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Sentencia T.S. (Sala 4) de 13 de mayo de 1991


 RESUMEN:

Recurso de casación. Infracción ley. Despido nulo. No readmisión. Indemnización. Salarios de tramitación. Descuento del salario percibido en otra empresa. Debe estimarse.

EXTRACTO:

Si en el caso de despido nulo, para determinar el importe de los salarios de tramitación, se han de deducir o no los correspondientes al tiempo en que el trabajador ha estado prestando servicio para otra empresa; problema de indiscutible trascendencia que ha dado lugar a decisiones no coincidentes en la doctrina de esta Sala, si bien la posición mayoritaria y más difundida es la que defiende la necesidad de llevar a cabo tal deducción.

En estos casos si el empresario, de conformidad con esta postura, ha de satisfacer a aquél los haberes de todo ese tiempo, sin excluir el que trabajó para otro, es evidente que a dicho empresario se le está imponiendo una carga mayor, más gravosa que la pura indemnización del daño causado.

Contenido:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La Magistratura de Trabajo núm. 14 de Madrid dictó en estos autos sentencia de fecha 2 de junio de 1987 en la que desestimó la demanda de despido entablada por don M. T. A. contra la empresa A., S.A. y declaró procedente el despido de dicho demandante y resuelta la relación laboral que hasta entonces había existido entre las partes, sin derecho a indemnización alguna. Interpuesto recurso de casación contra esa sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó la pertinente sentencia, resolutoria de ese recurso, por la que casó y anuló aquélla y declaró nulo el referido despido y condenó a la demandada "a la readmisión inmediata del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, y al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión tenga lugar". Ante ésta sentencia del actor, alegando que la empresa no había procedido a la readmisión, instó la tramitación del oportuno incidente a este fin, y la referida Magistratura de Trabajo, ya convertida en Juzgado de lo Social, dictó auto de 11 de enero de 1990 en el que se declaró la extinguida la relación laboral existente entre las partes, "señalando a cargo de la empresa A., S.A. y a favor del trabajador don M. T. A. la cantidad de 8.551.404 pesetas en concepto de indemnización sustitutoria de la obligación de readmitir y la de 8.033.266 pesetas por salarios devengados desde la fecha del despido". La empresa formuló recurso de reposición contra tal auto, basándose en que el actor había reconocido en la comparecencia del incidente de no readmisión que estaba trabajando para la O.N.C.E. desde el 1 de junio de 1987, percibiendo un sueldo de 171.210 pesetas mensuales, con dos pagas extraordinarias, lo que obligaba, en la opinión de dicha empresa, a reducir en gran parte la cantidad señalada para salarios de tramitación en dicho auto; el recurso de reposición fue rechazado por auto de 9 de febrero de 1990. Contra estas resoluciones se interpuso el recurso de casación de que ahora tratamos, el cual se articula en un único motivo fundado en el artículo 1687 núm. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segundo.-En primer lugar se ha de precisar que no son atendibles las manifestaciones que en el escrito de impugnación expresa el actor recurrido en relación con la no admisibilidad del recurso de casación, toda vez que la parte recurrente ha cumplido perfectamente las exigencias necesarias para formular dicho recurso, y en concreto las que impone el artículo 170 de la Ley de Procedimiento Laboral de 13 de junio de 1980, por cuanto que el aval bancario presentado por dicha parte ha de entenderse que es admisible y eficaz a estos fines, tal como se deduce de lo establecido por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, de las que citamos las de 21 de febrero de 1983 y 17 de diciembre de 1986, así como también por la doctrina recogida en la sentencia de esta Sala IV del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1989. Siendo indiscutible que no puede exigirse a dicho aval bancario que en él conste de forma expresa la calidad de solidario que ordena el artículo 227 de la Ley Procesal Laboral de 27 de abril de 1990, ya que cuando el mismo se constituyó ni siquiera había sido publicada esta Ley.

