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Sentencia A.P. Huelva 80/2010, de 29 de marzo


 RESUMEN:

Los procesados entraron en la habitación donde se encontraba la víctima, quine, alertado por uno de los invitados que se encontraba en la casa, se dirigió hasta la puerta falsa que daba al patio, momento en el que uno de los acusados le disparó, estado el sujeto pasivo desarmado y sin posibilidad de defenderse, a escasa distancia de su agresor. La sentencia estima que la acción fue alevosa y pena por asesinato.

SENTENCIA

En la ciudad de Huelva a veintinueve de marzo de dos mil diez.

Esta Audiencia Provincial, compuesta por los Magistrados anotados al margen y bajo la Ponencia del Iltmo. Sr. D. José M.ª Méndez Burguillo, ha visto en juicio oral y público, la causa procedente del Juzgado de Instrucción n.º 1 de La Palma del Condado, seguida por los delitos de ASESINATO EN GRADO DE TENTATIVA y TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS contra Ignacio, con D.N.I. n.º [...], nacido en Cazalla de la Sierra (Sevilla), el día 01/09/1961, hijo de José Manuel y Carmen, con domicilio en c/ [...] de Carrión de los Céspedes (Sevilla) y JOSÉ Pedro Jesús, con D.N.I. n.º [...], nacido en Fuente Ovejuna (Córdoba), el día 28/09/1948, hijo de José y Antonia, con domicilio en c/ [...] de Carrión de los Céspedes (Sevilla); ambos con antecedentes penales no computables y en prisión provisional por esta causa.

Son partes el Ministerio Fiscal, los procesados defendidos por los Letrados Sr. Alvarez Gil y Sra. Jiménez-Cuenca García, y representados por los Procuradores Sr. González Linares y Sr. Hervas Tebar.

Por la Acusación Particular, Adrian y Casimiro, representados y defendidos respectivamente por el Procurador Sr. Padilla de la Corte y por el Letrado Sr. Poyato Bojollo.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Incoado Sumario por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de La Palma del Condado, fue dictado auto de procesamiento contra Ignacio y Teodosio.

Segundo.-Una vez concluido el Sumario, fue elevado a esta Sala, las partes calificaron provisionalmente por su orden, se admitieron las pruebas reputadas pertinentes y se señaló el acto del juicio oral para los días 25 y 26 de Marzo, en cuyas fechas han tenido lugar con el resultado que consta en acta, quedando el juicio visto para sentencia.

Tercero.-En dicho acto el Ministerio Fiscal y la Acusación particular, en sus conclusiones definitivas, calificaron los hechos procesales como constitutivos de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de tenencia ilícita de armas previstos y penados en los arts. 139.1.º, 16 y 62 y 564.1.º y 2.º del C.P., y estimando criminalmente responsables de los mismos, en concepto de autores Ignacio y Pedro Jesús y no invocaron concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y solicitaron se les impusieran las penas de a cada uno de los procesados por cada uno de los delitos once años de prisión y por el delito de tenencia ilícita de armas un año de prisión; la acusación particular solicita trece años de prisión y por el delito de tenencia ilícita de armas un año de prisión con las accesorias correspondientes y pago de costas, interesando en cuanto a la responsabilidad civil Los procesados Pedro Jesús y Ignacio indemnizarán de manera directa y solidaria al perjudicado Adrian, en la cantidad de 11.324,92€ por las lesiones causadas (3.470,32€ por 56 días de hospitalización, más 7854,60€ por los 156 días restantes de curación con impedimento), más la cantidad de 102.376,3€ por las secuelas, lo que suma un total de 113.700,95€, aplicando analógicamente el baremo de tráfico del año 2007 y siendo aplicable en todo caso el art. 576 LEC.

Igualmente, los procesados Pedro Jesús y Ignacio indemnizarán de manera directa y solidaria al perjudicado Casimiro, en la cantidad de 4.725,16€ por las lesiones causadas (495,76€ por 8 días de hospitalización, más 84€ por 4229,40 restantes de curación con impedimento), más la cantidad de15.250,24€ por las secuelas, lo que suma un total de 19.975,40€ aplicando analógicamente el "Baremo de Tráfico del año 2007" y siendo aplicable en todo caso el art. 576 LEC.

