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Sentencia T.S.J. Cataluña 7801/2006, de 10 de noviembre


 RESUMEN:

Despido: Demanda presentada por el hijo del trabajador fallecido con posterioridad al despido. La extinción injustificada del contrato, antes del fallecimiento, por la sola voluntad del empresario, comporta la asunción por éste de una serie de responsabilidades y hace al trabajador acreedor a una serie de derechos que le resarzan del acto injusto producido frente al mismo. Satisfacer a los herederos del trabajador únicamente con los salarios de trámite es dar virtualidad parcial al hecho jurídico del despido. Nulidad de la sentencia de instancia: incongruencia extra petita.

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG: 08096 - 44 - 4 - 2005 - 0000022

MG

ILMO. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

ILMA. SRA. M.ª LOURDES ARASTEY SAHÚN

ILMA. SRA. ASCENSIÓN SOLÉ PUIG

En Barcelona a 10 de noviembre de 2006

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 7801/2006

En el recurso de suplicación interpuesto por Eduardo (Heredero de Rubén) frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Granollers de fecha 13.2.2006 dictada en el procedimiento Demandas n.º 15/2005 y siendo recurrido/a MOTOPLASTIC, S.A. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 12.1.2005 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido disciplinari, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 13.2.2006 que contenía el siguiente Fallo:

"Que apreciando la falta de acción de D. Eduardo procede la desestimación de la demanda interpuesta por Eduardo contra la empresa MOTOPLASTIC S.A. y en consecuencia, absuelvo a la demandada de los pedimentos formulados en la demanda."

Segundo.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- El actor Rubén inicio su relación laboral con la empresa demandada el 21/02/1980, con la categoría de Oficial 1.ª GP4 y con un salario diario con prorrateo de pagas extras de 57,86 Euros. (Folios 388 a 399).

Segundo.-El Sr. Rubén estaba casado con la Sra. Camila, trabajadora también de la empresa demandada, y de quien se encontraba separado de hecho en fecha 22/11/2004. (No controvertido)

Tercero.-El Sr. Rubén, acudió en fecha 22 de noviembre de 2004, no siendo su jornada laboral al centro de trabajo, encontrándose con la Sra. Camila con quien mantuvo una conversación que fue subiendo de tono, cogiéndola por el cuello hasta que tuvieron que intervenir otros compañeros de trabajo, el Sr. Isidro, y la Sra. María Virtudes quien finalmente recibió un puñetazo en la boca al interponerse entre el Sr. Isidro y el Sr. Isidro (De las testificales de la Sra. Camila, Sr. Isidro, y Sra. María Virtudes).

Cuarto.-En fecha 22/11/2004 Doña. Camila interpuso denuncia contra el Sr. Rubén por los hechos acaecidos en la empresa dictándose por el juzgado de Instrucción número 1 de Granollers en fecha 24/11/2004 el correspondiente auto en virtud del cual se prohibía al Sr. Rubén acercarse a cualquier lugar donde se encontrara la Sra. Camila, y en concreto del lugar de trabajo (folio 518).

Quinto.-En fecha 25/11/2004 la empresa remitió burofax al actor comunicándole su despido disciplinario con efectos desde esa misma fecha. El día 15/12/04 el actor recibió un burofax por el que se le comunicaba que dejaban sin efecto la notificación de despido de fecha 25/11/04 y procedían a la apertura del expediente contradictorio en aplicación del art. 62 del Convenio Colectivo General de la Industria Química (folio 525). En fecha 22/12/2004 la empresa notificó personalmente al actor carta de despido con efectos del día 22/12/2004 (folio 539).

Sexto.-Se interpuso papeleta de conciliación que se celebro el día 31/12/04 con el resultado de Sin Avenencia."

Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Recurre en suplicación la parte actora, contra la sentencia de instancia que desestima la demanda de despido sin entrar a conocer del fondo del asunto, por entender que el demandante no tiene acción para iniciar el proceso en su condición de hijo del trabajador que fallece con posterioridad al momento de ser despedido.

Al amparo del párrafo a del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se formula el primer motivo del recurso que en tres apartados diferentes solicita la declaración de nulidad de la sentencia de instancia, por infracción de los arts. 97.2.º de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitución

Puesto que la sentencia desestima la demanda por falta de acción y no entra ni tan siquiera a conocer de la pretensión principal, en lo que a la calificación del despido disciplinario se refiere, debe la Sala analizar todas y cada una de las cuestiones suscitadas en este primer motivo del recurso que pretende la nulidad de dicha resolución, y en el caso de acogerse alguno de sus alegatos habría de acordarse la devolución de las actuaciones al juzgador de instancia para que dicte nueva sentencia que conozca y resuelva sobre el fondo del asunto.

