

Segundo.-Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación procesal Gerardo, que fue admitido en ambos efectos y practicadas las diligencias oportunas, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiéndose propuesto diligencias probatorias, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación, votación y fallo del recurso.


HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia, que han de darse en ésta por reproducidos.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Impugna la sentencia dictada en primera instancia la defensa del acusado-condenado Gerardo, quien interesa en esta instancia la revocación de la resolución dictada, absolviendo al recurrente del delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, del que se le acusaba, y por el que resultó condenado, con todos los pronunciamientos favorables. Se denuncia en el recurso de apelación interpuesto que la sentencia recurrida ha incurrido en "error en la apreciación de las pruebas", al reseñar en el apartado de hechos probados, literalmente, que "Rodrigo y Gerardo... movidos por ánimo de obtener un lucro ilícito, se dirigieron a la fábrica Kaufil, sita en la calle La Cadena de Logroño, y mientras Gerardo esperaba con el motor en marcha, a bordo del vehículo en el que se habían desplazado, Rodrigo saltó una valla de unos metros, accediendo al recinto de la empresa, donde fue sorprendido por la Policía". Se dice que esta afirmación está en contradicción con lo que se entiende acreditado en la instancia, partiendo de que Rodrigo y Gerardo no se encontraban juntos y que Gerardo de quien se encontraba en compañía era de otra persona, el Sr. Rafael, en el vehículo que fue visto en las inmediaciones de la fábrica. Dice que nada tuvo que ver el recurrente, según se expresa, en la conducta de Gerardo, añadiéndose que existe una enemistad manifiesta entre ambos, llegando Gerardo ha ser denunciado por el recurrente, con lo que entiende imposible que ambos se pusieran de acuerdo para la comisión de un delito. Finalmente, se señala que el hecho de que Rodrigo perdiera unas zapatillas en el momento de realizar el salto de la valla lo que significa realmente es que trataba de huir de la presencia del recurrente, a partir de la que entiende acreditada enemistad existente entre ambos.

Segundo.-En la medida en que se invoca como alegato de impugnación de la sentencia un error en la valoración de la prueba y una vulneración del principio de presunción de inocencia, conviene recordar la doctrina legal que el Tribunal Supremo vienen manteniendo sobre estas dos cuestiones, a fin de determinar las pautas que deben seguirse para resolver la controversia que suscita el recurso. La función revisora encomendada al Tribunal de apelación, respecto de la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: que el Juzgador de Instancia dispuso en realidad de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de Instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican la suficiencia de dichos elementos de prueba (SSTS de 26 de febrero de 2003 y de 29 de enero de 2004).

En definitiva, como establece el Tribunal Supremo, para que pueda ser apreciada en el proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación con tales hechos o elementos actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de instancia, a quien por ministerio de la ley corresponde con exclusividad dicha función (artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117. 3 de la Constitución Española).

Una vez producida la actividad probatoria de cargo ante el Tribunal Juzgador en términos de corrección procesal, su valoración corresponde al mismo, conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; debiendo partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española), pudiendo el Juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. Dar más credibilidad a un testigo que a otro o decidir sobre la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea del Juzgador de instancia que puede ver y oír a quiénes ante él declaran (SSTS de 26 de marzo de 1986, 27 de octubre y 3 de noviembre de 1995), si bien la estimación en conciencia no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del Juez, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas y directrices de rango objetivo. De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en el artículo 741 citado) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (SSTC de 17 de diciembre de 1985, 23 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987 y 2 de julio de 1990, entre otras), únicamente debe ser rectificado cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: 1) que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; 2) que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio y 3) que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.

Y así, la existencia del delito se alza en la sentencia como conclusión de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, celebrado el 11 de septiembre y 6 de octubre de 2009 en el Juzgado de lo Penal núm. Dos de Logroño.

Tercero.-En este caso, el recurrente lo que pretende en realidad es una desvinculación absoluta con los hechos denunciados, lo que no se corresponde con el resultado de las pruebas practicadas. En el acto del juicio oral depusieron como testigos el Vigilante de Seguridad de la empresa Kaufin y los agentes de la Policía Nacional núms. NUM000 y NUM001, ratificando el contenido del atestado y expresando que fue el Vigilante de Seguridad quien avisó a la Policía Nacional al haber observado que un vehículo se aproximaba a las inmediaciones de la fábrica Kaufil, y que uno de sus ocupantes salía del mismo y procedía a saltar la valla que cierra el recinto. Sólo fue localizado con posterioridad, siendo detenido, Rodrigo, cuando se asomaba por una de las ventanas del edificio. El detenido reconoció entonces su propósito, y cómo eran dos las personas que le esperaban en el vehículo en el que acudieron, y que se marcharon del lugar abandonándole, facilitando además la identidad del recurrente Gerardo como su conductor. El vehículo, a partir de los datos facilitados sobre el mismo por Rodrigo, fue localizado algo más de una hora después en la calle Belchite de Logroño, siendo detenido entonces el recurrente en su domicilio, apreciando entonces los agentes que Gerardo tenía en el bolsillo las llaves del vehículo y que sus manos estaban sucias, en la misma forma en la que lo estaban las de Rodrigo. Las declaraciones de los deponentes como testigos en el acto del juicio oral confirman lo expresado en el atestado, sin que consten en autos otras razones que justifiquen la presencia en el lugar de los hechos del recurrente que las expuestas en la sentencia recurrida, y tampoco la pretendida enemistad existente entre Gerardo y Rodrigo que hiciera que éste, supuestamente, optara por huir ante su presencia.

Es por todo ello por lo que ha de ser desestimado el recurso de apelación interpuesto y confirmada la resolución recurrida, cuyos argumentos se asumen y se completan con los aquí expresados.

Cuarto.-Sin imposición de las costas causadas en esta alzada (artículos 239 y 240 de La Ley Procesal Penal).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación formulado por Procuradora de los Tribunales doña Carina González Molina, en nombre y representación de Gerardo, contra la sentencia de fecha 26 de octubre de 2009, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. Dos de los de Logroño (La Rioja) en el Juicio Rápido en el mismo seguido al núm. 2089/09, de que dimana el Rollo de apelación núm. 61/10, confirmando dicha sentencia.

Sin imposición de las costas causadas en esta alzada.

Cúmplase lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Una vez notificada esta sentencia, que es firme, devuélvanse los autos al juzgado de origen, con testimonio de esta resolución e interesando acuse de recibo.

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo de la Sala, guardándose el original para su unión al Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En fecha treinta de abril de dos mil diez fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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