Tercero.-El problema fundamental que en este recurso se suscita es averiguar o esclarecer si en el caso de despido nulo, para determinar el importe de los salarios de tramitación, se han de deducir o no los correspondientes al tiempo en que el trabajador ha estado prestando servicio para otra empresa; problema de indiscutible trascendencia que ha dado lugar a decisiones no coincidentes en la doctrina de esta Sala, si bien la posición mayoritaria y más difundida es la que defiende la necesidad de llevar a cabo tal deducción. Así en favor de esta tesis se han pronunciado las sentencias de esta Sala IV del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1987 (dos sentencias), de 27 de febrero de 1990 y de 11 de mayo de 1990, así como también la de 30 de abril de 1990; en cambio, mantiene la postura opuesta la sentencia de 9 de octubre de 1989. Pues bien, la Sala, al resolver el presente caso y tras un detenido análisis de esta compleja problemática, se inclina en favor de la solución adoptada por las sentencias reseñadas en primer lugar, que constituyen el grupo más numeroso.

Se estima de interés traer aquí a colación las razones expresadas, en favor del pronunciamiento indicado, por una de las dos sentencias de 29 de enero de 1987, en la que se manifiesta que "es evidente que si la suspensión de los efectos del contrato, consecuencia inmediata del despido, hizo posible durante el tiempo que la misma duró, que percibiese (el trabajador), al margen de la empresa, cantidad notoriamente superior a la que devengaba en ella, la imposición del pago de tales salarios, que tiene un claro significado de indemnización por la pérdida de los que le corresponderían de no haberse producido el despido, determinaría un enriquecimiento sin causa e injusto del demandante, en perjuicio de la empresa"; añadiendo más adelante que "lejos de ser práctica incorrecta, resulta obligada en dicha fase de ejecución la compensación en los salarios dejados de percibir de los devengados por otros trabajos profesionales, pues éstos pueden iniciarse después de presentada la demanda, e incluso del acto de juicio y de la misma sentencia, en cuyo caso quedaría la empresa imposibilitada de hacerlos valer, si se exigiera el planteamiento de esta cuestión en la fase de alegaciones del proceso por despido"; para concluir afirmando que "en este caso la condena de la sentencia se refiere de modo genérico a los salarios dejados de percibir, mas sin precisar su alcance, lo que es propio de la fase de ejecución", y que "la tutela efectiva de los intereses en litigio determina que no se obligue a la demandada a resarcir perjuicios inexistentes".

Cuarto.-Ahondando en las líneas de argumentación de la sentencia que se acaba de reseñar, así como de las restantes citadas en un primer momento, se exponen las consideraciones que siguen:

1. La figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado para otra empresa en todo o en parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la "ratio legis", el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios de tramitación; y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al menos en la cuantía coincidente.

2. Ni el artículo 55 núm. 4 del Estatuto de los Trabajadores ni la sentencia que ahora se ejecuta, disponen en forma textual y directa que los salarios de tramitación tengan que ser devengados u obtenidos por el trabajador cuando éste se encuentre trabajando para otra empresa, durante la sustanciación del proceso, y cobrando la oportuna remuneración; lo que se ordena, tanto en dicho artículo 55 núm. 4 como en el fallo de la referida sentencia, únicamente es que se satisfaga al empleado "los salarios dejados de percibir", y mal puede comprender esta expresión los salarios de ese tiempo trabajado para otra empresa, pues ya fueron percibidos por el interesado, aunque fuese a costa de esa otra patronal.

Por tanto, no puede sostenerse, de ninguna manera, que la literalidad o expresiones textuales de la norma citada ni de la parte dispositiva de la sentencia, de cuya ejecución se trata, estén imponiendo la obligación de satisfacer los salarios de tramitación durante el tiempo que se ha estado prestando servicios para otro. Y lo mismo cabe decir en relación con el artículo 103 de la Ley de Procedimiento Laboral de 13 de junio de 1980.