Segundo.-Ha de ser desestimado el primero de estos alegatos, con el que se solicita la declaración de nulidad de la sentencia por incurrir en "incongruencia omisiva" al configurar un insuficiente relato de hechos probados, a juicio del recurrente.

Esto es así, por lo siguiente: 1.º) la fecha de fallecimiento el 24 de enero de 2005, del trabajador despedido y padre del demandante, es un hecho pacífico, conforme y no controvertido, por lo que en modo alguno puede declararse la nulidad de la sentencia por la sola circunstancia de que no aparezca reflejado este dato en el relato de hechos probados, cuando nadie lo discute y puede tenerse perfectamente por acreditado sin necesidad de su inclusión en el relato histórico. Por otra parte y en todo caso, basta la mera solicitud de revisión de los hechos probados para incluir este dato sin que sea necesario acordar la nulidad de la sentencia; 2.º) el mismo argumento es aplicable a la circunstancia de que la sentencia no haga alusión expresa a la segunda de las papeletas de conciliación interpuestas por el trabajador fallecido en fecha 31 de diciembre de 2004, frente al despido disciplinario que se le notificó el día 22 de ese mismo mes. Obra en autos el acta de conciliación en el que se recogen estos datos y la empresa no ha opuesto cuestión alguna al respecto, por lo que el hecho de que no aparezca en el relato histórico carece de gravedad suficiente como para causar indefensión al recurrente y motivar por ello la nulidad de la sentencia; 3.º) el posible incumplimiento por la empresa de las obligaciones que el convenio colectivo impone en materia de despido disciplinario en orden a la tramitación de expediente contradictorio previo es cuestión de naturaleza jurídica que no tiene porque quedar reflejada necesariamente en el relato de hechos probados, y a la que de alguna forma ya se refiere la sentencia en sus fundamentos de derecho al razonar la validez del segundo despido, por lo que tal presunta omisión no constituye un defecto causante de nulidad; 4.º) las referencias a la patología psiquiátrica del trabajador despedido pueden ser adicionadas en la revisión de hechos probados, si es el caso y se consideran relevantes, por lo que su omisión tampoco determina la nulidad de la sentencia de instancia que no se refiere a las mismas.

Tercero.-El segundo de los argumentos de nulidad imputa motivación incongruente a la sentencia, por haber aceptado la tesis de la empresa y otorgar validez al segundo de los despidos, que a juicio del recurrente, se habría producido fuera del plazo de veinte días que establece el art. 55.2.º del Estatuto de los Trabajadores para subsanar un despido anterior con defectos de forma.

El recurrente viene en realidad a sostener que el segundo despido no supone la válida subsanación del primero, combatiendo de esta forma los razonamientos jurídicos que han llevado a la juez " a quo" a aceptar la validez del mismo, con lo que no se imputa realmente a la sentencia un vicio o defecto por quebrantamiento de normas procesales causante de su nulidad, sino que tan solo se discrepa de la misma por cuestiones de fondo que podrían haberse alegado en los motivos de derecho, pero en la medida en que esta situación se entremezcla con la apreciada falta de acción que la juzgadora " a quo" refiere al segundo de los despidos, no es incorrecto su planteamiento como causa de nulidad de la sentencia.

Tiene razón el recurrente cuando afirma que el plazo de veinte días a que se refiere el art. 55.2.º del Estatuto de los Trabajadores es un plazo civil y no procesal, del que no pueden excluirse los días inhábiles, tal y como así ha tenido ocasión de establecerlo el Tribunal Supremo en la sentencia de 10 de noviembre de 2004.

Como en ella se explica, la previsión normativa contenida en el art. 55.2.º del Estatuto de los Trabajadores, " tiene su razón de ser en una combinación del derecho de todo empresario a corregir cualquier defecto formal en la carta y los derechos de defensa del trabajador que la recibió, y por ello, las consecuencias del incumplimiento del plazo tienen necesariamente que ser las mismas; por ello, si la subsanación se produce dentro del plazo habrá que entender que estamos ante un segundo despido contra el que, en su caso, habrá de accionar el trabajador, mientras que si la subsanación se produce fuera de dicho plazo no tendrá ningún valor como nuevo despido y habrá que estar al primero con todas sus consecuencias negativas para el empleador". Se trata por lo tanto de un plazo de caducidad puesto que tiene establecido un límite insuperable de veinte días que no es posible sobrepasar ni subsanar, dados los términos en los que se halla concebido en una norma que puede considerarse de orden público dada la finalidad garantista que la preside".

