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Sentencia T.S. (Sala 4) de 26 de diciembre de 1995


 RESUMEN:

Prescripción de las faltas. La fecha de inicio del plazo establecido en el artículo 60.2 E.T. debe ser el día en que la empresa tenga un conocimiento -por parte del órgano con facultades de sancionar- cabal, pleno y exacto de los hechos. La sentencia de suplicación debe resolver todos los motivos de revisión fáctica, cualquiera que sea el fallo que recaiga.

EXTRACTO:

Es objeto de debate la determinación de cual sea el día inicial del cómputo de la prescripción de las faltas.

La sentencia de instancia, que desestimó la demanda, fue dejada sin efecto por la que dictó el 18 de abril de 1995 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que, acogiendo el recurso de suplicación de la parte demandante, declaró prescrita la falta imputada a éste y que por ello, con estimación de la demanda, declaró la improcedencia del despido con los efectos de ley.

Declara la expresada sentencia de contraste que el día inicial para el cómputo de la prescripción es el del conocimiento pleno y cabal de los hechos por quien tiene la facultad de sancionar, lo cual había de entenderse referido, en el caso que contemplaba, a la finalización de la auditoría y remisión del informe correspondiente a la dirección de la entidad bancaria, entonces demandada y recurrente. Debe apreciarse la existencia de contradicción entre esta sentencia y la impugnada, pues ésta fija el día inicial de cómputo en fecha en que no había acabado la investigación ni se había dado conocimiento de su resultado a la Dirección de la empresa.

(...) "reiteradas sentencias de esta Sala, resolviendo genéricamente supuestos de despidos por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, han sentado el criterio de que la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos", (...) tal conocimiento corresponde al órgano con facultades de sancionar.

(...) para resolver el tema de fondo, es preciso que, estén fijados definitivamente los hechos probados. (...) En el actual ordenamiento procesal laboral, caben tres grados jurisdiccionales (...) debe resolver la sentencia de suplicación todos los motivos de revisión fáctica que en tal trámite impugnatorio se planteen, cualquiera que sea el fallo que recaíga, (...) no cabe hablar de prescripción de una falta sin previa determinación de la existencia de ésta, (...)

Han quedado sin resolver dos motivos de suplicación ordenados a la revisión de hechos (...)

Contenido:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Es objeto de debate la determinación de cual sea el día inicial del cómputo de la prescripción de las faltas. Tal tema se concreta en el presente caso en los siguientes extremos: 1) la falta imputada al demandante se manifestó a través de una conducta continuada, que fue definida como desleal o contraria a los principios de la buena fe contractual; 2) la empresa calificó dicha conducta como constitutiva de falta muy grave, e impuso la sanción de despido a su autor; y 3) la prescripción de que se trata es la denominada "corta", que, según los términos del artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, es la que opera a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa haya tenido conocimiento de la comisión de la falta, siempre que no hubiesen transcurrido seis meses desde tal comisión.

Con la demanda se ejercita la acción de despido, solicitándose la declaración de nulidad y, subsidiariamente, de improcedencia del acordado por la empresa demandada (Banco Español de Crédito S.A.) respecto del actor, con los consiguientes efectos de readmisión, en su caso, y económicos. La sentencia de instancia, que desestimó la demanda, fue dejada sin efecto por la que dictó el 18 de abril de 1995 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que, acogiendo el recurso de suplicación de la parte demandante, declaró prescrita la falta imputada a éste y que por ello, con estimación de la demanda, declaró la improcedencia del despido con los efectos de ley. Contra esta última sentencia interpone la entidad bancaria demandada el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.

Segundo.-Se exponen a continuación los datos relevantes a los fines del recurso, y que constan en la sentencia impugnada: 1) el actor era empleado de la demandada desde 1960, y últimamente prestaba sus servicios como Director de la Sucursal de Beranga; 2) como consecuencia de lo que se estimó, uso indebido de una cuenta bancaria, la número 6.192, fue despedido mediante carta de 19 de octubre de 1994, que recibió el día 24 del mismo mes; 3) dicha cuenta estaba habilitada para comisiones cedidas por operaciones interbancarias, y el actor realizó "con cargo a la misma determinados pagos por caja, de los que en unos casos ni tan siquiera existe un mínimo y exigible justificante para el pago", habiendo él mismo reconocido haber hecho "pagos por caja, que respondían a liberalidades, justificando dichos pagos a la entidad con recibos, en vez de facturas, que el mismo redactó, 4) la subdirección general de auditoría interna de la entidad bancaria tuvo conocimiento inicial de la conducta del actor el 3 de agosto de 1994, y el día 12 del mismo mes obtuvo del de las causas de los apuntes efectuados por el mismo en la ya citada cuenta. Se dice en la sentencia recurrida que, tras la indicada fecha del 12 de agosto, "la única investigación acreditada consistió en visitar el 26 de septiembre de 1994 a uno de los clientes a quienes se atribuían las facturas o recibos presentados por el demandante, cuyo número total era de doce, para constatar su certeza o falsedad, aparte de expresar sucintamente el objeto de cada uno de los 38 apuntes efectuados en la repetida cuenta desde el comienzo del año y de otros nueve del año anterior correspondientes a igual cuenta de otra en la que había estado destinado como director el demandante", y que "el resto de las actuaciones practicadas no son sino comunicaciones internas entre los departamentos o dependencias del Banco".