3. El único indicio que, en favor de la tesis contraria a la comentada compensación de los salarios de trámite, podría encontrarse en el texto de la Ley, es la circunstancia de que el artículo 56 núm. 1 b) del Estatuto de los Trabajadores en el despido improcedente limita el abono de los salarios referidos "hasta que haya encontrado otro empleo" el interesado, cosa que no se menciona en el artículo 55 núm. 4 al tratar del despido nulo, Pero de esta ligera diferencia, de este silencio de la Ley en materia de despido nulo no puede desprenderse, en absoluto, que en el mismo lo entre en acción la mencionada compensación o reducción de salarios. De este silencio no cabe deducir tan drástica consecuencia; por el contrario, resulta claro que la figura de los salarios de tramitación es sustancialmente igual tanto en el despido nulo como en el improcedente, salvo algunas diferencias de tratamiento que no afectan a la esencia de esta institución, puesto que responde siempre a la misma "ratio legis" y persigue la misma finalidad u objetivos, y en consecuencia parece lógico concluir que ese silencio únicamente se debe al afán de evitar repeticiones sobre lo mismo, pues en ambos casos de lo que se trata es de abonar "los salarios dejados de percibir", y que, por ende, el artículo 55 núm. 4 debe ser interpretado a la luz del artículo 56 núm. 1.b).

4. Se ha llegado a afirmar, en el empeño de buscar diferencias entre los salarios de trámite del despido nulo de los del despido improcedente, que en el primer caso, es decir en el despido nulo, tales salarios tenían una finalidad sancionadora de la conducta del empresario; pero esta afirmación es totalmente voluntarista, al carecer tanto de apoyatura legal como de base de razón, pues no hay precepto legal alguno ni fundamento jurídico de ninguna clase que permitan sostener tal cosa.

Es más, esta postura que defiende el carácter sancionador de los salarios de tramitación en el despido nulo, no puede mantenerse, en modo alguno, en los casos en que el empleado ha estado sin trabajar para otro todo el tiempo de la tramitación del pleito, ya que en tales casos la percepción de los salarios de trámite es, indiscutiblemente, indemnizatoria; en estos supuestos no existe resquicio alguno para poder hablar de sanción al empresario, al tratarse de un puro resarcimiento.

Por tanto esta tesis de la naturaleza punitiva de los salarios de tramitación del despido nulo únicamente podría ser mantenida cuando el empleado haya prestado servicios para otra patronal durante el tiempo del proceso, pues en estos casos si el empresario, de conformidad con esta postura, ha de satisfacer a aquél los haberes de todo ese tiempo, sin excluir el que trabajó para otro, es evidente que a dicho empresario se le está imponiendo una carga mayor, más gravosa que la pura indemnización del daño causado.

Pero la disparidad que se acaba de dejar indicada, evidencia, con toda nitidez, el contrasentido que encierra la tesis sancionadora que estamos examinando, toda vez que según los planteamientos de la misma, la existencia o no existencia de sanción no dependería, en puridad de concepto, de la conducta del empresario incumplidor, sino de un hecho ajeno a la voluntad e intenciones de éste cual es el que el trabajador despedido trabaje o no trabaje para otra empresa durante la sustanciación del pleito. Así se llega a la absurda conclusión de que el ordenamiento jurídico sanciona al empleador cuando el empleado haya prestado servicios para otro, y no le impone sanción alguna en el caso de que tales servicios no se hayan producido, a pesar de que la conducta del empresario es siempe sustancialmente la misma, haciéndose depender la imposición de tal sanción de unos hechos completamente ajenos a la voluntad del sancionado, lo que choca frontalmente con numerosos principios jurídicos, en especial el de seguridad jurídica que proclama el artículo 9 núm. 3 de la Constitución española.

De lo expresado se deduce que no cabe sostener el carácter punitivo o sancionador de los salarios de tramitación en el proceso de despido nulo, sino que únicamente es posible afirmar que tales salarios tienen, en todo caso, una clara finalidad reparadora e indemnizatoria.

