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Sentencia A.P. Oviedo 87/2010, de 24 de marzo


 RESUMEN:

Además del hecho objetivo de la tenencia de la droga, explicita la sentencia de forma detallada las pruebas de las que infiere que, necesariamente, en la vivienda de los acusados se vendían cocaína y heroína, hasta tal punto que se había convertido en un punto de venta de droga, con reiteradas quejas de los vecinos.

SENTENCIA

En OVIEDO, a veinticuatro de marzo de dos mil diez.

Vistas, en juicio oral y público, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, las precedentes diligencias de procedimiento abreviado n.º 40/09 procedentes del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Avilés, correspondientes al Rollo de Sala n.º 52/09, seguidas por delito contra la salud pública contra Sandra, nacida en Avilés el día 10 de enero de 1949, hija de José y Adela, titular del D.N.I. n.º [...] y domicilio en Avilés, c/ [...], casada, sin constancia de profesión ni solvencia, con antecedentes penales, en libertad provisional, habiendo estado privada de ella durante la tramitación de la causa desde el día 6 al 7 de noviembre de 2008, y contra Luis Andrés, nacido en Avilés el día 25 de septiembre de 1943, hijo de Juan y de Pergentina, titular del D.N.I. n.º [...] y con el mismo domicilio que la anterior, casado, sin constancia de profesión ni solvencia, sin antecedentes penales, en libertad provisional, habiendo estado privado de ella durante la tramitación de la causa desde el día 6 al 7 de noviembre de 2008. Ambos acusados han estado representados por la Procuradora D.ª Myrian Suárez Granda y defendidos por el Letrado Don Ignacio Hernando Acero. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y Ponente el Iltmo. Sr. D. JAVIER DOMÍNGUEZ BEGEGA que expresa el parecer del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se declaran HECHOS PROBADOS que ante las sospechas de que los acusados Sandra, mayor de edad y con antecedentes penales al haber sido condenada por delito contra la salud pública en sentencia de fecha 25 de noviembre de 2004, firme el 14 de enero de 2005, a las penas de dos años de prisión y multa de diez mil euros, extinguidas el 30 de julio de 2007, y Luis Andrés, mayor de edad sin antecedentes penales, se pudieran estar dedicando a la venta de sustancias estupefacientes en la vivienda que ocupaban, sita en Avilés, [...], siendo tales sospechas dimanantes de las reiteradas quejas vecinales que alertaban sobre que la zona se erigía en un punto negro de venta de droga, por parte de funcionarios de la Comisaría de Policía de Avilés, adscritos al Grupo de Policía Judicial- Estupefacientes, se estableció un servicio de vigilancia y control en cuyo curso comprobaron como, efectivamente, durante el periodo de febrero a octubre de 2008 conocidos toxicómanos o consumidores de heroína y cocaína acudían a la vivienda para comprar sus respectivas dosis, que les eran facilitadas por losa acusados. Ante ello se solicitó del Juzgado de Instrucción N.º 6 de Avilés un mandamiento de entrada y registro en el domicilio, autorizándose por Auto de 8 de noviembre de 2008 y llevándose a cabo la diligencia el siguiente día nueve con hallazgo de los siguientes efectos relevantes para la causa: A la acusada, en un monedero que portaba, seis billetes de cinco euros y cuatro billetes de diez euros, y en un bolsillo de señora un billete de veinte euros; en el salón de la vivienda se encuentra un portátil de la marca Toshiba con su funda, un aparato de radio de coche Panasonic, un reloj Lotus, un reloj Swiss Army, una navegador Tomtom, una play station con mando, seis cajas con CDS y DVD; en una habitación al fondo de la vivienda se halló una bolsita con cuatro envoltorios conteniendo 0,96 gramos de cocaína con una riqueza en cocaína base del 33 por ciento, valorada en 53,98 euros, un PSP Sonic, una cámara digital marca Nikon, un portátil marca Fujitsu Siemens, cuatro teléfonos móviles marca Panasonic, Nokia, Sony Ericson y Vodafone; en una habitación contigua a la anterior, un reloj de caballero marca Oriando, otro marca Lotus y un tercero marca Quartz.

La cocaína era destinada por los acusados a ser vendida a terceros, procediendo de dicha actividad el dinero y efectos intervenidos.

