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Sentencia A.P. Madrid 41/2010, de 22 de marzo


 RESUMEN:

La acusada presentó al cobro, e hizo efectivo, un pagaré cuya falsedad (tanto del contenido, como del soporte material) conocía. La sentencia la condena como autora de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal medail con un delito de estafa.

SENTENCIA

En Madrid, a veintidós de marzo de dos mil diez

VISTA en juicio oral y público, ante la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial la causa instruida con el n.º 1880/05, procedente del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Madrid y seguida por el trámite de procedimiento abreviado por un delito de falsedad en documento mercantil y oficial, contra Azucena, nacida el 12 diciembre de 1959 en Madrid, hija de Salustiano y de Visitación, vecina de Madrid, en libertad provisional por esta causa, estando representada por la Procuradora D.ª Marta López Barreda y defendida por el Letrado D. Juan Carlos Orbañanos Llantero, y contra Moises, nacido el 14 de abril de 1945 en Mostotes (Madrid), hijo de Lino y de Felisa, vecino de Mostotes, en libertad provisional por esta causa, estando representado por el Procurador D. Manuel Martínez de Lejarza y defendido por el Letrado D. Pedro Bernardo Prada Garrudo. Siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal, y como ponente la Magistrada D.ª ANA MERCEDES DEL MOLINO ROMERA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Ministerio Fiscal modifica sus conclusiones provisionales en el acto del juicio oral y califica definitivamente los hechos como constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil de los artículos 392, 390.1.1.º y 2.º y 74 del Código Penal en concurso ideal con un delito de estafa del artículo 248 y 250.1.3.º con aplicación del artículo 77, todos del Código Penal, considerando autores de los mismos a los acusados, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia en Moises respecto del delito de estafa.

En cuanto a las penas, solicita para Azucena la imposición de una pena de 1 año y seis meses de prisión por el delito de estafa y doce meses de multa con una cuota diaria de dos euros con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la concurrencia del artículo 53 del Código Penal para el caso de impago de la multa. Por el delito continuado de falsificación en documento oficial y mercantil interesa la imposición de una pena de 1 año y nueve meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pena de multa de nueve meses y un día con una cuota diaria de dos euros, con aplicación del artículo 53 del Código Penal, caso de impago.

Asimismo interesa para Moises la imposición de una pena de 5 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pena de multa de 12 meses a razón de 10 € al día. Y costas por mitad.

En cuanto a la responsabilidad civil, los acusados deberán, conjunta y solidariamente y por partes iguales, abonar a JAP SERVICIOS DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. la cantidad de 2.875,20 €.

Segundo.-La defensa de Azucena en el acto del juicio oral modifica sus conclusiones provisionales y se adhiere a las formuladas por el Ministerio Fiscal.

Tercero.-La defensa de Moises en disconformidad con las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, solicita para su defendido la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.


HECHOS PROBADOS

El día 11 de abril de 2004, D.ª Azucena, actuando con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, se personó en la oficina n.º 49 de IBERCAJA de la C/ Bravo Murillo 79 de Madrid, donde hizo efectivo el pagaré nominativo n.º 4. 918. 776. 4 fechado el 30 de abril de 2005 por importe de 2.875,20 € con fecha de vencimiento 9 de abril de 2005 a favor de Milagros emitido por JAP SERVICIOS DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES SA.

El pagaré antes descrito era falso, tanto en su contenido, como su soporte material, al haber sido confeccionado mediante fotocopia del original que estaba emitido a favor de HISPANA DE ANDAMIAJES SA, por importe de 1093,35 €, con vencimiento el 20 de mayo de 2005.

La acusada, para conseguir el cobro del referido pagaré, del que conocía su falsedad, presentó a la entidad bancaria un DNI a nombre de Milagros, en el que se había colocado la fotografía de la acusada, que ésta facilitó a una persona, cuya identidad no ha quedado acreditada, para su confección.

D.ª Azucena es mayor de edad al haber nacido el 12 de diciembre de 1959, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.

No ha quedado acreditado que Moises haya tenido participación en estos hechos.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil de los arts. 392, 390.1.1.º y 2.º y 74 en concurso medial del art. 77 con un delito de estafa de los art. 250.1.3.º todos ellos del Código Penal.

Se trata tanto de un documento mercantil, un pagaré, como de un documento oficial, un documento nacional de identidad, ambos documentos son mendaces en los términos que luego veremos.

El pagaré es documento mercantil que permite la realización de relaciones de carácter mercantil o comercial. Es mercantil el documento que tiene relevancia jurídica respecto a contratos efectivamente mercantiles, tanto los citados expresamente en la legislación mercantil como los destinados a surtir efectos en el tráfico jurídico y que se refieren a operaciones de naturaleza comercial y en general todos aquellos que son expresión de un acto de comercio como aquí sucede.