Tras lo que sigue diciendo que " Conocida la razón de ser de dicho plazo se hace necesario decidir la naturaleza jurídica del mismo, y en concreto si estamos ante un plazo procesal o ante un plazo "civil" a los efectos de decidir si su cómputo ha de hacerse de conformidad con lo que dispone el art. 5.2 del Código Civil según el cual "en el computo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles" o como señala el art. 133.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil cuando dispone que "en el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles". Ahora bien, si tenemos en cuenta que el cómputo procesal de los plazos con descuento de los días inhábiles sólo está previsto en el indicado precepto de la LEC en relación con las actuaciones procesales, pues no otra cosa puede deducirse del hecho de que tal previsión se encuentre dentro del Título V del Libro I de la LEC dedicado a las "actuaciones judiciales", no nos puede caber duda alguna acerca de que aquel plazo del art. 55.2 ET es un plazo situado fuera y antes de cualquier proceso judicial ya iniciado o por iniciar y que, por ello, en principio se trata de un plazo situado fuera de las previsiones de la indicada norma procesal y de su cómputo, por cuya razón su cómputo habrá de regirse por las previsiones del precepto del Código Civil citado. Frente a dicha conclusión se podría argumentar que el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de despido también es un plazo situado fuera de un proceso judicial y, sin embargo, se computa descontando del mismo los días inhábiles conforme a lo dispuesto en el art. 59.3 ET; pero dicho argumento, en cuanto supondría la aplicación analógica de lo previsto para un determinado plazo a otro distinto, no puede ser aceptado por cuanto no concurre la circunstancia básica para fundamentar una aplicación analógica de las normas cual es la identidad de razón - art. 4 del Código Civil -, pues aun cuando dicho plazo se mueve también fuera de la esfera de un proceso ya iniciado tiene una conexión directa con un futuro proceso en cuanto que la válida iniciación del mismo depende del cumplimiento de dicho plazo y por ello queda situada dentro de la fase preparatoria de aquel, con relación tan evidente con el mismo que impide cualquier comparación con el plazo del art. 55.2 ET al hallarse éste situado dentro de la sola esfera de los derechos subjetivos privados y con desconexión absoluta de cualquier marco procesal; ello aparte de que la previsión del art. 59.3 ET tiene un carácter excepcional que no puede ser extendida a otros supuestos distintos respecto de los que el legislador no ha querido introducir tal previsión".

Tras lo que concluye que la consecuencia derivada de tal situación no puede ser otra que la de que el único despido realmente producido fue el primero, al no ser de aplicación las previsiones que respecto de un posible "segundo despido" vienen contempladas en el art. 55.2 Estatuto de los Trabajadores.

Lo que aplicado al caso de autos supone que el plazo de veinte días para subsanar el primer despido producido finalizaba el 15 de diciembre, por lo que se encuentra manifiestamente fuera de plazo el despido finalmente acordado por la empresa el 22 de diciembre.

Se sostiene en el escrito de impugnación que el día 15 de diciembre se procede a la apertura de expediente contradictoria al trabajador, y se quiere hacer valer esta circunstancia como la subsanación del defecto formal a que se refiere el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de noviembre de 2004.

Pero basta la simple lectura de la misma para constatar que dicha sentencia se está refiriendo en todo momento al segundo despido como único mecanismo de subsanación del primero, por lo que de ningún modo es aceptable que la mera apertura del expediente contradictorio venga a suponer por si misma la subsanación del primer despido.

La subsanación del primer despido se produce con el segundo, no con la apertura del expediente disciplinario, y es por lo tanto ese segundo despido el que ha de producirse dentro del plazo de los veinte días naturales subsiguientes al primero.

Sin que pueda tampoco entenderse que la apertura del expediente disciplinario suspenda de alguna forma el cómputo de estos veinte días naturales, porque tal posibilidad no se encuentra contemplada en la legislación aplicable y el plazo es además de caducidad, como precisa la antedicha sentencia cuando indica a este respecto que "Se trata por lo tanto de un plazo de caducidad puesto que tiene establecido un límite insuperable de veinte días que no es posible sobrepasar ni subsanar, dados los términos en los que se halla concebido en una norma que puede considerarse de orden público dada la finalidad garantista que la preside".

