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Sentencia T.S. (Sala 4) de 9 de febrero de 1990


 RESUMEN:

Recurso de casación. Infracción de ley. Reclamación salarial. Interés del 10 por ciento. Su cómputo es anual.

EXTRACTO:

El concepto de "interés", que utiliza el artículo 29.3 del Estatuto, no es jurídicamente equiparable al de pena, multa o recargo, sino al de compensación indemnizatoria por la mora en el pago. Consecuentemente con ello, su determinación habrá de hacerse en proporción al tiempo de demora: a) ello es coherente con el concepto expresado de indemnización de perjuicios causados al acreedor, que acrecen en la medida en que aumenta la mora; y b) respecto del deudor la solución es equitativa, pues otra conclusión supondría primar a quien más se retrasa en el cumplimiento de sus obligaciones. Tales razonamientos se asientan sobre un claro fundamento legal, que justifica el cómputo anual del interés del diez por ciento pese al silencio del artículo 29 sobre el particular, al ser aplicable al artículo 1108 del Código Civil en virtud de lo dispuesto por el artículo 4.º3 del mismo cuerpo legal.

Contenido:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El actor ejercita una pretensión de reclamación de cantidad, por importe de 3.148.807 pesetas más el interés de demora del diez por ciento, en concepto de retribución salarial devengada y no abonada durante el período de tiempo comprendido entre los meses de enero y octubre de 1986, ambos inclusive. La sentencia estima íntegramente la demanda, y contra ella interpone la empresa demandada "M., S.A." recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal, que formaliza en cuatro motivos, el primero de ellos al amparo del artículo 167.5 de la Ley de Procedimiento Laboral y los tres restantes al amparo del artículo 167.1 del mismo texto legal.

Segundo.-Con el primer motivo se denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba, postulando la entidad recurrente la rectificación del ordinal primero del relato fáctico de la sentencia de instancia en el sentido de hacer constar en el mismo que "el importe de la retribución mensual del actor ascendía a la suma de 206.176 pesetas incluida prorrata de pagas extraordinarias" (en lugar de la que fija dicha resolución, ascendente a 427.667 pesetas por 14 pagas al año). La documental invocada al efecto por la recurrente consiste en las nóminas aportadas por ambas partes, pagos de las nóminas, documentos atinentes a retenciones a cuenta y pagos de impuestos, y el contrato de trabajo de 20 de septiembre de 1978.

Tercero.-Los precitados documentos se refieren al salario oficial del actor, pero no al salario real, es decir, lo que efectivamente cobrara aquél. La diferencia entre ambos conceptos consta expresamente en el ordinal primero de la sentencia de instancia, que distingue entre el "salario mensual en nómina" y lo que el actor percibía "fuera de nómina", de manera que, sumando las cantidades percibidas de una y otra forma, la cantidad resultante es, según dicha resolución, "un total mensual fijo de 427.667 pesetas por 14 pagas al año". Así pues, la documental expresada por su propia insuficiencia, ni contradice las conclusiones del relato fáctico ni evidencia ningún supuesto error del juzgador de instancia, quien sentó las conclusiones expresadas en el ordinal combatido haciendo uso de las facultades concedidas por el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Laboral, valorando toda la prueba practicada, entre ella ciertamente dicha documental, pero también otros documentos aportados y otros elementos de prueba. Procede, por todo ello, el rechazo de dicho motivo impugnatorio.

Cuarto.-Con el segundo de los motivos del recurso se denuncia la infracción (por interpretación errónea) del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores. Establece dicho precepto que "el interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado". En la sentencia recurrida, fundamentándose en el precepto citado como infringido, se establece en concepto de interés la suma de 314.880 pesetas (diez por ciento de la suma que se afirma adeudada, ascendente a 3.148.807 pesetas). Alega la entidad recurrente que el precitado interés ha de hacerse en cómputo anual, y que en la sentencia impugnada se hace su determinación "prescindiéndose del tiempo transcurrido desde la fecha tanto del vencimiento del débito, como de la reclamación".