Segundo.-El Ministerio Fiscal, al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, calificó los hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública previsto y penado en los arts. 368, 374.1.º y 377 del Código Penal, en su modalidad de tráfico de sustancias causantes de grave daño a la salud, considerando responsables del mismo en concepto de autores a los acusados Sandra y Luis Andrés para los que, apreciando en la primera la agravante de reincidencia prevista en el art. 22.8.º del Código penal, y sin apreciar en el segundo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitó que se les impusieran las penas siguientes: a Sandra ocho años de prisión, accesoria legal y multa de 150 euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un mes en caso de impago para el caso de que la pena efectivamente impuesta no supere los cuatro años de privación de libertad, y a Luis Andrés, cinco años de prisión, accesoria legal y multa de 150 euros con igual responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y para en el mismo caso de que la pena de prisión efectivamente impuesta no supere los cuatro años. Solicitó la condena de los dos acusados al pago de las costas procesales así como el comiso del dinero y efectos ocupados.

Tercero.-La defensa de los acusados, al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, mostró disconformidad con la acusación del Ministerio Fiscal y considerando que los hechos no son constitutivos de delito, por lo que huelga referirse a circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, solicitó la libre absolución.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito contra la salud pública previsto y penado en el art. 368 del Código Penal, en referencia a sustancias que, como la heroína y la cocaína, son causantes de grave daño a la salud, viniendo caracterizada tal infracción criminal por constituir una de las modalidades de peligro abstracto y consumación anticipada cuya punición se preordena a la salvaguarda de la salud de la colectividad que como valor constitucionalmente consagrado es objeto de ataque con actividades como la de autos, de venta de sustancias como las indicadas, productoras de ese grave daño por razón de los menoscabos psicofísicos que produce en los consumidores a los que determina a una situación de drogodependencia, presuponiendo el delito la concurrencia de un elemento objetivo traducido en la tenencia de la droga y otro subjetivo expresado en el ánimo de destinarla al consumo ajeno.