La acusación particular solicita que los procesados, Pedro Jesús y Ignacio indemnizarán directa y solidariamente a Adrian en las siguientes cantidades: 11.324, 92 €, por las lesiones causadas; 150.000€ por la secuelas; 10.000 € por los daños morales. Y Casimiro 4.725,16 € por las lesiones; 30.000 € por las secuelas; 15.000 € por los daños morales.

Cuarto.-En el mismo trámite los defensores solicitan la absolución y solidariamente la letrada Sra. Jiménez Cuenca era autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y del delito de tenencia ilícita de armas con la atenuante del art. 20.2.º y la pena de 2 años y 6 meses por el homicidio y 6 meses en el segundo, subsidiariamente como 2.ª opción sería autor de un delito de asesinato en grado del tentativa y otro de tenencia ilícita también con la concurrencia 20.2.º, solicitando por el primero la pena de 3 años y 9 meses y 6 meses por el segundo delito y la responsabilidad civil sólo en lo que respecta a Adrian y se acuerde en ejecución de sentencia.


HECHOS PROBADOS

Primero.-El día 25/12/2007, sobre las 03:30 hrs., los procesados Ignacio, mayor de edad con antecedentes penales no computables en esta causa por delito de lesiones y encubrimiento, y su padre Pedro Jesús, mayor de edad, con antecedentes penales por delito de atentados no computables en esta causa, puestos de común acuerdo, y en compañía de otra persona que no ha sido identificada, acudieron, desde la localidad de Carrión de los Céspedes a la finca situada en el paraje "El Corchito" en la localidad de la Palma del Condado, partido Judicial de la Palma del Condado (Huelva), donde se encontraban pasando la Nochebuena Adrian y Casimiro en compañía de otros familiares y amigos. Los procesados, portando dos escopetas propiedad de Alejandra, una semiautomática de caza marca "Franchi"(modelo 500 con n.º de identificación NUM004, y otra escopeta de dos cañones superpuestos de ánima lisa, con n.º de identificación NUM005, marca "Piooneer", de común acuerdo y manteniendo una relación tensa y de enemistad con la familia de Adrian, se dirigieron a la vivienda de Adrian cuando éste y sus familiares se encontraban durmiendo.

Los procesados entraron en la habitación donde se encontraba Adrian, que alertado por uno de los invitados que se encontraba en la casa, se dirigió hacia la puerta falsa que daba al patio, momento en que Ignacio, con intención de quitar la vida provocando la muerte disparó con una de las escopetas a Adrian, el cual se encontraba sin posibilidad de defenderse, desarmado y a escasa distancia, cayendo éste último Adrian al suelo. En ese momento, Pedro Jesús, con dicha intención, gritó a su hijo el procesado Ignacio 'remátalo, remátalo", con intención de provocarle la muerte a Adrian, y Ignacio efectuó un segundo disparo a Adrian alcanzando a éste en el costado derecho.

Ante estos hechos, Casimiro, yerno de Adrian y el cual se encontraba en la vivienda, salió hacia el patio para socorrer a su suegro Adrian. En ese momento, el procesado Pedro Jesús, con la escopeta que portaba, acompañado por su hijo el procesado Ignacio, de común acuerdo, y estando ambos armados con el mencionado ánimo de quitar la vida, disparó contra Casimiro cuando éste estaba de espaldas, desarmado, sin posibilidad de defenderse, y a escasa distancia.

Los procesados Ignacio y Pedro Jesús, huyeron rápidamente del lugar tras estos hechos, y carecían de los correspondientes permisos de armas y guía de pertenencia de las escopetas y armas de fuego que llevaban y usaron en la ejecución de los hechos.

Como consecuencia de estos hechos el perjudicado Adrian sufrió lesiones consistentes en 1) herida por arma de fuego (perdigones) que penetra tangencialmente en brazo derecho, afectando a la piel, tejido celular subcutáneo y músculos, de 23 x 0.5 cms, que penetra por 1/3 supero externo del brazo y sale a nivel de la cara externa del codo derecho; 2) herida por arma de fuego en hipocondrio derecho (postas), a nivel de la 12a costilla, de unos 3x3 cms y con una profundidad de unos 3 cms, que penetra de delante atrás y de arriba-abajo con una inclinación de unos 30° con aceración hepática y traumatismo renal, destrucción renal derecha, por perdigones.