Quinto.-El motivo ha de acogerse, en conformidad con el dictamen emitido por el Ministerio Fiscal, pues el concepto de "interés", que utiliza el precitado artículo del Estatuto, no es jurídicamente equiparable al de pena, multa o recargo, sino al de compensación indemnizatoria por la mora en el pago (véase artículo 1108, en relación con el artículo 1101, ambos del Código Civil). Consecuentemente con ello, su determinación habrá de hacerse en proporción al tiempo de demora: a) ello es coherente con el concepto expresado de indemnización de perjuicios causados al acreedor, que acrecen en la medida en que aumenta la mora; y b) respecto del deudor la solución es equitativa, pues otra conclusión supondría primar a quien más se retrasa en el cumplimiento de sus obligaciones. Tales razonamientos se asientan sobre un claro fundamento legal, que justifica el cómputo anual del interés del diez por ciento pese al silencio del artículo 29 sobre el particular, al ser aplicable el artículo 1108 del Código Civil en virtud de lo dispuesto por el artículo 4.3 del mismo cuerpo legal. Posteriormente se concretará en qué términos debe afectar a la sentencia de instancia la estimación de este motivo impugnatorio.

Sexto.-Con el tercer motivo se denuncia la violación de lo prescrito por el artículo 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con lo previsto en los artículos 67 y 89 de la Ley de Procedimiento Laboral. Se afirma, en definitiva, que la sentencia de instancia contiene una predeterminación del fallo al establecer en el ordinal tercero de su relación de hechos probados que "las diferencias de salarios, no percibidas, desde enero a octubre, ambos inclusive, hacen un total impagado de 3.148.807 pesetas". La predeterminación por sí sola no es de suyo suficiente para fundar un autónomo motivo de casación, por lo que ha de rechazarse tal pretensión impugnatoria. Con independencia de ello vale, en todo caso, señalar que la determinación de la cifra en que consiste el salario real del actor (ordinal primero del relato fáctico) y de las cantidades cobradas entre enero y octubre de 1986 (ordinal segundo) son datos de hecho objeto de prueba, cuya fijación en juicio es obligada a los fines de resolver el tema sometido a debate. Por ello es también un dato de hecho la constatación de cuál sea la diferencia entre tales cifras y cantidades, que es lo que expresa el impugnado ordinal tercero. Así pues, no existe la alegada predeterminación, en cuanto ésta se refiere exclusivamente a la utilización, en el relato de hechos, de conceptos o datos estrictamente jurídicos condicionantes del signo del pronunciamiento judicial.

Séptimo.-Con el motivo cuarto se denuncia la infracción del artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores. Se refiere este precepto a la obligación de liquidación y pago puntual y documentado del salario. Su rechazo es consecuencia obligada del rechazo del motivo primero.

Octavo.-La estimación del segundo de los motivos de recurso comporta el que, conforme a las previsiones del artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se resuelva "lo que corresponde dentro de los términos en que aparezca planteado el debate". Se trata de determinar, en aplicación del artículo 29.3 del Estatuto, a qué cantidad asciende el interés del diez por ciento de la suma adeudada (3.148.807 pesetas). La determinación ha de hacerse en función del cómputo anual del interés y, en todo caso, en proporción al tiempo de demora; éste se inicia en la fecha del devengo y ha de computarse (a los efectos de la litis) hasta la fecha de la sentencia de instancia. La cantidad resultante asciende a 195.584 pesetas, salvo error u omisión. En consecuencia, la deuda global de la empresa, incluidos los intereses de demora, es de 3.344.391 pesetas, que es la suma a cuyo pago debe ser condenada; esta cantidad, a su vez, habrá de devengar, por imperativo del artículo 920 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los intereses previstos en dicho precepto desde la fecha de la sentencia de instancia hasta su abono.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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