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Sentencia T.S. (Sala 4) de 29 de septiembre de 1995


 RESUMEN:

Bancos. El cómputo de la prescripción de las faltas laborales no se inicia hasta que la empresa tenga conocimiento de los hechos y pueda ejercer sus facultades disciplinarias.

EXTRACTO:

La cuestión planteada en el presente recurso es la determinación del día inicial a partir del cual ha de computarse el plazo de prescripción de seis meses establecido en el inciso final del artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, (...)

(...) "el cómputo de la prescripción de las faltas laborales que se cometen fraudulentamente, con ocultación y eludiendo los posibles controles del empresario no se computa hasta que éste tenga conocimiento de los hechos y pueda ejercer sus facultades disciplinarias".

Contenido:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión planteada en el presente recurso es la determinación del día inicial a partir del cual ha de computarse el plazo de prescripción de seis meses establecido en el inciso final del artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, cuando se cometen faltas muy graves de lealtad por personal bancario prevaliéndose de su cargo, el cual les facilita no sólo la comisión de la falta, sino también su ocultación. Así, se recurre la sentencia de 15 de febrero de 1995, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que estimando el recurso de suplicación de que conoce revoca la sentencia de instancia y estimando que las faltas imputadas al trabajador prescribieron estima la demanda de éste. El actor era jefe de segunda, director de una sucursal urbana de la entidad bancaria demandada y cometió diversas faltas prevaliéndose de su cargo consistente en atribuir a determinados clientes depósitos de otros no declarados oficialmente y en actividades de mediación en préstamos privados entre clientes, sin conocimiento del Banco, y en los que hacía de intermediario. De todas las faltas individualizadas en la carta de despido de fecha 1 de agosto de 1994, la más reciente tenía fecha 20 de agosto de 1993. La empresa tuvo conocimiento de estos hechos la primera quincena de julio de 1994. El recurso cita y documenta como contraria a la recurrida, entre otras varias, la dictada por esta Sala en 3 de noviembre de 1993, que conoce en recurso de casación para unificación de doctrina de un supuesto de hecho plenamente análogo con el enjuiciado en la sentencia impugnada. Se trata, al igual que ésta, de un empleado de banco que prevaliéndose de su cargo obtuvo de un cliente una autorización para disponer de los fondos de dos cartillas, con el pretexto de abrir una nueva en mejores condiciones defraudando al citado cliente, en acciones realizadas a finales del año 1988. De los hechos se enteró la empresa en julio de 1990 por comunicárselo el cliente defraudado y le envió carta de despido en 7 de septiembre de 1990. La sentencia impugnada en casación había estimado la prescripción y esta Sala la casa y aprecia que la falta cometida no había prescrito. Basta la somera exposición de ambas sentencias para concluir que entre ellas se da la contradicción en los términos exigidos en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral pese a las protestas que en sentido contrario se realizan en el escrito de impugnación del recurso, cuya única razón estriba en que la sentencia recurrida arguye que el supuesto que ella enjuicia no está comprendido en la doctrina que este Tribunal viene exponiendo en el punto controvertido en el recurso, lo que como se razonará no es acertado.

Segundo.-Denuncia el recurso interpretación errónea del artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores. En efecto, la sentencia traída como contradictoria recoge la doctrina de las sentencias que cita, de acuerdo con la cual "el cómputo de la prescripción de las faltas laborales que se cometen fraudulentamente, con ocultación y eludiendo los posibles controles del empresario no se computa hasta que éste tenga conocimiento de los hechos y pueda ejercer sus facultades disciplinarias". La sentencia impugnada afirma que no aplica esta doctrina al caso enjuiciado porque en los hechos probados no figuran actos positivos de ocultación. Ahora bien, la ocultación no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el cómputo de la prescripción. Es claro, que en el caso enjuiciado, dada la situación prevalente del actor, jefe de la sucursal en que fueron cometidas las faltas, que él con su puesto de confianza ocultó de modo positivo sin necesidad de acciones expresas, fue responsable de la dilación en el conocimiento por parte de la empresa de su conducta sancionable, y en su consecuencia la sentencia recurrida incurre en la infracción legal denunciada.

Tercero.-Las razones expuestas en el precedente fundamento evidencian que la sentencia recurrida quebrantó la unidad en la interpretación y aplicación del derecho, lo que obliga de conformidad con el dictamen Fiscal a estimar el recurso, casando y anulando la sentencia impugnada y en cumplimiento del artículo 225.2 de la Ley de Procedimiento Laboral ha de ser resuelto el recurso de suplicación de que conoce en el sentido de desestimarlo. Devuelvan el depósito consignado para recurrir.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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