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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 24 de marzo de 1992


 RESUMEN:

Recurso de casación para unificación de doctrina. Debe estimarse. Contrato de trabajo. Extinción. Voluntad del trabajador. Retraso en abono de salarios. La mala situación económica de la empresa no exime de culpabilidad al empresario, que puede optar por soluciones alternativas.

EXTRACTO:

Es preciso que el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un comportamiento continuado y persistente. La extinción no se produce por el dato de que el incumplimiento empresarial sea culpable. La mala situación de una empresa no justifica el retraso continuado de la misma al abono de los salarios debidos.

Contenido:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-1. En orden a la contradicción de doctrina exigida para la viabilidad de este recurso, que pretende por ello sanar el quebranto jurisprudencial así producido, es manifiesta la que se da entre la aquí recurrida y la de esta Sala de 27 de mayo de 1987, que contempla el retraso empresarial en el pago de los salarios y que resuelve la desestimación del recurso de casación interpuesto por la empresa porque acreditado el retraso, que en ocasiones -dice- fue de varios meses, la acción resolutoria debe prosperar pese a las dificultades económicas de la empresa.

2. En el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, la sentencia aquí impugnada refiere la existencia de un incumplimiento empresarial por la mala situación económica que atraviesa la empresa. El incumplimiento no sólo afecta a la actora, sino a otras trabajadoras, y declara la sentencia que desde hace un año viene retrasándose cada mes en el pago de los salarios, que ello ha motivado actuaciones judiciales de reclamación de salarios de los trabajadores y que se ha producido "condena temeraria provisionalmente", con lo que sin duda se pretende argumentar que en una de las sentencia dictadas se condenó a la empresa "por su actuación temeraria al pago de una multa". La demanda inicial de resolución contractual contiene la alegación de la actora de que en septiembre había percibido la mensualidad de julio y que se le debía el mes de agosto.

En síntesis: ante la realidad de lo debido y de los retrasos continuados, se argumenta en la sentencia que la dificultad económica enerva la acción, porque justifica el comportamiento del empresario.

3. Las restantes sentencias aportadas carecen de las coincidencias exigidas. La de 19 de diciembre de 1983 desestimó el recurso del Fondo de Garantía Salarial contra la sentencia estimatoria de la resolución de los contratos de los trabajadores, sin más precisión aquí trascendente, salvo la declaración de que la empresa patronal estaba en suspensión de pagos.

La de 13 de febrero de 1984 desestimó el recurso de los trabajadores porque sus representantes legales se habían comprometido, pues la empresa se hallaba en estado de suspensión de pagos, a no reclamar las diferencias del Convenio de los años 1980, 1981, antes de 1985.

La de 14 de julio de 1984 desestimó el recurso de los trabajadores contra la sentencia desestimatoria de sus demandas por entender que era preciso para fundamentar la acción una falta total de pago o demora continuada durante varios períodos, pero no cuando convienen un aplazamiento.

La de 23 de junio de 1986 estimó el recurso de la empresa porque si bien se debían los meses de diciembre y enero y la paga extraordinaria del primero, el día del juicio la empresa estaba al corriente.

Segundo.-1. Denuncia la recurrente la violación que por inaplicación del artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores se había cometido en la sentencia.

Para que el artículo 50.1.b) del Estatuto fundamente una resolución contractual a instancia del trabajador es preciso que el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un comportamiento continuado y persistente; esto es, que tenga verdadera trascendencia por constituir un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del empresario. El artículo 29 del Estatuto le obliga -deber de remunerar el trabajo prestado; prestación básica del empresario exigible por razón del sinalagma contractual- al pago puntual del salario; y la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos.

2. En orden al incumplimiento empresarial que atribuye al trabajador la acción para instar en su provecho la resolución del contrato, esta Sala ha precisado que no es bastante un retraso aislado y ocasional (sentencia de 7 de julio de 1983); que no constituye este incumplimiento el mero retraso de un solo mes (sentencia de 21 de junio de 1986), sino que es preciso el incumplimiento continuado, que no se da cuando sólo hubo un retraso en enero y febrero (sentencia de 16 de junio de 1987); ni cuando la demora sea debida a un acuerdo formal o informal de las partes (sentencia de 13 de febrero de 1984 y 16 de junio de 1987). Salvo algún supuesto, como el resuelto por la sentencia de 4 de diciembre de 1986, para la que es preciso un incumplimiento grave y culpable, pues hace una paridad que dice obligada con las causas originadoras del despido disciplinario, que permite al órgano jurisdiccional atender a las circunstancias objetivas y subjetivas que en cada caso concurren; que se matiza más en la de 20 de enero de 1987, que exige que el retraso sea grave y culpable, continuado y persistente; y salvo también la de 21 de marzo de 1988, que entiende no exigirse en el artículo 50.1.b) que el incumplimiento sea grave y culpable, la doctrina ya reiterada de esta Sala, al examinar el alcance de la causa de resolución del artículo 50.1.b), entiende que el requisito leal de la gravedad del comportamiento es el que modela y perfila en cada caso la concurrencia del incumplimiento contractual; y asimismo, que no es preciso que el impago o demora sea debido a culpabilidad de la empresa (sentencias de 13 de febrero y 14 de julio de 1984, 23 de junio, 14 de octubre y 3 de noviembre de 1986).

3. La extinción del contrato por esta causa del artículo 50 no se produce por el dato de que el incumplimiento empresarial sea culpable, sino que la culpabilidad no es requisito para generarlo. La prueba bien explicable está dada -y aquí concurre ese dato, como en la sentencia contraria de 1987- ante la circunstancia de la situación económica por la que atraviesa la empresa. Si el empresario puede amparar sus dificultades económicas, a efectos de la suspensión o de la extinción del contrato de toda o de parte de su plantilla, en el seguimiento del expediente administrativo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, no puede eludir el deber principal que le incumbe con base en la difícil situación económica por la que atraviesa. Sino que es indiferente dentro del artículo 50, que el impago o retraso continuado del salario venga determinado por la mala situación económica empresarial. Y en esto estriba, precisamente, la contradicción doctrinal que se ha producido en el presente recurso.

Tercero.-La sentencia recurrida ha quebrantado la unidad de la doctrina de interpretación del Derecho. Lo que sostiene la sentencia recurrida conduce, en definitiva, a mantener que la mala situación económica de la empresa justifica el retraso continuado de la misma al abono de los salarios debidos.

Por ello debe casarse y anularse la sentencia y resolver el debate planteado en suplicación, estimando este recurso y con revocación de la sentencia de instancia y estimación de la demanda formulada, declarar resuelto el contrato de la actora con su empresa, con abono de una indemnización que en este caso alcanza la suma de 2.678.812,50 pesetas, resolviendo así el debate planteado en suplicación, como dispone el 22.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, condenando a la demandada en las costas causadas en este recurso, como dispone el artículo 232 de dicha Ley.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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