5. Y precisamente en razón a esta naturaleza indemnizatoria o reparadora de los salarios de trámite de esta Sala, en sus sentencias de 3 de julio de 1990 y 16 de noviembre de 1986, entre otras, ha mantenido que en los casos de despido nulo, bien sea nulo, bien improcedente, si el contrato de trabajo subyacente era de naturaleza temporal y había vencido su plazo de vigencia o concurrido la causa extintiva del mismo mientras estaba en trámite el proceso de despido, los salarios de tramitación correspondientes no pueden extenderse más allá del día en que, de no haberse producido dicho despido, se habría extinguido el contrato; y ello a pesar de que la letra de la Ley pudiera amparar la solución contraria, como se desprende de lo que se expresa en los artículos 55 y 56 del Estatuto de los Trabajadores y en los artículos 103 y 208 y siguientes de la Ley Procesal Laboral de 13 de junio de 1980, vigente cuando se produjeron los casos resueltos por esas sentencias. Y si en este punto se ha seguido esta interpretación racional y teleológica en materia de salarios de tramitación, no hay razón alguna para no seguir este mismo criterio interpretativo en el caso sobre el que ahora se resuelve.

Quinto.-De lo expuesto se desprende que el importe de los salarios de tramitación que en este caso tiene derecho a percibir el demandante, ha de ser calculado efectuando la oportuna deducción o compensación del montante de las remuneraciones percibidas por él en razón de su trabajo en la O.N.C.E. Para realizar este cálculo se ha de partir del importe de 8.033.266 pesetas que el auto recurrido asigna a la totalidad de esos salarios de tramitación, sin que esta suma pueda ser incrementada de ninguna forma, como pretende el actor recurrido en su escrito de impugnación, dado que no se ha entablado por él ningún recurso a tal fin en contra de ese auto, con lo que esa cantidad no puede ser elevada ni sobrepasar esa cuantía, y además las alegaciones que dicho recurrido formula a ese respecto, quiebran totalmente a la vista de la doctrina sentada por la sentencia de esta Sala de 7 de diciembre de 1990; a esa cantidad se le ha de deducir el importe de las remuneraciones cobradas por el actor por su trabajo en la O.N.C.E., a razón de 172.210 pesetas por mes, más dos pagas extraordinarias al año, pues así lo reconoció explícitamente el mismo en la diligencia de confesión judicial prestada en el acto de comparecencia del incidente de no readmisión, que tuvo lugar el 10 de enero de 1990. Y como el período que, dentro del tiempo que duró la tramitación del proceso, estuvo trabajando para la O.N.C.E. se extiende desde el 1 de junio de 1987 al 11 de enero de 1990, resulta que las retribuciones que se han de descontar ascienden a un total de 6.163.560 pesetas; y por ende, lo que se adeuda por la empresa al demandante por este concepto de salarios de tramitación supone la suma de 1.869.706 pesetas.

Sexto.-Dado que los autos, objeto del presente recurso, señalaron la cantidad de 8.033.266 pesetas como cuantía de los salarios de tramitación a abonar por la empresa, es obvio que se han excedido de lo que se ordena en la sentencia que se está ejecutando, dictada por esta Sala el 28 de septiembre de 1989, y por ende han vulnerado el artículo 1687 núm. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 55 núm. 4 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que se ha de estimar tal recurso, entablado por la empresa demandada, y casar y anular dichos autos. Y, a la vista de lo que se ordena en el artículo 1715 de la Ley Procesal Civil mencionada, se ha de condenar a la citada empresa a que abone al actor, en concepto de salarios de tramitación correspondientes a este proceso, la indicada suma de 1.869.706 pesetas, además, claro está, de la cantidad de 8.551.404 pesetas, a cuyo pago ya le condena el citado auto recurrido, en concepto de indemnización sustitutoria de la obligación de readmitir, la cual no ha sido objeto de recurso.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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