Dichas lesiones requirieron para su curación además de una primera asistencia facultativa tratamiento médico-quirúrgico consistente en drenaje toráxico derecho por sospecha de neumotórax, e intervención quirúrgica consistente en laparotomía exploradora donde se objetiva laceración hepática, por lo que se le aplica comprensión con gasas y limpieza y suturo del músculo deltoides derecho, con ingreso en la UCI durante 13 días, en coma farmacológico, las cuales tardaron en curar 212 días, con impedimento para sus ocupaciones habituales, y de los que 56 días fueron de hospitalización; lesiones que han curado dejando secuelas consistentes en:

-Limitación de la movilidad del hombro derecho en un 20%, por afectación tendinosa tras el disparo (4 p.). -Hombro doloroso (2 p.). -Limitación de la movilidad del hombro derecho:

-Limitación de la flexión del 2° al 4° dedos de la mano derecha, con pérdida de fuerza en dicha mano (3 p.). -Lumbalgia a la bipedestación prolongada (2 p.). - Pérdida de funcionalidad total del riñón derecho (25 p.). -Múltiples cuerpos extraídos en abdomen y brazo, que producen dolor en hombro y brazo derecho, así como en cavidad abdominal (10 p.). -Perjuicio estético medio por las cicatrices descritas anteriormente, tanto las producidas por los orificios de entrada y trayectos de arma de fuego, como por las originadas postlaparatomía y postdrenaje (15 puntos).

El perjudicado Adrian reclama por los daños y perjuicios causados.

Como consecuencia de estos hechos el perjudicado Casimiro sufrió lesiones consistentes en Herida por arma de fuego a nivel dorsal, en hemitórax derecho, de unos 7x3 cms, además de una rosa de dispersión de perdigones de unos 20 cms. Que requirieron para su curación además de una primera asistencia facultativa tratamiento médico o quirúrgico consistente en toracotomía exploradora, hemostasia y friedrich de las heridas. Colocación de drenaje pleural durante 48 horas, transfusiones sanguíneas a las 24 horas, curas de la herida cada 3 días en consulta hasta cicatrización de la herida. Las lesiones tardaron en curar 92 días durante los ccuáles el perjudicado estuvo impedido para el ejercicio de sus ocupaciones habituales, de los cuales ocho fueron de hospitalización, lesiones que han dejado como secuelas:

-Dolor osteomuscular en regiones adyacentes a la herida.

-Perjuicio estético moderado por cicatriz de la herida descrita anteriormente, anfractuosa y deprimida por pérdida de tejidos.


IFUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Los hechos que se reputan probados son constitutivos de:

Dos delitos de asesinato en grado de tentativa previstos y penados en el art. 139.1.º en relación con los arts. 16 y 62 del Código Penal.

Un delito de tenencia ilícita de armas del art. 564.1.º y 2.º del C.P.

Procede en primer lugar hacer una calificación jurídica de los hechos que se reputan probados.

Previo a exponer que estamos ante dos delitos de asesinato intentado señalar que "la intención de matar" la exteriorizaron los procesados claramente así - utilizaron dos armas de fuego a escasa distancia de las víctimas efectuando tres disparos - las zonas del cuerpo afectadas: hipocondrio derecho, a nivel de la doce costilla y a nivel dorsal, en hemitórax derecho en el segundo perjudicado -las expresiones utilizadas por el padre al hijo de ordenarle el padre procesado "remátalo... remátalo".

De otro lado, en cuanto a la calificación de los hechos, asesinato intentado y no como homicidio, estimamos que, en efecto, concurre la circunstancia pretendida por las acusaciones, apreciándose el hecho de que se trata fue ejecutado con alevosía a este respecto, establece el art. 22-la del Código Penal que hay alevosía "cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución, medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido".

