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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 24 de febrero de 1995


 RESUMEN:

Recurso de casación para la unificación de doctrina. Estimación. Convenio colectivo. Nivel profesional. Procede la vía del proceso ordinario y no la del de clasificación profesional al tratarse de preceptos sobre transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas.

EXTRACTO:

La modalidad procesal de clasificación profesional debe utilizarse exclusivamente cuando la reclamación de categoría profesional esté fundada en el desempeño de actividades de categoría superior. No sucede así cuando, como ocurre en el presente asunto, la clave de la decisión jurisdiccional se encuentra en la interpretación de preceptos sobre transferencias de servicios del Estado a las Comunidades Autónomas.

Contenido:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión litigiosa del presente recurso es si una reclamación jurisdiccional de nivel retributivo conectada con el proceso de transferencias de servicios del Estado a las Comunidades Autónomas -en el caso: el nivel 10 del Convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Madrid (C.A.M.), solicitado por un antiguo médico adjunto de sanidad- debe ser encauzada por la vía del proceso ordinario, en el que la sentencia de instancia es en principio recurrible en suplicación, o por la modalidad procesal de clasificación profesional, en la que la sentencia recaída en la instancia no da lugar a recurso alguno (artículo 137 del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral -T.A.L.P.L.-).

La sentencia de suplicación recurrida se ha inclinado por el segundo término de la opción interpretativa descrita, declarando en consecuencia la firmeza de la sentencia de instancia y la incompetencia funcional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para conocer de la cuestión planteada "al ser materia de clasificación profesional", siendo indiferente "el soporte legal o convencional de la clasificación pretendida".

La sentencia aportada para comparación, de la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sostiene el criterio contrario sobre su competencia funcional en un supuesto sustancialmente idéntico, en que está en juego la atribución del mismo nivel retributivo 10 a un antiguo médico adjunto de sanidad, con destino en el mismo centro de trabajo de la C.A.M. El pronunciamiento jurisdiccional en este caso es desestimatorio de la pretensión del facultativo por razones de fondo atinentes a la interpretación de los preceptos del Convenio colectivo del personal laboral de la C.A.M. que se estiman aplicables. Además, aunque ello no sea decisivo para el juicio positivo de contradicción en el tema competencial de unificación de doctrina planteado, el resultado del litigio es divergente, desde el punto de vista de los intereses de las partes.

Se cumple por tanto el requisito de aportación de sentencia contradictoria de valor referencial que abre la vía a la consideración de la infracción denunciada en este especial recurso de casación. Y se ha cumplido también el requisito del escrito de formalización de exponer de manera precisa y circunstanciada los términos de la contradicción alegada.

Segundo.-La cuestión de procedimiento y competencia funcional planteada en este recurso debe ser resuelta de acuerdo con el criterio de la sentencia de contraste. Según jurisprudencia consolidada de esta Sala del Tribunal Supremo, la modalidad procesal de clasificación profesional debe utilizarse exclusivamente cuando la reclamación de categoría profesional esté fundada en el desempeño de actividades de categoría superior, en la que los hechos y circunstancias del trabajo efectivamente desarrollado aconsejan la incorporación a los autos de informes de la Inspección de Trabajo y de los representantes de los trabajadores (T.S. 2-VII-1991 y, últimamente, T.S. 28-VI-1994). No sucede así cuando, como ocurre en el presente asunto, la clave de la decisión jurisdiccional se encuentra en la interpretación de preceptos sobre transferencias de servicios del Estado a las Comunidades Autónomas (últimamente, para un caso similar, T.S. 20-IX-1994).

Tercero.-El tramo final de la sentencia estimatoria de unificación de doctrina es la resolución de la cuestión debatida con arreglo a la doctrina unificada. Siendo ésta una cuestión de procedimiento jurisdiccional adecuado y competencia funcional, la Sala debe limitarse a declarar que el procedimiento adecuado para el encauzamiento jurisdiccional de la reclamación es el del proceso ordinario (que fue el seguido por la sentencia de instancias, y que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es funcionalmente competente para entender de la controversia objeto del recurso de suplicación.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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