A partir de los expresados hechos, amen de otros que figuran en la relación histórica, menos relevantes para el tema de debate, estima la sentencia impugnada que ya había prescrito la falta (por transcurso de más de dos meses desde el conocimiento de su comisión) cuando recayó la sanción, ya que considera "injustificadamente utilizado en esas fáciles indagaciones todo el tiempo del que dispuso la empresa desde el 12 de agosto, en que se obtuvo conocimiento suficiente de los hechos, hasta el 24 de octubre, en que se produjo el despido".

Tercero.-En el escrito de interposición del recurso se invoca como sentencia contradictoria, entre otras, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 29 de septiembre de 1986, y se alega como infracción legal la aplicación indebida del artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores. La expresada sentencia declaró procedente el despido de un empleado bancario con categoría de interventor cajero, autor de determinadas irregularidades en la disposición de cuentas bancarias, casando la sentencia de instancia, entonces impugnada, la cual había declarado prescrita la falta por estimar transcurridos más de sesenta días entre el descubrimiento de la falta y la sanción. Declara la expresada sentencia de contraste que el día inicial para el cómputo de la prescripción es el del conocimiento pleno y cabal de los hechos por quien tiene la facultad de sancionar, lo cual había de entenderse referido, en el caso que contemplaba, a la finalización de la auditoría y remisión del informe correspondiente a la dirección de la entidad bancaria, entonces demandada y recurrente.

Debe apreciarse la existencia de contradicción entre esta sentencia y la impugnada, pues ésta fija el día inicial de cómputo en fecha en que no había acabado la investigación ni se había dado conocimiento de su resultado a la Dirección de la empresa. No empece a tal conclusión el que fueran escasas las actuaciones practicadas después del 12 de agosto de 1994, pues no se revelan como inútiles o innecesarias en el propio contexto del relato histórico de la sentencia, visto que se trataba, en primer lugar, de constatar con uno de los clientes la certeza o falsedad de alguna o algunas de las facturas cuestionadas y, en segundo lugar, de expresar el propio objeto de los apuntes efectuados. La gravedad de la sanción que podía imponerse, y que finalmente recayó, justifica suficientemente esa actuación de los órganos de inspección, que fue la que inmediatamente precedió a la puesta de los hechos en conocimiento del Comité de irregularidades y de la Dirección General de la entidad demandada, a lo que siguió inmediatamente la sanción y su notificación.

Cuarto.-Existente la contradicción, ha de establecerse la doctrina unificada, que es la expresada en la sentencia de contraste, y que se reitera en otras sentencias, como las de 24 de noviembre de 1989 y 15 de abril de 1994. Dice la última de las citadas que "reiteradas sentencias de esta Sala, resolviendo genéricamente supuestos de despidos por transgresion de la buena fe contractual o abuso de confianza, han sentado el criterio de que la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos", y expresa la primera de dichas sentencias, remitiéndose también a la doctrina de la Sala, que tal conocimiento corresponde al órgano con facultades de sancionar. En consecuencia, la sentencia impugnada no es conforme con la doctrina ya unificada de la Sala, por lo que debe ser casada y anulada, habiendo de estimarse no prescrita la falta laboral imputada al trabajador demandante.

Quinto.-Según lo que dispone el artículo 226.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, estimado el recurso debe resolverse el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a la unidad de doctrina. Más para resolver el tema de fondo (en este caso, la procedencia o no del despido), que se planteó en suplicación sin que se hubiese procedido a su examen, es preciso que, en todo caso, estén fijados definitivamente los hechos probados. No es éste el supuesto de autos. De entre los diversos motivos de suplicación, el tercero, el cuarto y el quinto versan sobre revisiones de hecho, de los que sólo fue examinado, para ser acogido, el quinto. En el actual ordenamiento procesal laboral, en que caben tres grados jurisdiccionales en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina, y en el que, en consecuencia, la sentencia de suplicación no constituye el último grado jurisdiccional (lo que en cambio sucedía antes de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990), debe resolver la sentencia de suplicación todos los motivos de revisión fáctica que en tal trámite impugnatorio se planteen, cualquiera que sea el fallo que recaiga, con el fin de que quede definitivamente fijado el relato de hechos, dada la posibilidad de la alegación de contradicción entre sentencias para fundamentar el recurso de casación para la unificación de doctrina, y visto que la contradicción se sustenta sobre la oposición de pronunciamientos respecto de iguales hechos y pretensiones, amén de que, en su caso, haya de resolverse el debate de fondo, como queda indicado. Se añade a ello que, en puro discurso lógico, no cabe hablar de prescripción de una falta sin previa determinación de la existencia de ésta, lo que exige a su vez dar respuesta, positiva o negativa, a los motivos de revisión fáctica formulados en el recurso de suplicación.

No se ha hecho así en el presente caso, pues han quedado sin resolver dos motivos de suplicación ordenados a la revisión de hechos (motivos tercero y cuarto), amén de otros varios de censura jurídica. Por ello procede devolver lo actuado a la Sala que dictó la sentencia ahora recurrida, a fin de que, dando por desestimada la excepción de prescripción y rechazado el motivo correspondiente (motivo sexto del recurso), resuelva el recurso de suplicación con fijación, en todo caso, de los hechos que se estimen probados. No procede condena en costas (artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral), habiendo de quedar sin efecto el aval y debiendo de devolverse el depósito constituido para recurrir (artículos 226.2 y concordantes de la misma Ley).


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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