En relación con la alevosía señala el Tribunal Supremo que "... para apreciar la alevosía, es necesario, en primer lugar, un elemento normativo consistente en que se trate de un delito contra las personas. En segundo lugar, que el autor ejecute los hechos empleando medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurar el resultado, precisamente mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. En tercer lugar, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su significado tendente a asegurar la ejecución e impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquel, Y en cuarto lugar, como consecuencia, que se aprecie una mayor antijuricidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades" (sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de noviembre de 2008 EDJ 2008/222324).

Añade la citada sentencia que "la esencia de la alevosía se encuentra en el desarrollo de una conducta agresiva que, objetivamente, puede ser valorada como orientada al aseguramiento de la ejecución en cuanto tiende a la eliminación de la defensa, y correlativamente a la supresión de eventuales riesgos para el actor procedentes del agredido, lo que debe ser apreciado en los medios, modos o formas empleados; y subjetivamente caracterizada por el conocimiento por parte del autor del significado de los medios, modos o formas empleados en la ejecución, en cuanto tendentes a asegurar el resultado, impidiendo la defensa del atacado y suprimiendo los riesgos que de ella pudieran derivarse para el agresor", añadiendo que una de las modalidades del ataque alevoso "es el realizado por sorpresa, de modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino".

En semejantes términos se pronuncian otras muchas sentencias del Tribunal Supremo como las de 7 de diciembre de 2005, 19 de mayo de 2006 o la de 29 de enero de 2009.

En el caso que nos ocupa estimamos que concurren todos los requisitos precisos para apreciar la existencia de alevosía en la actuación enjuiciada, toda vez que los hechos probados ponen de manifiesto que la agresión se produjo de una manera súbita, repentina e inesperada para los agredidos, teniendo lugar de una manera rápida y sin previo aviso ni posibilidad de que la víctima hubiere percibido algún tipo de señal o indicación que le anunciase la posibilidad de una inmediata agresión, teniendo lugar ésta inmediatamente sin ultimar palabra,, sin que de dicha aptitud pudiera apreciarse ánimo alguno de agredir a los que resultarían lesionados, de modo que la inmediata agresión referida era totalmente inesperada para ellos, y eliminaba toda posibilidad de defensa y, consiguientemente, cualquier riesgo para el sujeto activo que procediera de la defensa que pudiera hacer el ofendido.

En definitiva, la conducta realizada se ejecutó de un modo que se eliminaban las posibilidades de defensa por parte del sujeto pasivo.

Por todo ello apreciamos la existencia de todos los elementos integrantes del delito antedicho, hallándonos ante un homicidio en el que concurre la agravante de alevosía, debiendo ser el mismo, por tanto, calificado como asesinato intentado, como antes se señaló.

En cuanto al delito de tenencia ilícita de armas no plantea problemas de calificación pues concurren cuantas requisitos objetivos y subjetivos exige el tipo delictivo del art. 564 1.º y 2.º, es decir, los procesados carecían de los correspondientes permisos de armas y guías de pertenencia de las escopetas y armas de fuego que llevaban y usaron en la ejecución de los hechos.

Segundo.-De tales delitos son criminalmente responsables en concepto de autores Ignacio y Pedro Jesús, en virtud de lo dicho, de lo que disponen los art. 27 y 28 del C.P. y por la participación que tuvieron en su ejecución. Una vez hecha la calificación jurídica de los hechos declarados probados procede por imperativo constitucional la realización de la fundamentación fáctica, esto es la valoración de la prueba practicada en la que se ha basado la convicción judicial.

La prueba de los hechos tal y como se declaran probados nos la proporciona fundamentalmente la declaración en la fase sumarial ante el Juez, de la propia víctima y su esposa, (Adrian y Aurora), así como en juicio oral Ángel Daniel.

Tenemos en cuenta la declaración sumarial de los testigos, víctima y esposa, pues declararon que no solo participó el hijo en los disparos sino que fue el padre quien le indicó al hijo que "le rematara" a la primera víctima y en el impacto a la segunda víctima.