Debe recordarse que en relación al delito de falsificación opera tanto el concepto de autoría mediata como material, por lo que debe estimarse autor de la falsificación, tanto el que materialmente efectúa la alteración, como aquél que utiliza el documento a conciencia de la falsedad efectuada por otro, tal vez a su instancia y que, en definitiva poco importa saber quién materializó la manipulación del pagaré, lo relevante es la aceptación de los documentos mercantiles y su utilización en el tráfico mercantil como si de documentos plenamente válidos y veraces se tratara, pues es esta actividad la que le hace ser autor del delito de falsificación, siempre y cuando se haga a conciencia de la falsedad. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencias de 14/3/00, y la de 22/3/01 que recuerda que "en el delito de falsedad opera el concepto de autoría mediata tanto como material, de suerte que tanto el que materialmente efectúa la motivación como el que utiliza el documento alterado, a sabiendas, realiza la conducta del tipo penal".

Ambos documentos eran idóneos para ser introducidos en el tráfico mercantil, no solo por que así lo relata la testigo María Inés, empleada de Ibercaja que abonó el pagaré, sino porque efectivamente fueron aptos para inducir a error en la cajera, quien creyéndolo auténtico lo hizo efectivo.

Con relación al delito de estafa, en grado de tentativa, es de tener en cuenta reiterada doctrina de la Sala Penal del Tribunal Supremo conforme a la cual el elemento fundamental del mismo lo constituye el engaño, como maniobra o ardid empleado por los que tratan de apoderarse del patrimonio ajeno.

Como establece, por ejemplo, la STS de 27 de mayo de 1988, "la espina dorsal, eje o elemento fundamental y primordial del delito de estafa, lo es el engaño, esto es, la patraña, superchería, treta, argucia, mendacidad, falacia, ficción o apariencia, de que se vale, el infractor, para inducir a error al sujeto, pasivo, cuyo consentimiento vicia, determinándole a efectuar una prestación o desplazamiento patrimonial, el que, de no mediar la maquinación o maniobra torticera, no hubiera realizado, debiendo, el referido engaño, para ser típicamente relevante, reunir las notas de antecedente, y no "subsequens", causante, esto es, generante o desencadenante del perjuicio patrimonial sufrido por el ofendido, de tal modo que se detecte la existencia de un nexo causal que vincule engaño y perjuicio, y, finalmente, bastante", precisando esta resolución, en relación con esta última nota, que "tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia, ha preponderado o imperado la exigencia de la suficiencia del medio engañoso empleado con valoración subjetiva, es decir, atendiendo a las circunstancias del caso concreto y a las condiciones personales del sujeto pasivo, para el cual puede bastar un anzuelo o cimbel que no sería procedimiento adecuado para defraudar a otra persona más avispada y despierta"

El citado engaño, elemento configurador de la estafa, ha de ser bastante, lo que significa que ha de tener la entidad suficiente para mover torticeramente la voluntad de otro, para lo cual habrá de atenderse a las circunstancias concurrentes en el caso, entre ellas a las personales de quienes se dicen estafados.

Segundo.-No discuten las partes de este juicio la naturaleza jurídica de los hechos declarados probados. La defensa de María Inés en el trámite de conclusiones definitivas se adhirió a la calificación fiscal, a la vista del reconocimiento de los hechos efectuado por la acusada, quien desde el inicio de las actuaciones ha reconocido su participación en los hechos, diciendo que facilitó una fotografía a Moises y éste le entrega el DNI que tenía que utilizar y también, en este caso el pagaré, la trasladaban después hasta la oficina bancaria donde lo cobraba, entregando el producto a Moises, quien a su vez le pagaba a ella lo convenido. Afirma que conoció al otro acusado con ocasión de una detención, pues coincidió con él y su novia, Paula, en las dependencias policiales, encontrándose en esos momentos con graves problemas de drogadicción y Moises la ayudo entregándole dinero y también facilitándoles "trabajos" como el que constituye el objeto de la presente causa. Aclaró que había más gente que hacía las mismas funciones que ella, siendo Moises quien la llevaba a cobrar los cheques y a él era a quien le tenía que entregar lo cobrado. Dijo no tener enemistad con él, aclarando que siempre que se lo han preguntado ha dicho lo mismo.

De esta declaración llana y sincera resultan claramente todos los elementos definitorios de los delitos que se mencionan en el apartado anterior de esta resolución, puesto que María Inés hacía uso del DNI de otra persona a la que se había colocado su propia fotografía. Con la identidad del titular del documento mercantil, que de esa forma coincidía con la del DNI, hacía efectivo el importe del documento mercantil, del que por idénticas razones conocía de su falsedad.

El problema se plantea a la hora de determinar la participación de Moises en los hechos por los que ha sido acusado. La única prueba que lo incrimina es la declaración de la coimputada. Moises por su parte niega los hechos, diciendo que efectivamente conoció a María Inés en la Comisaría de Moratalaz y afirma haber mantenido una relación sentimental con ella, pero desconoce cuáles son las razones por las que le acusa de haber intervenido en este caso, como en otros parecidos.

Las declaraciones de los coimputados constituyen, en principio, pruebas de cargo hábiles para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, pues están fundadas ordinariamente en un conocimiento extraprocesal y directo de los hechos. La circunstancia de la coparticipación delictiva no las invalida, no obstante en palabras del TS y también del TC habrá de ponderarse su credibilidad en función de los particulares factores, subjetivos y objetivos, concurrentes en las mismas.