Segundo.-De aquel delito son responsables, en concepto de autores, los acusados Sandra y Luis Andrés, los cuales ejecutaron los actos típicos delictivos haciendo necesaria su condena. El dato objetivo de la tenencia de la droga ya viene expresado por el hallazgo en su domicilio de los cuatro envoltorios incautados en el curso de la diligencia de entrada y registro judicialmente acordada, y aunque ellos quieren convencer de que la detentación no estaba de su mano, pretendiendo que la cocaína pertenecía a una hija suya -Soraya-, tal argumento es insostenible, siendo firme la convicción acerca de su autoría por los elementos probatorios que se exponen. En primer lugar hay que observar que la intervención policial no fue aleatoria o circunstancial, pues vino motivada por las quejas vecinales que alertaban sobre la constitución de un punto negro de venta de droga con los problemas de seguridad ciudadana que genera, siendo referida la vivienda de los acusados, que se identificaba como la de "[...]", donde tenía lugar la ilícita actividad. Así lo confirman los testigos funcionarios de policía que intervinieron en las investigaciones, los cuales, aclarando lo que ya se plasmaba en el atestado, folio 71, dicen que no resultó que algún otro vecino del inmueble pudiera estar relacionado con la venta de las drogas, haciendo decaer la coartada de la acusada cuando sugirió que podía ser otra tal "Julita" vecina de la finca la que se relacionaba con el tráfico ilegal, siendo en todo caso tal argumento forzado cuando de ser verdad, por lo menos, que había otra persona vecina del lugar con el mismo nombre, podía haberlo probado, siendo significativo en este sentido, como expresión de la mendacidad del argumento, que precisamente cuando al coacusado Luis Andrés se le preguntó al respecto fue incapaz de contestar si había esa vecina también llamada Sandra. En esta misma línea de valorar la razonable relación de la acusada con el delito enjuiciado es significativo que ella no es una persona que sorpresivamente pudiera aparecer en el desarrollo de la actividad delictiva, dado que ya fue condenada precisamente por hechos similares, dando lugar a que se aprecie la agravante de reincidencia. En segundo lugar los funcionarios policiales fueron plenamente homogéneos y coherentes al declarar como se desarrollaba la operación de venta de droga. Así, mientras uno de ellos observaba el inmueble y veía como acudían a él los adquirientes de droga daba aviso a sus compañeros que vigilaban en las inmediaciones para que interceptaran al comprador haciéndolo con levantamiento de hasta veinticuatro actas de intervención de las papelinas que acababan de comprar, con documentación a los folios 14 a 37, y añadiendo que alguno de los interceptados reconocía abiertamente el lugar de la compra y las personas que se lo habían vendido. En tercer lugar, de entre las elocuentes declaraciones que prestaron durante la instrucción los compradores identificados como tales, folios 164, 177, 178, 271, 272, 203, 294, 295, 314 y 372, fue llamativa la que realizó en el juicio oral Gregorio, el cual con el recelo, y temor, propio de quien tiene que declarar ante los traficantes a los que había comprado la droga, tras su inicial reticencia a manifestarse con la claridad que había mostrado ante el Instructor, al final, después de ser advertido sobre las responsabilidades en que podía incurrir por delito de falso testimonio, llegó a reconocer lo evidente, esto es, que había ido a comprar la droga al domicilio de autos, siendo ese inmueble el también referido como centro de venta por Sara y Manuel, teniendo que resultar los acusados los traficantes en la medida en que como antes se razonó, con las declaraciones de los testigos policías, no consta que hubiera en ese lugar otros posibles implicados en la ilícita venta. En cuarto lugar, en el registro domiciliario también se halló, además del dinero fraccionado -que, ciertamente, aunque no era en mucha cantidad es una explicación razonable la que dan los funcionarios al ratificar el folio 71 en el sentido de ser el modus operandi el de ir disponiendo fraccionadamente de la mercancía, y consiguientemente del beneficio obtenido, para evitar mayores incautaciones- apuntando al dato, que la experiencia enseña, de ser así dispuesto como medio facilitador de los rápidos cambios entre vendedor y adquirente, se ocupó también toda la relación de efectos cuya legítima detentación no se explica, ni aproximadamente, siendo habitual que constituyan una forma de pago del precio de la droga por parte de los consumidores adquirentes, pudiendo añadirse, en el contexto de la diligencia que nos ocupa, por una parte, los obstáculos que la acusada puso a la entrada de los funcionarios que la practicaron. Así, los policías declararon como cuando llamaron a la puerta -con asistencia del Sr. Secretario Judicial- la acusada, al verlos, la cerró rápidamente, hasta que pasados unos minutos abrió el acusado mientras Sandra estaba encerrada en el cuarto de baño, pudiendo oír que tiraba de la cisterna. Ello apunta lógicamente a la maniobra tendente a deshacerse por el inhodoro de la droga que pudiera detentar, quedando la que escondía en la habitación donde estaba cerrada con llave y que sólo abrió -tras decir a los policías que no disponía de la llave- cuando los funcionarios advirtieron de que tendrían que forzar la puerta. Por otra parte, los policías presentes en la diligencia manifestaron que los acusados les dijeron, a modo de queja por su intervención, que por qué no se dedicaban -los policías- a ir a por otros traficantes mayores y les dejaban a ellos, porque ellos sólo vendían "cuatro" "chismes" o papelinas para comer, habiendo sido los dos acusados los que se manifestaron en tal sentido evidenciando el consuno con el que actuaban, siendo de recordar en cuanto a Luis Andrés que en el curso de las investigaciones era visto desarrollando funciones de control desde la ventana cuando llegaban los compradores. En quinto lugar, a los acusados no se les conocen medios lícitos de vida para, al margen de las exiguas pensiones que reciben, disponer de la provisión de droga necesaria en orden al volumen constatado (en las investigaciones policiales) de ventas a toxicómanos y consumidores que afluían a su domicilio, o para disponer de los efectos intervenidos respecto de los que, además, dan explicaciones inconsistentes en orden a su tenencia, porque, como dijo Sandra, los objetos los suelen coger sus hijos cuando van a la chatarra, lo que es absurdo dado que ese material no es normalmente abandonado, o cuando dijeron que lo compraban para su nieta, de 11 años, pues, como se dijo no parecen tener per se, al margen del ilícito que ejecutaban, disponibilidades para ese lujo de electrodomésticos u objetos personales, que como los relojes o todos los teléfonos no serían, obviamente, para aquella niña, y tampoco eran suyos -salvo porque fueron parte del precio de droga que pagaban los adquirientes- al observar que en sus declaraciones ante la policía, folios 73 y 75 dijeron que carecen de ese aparato, sin saber ningún número cuando hicieron lo propio ante el Instructor, o, finalmente, para atender a los pagos de adquisición de la vivienda que ocupan y respecto de la que Luis Andrés, a preguntas de su defensa contestó que el piso lo están pagando, aunque sea vivienda social. En sexto lugar, mintieron -en el legítimo derecho que les asiste- cuando refirieron la droga ocupada a su hija Soraya, la cual dijeron es drogadicta. Por una parte, no hay ni un solo indicio sobre que esa hija y la otra que declaró en el plenario (Adela) sean drogadictas. Luego ya es forzado aceptar que la cocaína fuese de ellas. Por otra, tales dos hijas no conviven en el domicilio. En este sentido los coacusados dijeron, primero, que ahí solo vivían ellos y su nieta, y, después, que a él iban frecuentemente las hijas, siendo lo cierto que ellas eran ajenas a la morada al probarlo así la propia defensa cuando aportó la certificación de empadronamiento del folio 236 donde no constan esas hijas. En consecuencia, es increíble que la cocaína sea de Soraya, abundando en esa conclusión la no menos extraña explicación sobre que Soraya y su hermana, o incluso ellas y otros ignotos amigos -dato en el que tampoco están de acuerdo- iban a consumir droga al domicilio de sus padres, y, para más inri, diciendo que lo hacían en la habitación de la nieta, una niña de 11 años. Por último, tan forzado argumento exculpatorio, tampoco serviría para explicar como es que lo que se proveía en la vivienda era, no sólo cocaína, sino también heroína, constando así en parte de las actas de intervención de droga que se levantaron al incautársela a los compradores, y entre ellos, al que declaró en el juicio oral, el antedicho Gregorio que portaba cocaína y heroína, vid. folio 31, siendo este producto el que también adquirieron los otros dos testigos, Teodulfo, folio 14 y Manuel folio 27.