Se dio lectura por vía del art. 714 de la LECrim. a la declaración de la víctima y a la esposa para someterles a contradicción y aclarasen las diferencias entre lo declarado en la instrucción, (Adrian, f. 251, cómo vio claramente al padre Pedro Jesús disparándole a Casimiro (segunda víctima), mientras en juicio oral declaró que sólo fue autor de los disparos el hijo Ignacio, no dando una respuesta razonable pues tanto él como su esposa simplemente declararon que estaban nerviosos en la instrucción, no obstante ratificaron su firma en la denuncia ante el Juez y su esposa se mostró dubitativa en juicio oral.

A su vez la declaración sumarial antes referida la corrobora en juicio oral, Ángel Daniel quién oyó al padre Pedro Jesús "remátale, remátale" cuando su hijo Ignacio efectuaba los primeros disparos y a continuación aunque no vio al padre disparar, vio como Casimiro (la segunda víctima) era disparado por detrás oyendo el disparo y viendo que Pedro Jesús era el único que se encontraba detrás.

De cualquier manera aunque el padre no efectuara el último disparo es coautor de los dos delitos pues hay comunicabilidad en la autoría teniendo ambos el dominio del hecho y actuando con una finalidad común cual era producir la muerte, que no se produjo, pese a que las heridas eran mortales de necesidad, por la rápida intervención médica.

Por demás, es pacífica la jurisprudencia que indica que el empleo del arma por uno de los partícipes se comunica a los demás cuando su porte es sabido por estos, dada la unidad de acción y la ventaja que para todos los coautores del delito tiene el empleo del arma por uno de ellos en la consecución del propósito común (SSTS 18/11/99, 27/05/00, 06/03/01, 31/07/01, 17/10/01).

La jurisprudencia ha entendido que el Tribunal del enjuiciamiento puede valorar como prueba de cargo el contenido de declaraciones sumariales de los acusados o testigos, prestadas ante el Juez de instrucción con todas las garantías, aun cuando rectifique en el juicio oral, siempre que aquellas sean incorporadas debidamente al plenario, ordinariamente mediante la lectura prevista en el artículo 714 de la LECrim o bien de forma suficiente a través del interrogatorio, pudiendo aceptar unas u otras, aunque deba razonar su decisión debidamente, (STS núm. 1453/2004, de 16 de diciembre), exigencia esta última que, por otra parte, es predicable de toda la valoración de la prueba. Igualmente, en los casos en los que el acusado opte por acogerse a su derecho a no declarar en el plenario, se ha admitido el valor probatorio de su declaración sumarial, (STS núm. 1541/2004, de 30 de diciembre; STS núm. 1145/2005, de 11 de octubre).

En algunas sentencias (STS núm. 577/2008) se ha precisado que no se trata de exigencias formalistas, pues lo relevante es que el contenido de las declaraciones sumariales se haya tenido en cuenta en el plenario, lo que puede resultar del contenido de las preguntas y respuestas de las partes a los imputados o testigos.

En este mismo sentido se ha pronunciado la doctrina del Tribunal Constitucional. Así, en la STC núm. 155/2002, FJ 10, se dice: "..., en lo que se refiere a las manifestaciones prestadas en fase sumarial cuyo resultado se pretenda integrar en la valoración probatoria, este Tribunal, al analizar la aplicación judicial de lo previsto en los arts. 714 y 730 LECrim., ha resaltado la necesidad de que en estos supuestos, dado su carácter secreto, el contenido de la diligencia practicada en el sumario se reproduzca en el acto del juicio oral mediante la lectura pública del acta en la que se documentó, o introduciendo su contenido a través de los interrogatorios (STC 2/2002, F. 7), pues de esta manera, ante la rectificación o retractación del testimonio operada en el acto del juicio oral (art. 714 LECrim.), o ante la imposibilidad material de su reproducción (art. 730 LECrim.), el resultado de la diligencia accede al debate procesal público ante el Tribunal, cumpliendo así la triple exigencia constitucional de toda actividad probatoria: publicidad, inmediación y contradicción. En conclusión, de acuerdo con el contenido del art. 714 LECrim., en el caso de que en el acto del juicio oral un testigo o un imputado (pues a este último se han extendido jurisprudencialmente las previsiones legales que analizamos), modifique o se retracte de anteriores manifestaciones, se le podrá leer la declaración sumarial invitándole a que explique la diferencia o contradicción que se observe con la practicada en el juicio oral. Es este interrogatorio subsiguiente a la lectura de las anteriores declaraciones, realizado en presencia y con el protagonismo de las partes, el que hemos considerado que satisface las exigencias de contradicción precisas para desvirtuar la presunción de inocencia, de manera que, en tales casos, el órgano judicial, podrá fundar la condena en una u otra versión de los hechos optando por la que, a su juicio, tenga mayor credibilidad (SSTC 82/1988, de 28 de abril; 51/1990, de 26 de marzo; 161/1990, de 19 de octubre; 51/1995, de 23 de febrero; 182/1995, de 11 de diciembre; 153/1997, de 29 de septiembre; y 49/1998, de 2 de marzo). Dicho de otro modo, si se cumplen las exigencias reseñadas el órgano sentenciador se encuentra ante pruebas válidas, y puede dar credibilidad a uno u otro testimonio y fundar sobre él la condena, ya que la defensa puede impugnar su contenido haciendo a su respecto las alegaciones que tenga por oportunas (SSTC 150/1987, de 1 de octubre, F. 2; 137/1988, de 7 de julio, F. 3; 93/1994, de 21 de marzo, F. 4; y 14/2001, de 29 de enero, F. 7; 174/2001, de 26 de julio, F. 7; 2/2002, de 14 de enero, F. 6, y 57/2002, de 11 de marzo, F. 3)".