Y contra lo que se argumenta por la recurrida, tampoco pueden aplicarse automáticamente a este supuesto los criterios interpretativos del art. 110.4.º de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el plazo de siete días desde la notificación de la sentencia a que dicho precepto se refiere, toda vez que en este caso no hay ninguna duda de que se trata de un plazo de naturaleza procesal y no civil, con lo que no resultan trasladables los mismos parámetros a uno y otro supuesto, sin que de una detenida y atenta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1995 que se cita en la impugnación, pueda desprenderse tal consecuencia.

El segundo despido estaría fuera del plazo de veinte días que impone el art. 55.2.º del Estatuto de los Trabajadores, por lo que el único despido válido y eficaz no es otro que el producido el 25 de noviembre de 2004, impugnado por el propio trabajador antes de su fallecimiento en la demanda formulada el 12 de enero de 2005.

Cuarto.-Lo anteriormente razonado obliga a acoger el tercero de los alegatos de nulidad de la sentencia por incongruencia extra petita, pues con independencia de que la falta de legitimación o acción del demandante no fue en momento alguno invocada por la demandada, lo cierto es que el único despido a considerar a efectos de este procedimiento es el que se produce el 25 de noviembre de 2004, y habiéndose interpuesto la demanda frente al mismo el 12 de enero, con anterioridad al fallecimiento del trabajador despedido, se encuentran ahora legitimados para sostener y continuar con el ejercicio de la acción los sucesores del mismo en idéntica posición jurídica a todos los efectos, como determina el art. 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al regular la sucesión procesal por muerte.

Sin que la imposibilidad de la readmisión del trabajador sea obstáculo para ello, como razona la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2003, al resolver un supuesto idéntico al presente y concluir que ¿ La extinción injustificada del contrato, antes del fallecimiento, por la sola voluntad del empresario, comporta la asunción por éste de una serie de responsabilidades y hace al trabajador acreedor a una serie de derechos que le resarzan del acto injusto producido frente al mismo. Satisfacer a los herederos del trabajador únicamente los salarios de trámite es dar virtualidad parcial al hecho jurídico del despido y en todo caso, por esa razón, dichos salarios no son consecuentes a una contraprestación y adeudados al trabajador por ese concepto sino la consecuencia de un despido que fue declarado improcedente. No existe razón para seccionar una parte de los efectos jurídicos del despido en lo que atañe al resarcimiento del daño producido en conjunto por la pérdida del empleo.

La especialidad que en nuestro ordenamiento reviste el despido en orden a la reparación de sus consecuencias, artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y 111 de la Ley de Procedimiento Laboral, opción del empresario entre readmitir e indemnizar, e idéntica opción a favor del trabajador por su condición de miembro de los órganos de representación, pueden llevar a suscitar alguna duda especialmente en este último supuesto. Sin embargo, cuando la opción es a cargo del empresario ningún obstáculo supone la especialidad laboral para la plena operatividad de los artículos 1.112, 1.132, 1.134 y 1.136 del Código Civil, de forma que adquiridos desde la fecha del despido los derechos nacidos en virtud de la obligación establecida por el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, aquellos son transmisibles con sujeción a las leyes si no se hubiese pactado lo contrario, perdiendo el derecho de elección entre las dos prestaciones a las que alternativamente viene obligado el empresario si sólo una fuera realizable, ya que el deudor no tendrá derecho a elegir las prestaciones imposibles, y siéndolo una de ellas en tanto obligación de hacer, la elección del acreedor recaerá sobre el precio.

Quinto.-Todo lo anteriormente razonado impone que haya de ser acogido este primer motivo del recurso, con declaración de nulidad de la sentencia de instancia y devolución de las actuaciones al juzgado, para que dicte nueva sentencia en la que entre a conocer y resolver sobre todas las cuestiones relacionadas con el despido disciplinario de 25 de noviembre de 2004, conformando en lo necesario y de manera adecuada el relato de hechos probados conforme a las mismas.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Eduardo, contra la Sentencia de fecha 13 de febrero de 2006, dictada por el Juzgado de lo Social 1 de Granollers, en el procedimiento número 15/2005, seguido en virtud de demanda de despido formulada por el recurrente contra MOTOPLASTIC, S.A., y en consecuencia, debemos declarar y declaramos la nulidad de dicha resolución, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la misma, para que se dicte nueva sentencia en la que, aceptándose la legitimación y el derecho a accionar del recurrente, se conozcan y resuelvan todas las cuestiones suscitadas por las partes en relación con el despido de 25 de noviembre de 2004 a que se refiere la demanda interpuesta por el padre del recurrente el 12 de enero de 2005.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del Artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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