Tercero.-Concurre en la acusada Sandra la circunstancia agravante de reincidencia, a la vista de su hoja histórico penal obrante al folio 127, y no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en el otro coacusado, Luis Andrés, respecto del que ni para él, ni para la otra, alegó la concurrencia de ninguna su defensa. En consecuencia, en el orden penológico, aparte de la multa que se muestra adecuada en la petición de la acusación, ante el incontestado dato del valor de la droga intervenida, la pena de prisión pedida para cada acusado también se muestra proporcionada desde la perspectiva de la gravedad del hecho, que es expresión de una ejecución criminal cuya repulsa social tiene que verse acrecentada cuando, como es el caso, los autores se involucran en ella como medio lucrativo de ganancia al margen de cualquier mediatización que pudiera explicar una eventual inclinación al hábito tóxico, que no se da en ninguno de ellos, mostrándose con una peligrosidad que no sólo se asume en la coacusada que ya es reincidente, evidenciando el nulo efecto resocializador de la anterior condena y el desprecio que le merece el bien jurídico protegido, sino en los dos al hacer del ilícito negocio una fuente de ingresos sin reparar en la cualidad de la sustancia estupefaciente a vender, abarcando tanto heroína como cocaína, y haciéndolo con una profusión que llegó a determinar que el centro de sus operaciones definiera un auténtico punto negro en el tráfico de drogas.

Por lo demás, en función de lo explicado en el precedente fundamento de Derecho, es razonable concluir la vinculación de los efectos intervenidos con el ilícito tráfico enjuiciado, procediendo el comiso peticionado por la acusación al amparo del art. 374 del Código Penal.

Cuarto.-Las costas procesales causadas deben ser impuestas por iguales partes a los acusados que van a ser condenados, conforme a lo previsto en el art. 123 del Código Penal en relación con los arts. 239 y siguientes de la L.E.Crim.

Por lo expuesto


FALLAMOS


 
Que debemos de condenar y condenamos a Sandra y a Luis Andrés como autores de un delito CONTRA LA SAULD PÚBLICA, concurriendo en la primera la circunstancia agravante de reincidencia, y sin concurrir en el segundo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas siguientes:

A) A Sandra OCHO AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria legal de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO durante el tiempo de la condena y MULTA de CIENTO CINCUENTA EUROS, debiendo abonar la mitad de las costas procesales causadas.

B) A Luis Andrés CINCO AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria legal de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO durante el tiempo de la condena y MULTA DE CIENTO CINCUENTA EUROS, debiendo abonar la mitad de las costas procesales causadas.

Se acuerda el comiso del dinero y demás efectos intervenidos, procediéndose a la destrucción de la droga una vez firme esta sentencia si no se hubiese hecho ya.

Contra la presente sentencia cabe recurso de casación ante la Sala 2.ª del Tribunal Supremo en término de cinco días.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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