Aquella sentencia antes citada, (STS núm. 577/2008), se refiere expresa y concretamente a los aspectos relativos a la motivación de la decisión del Tribunal en relación a la valoración de la prueba en estos casos, en atención a que la inmediación solamente existe respecto de la declaración prestada en el juicio oral, en la que se niega lo que en fase sumarial había sido reconocido. Se dice en esa resolución que "incorporada al Juicio Oral la declaración sumarial, deben concurrir unas exigencias en la sentencia que la valora para comprobar, desde la perspectiva del control casacional de la presunción de inocencia, la correcta valoración de la prueba y la correcta enervación del derecho a la presunción de inocencia. En primer lugar, por la falta de inmediación de aquélla, la hipotética mayor credibilidad frente a la declaración en Juicio Oral ha de apoyarse en su verosimilitud objetiva lo que significa que en ese plano debe estar corroborada por otras circunstancias periféricas u otros medios probatorios (SSTC 153/97, de 29 de septiembre; 115/98, de 1 de junio; y SSTS. de 13 de julio de 1998 y 14 de mayo de 1999). Es decir, la credibilidad objetiva precisa de la concurrencia de hechos o indicios externos o periféricos a la declaración sumarial que la doten de objetividad bastante para hacer razonable su valoración frente a la declaración que, con observancia del principio de inmediación, se prestó en el Juicio Oral. En segundo término, y como consecuencia del anterior requisito, es necesario que el Tribunal de instancia exprese las razones por las que se inclina por versión distinta de la que ha aflorado en el Juicio Oral (Sentencias de 22 de diciembre de 1997 y 14 de mayo de 1999), pues no habiendo presenciado la declaración sumarial se hace especialmente necesario razonar la causa de concederle mayor credibilidad, a la vista de lo declarado contradictoriamente a su presencia, rectificando sus manifestaciones anteriores, y de las explicaciones dadas al respecto por el declarante". Como se ha dicho en otras ocasiones (STS núm. 555/2007), "...la posibilidad de valorar una u otra declaración no significa un omnímodo poder de los tribunales para optar por una u otra declaración, a modo de alternativa siempre disponible por el solo hecho de existir en los autos una declaración distinta de la prestada por el testigo, o en su caso coimputado, en el Juicio Oral".

En definitiva, de lo que se trata no es tanto de una exigencia formal relativa a la existencia de un elemento objetivo de corroboración de la versión sostenida en el sumario, sino de la expresión de las razones que el Tribunal tiene para acogerla como más cierta, aunque tal motivación, exigible con carácter general en la valoración de cualquier prueba, se reduzca en la generalidad de los casos a la concurrencia de elementos corroboradores de mayor o menor intensidad. En sentido similar, la STS núm. 1105/2007 y la STS núm. 439/2005.