Uno de los requisitos exigibles para que la prueba de cargo practicada sea hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, como ya se ha señalado, es que su valoración sea razonable.

Pues bien, dada la peculiaridad de la prueba consistente en la declaración del coimputado, que no se presta bajo juramento de decir verdad y que puede estar afectada en su veracidad por el ejercicio del derecho a no autoincrimarse, tanto el TS como el TC han estimado que no resulta razonable una condena fundada exclusivamente en dicha declaración si no se constata la concurrencia de elementos de corroboración objetivos y la ausencia de elementos de incredibilidad subjetivos.

En primer lugar, la credibilidad objetiva de la declaración del coimputado precisa el análisis de la concurrencia de hechos o indicios externos o periféricos que la doten de verosimilitud bastante para hacer razonable su valoración favorable. La coimputada desde el inicio de la investigación, después durante la instrucción y en el juicio oral ha dicho lo mismo.

Es cierto que Moises, cuando presta declaración en Instrucción, niega conocer a María Inés diciendo que es taxista y por eso conoce a mucha gente, pudiendo ser esa la razón por la que María Inés le haya identificado como la persona que le entrega la documentación oficial y bancaria para cobrar el pagaré y en el plenario varía esa declaración en los términos antes indicados.

La declaración de María Inés, aunque resulta creíble y persistente, circunstancias estas que no apreciamos en Moises, no es bastante para fundamentar un pronunciamiento condenatorio, pues como decimos, esta huérfana de cualquier otra corroboración periférica, por ello consideramos que en este caso no ha quedado desvirtuada la presunción de inocencia.

Tercero.-En la realización de los expresados delitos no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

En orden a la motivación de las penas debemos de señalar, que se ha solicitado la punición por separado de ambas infracciones penales, por resultar más favorable que la imposición de la pena correspondiente al delito mas grave en su mitad superior. De esta forma la pena mínima sería prisión de tres años y seis meses mas la multa correspondiente, y en el otro caso, el de penarlo por separado no alcanza esa cota. Por ello, y conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, corresponde por el delito de estafa la pena de prisión de un año y seis meses y multa de 12 meses con una cuota diaria de 2 €, con la responsabilidad personal subsidiaria legalmente prevista en el art, 53 del C.P para el caso de impago y por el delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil a la pena de prisión de un año y nueve meses y multa de 9 meses y un día con una cuota diaria de 2 €, con la responsabilidad personal subsidiaria legalmente prevista en el art, 53 del C.P para el caso de impago. Con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Cuarto.-Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente a tenor de lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal. El representante legal de Ibercaja sostuvo en el plenario que al haberse acreditado la falsedad del documento en virtud del cual se efectuó el pago, la entidad bancaria procedió a reintegrar al librador la cantidad que se había adeudado en su cuenta. El representante del perjudicado no compareció al plenario por las razones que constan en el rollo de Sala.

Surgen dudas respecto a quién ha resultado definitivamente perjudicado por estos hechos, si JAP SERVICIOS DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. o la entidad bancaria.

Por ello en ejecución de sentencia Azucena deberá indemnizar a JAP SERVICIOS DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES SA en 2.875,20 €, salvo que en ejecución de sentencia resulte acreditado que han sido indemnizados por la entidad bancaria, en cuyo caso se dejará sin efecto este pronunciamiento.

Quinto.-Con arreglo al Art. 123 del Código Penal, las costas procesales vienen impuestas por la Ley a todo responsable criminalmente de un delito o falta. Se declara de oficio la mitad de las costas de este juicio, debiendo satisfacer la condenada Azucena la otra mitad restante.


FALLO


 
ABSOLVEMOS a Moises de los delitos de los que venía siendo acusado en esta causa y CONDENAMOS a Azucena como autora penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil de los arts, 392 en relación con el art. 390.1.1.ª y 2.ª del Código Penal y 74 en concurso medial con un delito de estafa de los arts. 248 y 250.1.3.º también del Código Penal, a la pena de PRISIÓN de un AÑO Y SEIS MESES y MULTA de 12 MESES con una cuota diaria de 2 €, con la responsabilidad personal subsidiaria legalmente prevista en el art, 53 del C.P para el caso de impago y por el primero de los delitos y a la pena de PRISIÓN de un AÑO Y NUEVE MESES y MULTA de 9 MESES Y UN DÍA con una cuota diaria de 2 €, con la responsabilidad personal subsidiaria legalmente prevista en el art, 53 del C.P para el caso de impago, por el segundo. Con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con la indemnización en la forma señalada en esta sentencia.

También deberá satisfacer la mitad de las costas de este juicio si las hubiere.

Para el cumplimiento de las penas impuestas se le abonará a la acusada el tiempo que ha estado privada de libertad por esta causa.

Esta sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, recurso que habría de prepararse mediante escrito a presentar en la Secretaría de esta Sala en el término de cinco días.

ASÍ por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los correspondientes Libros de Registro, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada D.ª ANA MERCEDES DEL MOLINO ROMERA, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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