En cuanto a la autoría debe recordarse así la muy didáctica Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2001 EDJ 2001/3135 sobre esta cuestión: "La autoría conjunta referida en el art. 28, 1 CP/1995, que constituye a los sujetos en autores en sentido estricto, no implica que cada uno de los coautores deba realizar la totalidad de la conducta típica, sino que el papel de cada uno puede alcanzar distinta entidad o grado en la ejecución, pero de forma que es atribuible la totalidad de la acción a cada uno, es decir, el hecho delictivo les pertenece en igual medida, no son partícipes en lo hecho por otro y por ello no juega el principio de accesoriedad reconocer esta forma de autoría directa, en el plano subjetivo, como señala, entre muchas, la STS de 11-4-2000 se precisa "la decisión conjunta de los autores que permite engarzar las respectivas actuaciones emanadas en una división de funciones acordadas", acuerdo mutuo, no necesariamente previo, dirigido a la ejecución del hecho con asignación de papeles a cada uno de los autores, y en el plano objetivo, ya en la fase de ejecución, despliegue de la conducta encomendada de forma conjunta y funcional que constituye la base del dominio compartido del hecho típico". Por consiguiente si son coautores quienes realizan conjuntamente el hecho delictivo, es decir, que todos aportan durante la fase de ejecución un elemento esencial para la realización del propósito común, se está aceptando que quien contribuye con su actuación en forma relevante a la ejecución y en forma conjunta con otros partícipes, tiene el dominio funcional del hecho, como ocurre con Pedro Jesús.

En cuanto a la prueba de la tenencia ilícita de armas nos la proporcionan los agentes que deponen a través de videoconferencia en el sentido de que las escopetas eran propiedad de Alejandra y los procesados las utilizaron sin permiso de armas y guía de pertenencia.

Tercero.-En la realización del expresado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Como es sabido las circunstancias atenuantes y eximentes es necesario probarlos con el hecho mismo y en este caso no hay ningún dato que evidencie mas allá de sus propias manifestaciones, que estuvieran los procesados ebrios ni menos aún que la intoxicación etílica anulara las facultades por lo que no es de aplicación la eximente del art. 20.2.º del C. Penal solicitada por una de las defensas.

Cuarto.-Conforme a lo establecido en el art. 116 del C.P., los responsables de todo delito o falta lo son también civilmente. Una de las defensas que impugnó el informe de los Médico Forenses, porque estaba hecho por un solo Médico Forense y no había examinado a los lesionados. Desestimamos la impugnación pues en el informe de D.ª Hortensia se dice, folio 464, "que ha examinado el expediente: informe clínico de consulta del Hospital.... y el informe Médico forense realizado, (por el otro forense), D. Avelino "y se ratifica en el informe de D. Avelino "; En juicio oral explicaron que había visto el doctor varias veces al lesionado Adrian y no al lesionado Casimiro porque no acudió a las citas pero que hacían ambos propio el informe del Médico Forense y compartían ambos sus conclusiones.

En cuanto a la responsabilidad civil nos acogemos a lo solicitado por el Ministerio Fiscal que aplica los Baremos de Tráfico del año 2007 por se más objetivo y con base a los días de impedimento, lesiones y secuelas padecidas por los lesionados.

Los procesados Pedro Jesús y Ignacio indemnizarán de manera directa y solidaria al perjudicado Adrian, en la cantidad de 11.324,92€ por las lesiones causadas (3.470,32€ por 56 días de hospitalización, más 7854,60€ por los 156 días restantes de curación con impedimento), más la cantidad de 102.376,3€ por las secuelas, lo que suma un total de 113.700,95€, aplicando analógicamente el baremo de tráfico del año 2007 y siendo aplicable en todo caso el art. 576 LEC.

Igualmente los procesados Pedro Jesús y Ignacio indemnizarán de manera directa y solidaria al perjudicado Casimiro, en la cantidad de 4.725,16€ por las lesiones causadas (495,76€ por los días de hospitalización, más 84 € por 4.229,40€ restantes de curación con impedimento), más la cantidad de 15.250,24€ por las secuelas, lo que suma un total de 19.975,40€, aplicando analógicamente el "Baremo de Tráfico del año 2007" y siendo aplicable en todo caso el art. 576 LEC.

Quinto.-El art. 66 del C.P. impone al Tribunal la obligación de individualizar la pena a imponer, atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho: teniendo en cuenta estos dos factores, en el caso que nos ocupa reputamos procedente imponer las penas de diez años de prisión por cada uno de los delitos de asesinato en grado de tentativa y por el delito de tenencia ilícita de armas un año de prisión.

El delito de asesinato va desde quince a veinte años y solamente rebajamos un grado ante las circunstancias concurrentes y la barbarie y gravedad de los hechos reflejados en los hechos probados y que revelan la especial peligrosidad de los procesados, así como la especial violencia con que fueron perpetrados los hechos, reveladores de un mayor reproche penal.

Por las mismas razones tampoco proponemos la pena mínima en el delito de tenencia ilícita de armas.

Sexto.-Las costas han de imponerse a los criminalmente responsables de todo delito, según se deriva de lo dispuesto en los art. 123 del C.P. y 240 de la LECrim.

Séptimo.-Procede deducir testimonio del acta de la declaración sumarial de los testigos de la acusación, Adrian y Aurora y, de las actas, de los testigos de la defensa, Virginia, Celestina, Carmen, Adoracion, y Alejandro, todo esto por si los hechos fueran constitutivos de un delito de falso testimonio.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general pertinente y obligada aplicación, y consultada la jurisprudencia citada.


FALLAMOS


 
CONDENAMOS a los procesados Ignacio y Pedro Jesús como autores responsables de dos delitos de ASESINATO EN GRADO DE TENTATIVA y uno de TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN a cada uno por los delitos de asesinato en grado de tentativa y UN AÑO DE PRISIÓN por el delito de tenencia ilícita de armas, a las accesorias de, por los delitos de asesinato inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y por el delito de tenencia ilícita de armas, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Así mismo, de conformidad con los arts. 57 y 48 del C.P. en su relación dada por LO 15/2003 de 25 de noviembre se impondrá a los condenados la prohibición de aproximarse a Adrian y Casimiro a menos de 400 metros de cualquier lugar donde se encuentren, así como de comunicarse con ellos de forma escrita, verbal o visual, o por cualquier otro medio de comunicación informático o telemático por el plazo de doce años y a que en concepto de indemnización de daños y perjuicios, abonen los procesados Pedro Jesús y Ignacio indemnizarán de manera directa y solidaria al perjudicado Adrian, en la cantidad de 11.324,92€ por las lesiones causadas (3470,32€ por 56 días de hospitalización, más 7854,60€ por los 156 días restantes de curación con impedimento), más la cantidad de 102.376.3€ por las secuelas, lo que suma un total de 113.700,95€ aplicando analógicamente el "Baremo de Tráfico del año 2007" y siendo aplicable en todo caso el artículo 576 LEC.

Igualmente los procesados Pedro Jesús y Ignacio indemnizarán de manera directa y solidaria al perjudicado Melchor en la cantidad de 4725,16€ por las lesiones causadas (495,76€ por 8 días de hospitalización, más 84€ por 4229,40 restantes de curación con impedimento), más la cantidad de 15250,24€ por las secuelas, lo que suma un total de 19.975,40€, aplicando analógicamente el "Baremo de tráfico del año 2007" y siendo aplicable en todo caso el art. 576 LEC. Y al pago de las costas procesales.

Y para el cumplimiento de la pena de privación de libertad que les imponemos, les abonamos todo el tiempo que han permanecido detenidos o en prisión preventiva por esta causa, una vez que no les sirven para cumplir otras condenas.

Decretamos el comiso de los efectos intervenidos y una vez firme esta sentencia, dedúzcase testimonio por posible delito de los testigos Adrian y Aurora, así como de Virginia, Celestina, Carmen, Adoracion, Alejandro (a tal efecto testimóniese el acta del juicio y las declaraciones sumariales de los testigos que declararon en el sumario).

Se aprueban por sus propios fundamentos los autos de insolvencia dictados por el Juzgado Instructor en las piezas separadas de responsabilidad civil de los condenados.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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